Desastre ambiental en México por derrame de tóxicos de una minera

En lo que fue catalogado como un “homicidio industrial”,  el complejo minero Buenavista de Cobre del Grupo México fue denunciado penalmente por volcar 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico y metales pesados en los ríos Sonora y Bacanuchi. Tras el desastre ecológico, se prohibió a alrededor de 22 mil habitantes de la zona consumir el agua o emplearla para agricultura o ganadería.  Mientras se pide el quite de la concesión a la empresa y un enjuiciamiento penal, se amplían las acusaciones por la muerte de centenares de mineros por “accidentes” en la corporación. 

El derrame de los 40 mil metros cúbicos de los químicos se produjo el 6 de agosto desde las instalaciones de la minera Buenavista del Cobre.
No obstante, la empresa de Grupo México efectuó el alerta dos días más tarde, después de que los pobladores advirtieran el desastre ecológico en el Municipio de Cananea, en el Estado de Sonora, México.

Los residuos químicos que se encontraban en un tanque de almacenamiento de la mina contenían sulfato de cobre acidulado, compuesto de agua, ácido sulfúrico, cobre y otros metales.  El derrame comenzó en el arroyo de Las Tinajas y se extendió por 89 kilómetros hasta los ríos Sonora y Bacanuchi, afectando a siete municipios.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) prohibió el contacto con el cauce: la restricción alcanzó más de 250 kilómetros del río y 500 metros de las márgenes, incluidos pozos de la zona. Advirtieron sobre los riegos en la salud humana y ambiental y prohibieron el consumo de agua y su uso para actividades productivas. Incluso, se suspendieron las clases en más de 80 escuelas de la zona.

El desastre ecológico fue catalogado como “homicidio industrial” por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de México, el cual también pidió juicio y encarcelamiento para los responsables empresariales. ‘‘Se trata de un daño ecológico incuantificable, cuyo alcance en la población aún se desconoce, y ahora Grupo México se quiere lavar las manos culpando a una empresa subcontratista”, explicaron en un comunicado, al pedir que se quite la concesión al grupo económico.

Días más tarde, la denuncia penal fue presentada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ante el Ministerio Público Federal por “delitos contra el ambiente”.

Hasta el momento, la única sanción contra Grupo México fue una multa de 40 millones de pesos ante un derrame de 40 mil metros cúbicos: es decir, una multa de mil pesos por cada mil metros cúbicos contaminados, para una empresa que reportó en el segundo trimestre de 2014 beneficios brutos de 769 millones de dólares correspondientes a su división minera, precisó La Jornada.

Al derrame de tóxicos en el Sonora se sumó uno de dos mil metros cúbicos de agua con cianuro en el arroyo La Cruz, bajo la responsabilidad de la empresa Proyecto Magistral. Luego, se registró una fuga de petróleo crudo desde un oleoducto de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en el río San Juan.

En todos los recientes casos, se dieron escenarios similares: las empresas ocultaron inicialmente los desastres y el Estado amenazó con multas irrisorias. Una sanción económica alta no sería alentadora para las multinacionales que esperan a las puertas de México tras la promulgación de la Reforma Energética.

“Asesino serial”

“Grupo México es un asesino serial”, señaló el informe “Una historia de muerte y desolación: la minería de Asacro-Grupo México” del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) citado por La Jornada.

De acuerdo a las denuncias que pesan sobre la corporación, no sólo se trata de crímenes ambientales, sino que también se registraron numerosas muertes de mineros por explosiones de gas, cortocircuitos, fallas en máquinas y otros “accidentes”: al menos 320 trabajadores muertos entre 1908 (cuando murieron 200 mineros) y 1998.

“Se trata de un grupo parasitario formado con los bienes nacionales y a costa de explotar a trabajadores’’, indicaron desde el Sindicato en alusión a Grupo México, de Germán Larrea, poseedor de la segunda mayor fortuna del país americano.

“Grupo México tiene la mayor propiedad de terreno nacional, lo que se convierte en una amenaza nacional si no se le obliga a cumplir las leyes, no sólo ambientales, también las de seguridad e higiene, laborales, civiles y penales”, sostuvo el Sindicato.