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Nacionales Galiza :: 08/09/2015

Entrevista de Terra Liberada a Que Voltem para a Casa!,

Terra Liberada
Que Voltem para a Casa!: La política penitenciaria aplicada a l@s pres@s independentistas galleg@s es una política de odio y venganza

 

–Que Voltem para a Casa! es una asociación de carácter humanitario para dar apoyo a las personas presas por motivos políticos y a su entorno familiar y social. ¿Cuáles fueron las motivaciones principales que llevaron a la creación de esta organización solidaria?

Que Voltem para a Casa! nace en 2005 tras las detenciones de Ugio Caamanho y Giana Rodrigues, hecho que se puede calificar como una nueva etapa a nivel represivo contra el movimiento independentista gallego. Desde principios de los noventa, con las últimas detenciones de miembros del Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive (EGPGC), no se habían producido detenciones de este carácter y con este resultado: aplicación de la ley antiterrorista, incomunicación, traslado a Madrid, dispersión…

Surge como una plataforma ciudadana para la defensa de los derechos de las presas y presos independentistas y para la socialización de las condiciones de excepcionalidad a las que éstas son sometidas desde el momento justo de su detención.

Tras esta primera oleada se suceden las detenciones y los operativos contra independentistas gallegas que se prolongan hasta la actualidad; la dispersión y la aplicación de medidas de excepción son práctica habitual y continuada… Y así hasta el año 2012, en el que con 12 presas en las cárceles del Estado español vemos la necesidad de asociarnos para defender los derechos no sólo de las presas y presos, sino también de su entorno social y familiar. La dispersión es cruel, deshumana e ilegal, es un castigo contra las familias y amistades de las presas y presos, la política penitenciaria aplicada a las presas políticas es una política de odio y venganza, y todo esto hay que denunciarlo.

–Sabiendo que es una asociación de carácter humanitario, ¿cuál es el trabajo que estáis desarrollando?

Nuestro objetivo prioritario es la defensa de los derechos humanos y fundamentales de los presos y presas independentistas gallegas, que son vulnerados sistemáticamente con la aplicación da la legislación antiterrorista española; esta legislación no sólo viola los derechos de nuestra presas, sino también sus propias leyes e incumple las obligaciones del Estado español en virtud del Derecho Internacional.

Teniendo en cuenta esto, podemos decir que el trabajo que llevamos a cabo se desarrolla en torno a dos líneas básicas de actuación:

Por un lado, tratamos de paliar las consecuencias que la aplicación de estas leyes tienen en las presas y en sus familias y amistades, y sensibilizar a la sociedad con respecto a las mismas. En este sentido, este año centramos nuestro trabajo en informar sobre lo que supone la aplicación de la medida ilegal de la dispersión penitenciaria, y realizamos el «Informe sobre la Dispersión», que es un medio para sensibilizar y una herramienta para argumentar en favor de los derechos humanos y en contra de estas políticas de excepción.

Por otro lado, desde Que Voltem para a Casa! trabajamos en la denuncia de esta situación y en la exigencia del cumplimiento de los derechos de los presos y presas independentistas gallegas. En este sentido, hemos presentado mociones en las alcaldías donde son vecinas/os las presas y presos independentistas gallegos para que insten al Gobierno del Estado español a trasladar a las presas a Galiza; a evitar la arbitrariedad, la subjetividad y la ilegalidad de la aplicación –sistemática y sin razonamiento jurídico– del régimen penal cerrado, y a garantizar el escrupuloso respeto de los derechos fundamentales de nuestras compañeras y compañeros.

Una campaña anual que organizamos y que supone un compendio de esas dos líneas de trabajo es la Marcha a las Cárceles. Por una parte, tratamos con ella de romper con el significado de la dispersión, acercando a los presas y presas independentistas gallegas nuestra solidaridad y nuestro cariño, y también es un acto con el que denunciamos esta situación y exigimos que se respete el derecho de nuestras amigas y familiares a volver a su tierra.

–Y en este momento, para quien no conozca, ¿cuántos son los presos y presas independentistas gallegas y cuál es su situación actual?

Pues en estos momentos tenemos cuatro presos y una presa con las siguientes situaciones:

Maria Osório y Antom Santos, con las sentencias del Tribunal Supremo que los condena a 7 años y 8 meses de prisión. Maria está en el Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas, León, alejada a 237 km; y Antom, en el Centro Penitenciario de Dueñas, Palencia, a 479 km.

Roberto Rodrigues Teto y Eduardo Vigo, también con sentencias del Tribunal Supremo de 13 años y 8 meses de prisión.
Teto está alejado a 445 km, en la prisión de Villanubla (Valladolid); y Edu, a 674 km, en el Centro Penitenciario de Ocaña (León).

