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Argentina: Es la economía, estúpido
Menos para Durán Barba, quien dio como contra ejemplo el caso peruano donde los presidentes no gozan de buena imagen a pesar del crecimiento económico que ya lleva varios años. Olvidó decir que la distribución del ingreso mantiene al 60% de los peruanos en la pobreza más abyecta.
No obstante, su opinión recibió el apoyo empresario a través de Adrián Werthein quien manifestó: "Quiero pensar que no solamente vamos a votar con el bolsillo sino con la esperanza de cómo queremos que vivan nuestros hijos".
Los números no ayudan al gobierno
La estrategia del Gobierno de volcar fondos a las obras públicas para posicionarse en el año electoral sirvió para sacar a la construcción de la parálisis en la que había caído el año pasado, cuando la actividad bajó 11,2%. Pero para que el 2017 cierre con números positivos hace falta que la reactivación llegue a las obras privadas, que representan el 75% del volumen total.
Los datos oficiales indican que la actividad de la construcción subió 10,8% interanual en marzo, luego de catorce meses de baja. Así acumula un alza de 1,8% en el primer trimestre. Hasta ahora, todo ese repunte viene impulsado por la obra pública. Así se refleja en algunos insumos claves como el hierro de hormigón (31,2%) o el cemento (16%).
En el primer bimestre, también las escrituras crecieron 70% y recuperaron el volumen que tenían en los años previos al cepo, dicen desde la consultora Analytica. Esto se explica por el blanqueo de capitales, la estabilidad cambiaria y la recuperación del crédito hipotecario. En marzo, en la CABA, de 4.500 escrituras, 920 se concretaron con créditos hipotecarios (20%).
En los últimos meses el gobierno destinó $ 175.000 millones a las inversiones en infraestructura. Solo en el primer trimestre de este año, las licitaciones de obras públicas crecieron 330% respecto del mismo período de 2016. Los 10 primeros convenios con municipios de la Provincia de Buenos Aires beneficiaron a Pinamar, Campana, Luján, Pilar, San Nicolás, Junín, Morón, Baradero, Dolores y Saladillo, todos administrados por Cambiemos.
Participación Público y Privado
Pero la administración Cambiemos tiene un condicionante: el alto nivel de endeudamiento, por eso apelará a partir de julio a la PPP (Participación Público y Privado), que son diversas modalidades de asociación entre empresas y Estado, reglamentadas por una Ley sancionada en noviembre pasado. En todos los casos el dinero lo pone el privado y el Estado paga luego a plazos.
Al respecto, en la Public-Private Partnerships (su nombre en inglés), el rol del sector público es brindar señales claras a los inversionistas de que los contratos serán cumplidos y mitigar el riesgo regulatorio. Implica un cambio de paradigma en la contratación pública al excluirse o limitarse significativamente prerrogativas de derecho público de la Administración, entre otros, el poder de modificar unilateralmente el contrato o su rescisión por razones de interés público.
Además, el Estado y la Ley deben garantizar todos los riesgos de la inversión, su existencia y continuidad, por ejemplo, la adquisición de energía, esto se llama "contratos futuros de demanda asegurada". Otro riesgo a garantizar es el de un ingreso mínimo, por ejemplo, en el transporte o en las rutas. En suma, se trata de que el inversor no corra el riesgo político de que lo regulen o de perder dinero en su negocio. El papel del Estado es garantizar al inversor que haga su ganancia con los bienes públicos. "Los primeros emprendimientos de PPP serán la transformación de rutas nacionales en autopistas", dijo el Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. En China, "la idea fue muy bien recibida, esperamos captar inversiones por U$S 2.000 millones", agregó el funcionario.
Durante su gira por Asia el gobierno logró memorandos de inversión china para dos centrales nucleares, una en Zárate y la otra en Río Negro. Paralelamente, Nucleoeléctrica Argentina, la operadora de las centrales, firmó un acuerdo con la Uocra que establece el pago de una "bonificación extraordinaria" cuando finalice la obra a cambio de imponer mecanismos que vulneran el derecho de huelga de los trabajadores. La letra del acuerdo fija el compromiso de la parte gremial, antes de tomar cualquier medida de acción directa, "concurrir y participar de buena fe de todas y cada una de las reuniones que en el marco de dicho proceso se fijen". Este tipo de asociaciones se vuelve indispensable por el abultado déficit fiscal al que se suma el incremento de los intereses de la deuda. En abril los pagos sumaron $ 30.348 millones, un 391% más que un año atrás.
