Visto para sentencia el tercer juicio por la Corrala Utopía

La imputada, María Llanes, estaba acusada de un delito de usurpación y la petición fiscal era inicialmente de una multa de 720 euros. Previamente al juicio, más de 100 personas han acompañado a María a las puertas de los juzgados para mostrarle su apoyo.

Sobre las 12:30 ha dado comienzo el juicio, el cuál ha sido presidido por una juez suplente. La defensa ha pedido la suspensión de la causa en vista de los antecedentes en los dos juicios anteriores, en los cuales las sentencias fueron absolutorias, la petición ha sido desestimada. 

En todo momento la actitud de la jueza ha sido de hostilidad hacia la defensa, negando la suspensión de la causa, dejando declarar sólo a uno de los seis cargos públicos que había citado la defensa, no admitiendo varios informes pertinentes al caso y cortando las respuestas de los testigos. Se ha intentado quitar toda carga política al juicio, diciendo que no era relevante el hecho de que la decisión de desalojar el inmueble se tomará cuando ya había un acuerdo tomado entre la Iber Caja, las instituciones y las familias de la Corrala.

La primera en declarar ha sido la propia acusada, que ha respondido a preguntas de la fiscalía sobre su situación económica en el momento de la okupación y ha declarado que el objetivo de esta okupación era conseguir un alquiler social. Tras la declaración de la acusada ha sido el turno de dos policías nacionales que han declarado que identificaron a los ocupantes aprovechando el día que cortaron los suministros (luz y agua) a la Corrala.

Tras esto ha sido llamado a declarar Rafael Ibáñez, ex-subdirector de la Agencia de Vivienda. A preguntas de la defensa, ha hablado sobre las negociaciones entre IberCaja, las instituciones y la Corrala utopia y ha confirmado que dos días antes de producirse el desalojo se había alcanzado un acuerdo entre las distintas partes. La juez ha cortado la declaración de Rafael Ibáñez, diciendo que "la pregunta ya esta contestada" y que no era relevante para el juicio el tema del desalojo.

Tras la declaración de otro testigo vecino de la acusada ha sido el turno de los alegatos de la fiscalía y defensa. Fiscalía ha bajado la petición fiscal a una multa de 360 euros, la mitad de la petición fiscal inicial, y el abogado de la defensa Gonzalo Carrasco ha pedido la libre absolución, y además ha apuntado que no se entiende que se creen 54 casos distintos por un mismo hecho y ha vuelto a remarcar que el desalojo llegó cuando ya había alcanzado un acuerdo. Una vez más, la juez le ha cortado diciéndole que se diera prisa "por que es la una y media y nos tenemos que ir a comer".

Pese a que la petición fiscal es en los 54 casos de multas individuales de 720 euros, el importe total de todas esas multas ascendería a  38.880 euros, y cabe recordar que el sentido de este juicio es poner por encima el derecho a la propiedad privada de la banca (Iber Caja) que el derecho a la vivienda digna.

En su alegato final María Llanes ha recordado que el edificio llevaba años vacío y ha responsabilizado a la banca de "la situación de precariedad que vivimos cada vez más personas", tras lo cuál el juicio ha quedado visto para sentencia.

La Haine