Y, por último, Raúl Agulheiro, en prisión provisional a la espera de juicio desde el 3 de octubre de 2014, alejado a 840 km, en el Centro Penitenciario de Zuera, Zaragoza.

–En el Estado español hay 489 presas y presos políticos, según Amnistía Internacional, a los que sistemáticamente se les aplica una serie de medidas excepcionales a través de la legislación antiterrorista: la detención incomunicada, el régimen FIES o la dispersión penitenciaria. ¿Cuáles son los derechos humanos que vulnera la legislación antiterrorista española?

Pues ya comenzando por la detención incomunicada, que señaláis, y que es la primera situación con la que se encontraron todos los presos y presas independentistas gallegas, señalar que incumple el Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuyo artículo 5 estipula que toda persona arrestada «deberá ser conducida sin dilación a la presencia de un juez o de otra autoridad habilitada por la ley para ejercer poderes judiciales». Aplicando la detención incomunicada, la custodia policial puede ampliarse en 48 horas más, es decir, un total de 5 días incomunicada y bajo custodia policial, algo que como ya señaló el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, «facilita la comisión de actos de tortura y malos tratos». De hecho, el Estado español ya fue condenado, en varias ocasiones, por vulnerar la prohibición de la tortura, contemplada en el art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La detención incomunicada implica también que la persona detenida no puede informar a nadie de su situación ni su paradero, que no puede ser examinada por una médica o médico, ni consultar con la abogada o abogado de oficio en privado, ni verla desde el comienzo de la detención. Todos estos derechos básicos y fundamentales son obviados al aplicar la detención incomunicada. Y es por eso por lo que en el ámbito internacional, entre los organismos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, existe un consenso en cuanto a que esta medida debería estar prohibida. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declaró que la detención incomunicada puede resultar, per se, una forma de trato cruel, inhumano, degradante e, incluso, de tortura.

En lo que respecta al régimen FIES, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ya lo ha denunciado, en varias ocasiones, por las graves violaciones de derechos humanos que se dan bajo su aplicación; de hecho, en el año 2009, el Tribunal Supremo declaró el régimen FIES «nulo de pleno derecho», por atentar contra los derechos humanos, pero posteriores modificaciones y nuevas redacciones permitieron continuar con este régimen inhumano que supone una cárcel dentro de la cárcel. Es importante señalar, también, que su aplicación a personas a la espera de juicio supone una grave violación de la presunción de inocencia.

En cuanto a la dispersión penitenciaria, para comenzar, es contraria a la Ley Orgánica General Penitenciaria, que establece que el centro penitenciario en el cual cumplir condena debería ser lo más próximo posible del domicilio de la persona presa, con el objetivo de evitar su desarraigo social. Además, se están vulnerando otros derechos como el derecho a la vida familiar, a la intimidad, a las comunicaciones y a las visitas, a recibir información, a la educación, a la asistencia médica, al idioma propio, etc.; limita el derecho a la asistencia jurídica, ya que dificulta la relación entre la persona presa y su abogada o abogado. La dispersión penitenciara no sólo viola todos estos derechos, sino que, además, es contraria a su propia legislación y al Derecho Internacional.

–¿Qué es el régimen FIES y cómo afecta a los presos y presas independentistas gallegas?

En el sistema penitenciario español existen 3 grados penitenciarios:

Primer grado, que se corresponde con el régimen cerrado, bajo las medidas de control y seguridad más restrictivas; segundo grado, que se corresponde con el régimen ordinario y se aplica a las presas y presos «con circunstancias personales y conductas normales», y el tercer grado, para las situaciones de semilibertad con régimen abierto.

En el caso de los presos y presas independentistas gallegas, se aplica sistemáticamente el primer grado, que se corresponde con el régimen cerrado, que supuestamente se aplica a presas y presos por su «peligro extremo» o «manifiesta inadaptación» a los regímenes comunes anteriores, y a los preventivos y preventivas en las que aparezcan las mismas circunstancias.

Esta clasificación implica una serie de restricciones y limitaciones que empeoran substancialmente las condiciones de vida en prisión: limitaciones en las horas de patio; acceso limitado a las actividades deportivas, recreativas y culturales; limitaciones a cosas tan básicas como el acceso a las duchas u objetos de higiene, o cuestiones tan sencillas como tener una lámpara en la celda que permita la lectura o el estudio…

Además, los presos y las presas independentistas gallegas son clasificadas como FIES (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento), que implica el control de todo tipo de datos e información sobre los presos y presas políticas y sus familias y amistades, a través de la intervención de las comunicaciones escritas y orales, de las revistas, libros, periódicos, control de todas las actividades que realiza, presas y presos con los que se relaciona, cacheos y registros frecuentes de celda, cambios de celda y traslado de centro penitenciario…

–¿Qué es la dispersión penitenciaria y cuáles son sus consecuencias?