Si se consideran los cuatro primeros meses del año, el déficit primario de $ 60.007 millones casi se duplica a $ 119.649 millones por la cuenta de intereses que creció un 140%. Así la mitad del déficit del primer cuatrimestre se explica por los intereses que sumaron $ 59.642 millones.
Además, la recaudación de mayo cayó en términos reales. Según informó la AFIP, los ingresos tributarios fueron un 21% superiores a los del mismo mes del año pasado. Teniendo en cuenta que el Indec reconoció una variación anual de precios al consumidor del 27,5% hasta abril (los datos de mayo de 1,3% recién se conocieron la semana pasada), la disminución en términos reales habría sido de un 5%. Otro factor que influyó en el período fue el ingreso extraordinario o por única vez del blanqueo y, del lado del gasto, los aumentos de tarifas que redujeron la cuenta de subsidios. Aún así, hasta abril el rojo fiscal total aumentó un 47%, unos 20 puntos por encima de la inflación.
Al respecto, es de destacar que a pesar del fuerte aumento de tarifas de los servicios energéticos (electricidad y gas), en los primeros cuatro meses de 2017 los subsidios al sector energético disminuyeron solo un 10%. Lo que antes el gobierno direccionaba al bolsillo de los consumidores, ahora se re direcciona a las empresas prestadoras, algunos de cuyos CEO son parte del gobierno.
El 52,8% de los hogares bonaerenses están sumidos en la pobreza energética (hogares que destinan más el 10% de sus ingresos a pagar servicios básicos una vez satisfecha la canasta básica alimentaria), según un informe del Centro de Economía Política (CEPA) "además, casi un tercio (27,45% de los usuarios) de los casos es severo". En octubre del año pasado la cifra de la pobreza energética era del 34%. A partir de los últimos tarifazos creció en casi 19 puntos porcentuales.
Cifras que asustan
Al 23/5 habían $ 858.000 millones en Lebac (Letras del Banco Central) + $ 143.000 millones en pases colocados en bancos y entidades financieras. En total: $ 1,001 billones equivalentes al 10% del PBI. Casi el doble de un año atrás. Para hacerlas atractivas el Banco Central las recompensa con tasas muy altas: 26,25% anual. Ese dinero no va a alimentar la economía real ni a mejorar las condiciones de vida de la población sino que es puro negocio financiero, bicicleta que le dicen. En lo que va del año ya se abonaron $ 66.021 millones en intereses equivalentes a 528 escuelas de 5.000 m2 totalmente equipadas o 4.547 jardines de infantes o 110 hospitales de alta complejidad.
Si los tenedores de Lebac se pasaran al dólar dilapidarían las reservas del BCRA ya que el stock de títulos supera en 20% las reservas de U$S 45.868 millones.
El decreto 334/2017 del 12/5 abre la puerta para que el Ministro de Finanzas, Luis Caputo, salga al mercado a buscar otros U$S 20.000 millones que le permitirían transitar lo que resta del año con holgura, incluidas las elecciones. Así, la deuda argentina alcanzará alrededor de U$S 280.000 millones que equivaldría al 48% del PBI.
Todos contra los choferes
Ilda Bustos, secretaria General de la Unión Obrera Gráfica de Córdoba y diputada provincial cordobesa denunció que "los despedidos tenían que entrar a trabajar, pero el secretario del Interior de UTA Nacional le dijo a los trabajadores que iban a ser reincorporados si dejaban de respaldar a los delegados". Además, acusó al gremio de colectiveros UTA de obstaculizar todos los acuerdos a los que se venían llegando entre los delegados y el Gobierno provincial. "Los compañeros solamente pedían que se respete la escala que tenían vigente en la Provincia desde hace años", agregó.
Sobre la declaración del transporte como servicio esencial, Bustos señaló que "la Ley aprobada es a todas luces inconstitucional porque no tiene la Provincia facultades para resolver ni legislar sobre cuestiones de fondo". "Nosotros calificamos esta iniciativa del Gobierno de la Provincia como un intento de los sectores más conservadores de la sociedad cordobesa de disciplinar las posibilidades de lucha del movimiento obrero", añadió. "Nosotros entendemos que es inconstitucional y por eso vamos a ir a la justicia", adelantó la dirigente que confirmó que el lunes la CGT cordobesa se reunirá para definir los pasos a seguir.
