La justicia tarda... pero no llega

Marcelo Barrios Andrade fue ejecutado a los 22 años de edad, el 31 de agosto de 1989, en Valparaíso. Era militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y estudiante de la Universidad de Playa Ancha. La brigada de asalto que lo asesinó estaba al mando del capitán de corbeta Sergio Chiffelle Kirby, e integrada por Jorge Figueroa Castro, sargento de Infantería de Marina; Silverio Fierro Peña, cabo 2º; y los cabos 1º Oscar Aspée Aspée y Luis Ceballos Guerrero. “Portaban escopetas calibre 12, pistolas Remington Colt calibre 45, fusiles HK 33, granadas de mano y explosivos plásticos. Marcelo se encontraba desarmado”, dice Gladys Barrios, su hermana. “Marcelo nació en Santiago, en 1967. Por el trabajo de nuestro padre, nos fuimos a Punta Arenas. Siempre se sintió magallánico y era el más chiquito y regalón de siete hermanos. Tenía seis años cuando vino el golpe militar. A los 13 años comienza a investigar. Lo que decían los diarios o la TV no lo convencía. Se relaciona con ex presos políticos de Isla Dawson, lee a Marx y Engels, la historia del movimiento obrero, y comienza a militar en la Juventud Socialista Almeydista. Se involucra en las demandas de los estudiantes, en las Feses, y hace trabajo poblacional. Quiso ser profesor y entró a la Universidad de Playa Ancha. Más tarde ingresó al FPMR”.

El 30 de agosto de 1989, el comandante de la Guarnición Naval de Valparaíso, Carlos Schnaidt Parker, a través del oficio reservado 1595/2 informó a la Fiscalía Naval de Valparaíso “haber tenido conocimiento” -sin explicar cómo- de “la existencia de armas y explosivos en los domicilios que señala”. En la letra “c” indicaba el de Marcelo Barrios. Ese mismo día, el fiscal naval Miguel Angel Muñoz Barra, ofició al comandante de la guarnición para que asignara fuerzas para “efectuar las diligencias”. Este designó a la Agrupación de Comandos de Infantes de Marina, al mando del capitán de fragata Francisco Pavez Puga. Ese mismo día, decretó las órdenes de allanamientos y detenciones para ser cumplidas por la CNI, infantes de Marina e Investigaciones.

“A Marcelo lo asesinaron el jueves 31 de agosto. La autopsia dice que tenía 9 impactos principales, todos necesariamente mortales, y alrededor de 150 orificios satélites. En su corazón, dos tacos de escopeta; el segundo ingresó por el mismo orificio… Utilizaron explosivo plástico para dinamitar la ventana y puerta, y dentro de la casa lanzaron granadas. Según las pericias había más de 500 impactos en el piso, paredes y cielo de la vivienda. Destruyeron todo. Lo único que encontramos fue su carnet, una agenda y un poncho. Todo lo demás se lo llevaron”, dice Gladys Barrios.

A las 18:25 horas ese 31 de agosto infantes de Marina, agentes de la CNI y efectivos de Carabineros e Investigaciones cercaron la Población 18 de Septiembre, en el cerro Yungay. Se bajaron de un camión cubriendo sus rostros. Según testigos, portaban una ametralladora de cajetillas largas y fusiles con mira telescópica. Se estacionaron en la calle Aquiles Ramírez, impidiendo el paso. La casa que habitaba Marcelo Barrios estaba en el segundo piso del Pasaje Leighton, en la calle Latorre N°5. Decenas de infantes de Marina se ubicaron en posición de ataque frente al domicilio, desplegándose en la quebrada, patio y escalera exterior. Instalaron una carga de 200 gramos de explosivo plástico que detonaron, lo que fue reconocido por el capitán Chiffelle en declaración judicial del 23 de marzo de 1990. Contrariamente, la versión oficial dada a conocer el 1º de septiembre de 1989 por relaciones públicas de la 2ª Zona de la Policía de Investigaciones de Chile, afirmaba que “el delincuente subversivo fue conminado a entregarse, pero respondió haciendo uso de armas de fuego. Dicho individuo parapetado, al ser herido en el intercambio de disparos, procedió a detonar un explosivo, que le causó la muerte en forma instantánea ocasionando además daños en el inmueble”.

NEGACION DE JUSTICIA

“Del asesinato de Marcelo nos enteramos por la radio y televisión. Recién el 6 pudimos sepultarlo. El fiscal naval Muñoz Barra nos impidió reconocerlo y dilató el proceso para retirarlo de la morgue y trasladarlo a Santiago. Iniciamos la búsqueda de justicia desde ese mismo día. Presentamos una querella en octubre, en el Tercer Juzgado del Crimen de Valparaíso. Como había infantes de Marina implicados, el juez se declaró incompetente y derivó la causa a la justicia naval, donde estuvo durmiendo hasta 1991. El fiscal naval Muñoz Barra sobreseyó la causa en julio de 1991, sin darnos a conocer el sumario como parte querellante, sin realizar diligencias ni encontrar culpable. No acusó ni detuvo a nadie”, recuerda Gladys Barrios.

