Crímenes atroces en México

No es sorpresa que haya pasado prácticamente desapercibido para los grandes medios de comunicación el sustentado y significativo informe, hecho público este año: Atrocidades innegables: confrontando crímenes de lesa humanidad en México, de la organización Open Society Justice Initiative, tomando en cuenta que, como reproductores del sistema capitalista de dominación ideológico-política, estos mercenarios mediáticos forman parte orgánica de los instrumentos de desviación de poder e impunidad que caracterizan al Estado mexicano.

Este informe, que se nutrió principalmente con el trabajo de Justice Initiative, expertos mexicanos y extranjeros, y la colaboración de cinco reconocidos organismos de derechos humanos, se enfoca en los nueve años que van de 2006 a 2015, aunque incluye una breve descripción de periodos anteriores “en los que el gobierno [mexicano] estuvo también implicado en crímenes atroces, para los cuales hasta ahora no ha rendido cuentas. Se incluye entonces el periodo de la llamada guerra sucia emprendida por el gobierno contra estudiantes de izquierda y disidentes, de 1960 a 1980, con el fin de situar el reciente aumento de la violencia en un contexto histórico y político más amplio”.

El concepto de crímenes atroces, utilizado en el texto, se fundamenta en la definición de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la que se incluyen los crímenes de genocidio, lesa humanidad y guerra, especificando que, en este caso, el término se utiliza “para referirse a formas particulares de crímenes violentos que han afectado a varios cientos de miles de civiles y pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Las personas afectadas no sólo incluyen a los ciudadanos mexicanos, sino también a inmigrantes de Centroamérica, que viajan por rutas peligrosas en el país, y cada vez con más frecuencia son víctimas de la cruel violencia de los cárteles. Específicamente, el informe examina tres tipos de crímenes atroces: asesinatos, desapariciones, tortura y otros tipos de maltrato”. En cuanto a crímenes de lesa humanidad, se concluye que la situación de México satisface su definición legal establecida en el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, así como la jurisprudencia de esta Corte y de otros tribunales internacionales, esto es, como una serie de actos diversos que sean parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Se enumeran 11 actos subyacentes, incluidos asesinato, tortura y desapariciones forzadas. Además, el Estatuto define un ataque como “una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos […] contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización para cometer ese ataque. Esto significa que los crímenes de lesa humanidad pueden ser perpetrados tanto por fuerzas gubernamentales como por grupos armados organizados”. En esta materia, el documento arroja algunas cifras: “Entre diciembre de 2006 y finales de 2015, más de 150 mil personas fueron asesinadas intencionalmente en México (…) Las estadísticas oficiales sobre asesinatos subestiman el verdadero saldo: decenas de miles de desapariciones siguen sin resolverse y existen cientos de fosas comunes clandestinas que no han sido suficientemente investigadas”. En cuanto a desapariciones forzadas, se sostiene que “nadie sabe cuántas personas han desaparecido en México desde diciembre de 2006.

La cifra de 26 mil citada a menudo es engañosa y en gran parte arbitraria; constituye una contabilidad defectuosa del gobierno sobre personas desaparecidas (…) Asimismo, los fiscales a menudo han reclasificado de modo inapropiado los casos que involucran a autores del Estado (desapariciones forzadas) como ‘secuestros’, precisamente en un momento en que estos crímenes han alcanzado niveles alarmantes (…) Del cálculo aproximado de un total de 580 mil secuestros, desde finales de 2006 hasta 2014, no hay manera de saber cuántos podrían clasificarse como otras formas de desaparición criminal, incluidas las desapariciones forzadas”. En lo referente a la tortura, las cifras que aporta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los casos documentados por organizaciones de la sociedad civil “sugieren que se trata de prácticas generalizadas, que incluyen el uso rutinario de torturas y malos tratos por parte de la policía, las fuerzas armadas y los fiscales, a fin de obtener confesiones y testimonios bajo coerción que ellos mismos y muchos jueces mexicanos aceptan como evidencia (…) [No obstante,] en los casos de tortura entre enero de 2007 hasta abril de 2015 sólo se produjeron seis condenas”. Los autores de la investigación plantean una interrogante cardinal: ¿Por qué razón ha habido tan poca justicia ante los crímenes atroces ocurridos en México?

'La respuesta que proporciona el documento se confirma fehacientemente para el caso más reciente de la masacre de Nochixtlán, que se suma a la de Ayotzinapa y Tlataya: “En lo fundamental responde a factores políticos. Comienza con la retórica de negación y desviación que ha caracterizado a los gobiernos de Calderón y Peña Nieto. Los funcionarios de mayor jerarquía sistemáticamente niegan o minimizan la escala y la naturaleza de los asesinatos, las torturas y las desapariciones, y hacen aseveraciones generalizadas y sin fundamento, considerando a las víctimas de estos delitos como criminales. En lugar de reconocer el problema, funcionarios de alta jerarquía han optado por la rutina de atacar a los emisarios de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones de la sociedad civil y otros que han denunciado estos crímenes atroces. En algunos casos, en respuesta a las presiones de la opinión pública, funcionarios han hecho promesas que en su mayoría nunca cumplen. El hecho de restar importancia a los crímenes atroces ha sido un componente central de la historia de impunidad de México (…) Los mismos líderes políticos que niegan y minimizan los crímenes atroces han sido los responsables de investigarlos…”

El valor extraordinario del documento va más allá de este esfuerzo de síntesis, que deja fuera otros datos, análisis y recomendaciones producto de tres años de trabajo de investigación, más de 100 entrevistas y un acervo documental y testimonial que, sin duda, identifican y comprueban las atrocidades innegables del Estado mexicano.

La Jornada