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El aumento de la ofensiva por parte de ETA, tras la ruptura de la tregua, la
mayor intensidad de la llamada kale borroka (lucha callejera) y la polarización
cada vez mayor en Euskadi están sirviendo de excusa perfecta al Gobierno
del PP para aprobar medidas totalmente reaccionarias y para dar un paso más
en el recorte de los derechos democráticos de los jóvenes y trabajadores
en el Estado español. El ministro de Justicia, Miguel Ángel Acebes,
ha presentado el anteproyecto de ley antiterrorista, que implica la reforma
del Código Penal y de la Ley Penal del Menor, con el objetivo de endurecer
la legislación hasta ahora vigente. A pesar de las recomendaciones de
distintas instituciones, como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo
de Estado y la Fiscalía General –nada sospechosas de ser radicales–,
en el sentido de modificar algunos de los puntos, el PP ha hecho oídos
sordos.
El contenido de la reforma no tiene desperdicio. Los menores de entre 14 y 18
años "vinculados" a delitos de terrorismo podrán ser
encarcelados hasta diez años (hasta ahora el tope eran cinco años),
y se pretende crear un Juzgado Central de Menores en la Audiencia Nacional,
encargado de estos menores. Se considerará como terrorismo las acciones
de violencia callejera aunque no pongan en peligro la vida de la personas –por
ejemplo, la quema de un autobús vacío–, así como tener
o transportar por separado los componentes para fabricar artefactos explosivos.
Además, se crea un nuevo delito de apología del terrorismo, por
el que se castiga con penas de uno a dos años de cárcel "el
enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión
público, o difusión", de los delitos de terrorismo "o
de quienes hayan participado en su ejecución", saltándose
las indicaciones que en 1987 hacía el propio Tribunal Constitucional:
"La manifestación pública, en términos de elogio o
de exaltación, de un apoyo o solidaridad moral o ideológica con
determinadas acciones terroristas, no puede ser confundida con tales actividades".
Todo esto ¿va a terminar con el conflicto vasco? ¿Es, verdaderamente, ésta la intención del PP? ¿Podemos los jóvenes y los trabajadores apoyar este tipo de medidas?
En primer lugar hay que dejar claro que medidas que hoy se aprueban con la
excusa de la lucha antiterrorista, mañana van a ser utilizadas contra
aquellos que luchen. A nadie se le escapa para qué está siendo
utilizada la famosa Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley
Corcuera, que en su día fue presentada como la solución de la
lucha antidroga. Al día de hoy todos los grandes narcos se encuentran
en la calle a pesar de que todo el mundo conoce sus negocios y tejemanejes con
la droga. Sin embargo, la ley Corcuera sí ha servido para recortar los
derechos democráticos de los jóvenes y trabajadores. La movilización
de los camioneros hace unos años les supuso la aplicación de esta
ley, también el Sindicato de Estudiantes (SE), cuando todavía
defendía una enseñanza pública de calidad y se oponía
a los planes de privatización de la enseñanza, tanto por parte
del PSOE como del PP fue multado en varias ocasiones en aplicación de
esta ley.
En el poder judicial, en la policía, en todo el aparato del Estado, y
no digamos en el actual Gobierno, hay muchos elementos que odian a la juventud,
a las manifestaciones, a los "rojos", y que se agarrarán a
todos los recursos legales que tengan para frenar nuestra lucha. En los últimos
meses hemos visto no sólo una agudización del conflicto vasco,
sino hechos como los de El Ejido, donde los fascistas salieron "a la caza
del moro" con la bendición del alcalde del PP, o ataques y asesinatos
a trabajadores inmigrantes por parte de grupos fascistas en distintas zonas
del Estado; hemos asistido este verano a la muerte en comisaría de un
guineano; se permiten manifestaciones de grupos fascistas como el de Ynestrillas;
sin embargo, ante estos hechos la derecha no se echa las manos a la cabeza,
no busca responsables, ni ve la necesidad de modificar leyes.
Echar leña al fuego
En segundo lugar, no es verdad que estas medidas vayan a terminar con el terrorismo.
Las causas de éste son políticas y sociales. La política
represiva del PP no hace más que alimentar aún más ese
problema. No es muy difícil imaginar qué va a ocurrir si el Gobierno
empieza a encerrar por varios años a jóvenes de 14, 15 y 16 años,
por gritar consignas que se consideren apología de terrorismo. ¿Cuántos
nuevos militantes se acercarán a ETA por cada menor encarcelado? ¿Cuántos
menores se lanzarán a intensificar la kale borroka?
No es difícil imaginar esta situación, incluso para Aznar y su
Gobierno; sin embargo éste ha mostrado su disposición a aprobar
estas leyes en enero. Todo indica que al PP le importa poco echar leña
al fuego y que la dinámica acción-represión-acción
polarice aún más la sociedad en esta cuestión, al fin y
al cabo eso no le viene mal electoralmente.
Todas esas medidas no son una casualidad, hay sectores de la burguesía
y del aparado del Estado que no pierden de vista un futuro en el que las tensiones
sociales irán en aumento y en el que la juventud jugará un papel
destacado, y por eso preparan el terreno desde ya. Nosotros tampoco podemos
perder de vista el futuro.
El Militante/Nueva Radio
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Kolectivo
La Haine
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