En septiembre de 1998, Sara Andrade -madre de Marcelo-, interpuso una segunda querella.
“Jamás tuvo respuesta”, dice Gladys. En agosto de 2010 la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Afep) interpuso una nueva querella y el juez Mario Carroza fue designado ministro en visita. Pero a poco andar se declaró incompetente. “Derivó la causa a Valparaíso, y designaron como ministra en visita a Eliana Quezada, quien la traspasó al ministro Miranda Lillo. En mayo de 2012, Miranda Lillo decretó el sobreseimiento temporal. Nos dijo que si bien se encontraba acreditado el delito, no existían pruebas para acusar a alguien de ser el autor. En mayo de 2013, el Ministerio del Interior a través del Programa de Derechos Humanos presentó una nueva querella; esta vez contra Sergio Chiffelle como autor de homicidio calificado. Sin embargo, como la causa estaba cerrada temporalmente, no se dio curso. En agosto de 2014, presenté una nueva querella, que fue acogida y anexada a la causa 997-2010 por el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, quien citó a declarar a los integrantes de la patrulla de infantes de Marina; al ex jefe de guarnición, Carlos Schnaidt Parker; al jefe de las fuerzas conjuntas, Francisco Pavez; a Sergio Chiffelle Kirby y su escuadra; a Fernado Pereda Navarro, ex relacionador público de Investigaciones; al ex fiscal naval Muñoz Barra y a testigos presenciales. Recién en abril del año pasado se realizó la reconstitución de escena, y tres meses después se dictaron procesamientos”, señala Gladys Barrios.

El ministro Arancibia decidió realizar una reconstitución de escena. A partir de esta diligencia, el 14 de abril de 2015 señala que se estaba en presencia de un “homicidio calificado”. “Por ese delito, en julio del año pasado, acusó a Sergio Chiffelle Kirby y a toda su escuadra. A Pereda Navarro lo procesó como encubridor… Pero hasta ahora no pasa nada. Fueron detenidos, pagaron dos millones de pesos de fianza, y siguen libres. Como en la mayoría de los casos de derechos humanos, la justicia se dilata, no llega, y se encubre y falsea la verdad… Seguiremos insistiendo en que los tribunales cumplan su papel. No se procesó a Muñoz Barra, a pesar que fue quien dio la orden de hacer el operativo. Fue citado a declarar, pero no se le acusó; y es tan culpable como el resto. Hoy es juez de Policía Local en Villa Alemana…”, dice Gladys Barrios.

El ministro Arancibia Pinto, procesó a siete responsables de la muerte de Marcelo: Carlos Schnaidt Parker, Francisco Pavez Puga, Sergio Chiffelle Kirby, Jorge Figueroa Castro, Silverio Fierro Peña y Oscar Aspée Aspée, como autores de homicidio calificado, y como encubridor, a Fernando Pereda Navarro.

Sergio Chiffelle trabaja en la Corte Suprema como procurador del número. Ingresó a la Escuela Naval en 1970. En 1975 fue destinado al buque escuela Esmeralda , y en 1976, hizo el curso de comando en la Escuela de Infantería de Marina; luego, el de paracaidismo en el ejército. Entre 1989 y 1991 retornó a la Agrupación de Comandos de Infantería de Marina. En 1992, al acogerse a retiro, comenzó su carrera de derecho en la Universidad Andrés Bello. Aunque se tituló en 2004, desde 1996 comenzó a trabajar como procurador en el Juzgado de Colina. Desde 2005 es procurador del número en la Corte Suprema y en la Corte de Apelaciones de Santiago.
También ha hecho clases en la Universidad de Valparaíso.

En 2005, La Nación Domingo publicó que el diario La Tribuna , de Honduras, denunció que 120 ex militares chilenos recibían entrenamiento para ser trasladados a Iraq contratados como guardias privados por Your Solution Inc (YSI), empresa regentada por oficiales hondureños en retiro. Realizaban adiestramiento militar a mercenarios extranjeros en Lepaterique, cerca de Tegucigalpa: “El suboficial (r) de la Infantería de Marina Oscar Aspée, instructor del destacamento, no es un advenedizo en la materia. Fue parte activa del equipo que operó el año pasado en Chile bajo las órdenes de José Miguel Pizarro (Red Táctica), que realizó el llamado a enrolamiento a través de los diarios y que llegó incluso a ocupar para sus labores las instalaciones del Fuerte Aguayo, de la Infantería de Marina en Concón”.

Gladys Barrios, dice: “Espero que el ministro Arancibia haga justicia. Las condenas por homicidio calificado van desde presidio mayor a cadena perpetua. ¿Cómo es posible que los culpables sigan libres? Si no obtenemos justicia en Chile, recurriremos a tribunales internacionales”.

Punto Final