 La dispersión es una medida penitenciaria de motivación política que supone alejar a las presas y presos de su lugar de origen. Es una medida excepcional en cuanto que se aplica de modo automático, colectivo y casi exclusivamente a presas y presos por motivos políticos. En el «Informe sobre la Dispersión» hacemos hincapié en que se trata de un acto ilegal, ya que contraviene la Ley Orgánica General Penitenciaria, la Constitución española y las normas de la ONU; excepcional y discriminatorio, porque se aplica casi exclusivamente de modo colectivo a presos y presas políticas; vengativo, ya que su finalidad es la de maltratar a las presas y presos y a sus familias, es una decisión política, tomada en los más altos niveles de las instituciones del Estado.

Además de esto, la dispersión es una extensión de la condena a la familia y amistades de las personas presas, que asumen un enorme costo de tiempo y económico, además del desgaste físico y emocional que implica, y el riesgo de sufrir un accidente en las carreteras, a lo que se exponen las familias y amistades cada fin de semana.

–En las últimas semanas, estáis desarrollando una campaña para cubrir los elevados costos de presentar una demanda por vulneración de derechos humanos ante le Tribunal Europeo de Estrasburgo, por lo ocurrido durante el juicio a Maria Osório, Antom Santos, Eduardo Vigo y Roberto R. Fialhega, en la Audiencia Nacional española los días 24, 25 y 26 de junio de 2013.
¿Cómo es el proceso legal hasta llegar al Tribunal de Estrasburgo?

El procedimiento se divide en dos fases:

La primera, relativa a la admisión de la demanda, y que corresponde a la Comisión.
En esta fase se realiza un examen inicial sobre el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la misma.

La segunda, una vez admitida la demanda por la Comisión, es la de enjuiciamiento y deliberación por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La demanda se presentó a finales de mayo, y esperamos que la mencionada primera fase se pueda resolver antes de que finalice el año, o como muy tarde a principios del 2016. La segunda fase es más larga, y suele demorar, desde la admisión, entre dos y tres años.

–¿Cuáles son las argumentaciones en las que se basa esta demanda?

La demanda que se presentó ante el TEDH por vulneración de derechos humanos se asienta en dos bases jurídicas fundamentales:

Por un lado, consideramos que se violó el derecho a un juicio justo y con todas las garantías; concretamente, se denuncia la violación de los artículos 5.1 y 6.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, artículos que postulan el derecho de toda persona a tener un juicio imparcial, justo y en el que se puedan presentar y practicar las pruebas necesarias para su defensa, algo que sucedió en la vista en la Audiencia Nacional el 24, 25 y 26 de junio de 2013, con la denegación de la práctica de la pericial de la defensa, siendo expulsados de la sala los peritos propuestos y previamente admitidos.

Por otro lado, también consideramos que se vulneró el derecho a la presunción de inocencia, a raíz de las presiones que recibió el Tribunal (poder legislativo) por parte de altas instancias del Ejecutivo; especial trascendencia tienen las presiones de quien en aquel momento era delegado del Gobierno en Galiza, Samuel Juárez, pues él mismo estaba citado a declarar como testimonio. En definitiva, la presunción de inocencia se vulnera cuando el poder ejecutivo presiona al judicial para que se dicte una sentencia concreta.

 –Elevar un recurso a Estrasburgo es muy costoso, se calculan aproximadamente 30.000 euros. Desde el 11 de julio está en marcha una campaña de coopfunding para hacer frente a este gran esfuerzo económico. ¿En qué consiste esta iniciativa?

A mediados de julio comenzamos este nuevo proyecto con intención de hacer frente a los gastos de la primera fase del procedimiento. La campaña pretende, también, visibilizar nuestra persistencia y determinación en esta batalla que intentará la derogación de una sentencia política y arbitraria en Europa, y de la existencia en el Estado español de la Audiencia Nacional como un tribunal político de excepción carente de garantías procesales.

Como base de las recompensas que ofertamos en la página de coopfunding (https://www.coopfunding.net/es/campaigns/objectivo-estrasburgo-em-defesa-dos-direitos-humanos/), esta vez contamos con material realizado por los presos y presas de modo artesanal en los centros penitenciarios –carteras, gorros, marcapáginas, marcos, muñecos, etc.–. Además, de nuevo, contamos con una enorme implicación por parte de grupos musicales, escritoras, escritores, artistas y profesionales de distintos ámbitos que están dispuestas a aportar una parte de su trabajo para hacer posible nuestro objetivo. La campaña termina el 6 de septiembre, y animamos a visitar la página y participar en el proyecto…, hay recompensas para todos los bolsillos y también para todos los gustos!! Como ya apuntamos al presentar la campaña, no podemos permitir que por una cuestión económica quede sin concluir este proceso ante el Tribunal de Derechos Humanos. Tenemos no sólo el derecho, sino también la razón, y la responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas gallegas de no quedarnos calladas ante la indefensión y la injusticia que están sufriendo nuestras compañeras y compañeros.