En tanto, el oficialismo no pudo tratar en el Parlamento nacional por falta de quórum los dos proyectos especiales que proponían declarar como "servicio esencial" al transporte público de pasajeros para obligar a los gremios del sector a prestar servicios mínimos cuando decidan tomar medidas de acción directa. La reunión había sido convocada a pedido del presidente del interbloque Cambiemos, el radical cordobés Mario Negri, a raíz del paro de transporte en su provincia, pero finalmente sesionó en minoría.
Kiener sugirió a los despedidos que pidan la renuncia de los delegados
El encuentro entre Jorge Kiener, secretario de Interior de UTA nacional, los choferes despedidos y otros trabajadores se realizó la noche del miércoles en un predio de la UTA en barrio Guiñazú.
El burócrata dijo que la mayoría de los cesanteados opinaron que si era "para salvar a todos" habría que pedirles la dimisión a los 34 delegados que encabezaron el paro. No obstante, otro ex gremialista de UTA Córdoba dijo que la conducción nacional tiene facultades para suspenderlos como lo hizo con los de la anterior Junta directiva que presidía Ricardo Salerno.
En el encuentro también estuvo presente el ex titular de UTA local, Alfredo Peñaloza, quien dijo que concurrió para propiciar una mesa de diálogo para tratar de "recuperar a los compañeros" (sic).
La Unión Tranviarios Automotor es el sindicato que nuclea a los más de 100.000 trabajadores del transporte. Su titular, Roberto Fernández, ha cerrado consecutivamente paritarias por debajo de la inflación y ha vaciado las obras sociales. Tampoco se caracteriza por defender las jornadas de trabajo: los choferes de la Línea Este de La Plata, han denunciado trabajo en negro, por fuera del convenio, con jornadas de hasta 18 horas. Fernández, como respuesta, les mandó a la patota del sindicato.
La disputa entre la cúpula de la UTA y los trabajadores que defienden sus derechos viene de larga data. Fernández está acusado de enviar matones al subte, a la Línea 60, a los choferes de la ex Ecotrans y a la agrupación Interlíneas, entre otros. Recientemente, sus barras bravas atacaron a una columna de choferes autoconvocados que se dirigía al sindicato, en protesta contra el último aumento salarial; tras la agresión, uno de ellos quedó internado.
Las empresas, lejos de brindar un servicio público de calidad, parasitan la prestación. Las ganancias radican en bajar los costos, vaciar los recorridos y llenarse los bolsillos a costa de los jugosos subsidios del Estado. Actualmente, existen cuatro oligopolios que concentran el 90% de las empresas de transporte; cada uno de ellos, posee alrededor de cincuenta líneas de colectivos y reciben del Estado $ 200.000 mensuales por cada unidad; también son beneficiados con descuentos en el precio del gasoil, en la renovación de los micros -que, en su mayoría, ellos mismos fabrican-, y en el pago de los sueldos de los trabajadores, a través de los Repro.
La ganancia empresaria está garantizada a través del subsidio y de gastar lo menos posible para mantener el servicio. Ahorran sacando menos colectivos a la calle, cortando los recorridos y precarizando las condiciones de trabajo. En la mayoría de las empresas, los choferes son obligados a dar vueltas en negro, con jornadas extenuantes que ponen en riesgo su vida y la de los pasajeros.
En la provincia de Córdoba, los trabajadores del transporte paralizaron los servicios durante diez días exigiendo la normalización de la seccional provincial de UTA (se encuentra intervenida desde hace más de un año) y en rechazo a la paritaria firmada por Roberto Fernández.
Todas las fuerzas del orden se posicionaron contra la huelga protagonizada por los trabajadores de UTA: la conducción nacional del gremio, la intendencia de Cambiemos, la gobernación justicialista, las empresas de transporte, la Cámara de Comercio y los medios hegemónicos de comunicación, que promovieron una violencia inusitada contra la medida de fuerza, reclamando despidos y fomentando la violencia social.
La medida se desató por una diferencia del 11,5% en los aumentos salariales. Los delegados de base denuncian que para este año solo les corresponde un aumento del 8%, sin retroactivo, y por eso reclaman que el pago del 21% escalonado en tres cuotas para el segundo semestre que se acordó con el gobierno sea en un pago, retroactivo al mes de enero y aplicado a la escala nominal de Córdoba, con lo que el aumento salarial rondaría así un 32%.
