“Las alcantarillas” controlan las instituciones del Estado

Tal como venimos describiendo en nuestras editoriales, el Régimen del 78 y el Estado postfranquista que lo sustenta, siempre han estado lejos de los estándares democráticos más elementales. De los tres procesos de transición que se dieron en los años 70 del pasado siglo entre regímenes claramente dictatoriales y sistemas de democracia parlamentaria en Europa Occidental (Portugal, Grecia y España), el caso del Estado español fue con mucho el más deficitario: no hubo la menor depuración de las estructuras de la dictadura, por el contrario las biografías más criminales de ésta siguieron al mando; no hubo exigencia de responsabilidad alguna por los crímenes del franquismo y a mayor gloria de éste, el heredero designado por Franco a título de Rey fue reconocido sin pestañear, y con ello proclamada la monarquía borbónica como forma de Estado, sin que el Pueblo pudiera pronunciarse sobre tal cuestión. Pero en los últimos años, especialmente en los últimos tres, la involución democrática asociada al refuerzo del control por la mafia de los mecanismos del poder -económico, político, mediático y cultural- supera cualquier pesadilla, hasta llevarnos a una situación absolutamente insostenible para la inmensa mayoría de la población.

Podemos afirmar sin el menor atisbo de exageración que las alcantarillas controlan todas las instituciones en el Estado español.

Hagamos un somero repaso:

La institución monárquica, encabezada hasta hace menos de tres años por un golfo-ladrón, obligado a dimitir para intentar salvar, cosa prácticamente imposible, a la propia institución. Y su sucesor, sin que nadie le haya votado, junto con su consorte, que conforman un dúo que aporta la única novedad respecto a sus predecesores de ser aún mas insoportables que ellos.

La administración de justicia, que en unas pocas semanas ha dejado absolutamente claro que aquello de que "la justicia es igual para todos" no es más que una frase publicitaria, sin contenido real alguno. El tratamiento de privilegio dado a los miembros de la familia Borbón en el caso Noos o a los miembros de la banca, Rato, Blesa, etc. expresa muy claramente que la justicia tiene tratos muy, pero muy diferentes dependiendo de quien se trate.

La Fiscalía General del Estado, a través de su titular, José Manuel Maza, ha hecho una demostración con el cambio de aquellos fiscales que estaban comprometidos en la lucha contra la corrupción digna de un Estado mafioso, tal cual es el que tenemos actualmente.

Las fuerzas policiales, que rizando el rizo de su trayectoria, nos han “obsequiado” últimamente con dos nuevas perlas. Primeramente, el caso de la “policía patriótica” encabezada por el Sr. Eugenio Pino, segundo en el mando de esta institución, que al amparo de Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior durante la primera legislatura de Rajoy, se dedicó a organizar una policía-política paralela, como no, cuya misión era montar casos a la carta contra el movimiento soberanista en Cataluña, pero también en contra de toda la oposición coherente a su Gobierno y a su Régimen. Ahí tenemos los procedimientos contra las Marchas de la Dignidad y contra la Coordinadora 25S. Nos gustaría saber para cuándo se van a investigar las conexiones de esa “policía-patriótica mafiosa” con la Señora Cifuentes y el Jefe Superior de Policía en Madrid.

En segundo lugar, el caso “cuando nadie os vea, dais una patada en la boca, que para eso se os dan botas de policía”, declaraciones hechas por un Jefe Policial en Canarias y denunciadas por el SUP, ante las que la Dirección General de Policía respondió que tales declaraciones suponían una falta leve y que además está prescrita.

El Banco de España que amañaba o pasaba por alto los amaños de las entidades financieras, a las que teóricamente tenía que controlar. Por no hablar de la venta a precio de ganga de las reservas de oro del citado Banco de España, cuando Pedro Solbes era Ministro de Economía, y de las que nadie parece querer acordarse.

Por supuesto, no parece necesario hablar del grado de descomposición que han alcanzado los partidos políticos del Régimen del 78. De eso ya nos informan suficientemente, al menos en cantidad.

No podemos finalizar esta enumeración sin señalar al poder mediático, absolutamente cómplice de la deriva autoritaria y mafiosa del entramado político e institucional en el Estado español, y muy particularmente en lo que se refiere a la monarquía.

Un plan de reformas de este Régimen, desde una perspectiva progresista, es sencillamente una imbecilidad. Cuando todas las instituciones están gravemente enfermas no hay otra alternativa que el cambio, mediante un proceso constituyente y además en formato republicano.

Mientras algunos organizan gobiernos de recambio en la sombra, otr@s luchamos para poner al “gobierno de la derechona a la sombra” y simultáneamente conseguir el cambio republicano.

Izquierda Castellana, 6 de marzo de 2017