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Estado español :: 20/11/2008

El Auto de Garzón: ¿Nuevas perspectivas, nuevas demandas?

Rafael Velasco
Está claro que tras el "nuevo bandazo" de Garzón no está el juzgar al franquismo sino otro tipo de pretensiones, muchas de ellas bastante oscuras

El Auto del Juez Garzón por el cual afirma su competencia para enjuiciar delitos contra la humanidad cometidos por el Franquismo hasta 1952 no había dejado indiferente a nadie y sin duda había ido más allá de lo que al principio cabría esperar de un hombre del sistema como es él. En cualquier caso, el hecho de que en dicho Auto se calificasen ciertos asesinatos y desapariciones franquistas como crímenes contra la humanidad y que se considerase que la Ley de Amnistía de 1977 (Ley de Punto Final) es nula por contravenir el derecho internacional es un paso adelante que se debe saludar sinceramente.

Sin duda esta iniciativa no era fruto de la mera decisión personal de Garzón, que tuvo este proceso paralizado dos años en su mesa, sino una respuesta al creciente movimiento republicano y memorialista. Garzón no era, ni es ni será un abanderado de la memoria histórica republicana, sino que sus actuales actuaciones son consecuencia de la lucha que desde hace varios años venimos realizando los que no nos resignamos a aceptar el ignominioso silencio que sobre la verdad del Franquismo impuso la Transición.

Sin restarle importancia al Auto, algunos ya hemos dicho en varias ocasiones que no debíamos caer en la excesiva euforia pues el propio auto tenía lagunas importantes, la más grande pretender limitar el enjuiciamiento a los crímenes franquistas hasta el año 1952, para impedir cualquier tipo de condena penal a lideres franquistas aún vivos y con responsabilidades políticas, entre ellas el senador Manuel Fraga Iribarne.

Y también hemos reiterado hasta la saciedad que tampoco la izquierda debíamos caer en el error de convertirnos en palmeros del Juez Garzón el cual ya nos tenía acostumbrados a cambios de criterio según interese a los sectores del poder con los cuales en cada momento se alíe. Menos aún debíamos esperar grandes cosas de la Audiencia Nacional, el reconvertido Tribunal de Orden Público franquista, ni del aparato judicial heredero y continuador de aquel régimen.

Lo que no creemos que nadie pudiera esperar era un cambio tan fulgurante en el criterio de Garzón sobre su competencia (sin duda el aspecto más endeble de su primer Auto) en un segundo Auto que, por un lado, parece tender a convertirse en una "sentencia de punto final", y por otro lado, genera un enorme desconcierto y frustración en el movimiento memorialista. Quizás aún es prematuro para hacer valoraciones de las verdaderas "actuales" intenciones de Garzón, pero lo que está cada vez más claro es que tras de las mismas no está el juzgar al franquismo sino otro tipo de pretensiones, muchas de ellas bastante oscuras.

Sólo el crecimiento y consolidación de un movimientos social y político por la III Republica amplio, democrático, plural y de masas permitirá que estas iniciativas sólo sean las puertas abiertas a nuevas etapas de ruptura jurídica y política con el franquismo y no un punto y final nuevo, donde un juez se acabe colgando alguna que otra medalla, o los sectores más inteligentes del sistema logren capitalizar una reivindicación justa para permitir una "Segunda Transición" para continuar con las políticas ya desarrolladas en la primera.

Ese movimiento hoy también debe añadir a las mismas la petición de responsabilidades a un Juez que puede haberse convertido, debido a sus grandes bandazos, en un aliado potencial de los sectores que no quieren se mueva nada de lo "atado y bien atado". A nadie debería asustar tampoco que las presiones políticas, incluidas las que pudieran haber llegado de Zarzuela, estén detrás de tan "drástico cambio de criterio".