Desde que Ramón Mestre asumió la intendencia de la capital provincial en 2011, el boleto de colectivos aumentó de $ 2,50 a $ 12,55. El año pasado la paritaria nacional cerró en 27%, mientras que la inflación anual fue del 35%. "El índice inflacionario dice que en el primer cuatrimestre tenemos el 11% de inflación, entonces por todo el año tenemos un 33% de inflación y consideramos que un aumento de 8% es una burla y sentimos que es una provocación", declaró al respecto Érica Oliva, delegada de la empresa Tamse de trolebuses. Para flexibilizar los convenios laborales, bajar los costos y garantizarse un negocio redondo, el frente único anti obrero necesita eliminar a los delegados combativos. El primer paso lo ha dado el Intendente de Córdoba, Ramón Mestre, al proponer eliminar el derecho de huelga de los choferes de colectivos, a través de declararlo "servicio esencial".
Pese a la política de ajuste contra sus condiciones laborales, los trabajadores resisten. En Córdoba, con el despido de casi doscientos empleados, continúan con el plan de lucha por las reincorporaciones y por la normalización de la UTA Provincial. En Buenos Aires, los choferes autoconvocados (movimiento que involucra a trabajadores de más de treinta líneas de colectivos) llamaron a una nueva movilización el pasado viernes cuando la Plaza Once se llenó de camisas celestes. Allí confluyeron unos 600 choferes de más de veinte líneas de las zonas sur, norte y oeste del Gran Buenos Aires y de la Capital Federal. El jueves, más de 60 líneas de colectivos de la zona sur del conurbano bonaerense llevaron adelante una medida de fuerza. La decisión tuvo que ver con el asesinato de Carlos Sánchez, chofer de la línea 514.
Una provocación: descuentos de hasta $ 7.000 en horas previas a la paritaria docente
Los maestros bonaerenses que participaron de medidas de fuerza en reclamo de aumento de salarios y mejores condiciones laborales se encontraron con descuentos de entre 600 y 7.000 pesos en el último recibo de sueldo. Esto sucedió a horas del nuevo encuentro entre los sindicatos docentes y la administración de la gobernadora María Eugenia Vidal, y en un contexto en que los maestros aún no recibieron aumentos en 2017.
Alejandro Finocchiaro, titular de la cartera bonaerense de Educación, señaló: "No podemos pagar por un servicio que no se prestó". Y habló de un tope de 400 a 1.000 pesos. La realidad fue mucho mayor y afectó incluso a quienes no adhirieron. "En algunos casos cobraron apenas 1.700 o 250 pesos. Quitaron hasta un 90% del salario", remarcó Silvia Almazán, docente de Florencio Varela y secretaria de Educación y Cultura de Suteba.
La escalada del conflicto docente no parece tener límite. Ahora el Gobierno de María Eugenia Vidal usa la comida de los chicos como método de presión hacia los docentes y, de esa manera, hacerlos desistir de sus protestas. Según trascendió el martes pasado, la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Desarrollo Social no les pagarán a los Consejos Escolares las viandas para que los chicos accedan a la comida de los comedores escolares los días de paro.
Tal vez estos motivos expliquen la masiva adhesión al paro realizado el miércoles pasado, calculado en un 90%, que rompió la tregua de los gremios con la administración macrista. Mediante un comunicado y ante la enorme repercusión que tuvo el video en el que se muestra la rápida huída de la Gobernadora y el Presidente, que se negaron a hablar con un puñado de vecinos, docentes de SUTEBA Tigre y de UDET, y teniendo en cuenta que se ha desatado la furia de los trolls del gobierno en su Facebook, aclaran que:
1- El escrache fue espontáneo, nos enteramos con una hora de antelación de que venían Macri y Vidal, y decidimos hacernos presentes con nuestros reclamos.
2- Muchos de los docentes que fueron hasta el lugar venían de una escuela y seguían su camino hacia otra luego de participar de la acción.
3- En relación a que somos presuntos agentes kirchneristas, algo que no podrán demostrar, les informamos que en 2015 fuimos a escrachar a Scioli porque no nos pagaba los sueldos y también a su Directora General de Escuelas, De Lucía, además de permanecer 5 días en la DGCyE para lograr el cobro íntegro de nuestros haberes.
4- El sueldo docente se encuentra congelado desde agosto de 2016. Vamos a cobrar el mismo medio aguinaldo que en diciembre 2016. El básico de un Preceptor, primera categoría de nuestro sector, es de $3.855.
5- En la manifestación reclamamos por las escuelas sin calefacción, por las obras inconclusas, por la falta de vidrios, materiales didácticos, por los recortes en comedores, por la devolución de las pensiones por discapacidad, contra el desempleo, contra el ajuste en el presupuesto educativo y de salud, por la restitución de los remedios gratuitos a los jubilados.
