Si los Estados saltan por encima del Derecho o los Tribunales aplican las leyes de manera excepcional y esa actuación se convierte en habitual, se produce la quiebra del principio de seguridad jurídica, la vulneración de los derechos fundamentales y se rompe la norma de la separación de los poderes y su sometimiento ante la ley. En el Estado español el equilibrio entre el poder ejecutivo y el poder judicial está roto.

La Querella, presentada ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el 31 de marzo de 2003, contra el Presidente del Gobierno, Aznar, se amplió en dos ocasiones, en Abril y Julio de 2003, por las circunstancias sobrevenidas desde su presentación, todas ellas relevantes para este procedimiento penal

La querella presentada en marzo de 2003, contra el entonces Presidente del Gobierno, Aznar, logró la adhesión de más de 11000 personas en todo el estado, que figuran en el Tribunal Supremo como querellantes. Aún hoy, ya cumplido el primer semestre del 2007, está pendiente de resolver por el Tribunal Constitucional el Recurso de Amparo que se presentó por los querellantes ante el Auto de inadmisión de la querella dictado por la Sala del Tribunal Supremo. Está, pues, pendiente de resolución judicial.

El apriorismo político y ahora judicial de " Todo es ETA ", impulsado por el juez Garzón al alimón con los firmantes del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo de diciembre del 2000, forma parte de la reprobable teoría penal del enemigo, que hay que desechar radicalmente en un Estado que presume de ser de Derecho.