Hasta ahora, estamos abrumadas y emocionadas por el apoyo que estamos recibiendo, la solidaridad está llegando desde distintos puntos del Estado, la cantidad de personas que, a pesar de la situación económica que estamos viviendo, no quieren dejar de aportar y ayudar a alcanzar este objetivo.

–¿Qué otras actividades tenéis pensado realizar para la recaudación de fondos?

En principio, la primera parte de la primera fase son aproximadamente 6.000 euros, que con la campaña de coopfunding estamos seguras de que quedarán cubiertos. En caso de ser admitida la demanda a trámite, necesitaríamos de hasta 9.000 euros más, y ya tenemos en meta distintas iniciativas para conseguirlo, que por lo de ahora no podemos desvelar, pero tenemos la certeza de que no va a faltar voluntad y trabajo para llegar… Lo único a lo que tenemos miedo es a los lobbies de presión que el Estado español tiene en Estrasburgo y que nosotras difícilmente podemos combatir. Pero astucia, ganas e iniciativa no van a faltar.

Después, tenemos otros canales habituales durante todo el año, como la venta de material o la campaña de afiliadas que vamos a poner en marcha en breves…

–Recientemente el Tribunal Supremo español absolvió de todos los cargos al militante independentista gallego Heitor Naia, condenado por la Audiencia Nacional a 11 años de prisión, ¿cuál es vuestra lectura de esta decisión?

Después de leer detenidamente y analizar la sentencia del Tribunal Supremo, extraemos tres conclusiones básicas:

La primera, reafirmarnos en nuestra denuncia de la Audiencia Nacional como tribunal político y de excepción. Sólo un tribunal de estas características puede condenar a una persona a 11 años de prisión, basándose exclusivamente en las declaraciones de un co-imputado, que ni siquiera tiene obligación de decir la verdad, y sin pruebas objetivas de ningún tipo que apoyen y den la veracidad a estas declaraciones. La presunción de inocencia y el derecho a un juicio con todas las garantías y a una defensa efectiva deben ser derechos que no se estilan en la Audiencia Nacional…

Por otra parte, la sentencia del Tribunal Supremo nos muestra la importancia de la asistencia jurídica continuada y profesional para garantizar la defensa de sus derechos; sin esta asistencia, los presos y presas están más solas, más abandonadas y vulnerables y con menos derechos. De ahí la importancia del movimiento solidario, y también de ahí que consideremos esta sentencia el fruto de la solidaridad, que no sólo permite a los presos y presas mantenerse firmes y sentirse cobijados, sino también garantizar esta asistencia continuada y profesional.

Por último, queda claro que la solidaridad colectiva, el apoyo mutuo y la camaradería consiguen derrumbar los muros más altos, frente a las salidas individuales y egoístas, que no cuentan con esta fuerza.

–Todas las presas independentistas destacan el papel de la solidaridad organizada para poder resistir a las duras condiciones penitenciarias que el Estado español impone. ¿De qué formas se puede expresar esa solidaridad con los presos y presas independentistas gallegas?

Ahora mismo, para comenzar, cualquier persona que quiera ayudar puede colaborar con la campaña de coopfunding. También puede escribir una carta o postal a las presas y presos, mostrándoles así que estamos aquí fuera, que no están solas; participar en la Marcha a las Cárceles; acudir a las concentraciones mensuales, a las cenas y eventos solidarios que no paran de organizarse en distintos puntos del País…

–Y en el ámbito internacional, ¿tenéis relaciones con otras organizaciones solidarias? ¿Cómo valoráis el apoyo de otros pueblos?

En el ámbito internacional, participamos en julio de unas jornadas organizadas por Rescat –organización de apoyo a las presas políticas catalanas– junto a Etxerat –asociación de familiares de las presas políticas vascas–.
En la medida de nuestras posibilidades y junto con organizaciones como la vuestra, esperamos poder hacer llegar nuestras reivindicaciones a todo el mundo, que se conozca que en el Estado español existen presas políticas y la política penitenciaria que se les aplica a éstas, nos parece imprescindible.
También daremos prioridad al intercambio de experiencias y dinámicas con otras organizaciones similares a la nuestra dentro del Estado español.

–Que Voltem para a Casa é umha Associaçom de Familiares e Amig@s d@s Pres@s Polític@s Galeg@s de carácter humanitário para dar apoio às persoas presas e às suas famílias. Quais foram as motivaçons principais que levarom á creaçom desta organizaçom solidária?

