Valladolid, debate: "Centros de menores, cárceles para nuestros críos"

Debate "Centros de menores, cárceles para nuestros críos"
Martes 9 de Noviembre de 2004. 20.30h.
Casa de las palabras. c/San Ignacio, 9. Valladolid-

Durante el año pasado se ha estado tramitando en el juzgado nº4 de Valladolid una denuncia contra situaciones vividas en el "centro de menores" Zambrana, situado en la misma ciudad. Éste es el centro destinado por la Junta de Castilla y León
para que se cumplan penas impuestas a menores residentes en la comunidad en aplicación de la vigente Ley de Responsabilidad Penal del Menor (5/2000).

Dicha ley se basa en la misteriosa premisa de que la represión es la solución de los problemas y "beneficia" a las personas internas, procedentes de los llamados por los bienpensantes "ambientes marginales"; en realidad, de la ley solo consta que beneficia a las empresas y estamentos que se lucran o justifican con la gestión de estos centros en particular, y con la criminalización de la pobreza y los
conflictos sociales en general.

Durante estos años de vigencia de la ley, las empresas de seguridad privada que custodian dicho centro han estado recibiendo 90 millones de pesetas anuales por sus servicios; las mismas empresas han estado subcontratando la gestión de "actividades educativas", por cantidades idénticas o superiores. Tal financiación publica de las empresas no ha
impedido que algunos de sus "trabajadores" hayan llevado a cabo (oconsentido) acciones degradantes para las personas internas, como agresiones o medicación indiscriminada con tal
de "tranquilizar" a las personas internas.

Todos estos hechos formaban parte del cuerpo de la denuncia, presentada por cuatro menores y sus familias. Ahora que la denuncia ha sido sobreseida, es buen momento para una reflexión colectiva sobre el caso en particular y sobre el trasfondo más general de la Ley "del menor".
La Junta de Castilla y León reclama ahora al Estado 3.000 millones de pesetas que "le ha costado" aplicar la ley; ¿en que mejoras de la calidad de vida se ha plasmado semejante inversión?

Una ocasión para esa reflexión es el debate que bajo el título "Centros de menores, cárceles para nuestros críos" está convocada para el martes 9 de Noviembre a las 20.30 h en "La casa de las palabras", calle san Ignacio, nº 9 (Valladolid).

Para ir abriendo boca(s), se adjunta un comunicado de personas que han participado en la denuncia.

"LOS MENORES DE CASTILLA Y LEóN SIN DERECHOS.- Asociación "Saltando
charcos". Gamonal, Burgos.

El juzgado de instrucción número 4 de Valladolid deja indefensos a los menores de Castilla y León frente a cualquier abuso por parte de la administración en la aplicación de la ley de responsabilidad penal de menores.

Nos atrevemos a realizar esta afirmación tan contundente después de leer con lujo de detalles el auto dictado por la audiencia provincial que desestima el recurso contra el archivo de las denuncias interpuestas por cuatro menores y sus familias al Centro de "Reforma" y "Protección" Zambrana de Valladolid.

Tres ilmos. sres. jueces deciden que no hay indicios racionales de criminalidad en la denuncia sobre malos tratos, abusos y vejaciones, y además se toman la amabilidad de obsequiarnos:

a) Con un curso de derecho por correspondencia.

b) Recordarnos que los procesos judiciales cuestan mucho dinero.

c) Que la justicia es muy seria.

d) Que no pueden existir conspiraciones entre guardias, educadores y la AtS de un centro aunque pertenezcan a la misma empresa.

e) Y que lo que les pasa a los niños de nuestro barrio es que son muy violentos y malos.

Después de más de un año esperando una respuesta en la cual cuatro menores y sus familias habían depositado la esperanza en la justicia, nos responden que no hay indicios de malos tratos ni abusos y además nos toman el pelo.

Nos toman el pelo y se creen que nos vamos a tragar que las palizas protagonizadas por Abel, David (guardias de seguridad) y Miguel Ángel (educador), son "actuaciones de naturaleza preventiva conducentes a vencer la resistencia". Ni el propio Bush tiene tanta diplomacia para justificar una acción bélica.

En cambio, si que se atreven a definir como "bastante violenta" la resistencia de los menores mientras guardias de seguridad y educadores ejercen las "actuaciones de carácter preventivo" sobre ellos. Hay que tener cara para mandar por escrito esto a unos menores y sus familias los cuales están denunciando malos tratos.

Los razonamientos de sus ilustrisimos a lo largo del auto apuntan afirmaciones como que no presentamos pruebas periciales concretas, mientras que en el caso de las denuncias por medicación indiscriminada a tres de los menores denunciantes, se niegan a realizar una segunda peritación psiquiátrica, alegando entre otros motivos que los procesos judiciales son muy caros, y que no se pueden realizar estas pruebas que
resultan tan caras, y además que este hecho supondría cuestionar la profesionalidad de un médico que, y cito textual, "cuenta con el aval del centro de diagnostico y orientación de psiquiatría infantil del servicio territorial de sanidad y bienestar social de la junta de Castilla y León". ¿No será que estos jueces no han entendido a quien se está denunciando?