6- Al Presidente Macri le reclamamos que convoque a la paritaria nacional docente y que devuelva la escandalosa fortuna que su familia hizo viviendo del Estado, de los subsidios, de las privatizaciones a precio vil, de las estatizaciones de deuda. Le recordamos además cómo fue que su familia se benefició con la política económica de la última dictadura militar, impuesta a sangre y fuego, con torturas y desapariciones forzadas de personas.
7- Como bien expresamos en la manifestación, los trabajadores en general, y los docentes en particular, no nos creemos el verso de este gobierno hambreador, y sabemos que cuando la injusticia es ley, la única justicia es la rebelión.
8- La situación de nuestro sector es desesperante, debido a los descuentos y a la falta total de respuesta. Ante ello, no vamos a quedarnos de brazos cruzados como los sindicalistas que Vidal y Macri están acostumbrados a tratar. Que sepan que si no hay respuesta, habrá escrache.
Finalmente, aclararon que sus entidades son independientes de todos los gobiernos.
Pasaron cinco meses y el gobierno de María Eugenia Vidal aún no logra resolver las paritarias con sectores claves de Estado bonaerense: docentes, médicos y judiciales. Los médicos tuvieron su primera reunión el 30 de mayo. Les ofrecieron 18% en 4 cuotas y 2,5% por 2016. No hubo acuerdo. En 2016 la CICOP y las autoridades provinciales cerraron un acuerdo recién en octubre. Según denuncia el gremio, quedó pendiente la pauta salarial para el tercer trimestre; el gobierno ofreció 2% y la rechazaron. Hasta ese momento habían conseguido un 34 % de mejora, llevando el sueldo de un residente que ingresa al sistema a $ 16.000 por mes.
También quedó sin concretar el compromiso de pasar a planta permanente una primera tanda de contratados. En consultorios, guardias y salas de atención sanitaria hay unos 1.800 "becarios". Son egresados de medicina u otras disciplinas que ingresan bajo un mecanismo provisorio. Muchos permanecen por años en esa categoría. La paritaria judicial también está empantanada y la gobernadora resolvió pagar un adelanto del 10%, una medida rechazada por el gremio AJB.
Todavía no aterrizaron las low cost, pero ya comenzó el ajuste laboral
El anuncio del cierre del call center de Latam Argentina que destruirá 40 puestos de trabajo, fue la primera señal. A través de un paro en el chek in, los trabajadores forzaron una conciliación obligatoria que retrotrajo los despidos, al menos mientras dure la conciliación. Sin embargo, la empresa podría aceptar reubicar a los empleados pero no revisaría el cierre del sector que relocalizaría en Colombia, Perú o Chile, reduciendo costos para las operaciones de tierra. Además, la empresa impulsa para los pilotos una reducción de las horas de simuladores, degradando su entrenamiento y la seguridad, reducir costos en materia de convenios e impuestos.
El secreto de las low cost pasa por la fragmentación de las tarifas de los servicios que incluyen vuelo, equipaje, comida, ubicación y hasta frazadas; el uso de aeropuertos alternativos y la reducción de costos laborales. En Argentina, los convenios laborales están pautados por actividad y no por empresas.
Los cinco principales sindicatos aeronáuticos emitieron una declaración conjunta donde alertan sobre el impacto en las condiciones laborales y de seguridad. Para Ricardo Cirielli, titular del sindicato de los técnicos (APTA), "el gobierno busca regular hacia abajo las reglamentaciones como piden las low cost, y abaratar costos laborales. Pero los convenios hacen a la seguridad. Ya dejamos claro que no vamos a dejar que vuele un avión sin convenio firmado y que vamos a equipararlos con los vigentes para preservarlos".
Para Pablo Biró, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), en el caso de Aerolíneas Argentinas no es solo reducir condiciones laborales sino tornar la compañía inviable para desmantelarla. Es que, además de la reducción presupuestaria, que fue del 60% entre 2015/6 y de un 36% en el primer trimestre de este año, "están sacando los pasajeros regionales e internacionales con acuerdos bilaterales y los de cabotaje metiendo las low cost para que, cuando hagan colapsar a Aerolíneas, no haga tanto ruido. [...] Van a llevarla a la quiebra. Cuando tengan el escenario político la van a hacer colapsar", concluyó.
Mala leche
La devaluación y la eliminación de las retenciones al maíz han perjudicado a la industria lechera. La alimentación representa el 50% de los costos y el maíz es el principal componente. Según la Subsecretaría de Lechería 2016 cerró con 14% menos de producción primaria y una caída del consumo de 10%.