 

Que Voltem para a Casa! nasce em 2005 tras as detençons de Ugio Caamanho e Giana Rodrigues, feito que se pode qualificar como umha nova etapa a nível repressivo contra o independentismo; desde principios dos ´90 com as últimas detençons de membros do EG nom se produciram detençons deste carácter e com este resultado: aplicaçom da lei anti-terrorista, incomunicaçom, traslado a Madrid, dispersom...

 

E xurde como umha plataforma cidadá para a defesa dos direitos das presas e presos independentistas e a socializaçom das condiçons de excepcionalidade às que estas som submetidas desde o momento justo da súa detençom.

 

Tras esta primeira vaga sudecem-se as detençons e os operativos contra independentistas galegas que se prolongam até à atualidade, a dispersom e a aplicaçom das medidas de excepçom som práctica habitual e continuada... e assim até o ano 2012, no que com 12 presas nas cadeias do Estado espanhol vemos a necessidade de associar-nos para defender os direitos nom só das presas e presos, senom também do seu entorno social e familiar. A dispersom é cruel, desumana e ilegal, é um castigo contra família e amizades das presas e presos, a política penitenciária aplicada às presas políticas é umha política de ódio e vingança, e todo isto há que denuncia-lo.

 

–Sabendo que é umha associaçom de carácter humanitário, qual é o trabalho que estades a desenvolver?

 

O nosso objectivo prioritário é a defesa dos direitos humanos e fundamentais dos presos e presas independentistas galegas, que som vulnerados sistemáticamente com a aplicaçom da legislaçom anti-terrorista; esta legislaçom nom só viola os direitos das nossas presas, senom também às súas próprias leis e incumple as obrigas do Estado espanhol em virtude do Direito Internacional.

 

Tendo em conta isto, podemos dizer que o trabalho que levamos a cabo desenvólve-se entorno a dúas linhas básicas de actuaçom:

 

Por umha banda tratamos de paliar as conseqüencias que a aplicaçom destas leis tenhem nas presas e nas súas famílias e amizades, e sensibilizar à sociedade com respeito às mesmas; neste sentido, este ano centramos o nosso trabalho em informar sobre o que supom a aplicaçom da medida ilegal da dispersom penitenciária, e realizamos o «Informe sobre a Dispersom», que é um meio para sensibilizar e umha ferramenta para argumentar em favor dos direitos humanos e em contra destas políticas de excepçom.

 

Doutra banda, desde Que Voltem para a Casa! trabalhamos na denúncia desta situaçom e na exigência do cumprimento dos direitos dos presos e presas independentistas galegas; neste sentido, temos apresentado moçons nos concelhos dos que som vizinhos os presos e presas independentistas galegas para que instem ao governo do Estado a trasladar às presas à Galiza, a evitar a arbitrariedade, a subjectividade, e a ilegalidade da aplicaçom sistemática e sem razoamento jurídico do régime penal fechado e a garantir o escrupuloso respeito dos direitos fundamentais das nossas companheiras e companheiros.

 

Umha campanha anual que organiçamos e que supôm um compêndio destas dúas linhas de trabalho é a Marcha às Cadeias. Por umha banda tratamos com ela de rachar com o significado da dispersom, achegando aos presos e presas independentistas galegas a nossa solidariedade e o nosso carinho, e também é um acto com o que denunciamos esta situaçom e exigimos que se respeite o direito das nossas amigas e familiares a voltarem à súa terra.

 

–E neste momento, para quem nom conheça, quantos som os presos e presas independentistas galegas e qual é a sua situaçom actual?

 

Pois nestes momentos temos quatro presos e umha presa com as seguintes situaçons:

 

Maria Osório e Antom Santos, com sentenças do Tribunal Supremo que os condenam a 7 anos e 8 meses de prisom. Maria está no Centro Penitenciário de Mansilla de las Mulas, Leom, afastada a 237 km, e Antom no Centro Penitenciário de Dueñas, a 479 km.

 

Roberto Rodrigues Teto e Eduardo Vigo, também com sentenças do Tribunal Supremo de 13 anos e 8 meses de prisom; Teto está afastado a 445 km, na prisom de Villanubla, e Edu a 674 km, no Centro Penitenciário de Ocaña.

 

E, por último, Raúl Agulheiro, em prisom provisional e à espera de juíço desde o 3 de outubro de 2014, afastado a 840 km, no Centro Penitenciário de Zuera, Zaragoza.

 

–No Estado Español há 489 presas e presos políticos, segundo Amnistía Internacional, aos que sistemáticamente se lhes aplicam umha série de medidas excepcionais a travês da legislaçom anti-terrorista: a detençom incomunicada, o regime FIES ou a dispersom penitenciária. Quais som os dereitos humanos que vulnera a legislaçom anti-terrorista espanhola?

