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Estado español :: 03/09/2015

Comienzan los juicios contra la Corrala Utopía de Sevilla

Arainfo
Desde la Corrala Utopía mantienen clara su postura “en pro de la lucha al derecho a la vivienda”

El viernes 4 de septiembre comienzan una serie de acciones judiciales contra activistas y vecinas de la Corrala Utopía, dos bloques de viviendas vacías de Sevilla y propiedad de IberCaja que, durante dos años, estuvieron habitados por familias en situación de emergencia social. El colectivo denuncia que “lo que en un principio era una causa conjunta se ha transformado en más de 50 procesos judiciales individuales”.

El 6 de abril de 2014, la Corrala Utopía fue desalojada. Las familias que allí resistieron, fueron echadas a la calle horas antes de la firma de la que iba a ser la solución. El viernes 4 de septiembre comienzan los juicios a las personas del colectivo imputadas.

Este miércoles representantes de la Corrala Utopía ofrecerán una rueda de prensa, que tendrá lugar a las 11.00 horas en el Centro Cívico Las Sirenas (Alameda de Hércules, Sevilla), ante el comienzo de los juicios.

“Lo que en un principio era una causa conjunta se ha transformado en más de 50 procesos judiciales”, denuncian en una nota de prensa.

Desde la Corrala Utopía mantienen clara su postura “en pro de la lucha al derecho a la vivienda”, por lo que en este y en todos los juicios venideros mostrarán su rechazo a la criminalización de la protesta y la lucha social.

En la rueda de prensa estarán presentes los abogados del colectivo, Ana Isabel Segado y Gonzalo Carrasco, y vecinas de la Corrala. También estarán presentes varios colectivos en lucha y partidos políticos para mostrar su apoyo.

Recogida de firmas por la absolución

Bajo el lema ‘Yo firmo por la absolución de las familias de la Corrala Utopía’ se ha habilitado una recogida de firmas.
Las personas firmantes consideran que “una sociedad no se puede construir sobre el sufrimiento de las personas más vulnerables”.

Además sostienen que la defensa del derecho a la vivienda no es un delito y que este juicio pretende “empañar una lucha noble, pacífica y democrática a favor del cumplimiento del derecho constitucional a la vivienda”.

También denuncian que se trata de un juicio político que “pretende criminalizar a la gente sencilla que se organiza para defender sus derechos y situar en el centro del debate público que se gobierna para los intereses de una banca que, a pesar de haber sido salvada con miles de millones de euros públicos, especula y desahucia por encima de las posibilidades éticas de un país democrático, social y de Derecho”.

 

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