Las consecuencias han sido los cierres de La Serenísima en Rufino, comprada por Arcor; Chateubriand en Carmen, la planta quesera de Magnasco en Santa Fe y Sancor vendió a Vicentín su línea de quesos, postres, flanes y yogures, además del cierre de sus plantas de Brinkmann y Charlone (Córdoba), Centeno (Santa Fe) y Moldes (Buenos Aires) y el recorte de 1.200 puestos en sus 16 plantas a través de retiros voluntarios y despidos.
Declaraciones de funcionarios y gerentes adjudican la crisis a los trabajadores cuando en realidad los sueldos representan el 4,6% de los gastos de acuerdo a los cálculos del sindicato Atilra. Otra consecuencia ha sido la concentración de la demanda en los supermercados y el consecuente aumento de precios.
Por los gremios
El pasado viernes comenzaron en el Ministerio de Trabajo de manera oficial las negociaciones paritarias entre la Cámara patronal y el Sindicato de Choferes de Camiones. Pablo Moyano adelantó que pedirán 32% y un bono de fin de año. Aunque el dirigente nacional no detalló qué valor reclamará para ese bono, explicó sin embargo que "la base deberá ser de 10.000 pesos y, para las ramas aguas gaseosas y lácteos, de 20.000". La UOM (metalúrgicos) llegó a un acuerdo de 24,3% de aumento en dos cuotas. La primera del 12% y la restante del 11% acumulativo, además de una suma fija de $ 4.000 en 2 cuotas.
Los paritarios de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina alcanzaron un acuerdo en la negociación paritaria salarial de los Convenios Colectivos de Trabajo 387/04 y 388/04 correspondientes a obreros y empleados desmotadores de algodón, respectivamente. El aumento consiste en términos porcentuales en un 28% sobre salarios básicos, a lo que se agrega lo correspondiente a los adicionales convencionales (20% de productividad, 13% de presentismo y 1,2% por año de antigüedad). Así el salario inicial de un trabajador de una jornada normal (200 horas mensuales) de la categoría inferior -peón- queda entre salario básico y adicionales en $20.327. Asimismo se acordó una suma de $4.352 por única vez.
La Agrupación Bordó denunció que: "Daer y la Verde en la Federación de la Alimentación siguen el camino de toda la burocracia sindical peronista: entregan nuestros salarios. Firman un aumento salarial del 24% cuando el año pasado fue del 36,6%. Con solo una jornada de paro de dos horas por turno, la lucha más corta y tacaña de la historia del movimiento obrero, donde la burocracia de la Federación se arrodilló en el Ministerio de Trabajo ante empresarios bien anti obreros como Funes de Rioja (uno de los capos de la Unión Industrial Argentina, que entre otras cosas promovieron el golpe de estado más asesino de la historia en 1976).
De los convenios ultra flexibilizadores, como el de MANTECOL de Mondelez Victoria, ni una palabra. El convenio sigue discriminando a las compañeras, sigue ayudando a las patronales con su artículo de polifuncionalidad de tareas. Del tan cacareado punto tecnológico ni noticias. Pura obediencia a la patronal y sus necesidades. Hay que sacar de nuestros sindicatos a estos señores que se enriquecieron como los millonarios que gobiernan con Macri, es la única manera de que la clase trabajadora realmente se enfrente y luche por su salario y por el futuro de sus familias", concluyen.
Con la paritaria vencida desde el 28 de febrero y un malestar general creciente en toda la comunidad universitaria del país, comenzaron intensas semanas de protestas. Los días 14 y 15 llevaron adelante jornadas que incluyeron asambleas, banderazos, una reunión con el bloque del FPV y un acto frente al Palacio Pizzurno. La semana próxima, desarrollarán un plebiscito en la UBA los días 21 y 22 de junio para ratificar la decisión del plenario de Secretarios Generales de impulsar el NO INICIO del 2º Semestre en caso de no llegar a un acuerdo paritario con el Ministerio de Educación, a cargo de Esteban Bullrich. En tanto, los docentes encolumnados en la Conadu-Histórica realizarán un paro de 48 horas.