 

Pois já começando pola detençom incomunicada, que sinalades, e que é a primeira situaçom com a que se atoparom todos os presos e presas independentistas galegas, sinalar que incumple o Convénio Europeio de Direitos Humanos, cujo art.5 estipula que toda pessoa arrestada «deverá ser conduzida sem dilaçom à presença dum juiz ou doutra autoridade habilitada pola lei para ejercer poderes judiciais». Aplicando a detençom incomunicada, a custódia policial pode ampliar-se em 48 horas mais, é dizer, um total de 5 dias incomunicada e baixo custódia policial, algo que como já sinalou o Comité Contra a Tortura das Naçons Unidas «facilita a comissom de atos de tortura e maus tratos». De feito, o Estado espanhol já foi condenado em várias ocasons por vulnerar a proibiçom da tortura, contemplada no art. 3 do Convenio Europeio de Direitos Humanos. A detençom incomunicada implica também que a pessoa detida nom pode informar a ninguem da súa situaçom nem paradoiro, que nom pode ser examinada por um/ha médico/a da súa eleiçom, que nom pode designar à súa própria avogada/o, nem consultar com a avogada/o de ofício em privado, nem ve-la/o desde o começo da detençom. Todos estes direitos básicos e fundamentais som obviados ao aplicar a detençom incomunicada. E é por isso polo que a nivel internacional, entre os organismos de Direitos Humanos das Naçons Unidas, existe um consenso em quanto a que esta medida deveria estar proibida. A Comissom de Direitos Humanos das Naçons Unidas declarou que a detençom incomunicada pode resultar, per se, umha forma de trato cruel, inumano, degradante, e incluso de tortura.

 

No que respeita ao régime FIES, o Comité Contra a Tortura das Naçons Unidas já o tem denunciado em várias ocasons, polas graves violaçons de direitos humanos que se dam baixo a súa aplicaçom; de feito, no ano 2009, o Tribunal Supremo declarou o régime FIES «nulo de pleno direito», por atentar contra os direitos humanos, mas posteriores modificaçons e novas redacçons permitirom continuar com este régime inumano que supom mais umha cadeia dentro da cadeia.
É importante sinalar também que a súa aplicaçom a pessoas à espera de juíço supom umha grave violaçom da presunçom de inocência.

 

E em quanto à dispersom penitenciária, para começar, é contrária à Lei Orgánica Geral Penitenciária, que estabelece que o centro penitenciário no qual cumprir condena deveria ser o mais próximo possível do domicilio da pessoa presa, com o objectivo de evitar o seu desarraigo social.
Ademais, estam-se a vulnerar outros direitos como o direito à vida familiar, à intimidade, às comunicaçons e às visitas, a recever informaçom, à educaçom, à asistência médica, ao idioma próprio, etc; limita o direito à defesa e à assistência jurídica, já que dificulta a relaçom entre a pessoa presa e o seu avogado ou avogada. A dispersom penitenciária nom só viola todos estes direitos, senom que ademáis é contrária à súa própria legislaçom e ao Direito Internacional.

 

–Que é o regime FIES e como afecta aos presos e presas independentistas galegas?

 

No sistema penitenciário espanhol existem 3 graus penitenciários:

 

1º grau, que se corresponde com o régime fechado, baixo as medidas de control e seguridade mais restrictivas; 2º grau, correspónde-se com o régime ordinário e aplíca-se a presas e presos «com circunstáncias pessoais e conductas normais», e o 3º grau, para as situaçons de semi-liberdade com régime aberto.

 

No caso dos presos e presas independentistas galegas, aplíca-se sitemáticamente o 1º grau, que se corresponde com o régime fechado, que supostamente se aplica a presas e presos polo seu «perigo extremo» ou «manifesta inadaptaçom» aos regimes comúns anteriores e aos preventivos e preventivas nas que concorram as mesmas circunstáncias.

 

Esta clasificaçom implica umha série de restricçons e limitaçons que empeoram sustancialmente as condiçons de vida em prisom: limitaçons nas horas de pátio, acceso limitado às actividades esportivas, recreativas e culturais, limitaçons a cousas tam básicas como o acceso às duchas, ou a objectos de higiene, ou questions tam singelas como ter umha lámpada na cela que permita a lectura ou o estudo...

 

Ademais, os presos e presas independentistas galegas som clasificadas como FIES, Ficheiros de Internos de Especial Seguimento, que implica o control de todo tipo de dados e informaçom sobre os presos e presas políticas e as súas famílias e amizades, através da intervençom das comunicaçons escritas e orais, das revistas, livros, jornais, control de todas as actividades que realiza, presos/as com as que se relaciona, cacheios e registros freqüentes de cela, cambios de cela e traslado de centro penitenciário...