Sobre las investigaciones de partes de lesiones aportados por David, Rafael, Jonathan y Cristian, nos ha llamado mucho la atención la declaración de la médico del Hospital Universitario de Valladolid, llena de elogios sobre la labor de los guardias de seguridad, y justificaciones de las lesiones observadas, que nos las esperábamos de la Ats asalariada por el centro de reforma, y no de la médico de un hospital de atención externa. Cito textualmente "no he observado nada extraño más que episodios reiterados de autolesiones... y otros signos
físicos, que corresponderían con actuaciones de sujección propias de unas esposas", y no contenta con eso, afirma que "la sujeción mecánica se da de forma esporádica"; pero, ¿dónde trabajas, con los guardias de seguridad en el Zambrana, o en el Hospital Universitario de Valladolid?

En cambio los jueces nos recuerdan que lo que sí consta son numerosos partes de incidencias y expedientes sancionadores contra los denunciantes, en los que se relatan infinidad de situaciones en las que a su criterio. debería de haberse requerido, y cito textualmente, "comportamientos en los que se habría requerido el uso de la fuerza por parte de educadores o vigilantes, y no se hizo". Leyendo estas declaraciones de los ilustrísimos, da la sensación de que al final les han pegado menos de lo que ellos mismos lo harían, y tenemos que dar
gracias a los vigilantes y que estos no sean los que denuncian a los menores. Lo que sí agradecemos es que ninguno de estos tres jueces se plantease antes de definir su carrera profesional ser educador o guardia de seguridad en un centro de menores, porque pobres menores.

Sobre los encierros y vejaciones sufridas por estos, nos contestan afirmando que son procedimientos sancionadores que se derivan de los comportamientos violentos antes mencionados, y que las sujeciones (con esposas, cuerdas o bridas) son para su seguridad como forma de evitar autolesiones, y la razón de desnudarlos es para que no se ahorquen con la ropa, y despiden la frase para más inri corrigiendonos y diciendo que
no se llaman encierros sino separaciones. En fin, esto es lo que hemos sacado después de confiar en que los jueces iban a defender los derechos de los menores.

Por otro lado, y olvidando esta sentencia como quien olvida una mala pesadilla, otras cosas mucho más interesantes han ocurrido en torno a esta denuncia. Cosas que, para nosotras, son los pequeños resultados que se pueden obtener en denuncias con los resultados anunciados de antemano.

Desde que comenzamos con esta denuncia éramos conscientes de que jamás conseguiríamos poner en jaque a una institución tan potente, y así se lo transmitimos a los menores y las familias de estos. Que lo verdaderamente importante era denunciar socialmente la vulneración de los derechos de los menores o de cualquier persona presa, que supieran que tras los muros hay personas y grupos que estamos vigilando a los torturadores y apoyando a los presos. En definitiva que la impunidad de sus actos la iba a castigar la sociedad y no los jueces.

Durante el transcurso de la denuncia se han podido escuchar muchas declaraciones oficiales hechas en la prensa en defensa de los educadores con argumentaciones poco claras, en las que se podía entrever los fallos y las chapuzas que las comunidades autónomas han hecho para cumplir lo que la ley 5/2000 de 12 de Enero reguladora de la responsabilidad penal de los menores les obliga por poseer las competencias.

Afirmando que no tienen dinero para atender de forma individual a los menores, que las instalaciones no se qué, que las contratas no se cuál, que las subcontratas patatín...

Pero como conclusión a este conflicto generado a raíz de la denuncia, todos terminaban concluyendo que lo que necesitaban era una ley que proteja más a los profesionales de los centros, más personal y más medios económicos, que los antidisturbios puedan entrar en los centros, y no se cuántas animaladas más.

Por supuesto esto no era nuestra intención a la hora de formular la denuncia, aunque algún político y sindicato trataba de enfocar este conflicto hacia estos aspectos, nosotras teníamos y seguimos teniendo claro que ni con más personal, ni con más medios, lo que no queremos son centros cerrados ni ley 5/2000.

A través de los testimonios de algunos menores sabemos que durante la primera etapa de la denuncia, las cosas dentro del centro se suavizaron y empezaron a procedimentar algunos aspectos, como el de la medicación, y que hubo muchas tensiones entre los "profesionales" del centro. Que algunos fiscales hacen más viajes para inspeccionar los centros, que revisan los informes sancionadores, etc.

Algunos educadores que han trabajado en el centro se han puesto en contacto con nosotras para ayudarnos a descubrir algunas cosas, y algunos/as empiezan a cuestionarse su
papel "profesional dentro del centro", aunque solo una educadora se ha atrevido a denunciar abiertamente al centro.

Aunque a nosotras lo que más nos gusta es que la gente de nuestra comunidad autónoma ya empieza a hablar de cárceles de menores, un término que hasta hace tiempo nadie se podía creer que existiese.

Ahora nos queda lo que a nuestro juicio es lo más difícil, continuar con el enfrentamiento con la institución sin bajar la guardia, ya que mientras no impere el sentido común en el trabajo con los menores, seguirán encarcelando a los jóvenes de nuestros barrios.

Asociación "Saltando charcos". Gamonal, Burgos.