Los trabajadores del Hospital Garrahan junto a ATE y la Asociación de Profesionales, realizaron una olla popular y paro por dos horas, como fuera votado en la asamblea general conjunta el día 7 del mes en curso. Esta acción se realizó en el marco del paro de 24 horas propuesto por ATE el miércoles pasado. Junto al rechazo del aumento del 20% en cuotas que quiere imponer UPCN, los trabajadores de la salud se pronunciaron por un aumento del 35%, además de un 10% por lo perdido en 2016. En la asamblea del Hospital Garrahan a su vez se votó el rechazo al presentismo y a la productividad -que son claros avances flexibilizadores- y la defensa de los derechos adquiridos de los trabajadores, como la lucha por el régimen de insalubridad.
Reflejando la unidad de los trabajadores de la salud, participaron de esta acción trabajadores del Hospital Posadas que, como expresaron en sus intervenciones, vienen luchando por salario y contra la flexibilización laboral que sufren desde hace años, cuya máxima expresión es la precarización de los trabajadores contratados por un período de 20 años sin pasar a la planta permanente, a los que además pretenden imponerles extenuantes jornadas laborales de doce horas en el turno noche.
También se hicieron presentes los compañeros del Hospital Moyano, de la CICOP y de FESPROSA, reivindicando los reclamos compartidos por salario y condiciones laborales dignas. Por su parte, el plantel de instrumentadoras quirúrgicas del turno tarde, anunció que se plegarían al paro durante todo la jornada. También se votaron en asamblea, los delegados paritarios que acompañaron a los delegados de la Junta Interna de ATE Garrahan, a la reunión paritaria que se realizó el 15 de junio en el Ministerio de Trabajo.
La Agrupación Marrón Clasista, plantea que éste debe ser el inicio de un plan de lucha general de todos los hospitales, para derrotar la deplorable paritaria de UPCN y el ajuste de Macri sobre la Salud Pública. Una vez más sostenemos que "Nuestras vidas valen más que sus ganancias", concluyeron.
En el marco del paro nacional convocado por la CTA Autónoma, miles de empleados públicos se movilizaron el miércoles desde el Ministerio de Desarrollo hasta el Congreso Nacional para exigir la reapertura de las paritarias y pedir el cese de la persecución a los dirigentes gremiales, quienes denuncian que hay "un claro ataque a las organizaciones sindicales" de parte del Gobierno nacional. Durante el corte de las avenidas 9 de julio y Belgrano los manifestantes denunciaron que el último acuerdo salarial firmado por UPCN los condena a "salarios miserables".
"ATE marchará contra las bonificaciones por Presentismo y Productividad, en defensa de los Convenios Colectivos de Trabajo, y para exigir un Salario Mínimo, Vital y Móvil para las y los trabajadores de los Estados Municipales, el pase a Planta Permanente de todos las y los compañeros precarizados, y la reincorporación de las y los despedidos", subrayaron a través de un comunicado.
El personal de Eyeworks Argentina S.A. (ex Cuatro Cabezas) del Grupo Time Warner se movilizó a las puertas de la compañía en rechazo de "la discontinuidad de sus operaciones" en el país y el despido de sus 65 trabajadores. El gremio denunció "la arbitraria y unilateral decisión" ante el Ministerio de Trabajo y convocó al personal a marchar el viernes pasado hacia el establecimiento, en Bompland 1.281.
Policías antimotines reprimieron con gases lacrimógenos y balas de goma una manifestación de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que se dirigía al barrio privado "Rincón Club de Campo" de Neuquén, donde reside el gobernador Omar Gutiérrez. La movilización se realizó en el marco de un paro que llevaba adelante la entidad sindical para que se cumplan una serie de puntos incluidos en el último acuerdo firmado entre ATE y el gobierno de la provincia.
El juez Carlos Mussi procesó al secretario General de ATE y la CTA Autónoma de Río Negro, Rodolfo Aguiar y a su Adjunto, Aldo Capretti en la causa penal iniciada por la protesta frente a la Legislatura provincial, cuando el 24 de mayo pasado el gremio estatal rechazó la aprobación del Plan Castello.
Una vez conocida la decisión del juez de procesar a los máximos integrantes de la conducción provincial, Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) decidió repudiar enérgicamente ese procesamiento que considera parte de una grave e inédita persecución política en Río Negro. "Este procesamiento es un disparate, pero puede entenderse en la época histórica que atravesamos. En esta Provincia si te denuncian por violar y aunque existan pruebas de todo tipo, quedás libre si formás parte del gobierno. Ahora, si se te ocurre reclamar o cuestionar las políticas de ajuste, vas preso", argumentó Aguiar.
En dicha provincia, militantes estatales, sociales y populares enrolados en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río Negro llegaron el jueves hasta Sierra Grande para participar de una masiva movilización contra la extranjerización de la tierra y los recursos naturales. Esta actividad tuvo lugar dentro de un paro total de actividades por 24 horas de los estatales de ATE y la Central obrera.