 

–Que é a dispersom penitenciária e quais som as consecuências?

 

A dispersom é umha medida penitenciária de motivaçom política que supom afastar às presas e presos do seu lugar de origem. É umha medida excepcional em quanto se aplica de jeito automático, coleitivo e quase exclusivamente a presas e presos por motivos políticos. No Informe sobre a Dispersom fazemos fincapé em que se trata dum ato ilegal, por quanto contravem Lei Orgánica Geral Penitenciária, a Constituiçom espanhola e as normas da ONU; excepcional e discriminatório, porque se aplica quase em exclusiva e de jeito coleitivo a presos e presas políticas; vingativo, já que a súa finalidade é a de maltratar às presas e presos e às súas famílias, e umha decisom política, tomada nos mais altos níveis das instituiçons do Estado.

 

Ademais disto, a dispersom é umha extensom da condena à família e amizades das pessoas presas, que assumem um enorme custo de tempo e económico, além do desgaste físico e emocional que implica, e o risco de sofrer um accidente nas estradas, ao que se exponhem as famílias e amizades cada fim de semana

 

–Nas últimas semanas, estades a desenvolver umha campanha para cubrir os elevados custos de apresentar umha demanda por vulneraçom de dereitos humanos ante o Tribunal Europeio de Estrasburgo, polo acontecido durante o juízo a Maria Osório, Antom Santos, Eduardo Vigo e Roberto R.
Fialhega, na Audiência Nacional espanhola os días 24, 25 e 26 de Junho de 2013.
Como é o processo legal até chegar ao Tribunal de Estrasburgo?

 

O procedemento divíde-se em dúas fases:

 

A primeira, relativa à admissom da demanda, e que corresponde à Comissom. Nesta fase realiza-se um exame inicial sobre o cumprimento dos requisitos de admissibilidade da mesma.

 

A segunda, umha vez admitida a demanda pola Comissom, é a de ajuizamento e deliberaçom por parte do Tribunal Europeio de Direitos Humanos.

 

A demanda apresentou-se a finais de maio, e agardamos que a mencionada primeira fase poda resolver-se antes de que remate o ano, ou como mui tarde a principios do 2016. A segunda fase é mais longa, e adoita demorar, desde a admissom, entre dous e três anos.

–Quais som as argumentaçons nas que se basea esta demanda?

 

A demanda que se apresentou ante o TEDH por vulneraçom de direitos humanos asénta-se em dúas bases jurídicas fundamentais:

 

Por umha banda, consideramos que se violou o direito a um juízo justo e com todas as garantias; concretamente, se denuncia a violaçom dos art. 5.1 e 6.1 do Convenio para a Protecçom dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais, artigos que postulam o direito de toda pessoa a ter um juízo imparcial, justo e no que se poidam apresentar e praticar as provas necessárias para a súa defesa, algo que nom aconteceu na vista na Audiência Nacional do 24, 25 e 26 de junho de 2013, com a denegaçom da prática da pericial da defesa, sendo expulsados da sala os peritos propostos e previamente admitidos.

 

Por outra, também consideramos que se vulnerou o direito à presunçom de inocência, a raiz das presons que recibiu o Tribunal (poder legislativo) por parte de altas instancias do ejecutivo; especial trascendência tenhem as presons de quem daquela era Delegado do Governo na Galiza (Samuel Juárez) pois ele mesmo estava citado a declarar como testemunha.
Em definitiva, a presunçom de inocência vulnera-se quando o poder ejecutivo pressiona ao judicial para que se dite umha concreta sentenza.

 

 

–Elevar um recurso a Estrasburgo é muito custoso, calcúlan-se aproximadamente 30.000 euros. Desde o 11 de Julho está em marcha umha campanha de coopfunding para fazer frente a este grande esforço económico. Em que consiste e como está a decorrer esta iniciativa?

 

A meiados de julho começamos este novo projecto com a intençom de fazer fronte aos gastos da primeira fase do procedemento. A campanha pretende também visibilizar a nossa persistência e determinaçom nesta batalha que tentará a derogaçom dumha sentença política e arbitrária em Europa, e da existência no Estado espanhol da Audiencia Nacional como um tribunal político de exceçom carente de garantias processais.

