¿Quien nos quiere en la cárcel?

Según el artículo 124 de la Constitución Española el Ministerio Fiscal tiene constitucionalmente encomendada "la promoción de la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social".

En función de estas responsabilidades ha entendido que debía recurrir la decisión judicial que ordenaba la puesta en libertad de varios manifestantes que fueron detenidos en las Marchas de la Dignidad que bajo el lema "Pan, Trabajo y Techo, no al pago de la deuda.", congregó en Madrid a más de un millón de personas el pasado 22 de marzo en una movilización histórica.

Entre la lluvia de escándalos a la que nos somete cotidianamente la casta dirigente de este Régimen, en ocasiones se han alzado voces que han cuestionado el papel de la Fiscalía al entender que lejos de perseguir el delito, su empeño parecía más bien orientado a proteger a determinadas personas o personalidades, algunas de ellas imputadas en delitos muy graves.

La Fiscalía se opuso a la extradición del excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas y del tristemente famoso Juan Antonio González Pacheco alias Billy el Niño, cuando la justicia argentina la solicitó por su implicación en casos terribles de torturas. Igualmente se opuso a la imputación de Urdangarín y de la infanta Cristina por blanqueo de capitales, como se opuso también a intervenir las comunicaciones de Blesa y a enviar el Caso Gürtel al Tribunal Supremo, se pronunció en contra de que Gallardón declarara en el Caso Noos, a la imputación de Ana Mato (La del Jaguar en el garaje), a la imputación del marido de Cospedal, y a la de Cascos y Acebes por el Caso Bárcenas, a que Rajoy declarara en este caso y a que Aznar declarara por los sobresueldos del PP.

Cuando el presidente del Consejo General del Poder Judicial tuvo que dimitir por sus múltiples viajes a cargo del erario público, fue el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo, quien archivó la denuncia presentada contra él por malversación de caudales públicos.

La Fiscalía se ha opuesto al recurso que presentó el PSPV contra la absolución del expresidente de la Generalitat Francisco Camps y se opuso nuevamente a que este y Rita Barberá declararan en el Caso Urdangarín, a que se imputara a Jauma Matas por el Caso Formentera, a que declararan Los Albertos en el Caso KIO, a la querella por el asesinato del periodista José Couso, el cámara de Telecinco que asesinaron en la guerra de Irak... perdónenme, pero la lista sería interminable.

No consta (qué expresión tan de nuestro tiempo) que la fiscalía haya recurrido la puesta en libertad de los tres nazis detenidos en posesión de armas de fuego que habían perpetrado palizas y robos en Madrid hace unas semanas y que fueron puestos en libertad a los dos días, como tampoco hizo en el caso de los ultras de extrema derecha que atacaron con gases lacrimógenos la librería-centro cultural Blanquerna, en la calle de Alcalá, 44 causando heridas a cinco personas, entre ellas un diputado de CIU y una niña de 4 años.

Decía el arzobispo salvadoreño asesinado por defender los derechos humanos Oscar Romero que la justicia es como las serpientes, sólo muerde a los descalzos, y a tenor del comportamiento del ministerio fiscal en el Estado Español no cabe más que darle la razón.

La mente retorcida y oscura, posiblemente batasunizada, de quien escribe, un antisistema radical que solo pretende desestabilizar un gobierno que a pesar de la herencia recibida, lucha denodadamente por todos nosotros, y gracias al cual ya se ve luz al final de tunel, no alcanza a vislumbrar otra conclusión, ya que cuando se trata de casos en los que se juzga o se intenta juzgar a personajes poderosos, de peso en la vida política y económica del país, parece que la fiscalía no se toma tan a pecho aquello de "promocionar la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público".

Especialmente porque la fiscalía muestra una beligerancia inmisericorde cuando quien se sienta en el juzgado es un joven que harto de pasar miseria y tragar humillaciones, de ver cada día como unas cuantas familias parasitan el trabajo y las fatigas de todo un país, sale a la calle a exigir Pan, Trabajo y Techo y a recordarles a quienes mandan que no tenemos por qué pagar una deuda de banqueros y constructores que no hemos generado nosotros, ni las autopistas de peaje, ni el rescate de Bankia, los clubs de fútbol o las autopistas.

Se equivoca quien piense que basta con un simple cambio de gobierno, lo que estamos soportando es un edificio institucional carcomido en todas sus estructuras e instituciones. Ya está bien.