Entre otras, las consignas que lanzaron en la movilización fueron: poner freno al proceso de extranjerización de la tierra y al avance en la Patagonia del magnate inglés Joe Lewis; contra la criminalización de la protesta y por el desprocesamiento de Rodolfo Aguiar, Aldo Capretti y todos los luchadores sociales; por un aumento real de salarios y el cese de la precarización laboral; en defensa de los pequeños y medianos productores; y contra el Nuevo Código de Tierras.
En Santa Cruz, el ajuste de las petroleras es brutal y se está produciendo directamente un vaciamiento. YPF ha paralizado su actividad de perforación y sus contratistas en los yacimientos están produciendo despidos masivos. Ante esto, la Cámara de Diputados provincial declaró la "emergencia hidrocarburífera", que establece una negociación con las empresas para contener los despidos avanzando en la flexibilización laboral que rechazó el sindicato petrolero.
Estatales que prestan servicio en Servicios Públicos Sociedad del Estado, Instituto de Energía de Santa Cruz y Distrigas se autoconvocaron y reclamaron a sus representaciones gremiales de Luz y Fuerza y Fentos-Sitos, iniciar una huelga para exigir al gobierno el pago del sueldo en tiempo y forma. Indicaron que las entidades sindicales no dieron respuesta a sus pedidos, por lo que decidieron realizar asambleas.
Andrea Godfrid, delegada del gremio de Luz y Fuerza, sostuvo que "desde el miércoles 7 estamos con retención de tareas por el pago de haberes, y ante la falta de respuesta nos autoconvocamos".
Los docentes iniciaron un acampe frente a la Casa de Gobierno de la provincia junto a los jubilados. Aún no cobraron los salarios de mayo y siguen sin acordar la paritaria sectorial. La mayoría de los alumnos aún no comenzaron el ciclo escolar y ya se cumplieron 60 días sin clases en el presente período.
Los jubilados, además de continuar frente al edificio de la Caja de Previsión Social desde hace más de 70 días, están también frente a la Casa de Gobierno con otro acampe hace tres noches luego de que el gobierno comenzara a pagarles con tope de hasta 23.000 pesos "mientras que a los activos de la policía les pagaron todo", expresaron.
El Ministro de Justicia y DDHH de la Nación, Germán Garavano, fue escrachado el viernes al arribar al predio de la ex Esma por trabajadores de su cartera en reclamo de mejoras salariales. Según denunciaron los trabajadores fueron golpeados por la seguridad del funcionario, que se defendió al grito de "los voy a denunciar a todos". Días atrás trabajadores de limpieza y administrativos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación habían denunciado en un comunicado que cobraban los sueldos más bajos del escalafón de la Administración Pública, los cuales apenas superan los $ 10.000, por debajo de la línea de la pobreza.
El ajuste llega a los discapacitados
Mientras los empleados protestaban y en medio del escándalo por el recorte de pensiones a discapacitados, una funcionaria del Archivo Nacional de la Memoria les dijo "mogólicos". Se trata de Flavia Champa que es la secretaria de Sergio Kuchevasky, Secretario ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria. Al respecto, tras la polémica que se generó la última semana, la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, a través de un comunicado, confirmó que el gobierno seguirá pagando las pensiones a todas las personas que sufren una discapacidad.
El Ministerio había decidido aplicar, desde junio, un decreto de 1997 que establece condiciones más duras para acceder a una pensión, lo que produjo que desde entonces beneficiarios denunciaran que habían dejado de percibir la ayuda. El jueves, por convocatoria de partidos de izquierda y redes sociales, se realizó una importante movilización en el Obelisco en repudio de la quita de pensiones.
Carolina Stanley deberá explicar en el Congreso los motivos por los que el gobierno de Cambiemos recortó 170.000 pensiones para discapacitados. La Ministra de Desarrollo Social fue citada para el miércoles 28 en la Comisión de Discapacidad de Diputados que preside Alberto Ciampini. "No hubo error, tratan de encubrir lo que querían hacer, que es trabajar sobre un ajuste que el Fondo Monetario Internacional le pidió al presidente", advirtió.
"Dimos de baja pensiones a personas que no son inválidos totales y permanentes sino que tienen cierto grado de discapacidad. Una persona con síndrome de Down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara" (sic), trató de justificar la medida el titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA), Guillermo Badino, y se ganó por ello el reproche de distintos sectores.