 

Como base das recompensas que ofertamos na página de coopfunding (https://www.coopfunding.net/es/campaigns/objectivo-estrasburgo-em-defesa-dos-direitos-humanos/) desta vez contamos com material realizado polos presos e presas de jeito artesanal nos centros penitenciários –carteiras, gorros, marcapáginas, marcos, bonecos...–.
Ademais, de novo contamos com umha enorme implicaçom por parte de grupos musicais, escritoras, escritores, artistas e profesionais de distintos ámbitos que estam dispostas e dispostos a aportar umha parte do seu trabalho para fazer possivel o nosso objectivo. A campanha remata o 6 de setembro, e animámos-vos a visitar a página e participar do projecto... há recompensas para todos os petos e também para todos os gostos!! como já apontáramos ao apresentar a campanha, nom podemos permitir que por umha questom económica fique sem concluir este proceso ante o Tribunal de Direitos Humanos. Temos nom só o direito, senom também a razom, e a responsabilidade como cidadáns e cidadás galegas de nom ficar caladas ante a indefensom e injustiça que estam a sofrer as nossas companheiras e companheiros.

 

Até o de agora, estamos abrumadas e emocionadas polo apoio que estamos a recever, a solidariedade que está a chegar desde distintos pontos do Estado, a quantidade de pessoas que, a pesar da situaçom económica que estamos a viver, nom querem deixar de aportar e ajudar a acadar este objectivo...

 

–Que outras atividades tedes pensado realizar para a angariaçom de fondos?

 

Em principio, a primeira parte da primeira fase som aproximadamente 6000€, que com a campanha de crowdfunding estamos seguras de que ficaram cubertos. Em caso de ser admitida a demanda a trámite precisariamos de até 9000€ mais, e já temos em mente distintas iniciativas para consegui-lo, que polo de agora nom podemos desvelar, mas temos a certeza de que nom há faltar vontade e trabalho para chegar... o único ao que tememos é aos lobbies de presom que o Estado espanhol têm em Estrasburgo e que nós dificilmente podemos combater. Mas astúcia, ganhas e iniciativa nom vam faltar.

 

Depois temos outros canles habituais durante todo o ano, como a venda de material, ou a campanha de afiliadas que vamos ponher em marcha em breves...

 

–Recentemente o Tribunal Supremo espanhol absolveu de todos os cargos ao militante independentista Heitor Naia, condenado pela Audiência Nacional a 11 anos de prisom, qual é a vossa leitura de esta deciçom?

 

Depois de ler detidamente e analisar a sentença do Tribunal Supremo, extraemos tres conclusons básicas:

 

A primeira, reafirmámo-nos na nossa denúncia da Audiência Nacional como tribunal político e de excepçom. Só um tribunal destas características pode condenar a umha pessoa a 11 anos de prisom baseándo-se exclusivamente nas declaraçons dum co-imputado, que nem sequera tem a obriga de dizer a verdade, e sem provas objectivas de nenhum tipo que apoiem e dem veracidade a estas declaraçons. A presunçom de inocência e o direito a um juízo com todas as garantias e a umha defesa efeitiva devem ser direitos que nom se estilam na Audiência Nacional...

 

Por outra banda, a sentença do Tribunal Supremo amosa-nos a importáncia da assistência jurídica continuada e profissional para garantir a defesa dos seus direitos; sem esta assistência, os presos e presas estam mais soas, mais abandonadas e vulneraveis e com menos direitos. De ai a importancia do movemento solidário, e também de ai que consideremos esta sentença o fruito da solidariedade, que nom só permite aos presos e presas manter-se firmes e sentir-se arroupadas, senóm também garantir esta assistência continuada e profissional.

 

Por último, fica claro que a solidariedade coleitiva, o apoio mútuo e a camaraderia conseguem derrubar os muros mais altos, fronte às saidas individuais e egoistas, que nom contam com esta força.

 

–Todas as presas independentistas salientam o papel da solidariedade organizada para poder resistir às duras condiçons penitenciárias. De que formas se pode expresar essa solidariedade com @s pres@s independentistas galeg@s?

 

Agora mesmo, para começar, qualquer pessoa que queira ajudar pode colaborar com a campanha de coopfunding. Também pode escrever umha carta ou postal às presas e presos, amosando-lhes assi que estamos aquí fora, que nom estam soas, participar na Marcha às Cadeias, acudir às concentraçons, às ceias e eventos solidários que nom param de organiçar-se em distintos pontos do Pais...

 

–E no ámbito internacional, tedes relaçons com outras organizaçons solidárias? Como valorades o apoio de outros povos?

 

No ámbito internacional participamos em julho numhas jornadas organiçadas por Rescat (organizaçom de apoio às presas políticas catalanas) junto à Etxerat (associaçom de familiares das presas políticas vascas). Na medida das nossas possibilidades e junto à organizaçons como a vossa esperamos poder fazer chegar às nossas reivindicaçons a todo o mundo, que se conheça que no Estado espanhol existem presas políticas e a política penitenciária que se lhes aplica a estas, paréce-nos imprescindível. Também daremos prioridade ao intercambio de experiências e dinámicas com outras organizaçons similares à nossa dentro do Estado espanhol.

 

Terra Liberada

Comité de Solidariedade Internacionalista Galiza-Venezuela

 

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