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Bolivia: problema de fondo
Hace seis meses, a raíz de un informe de la Contraloría General del Estado que destapó un caso de corrupción en el Fondo Indígena, algunos dirigentes involucrados trataron de minimizar el informe presentándolo como si fuera un acto de conspiración de la mencionada repartición estatal. En ese momento dije que la Contraloría había cumplido, ni más ni menos, con su trabajo de fiscalizar el uso de recursos públicos, pues lo que el Fondo Indígena administraba era eso: recursos públicos fiscalizables provenientes de la renta hidrocarburífera.
Califiqué lo sucedido como el resultado de un proceso de envilecimiento interno de una parte de las dirigencias indígenas y campesinas que formaban el Directorio de aquella entidad y que cayeron en el burocratismo, descuidando la relación con sus propias bases, contaminándose de prebendalismo e incurriendo en actos de corrupción, lo que llevó a que perdieran legitimidad y autoridad moral ante el resto de la sociedad. Por hablar en estos duros términos algunos de esos dirigentes se molestaron conmigo; creían equivocadamente que yo les defendería, pero una cosa es reivindicar el rol histórico transformador y la trayectoria de lucha de los movimientos sociales, y otra muy distinta es justificar la inconducta y las pillerías de unos cuantos. Defender a los movimientos sociales es parte de la lucha ideológica contra la derecha, que utiliza este caso para atacar al conjunto de las organizaciones campesinas, obreras y populares, llegando a postular –como hizo Samuel Doria Medina- que estamos ante “el fin del reino de los movimientos sociales”.
La intervención al Fondo Indígena decretada por el Gobierno fue vista al principio como una maniobra dilatoria para proteger a autoridades supuestamente involucradas y a algunos cuestionados dirigentes. El hecho es que en los plazos previstos la interventora Larissa Fuentes realizó un eficiente trabajo de revisión de los proyectos financiados, presentando un informe que servirá de base para ulteriores acciones en los ámbitos administrativo, civil y penal. El informe complica la situación de varios ex dirigentes, que en los últimos meses fueron sancionados y cambiados por las bases en sus respectivos congresos sectoriales. En cuanto a Nemesia Achacollo, el informe de la intervención tuvo aristas lapidarias como la siguiente: “El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras no cumplió como establece la Ley 1178 con su rol de fiscalización, seguimiento y control. No efectuó la actuación que le corresponde”. Después de leer estas líneas la dimisión de la ministra –que tuvo un rol decisivo en los acuerdos con el agropoder cruceño durante la Cumbre Agropecuaria- era cuestión de tiempo nada más.
Lo viejo y lo nuevo
Ahora hemos entrado a una nueva fase en la que se liquida el viejo Fondo Indígena y se estructura el nuevo Fondo de Desarrollo Indígena, parece un juego de palabras, pero es más que eso.
Se tuvo que eliminar la gestión autónoma por parte de las organizaciones sociales en el Fondo y en su lugar se implementa una co-gestión entre esas organizaciones y el Gobierno, con predominio de éste último. En el Directorio de carácter decisorio del antiguo Fondo Indígena había mayoría de representantes sociales frente a los gubernamentales, tal composición aseguraba a los dirigentes de las organizaciones la posibilidad de nombrar al Director y a los gerentes, asignándose entre ellos “cupos” en el personal técnico y administrativo de la institución. Esto desvirtuó completamente la naturaleza del Fondo, que perdió su sentido de instrumento de apoyo productivo para convertirse en una entidad basada en el tráfico de avales orgánicos, que llegó incluso a desviar recursos bajo el argumento de “fortalecimiento organizacional”.
En el nuevo Fondo de Desarrollo Indígena habrá un Consejo Consultivo con cinco representantes sociales y seis ministeriales. Este Consejo no tiene facultades para definir proyectos, pero sí para formular estrategias y políticas de desarrollo que guíen la aprobación de proyectos. De esta forma también se eliminará cualquier posibilidad de parcelamiento en la asignación de los financiamientos, o de compartimentación de los emprendimientos según criterios que nada tienen que ver con el desarrollo productivo rural.
Pero queda por efectuar la segunda reforma importante que es vincular las inversiones que realice el nuevo Fondo de Desarrollo Indígena a través de proyectos productivos, con una base territorial expresada en los municipios predominantemente rurales, que en Bolivia son la gran mayoría de las 339 secciones municipales existentes. Esto evitará la dispersión de los recursos económicos en obras de escaso impacto, además de articular los proyectos a ser financiados con otras inversiones concurrentes que realice el Gobierno Nacional a través de programas como MiAgua (Más inversión para el agua) por ejemplo, o a las inversiones de los gobiernos departamentales y de las alcaldías.
La economía social comunitaria
Inserta en la nueva Constitución Política del Estado del año 2009, la economía social comunitaria puede entenderse como una forma de organización económica que tanto en lo urbano como en lo rural está orientada por la lógica del vivir bien, en la que hay mecanismos de generación de riqueza pero también de redistribución de la misma. El debate económico que sobre este tema se dio en la Asamblea Constituyente fue muy esclarecedor y revolucionario al punto de acuñar el concepto de “modelo económico social comunitario”. Pero luego fue atemperado por la inserción, también en el texto constitucional, de la conservadora noción de la “economía plural”.
Los efectos prácticos fueron que desde el Gobierno se fortaleció el pilar estatal de la economía, vía nacionalizaciones, estatizaciones e inversiones en industrialización, pero se descuidó el pilar social comunitario. El antiguo Fondo Indígena pudo haber servido para apalancar una importante cantidad de recursos económicos hacia el fortalecimiento de las formas de organización económica comunitarias, pero se diluyó en proyectos de corto plazo, sin visión estratégica productiva.
Hoy, a partir de un escándalo que ha debilitado al Pacto de Unidad conformado por las organizaciones indígenas originarias campesinas, se abre una posibilidad de relanzar un nuevo Fondo de Desarrollo Indígena, transfiriendo recursos del excedente hidrocarburífero nacionalizado hacia el sector social comunitario de la economía, pensando en la soberanía alimentaria y en la diversificación productiva. Aunque no soy muy afecto a los refranes, podría decirse que no hay mal que por bien no venga; la liquidación de una entidad corrupta ha dado lugar a una recomposición del Ministerio de Desarrollo Rural -tan horadado por los intereses empresariales- que ahora puede volver a priorizar el trabajo en favor de los sectores mayoritarios del campo. La caída en desgracia de un grupo de dirigentes prebendalizados, puede dar lugar a un retorno al programa histórico de la revolución agraria.