La derecha política y la extrema derecha fascista, social, económica y mediática lanzaron inicialmente sus dardos contra el Juez Garzón como una forma más de negacionismo del franquismo como régimen genocida y de revisionismo histórico que intenta negar el carácter fascista de aquel régimen. ¿Le lanzarán ahora piropos?, nunca se sabe. Ambos discursos son extremadamente peligrosos pues son el fermento de la posible resurrección de la extrema derecha fascista en España, por lo cual es necesario combatirlo con todas nuestras fuerzas y bajo la clara premisa de que al Fascismo se le vence combatiéndolo con la más amplia unidad popular.

Por otro lado el PSOE vuelve hacer gala de cinismo e hipocresía pues, por un lado, alguno de sus sectores decían apoyar la originaria iniciativa, aunque no prestaron casi ninguna colaboración, y por otro, la Fiscalía General del Estado recurrió dicho auto utilizando los viejos argumentos del olvido y el perdón.

Ahora sus instrumentos mediáticos se apresuran a felicitar el "nuevo bandazo" de Garzón, el cual sin duda ayuda a dejar al gobierno mejor parado de lo que inicialmente ellos propios preveían. A la par la restante izquierda del sistema, IU en particular, se mueve en un mundo de confusionismo incapaz de dar una respuesta a la realidad que le permita dejar de ser rehén del pacto del olvido y silencio que significó la Transición, que tuvo en la Ley de Memoria Histórica un punto y seguido a su conducta claudicante.

Y cómo no, Don Santiago Carrillo, haciendo gala de coherencia servil, se hace máximo valedor de aquella traición y sale en defensa del modelo constitucional, de la Monarquía Parlamentaria y por ende, cómo no, del Capitalismo. En la memoria de la clase obrera y sectores populares también debe quedar reflejado el papel que cada uno ha jugado en cada momento, por supuesto también el de los traidores y cobardes.

Algunos consideramos que la izquierda y el movimiento republicano deben aprovechar la ocasión para seguir denunciando lo que la Transición significó, para seguir exigiendo la ruptura democrática en el marco de un proceso constituyente que permita superar la falsa democracia coronada de la Constitución de 1978, para exigir una Ley de Memoria Histórica antifascista y republicana, que contemple los criterios del derecho internacional, y que responda a las máximas de VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN. En esa línea se debe continuar:

1. Apoyando las propuestas que en materia de memoria histórica plantean en particular el Equipo Nizkor y la Federación Estatal de Foros por la Memoria.

2. Apostando por la articulación de un amplio movimiento popular por la III Republica y por la consolidación de los marcos unitarios que se han venido creando, en particular los colectivos republicanos de base, las coordinadoras territoriales, la Coordinadora Estatal y el Encuentro Estatal Republicano.

3. Defendiendo la necesidad de la apertura de un proceso constituyente que permita superar los marcos jurídico-políticos de la Constitución de 1978 y que permita el advenimiento de la III Republica para con ello los distintos pueblos de España puedan ejercitar libremente sus derechos, incluido el Derecho de Autodeterminación, y la clase obrera y sectores populares puedan abrir la perspectiva del Socialismo.

4. Ayudando a articular un proceso de movilización amplio y sostenido que permita a la clase obrera y sectores populares encarar la ofensiva a la actual crisis del Capitalismo para con ello evitar que el capital salga fortalecido de la misma y sean los sectores populares los que alcancen las victorias necesarias para poner en primera línea de la acción política la necesidad del Socialismo.

En esa línea llamamos a toda la izquierda consecuente, al movimiento memorialista, al movimiento por la III Republica, a los sectores más organizados y conscientes del movimiento obrero y sindical y al conjunto de la clase obrera y sectores populares a participar masivamente en la manifestación del 6 de Diciembre de 2009 en Madrid, como primer paso en la línea de hacer confluir las luchas sociales para que la crisis capitalista la paguen los ricos con la lucha política por la III Republica en una sola estrategia común, como una única forma de garantizar el éxito de ambas luchas.

Al Franquismo y a la Monarquía Constitucional que lo sustituyo no lo podrán juzgar ni uno ni cientos de jueces que provienen de su mismo seno, sino serán los pueblos de España quienes deban juzgarlos políticamente y condenarlos expresamente con la proclamación de la III Republica.

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