El Ministerio del Interior, a través del subsecretario de la cartera Jorge Correa Sutil, ha solicitado a los tribunales de justicia de la Novena Región procesar a los miembros de la Coordinadora Arauco-Malleco detenidos en Temuko en virtud de aquel engendro de la seguridad nacional pinochetista denominado como Ley Antiterrorista. Se trata, por cierto, de la crónica de una persecución política anunciada, ante la cual todas aquellas discusiones de carácter jurídico y legal respecto de la pertinencia o no del uso de determinado cuerpo jurídico o de las características de los delitos cometidos por los hermanos detenidos carecen ya de total importancia.

Asistimos, por el contrario, a una decisión de seguridad nacional de profundas connotaciones políticas, como lo fue, por ejemplo, cuando el año 1990 se oficializó la creación de la Oficina de Seguridad Pública, con el objetivo inalterable de combatir a quienes el Estado consideraba por aquellos años como sus mayores enemigos políticos, aquellas agrupaciones armadas de ultra izquierda a quienes calificaba de la peor forma posible ante los medios de comunicación ("terroristas", "violentos", "extremistas"...) y quienes, sin embargo, insistían en reclamarle en su cara una transformación radical del sistema democrático chileno en beneficio de la mayoría de los sectores populares excluidos del famoso pacto de la transición.

Nuevamente hoy, a doce años de retornada la democracia a país, las autoridades de gobierno deciden embestir políticamente a través de los tribunales de justicia y todo su aparataje represivo en contra de un sector político -en este caso mapuche- que cuestiona tanto su institucionalidad opresora como aquellos intereses de todo orden que se han ido consolidando con la venia gubernamental al interior del maltratado territorio histórico de nuestro pueblo.

La respuesta a la pregunta de si el Estado chileno persigue a un determinado sector del movimiento mapuche por su pretendido carácter violento o porque, en realidad, defiende derechos que le han sido negados históricamente, ofrece muchas pistas para conocer las verdaderas intenciones del Ejecutivo chileno en la persecución actual en contra de la Coordinadora. ¿Se trata de evitar la violencia mapuche en la zona sur o de obstaculizar el trabajo político a quien pretende superar el sacrosanto estado de dominación neocolonial vigente y apostar por la reconstrucción de la utopía del país mapuche?

La respuesta resulta a todas luces evidente. Más aun si constatamos que a la luz de los hechos investigados por los tribunales de justicia en los últimos meses, la supuesta "violencia terrorista" de la Coordinadora no ha pasado de ser una legítima reacción de las comunidades frente a las constantes agresiones y atropellos de que han sido víctimas por parte de guardias forestales, grupos paramilitares y la ya reconocida prepotencia de las fuerzas policiales. Prepotencia que, digámoslo con todas sus letras, ha adquirido ribetes de terrorismo de estado en las últimas semanas con el asesinato hasta ahora impune del joven comunero de Ercilla, Edmundo Lemún.

En los hechos, la tan comentada escalada de violencia de la que se acusa a los miembros de la Coordinadora no ha dejado de ser un legítimo ejercicio de autodefensa, derecho humano fundamental tanto en este como en otros sistemas jurídicos y que por lo demás se ha manifestado mayoritariamente con métodos artesanales y no precisamente haciendo gala del profesionalismo propio de los denominados grupos "terroristas" que tanto parecieran atemorizar al gobierno, la clase política y los empresarios nacionales y extranjeros.

¿Qué es lo que se esconde entonces tras esta espectacular persecución político-judicial? Simplemente la necesidad del gobierno por desarticular una organización mapuche que -más allá de sus particulares métodos de lucha y estrategias de construcción político-social- apuesta concretamente a la generación de un discurso y una práctica mapuche de corte autonomista y revolucionaria. No son los únicos, claro está, otras agrupaciones mapuches también levantan y construyen desde sus propios espacios de acción discursos y prácticas que tienen como norte la reconquista de derechos políticos y territoriales por parte de nuestro pueblo, pero sin duda es en la Coordinadora donde aquella lógica de reconstrucción nacional adquiere ribetes de "peligro público" para las autoridades.

En cualquier caso, no cabe ni la menor duda de que cualquier formación autonomista mapuche, llámese Coordinadora, Identidad Territorial o Frente por la Liberación, será ilegal de ahora en adelante a los ojos de la legislación y el ordenamiento jurídico chileno, lo que, en primera instancia, retrata claramente el carácter neocolonialista de dicha legislación y desmiente, por otro lado, aquello de que toda aspiración política justa es defendible en el marco de la legalidad y los estrechos márgenes del sacrosanto estado de derecho. Esto quedará más que demostrado toda vez que aquellas organizaciones mapuche autonomistas como el Consejo de Todas las Tierras, la Identidad Territorial Lafkenche o la Identidad Territorial Nagche rompan de manera paulatina relaciones con el Estado o, dejando sectarismos nefastos y afanes de protagonismo de lado, sean capaces de confluir en un referente o movimiento político mayor con las mismas características y con pretensiones de poder y no precisamente de administración.

Independientemente de lo digan o dejen de decir las instituciones del Estado chileno, ¿es ante los ojos del movimiento mapuche en general el de la Coordinadora un proyecto político ilegítimo? Por supuesto que no. Tan sólo se trata de la primera organización mapuche de este nuevo siglo y con reivindicaciones nacionalitarias que ha sido declarada ilegal y perseguida por la maquinaria colonialista del Estado chileno. A comienzos de la década de los noventa le correspondió el turno al Consejo de Todas las Tierras, quizás la primera organización mapuche en plantear de manera pública el derecho de los mapuche a su autodeterminación nacional. Mañana, créanme que nos tocará el turno a cada uno de nosotros.

La Ceguera racial

x Miguel Caniuqueo

La muerte de Edmundo Lemún Saavedra es un claro ejemplo que las cosas que dicen relación con el pueblo Mapuche se están haciendo muy mal.

Ante la comunidad internacional el pasado doce de noviembre del presente año en la comuna de Temuco falleció producto de un proyectil en la cabeza un NIÑO MAPUCHE, a propósito de un enfrentamiento entre comuneros Mapuche con fuerzas policiales, ocurrido el pasado siete de noviembre en la comuna de Ercilla.

La muerte de Edmundo Alex Lemún Saavedra es un claro ejemplo que las cosas que dicen relación con el pueblo Mapuche se están haciendo muy mal. La ceguera del palacio de la Moneda con respecto al tema indígena es producto tanto del fracaso del gobierno regional de construir y consolidar instancias de diálogo que permitan un entendimiento claro, pacífico y razonable con respecto a las particulares demandas del pueblo Mapuche como a la incapacidad y falta de flexibilidad de algunos dirigentes Mapuche de entender, aunque les duela, que la relación con el Estado chileno siempre va a estar supeditada a la mantención del estado de derecho y al eterno cuestionamiento del concepto "autodeterminación de los pueblos indígenas" que muchos dirigentes reivindican.

Me atrevo a aseverar que a menos de dos semanas del gran evento de caridad del año, es más probable que la Teletón cumpla con su meta y no se esclarezca quien fue el asesino de Edmundo Lemún. Parafraseando un profesor de ética pública de Valparaíso, quien sostiene que en Chile hay corrupción, pero no hay corruptos; aludiendo al hecho que muchas veces hay casos probados de corrupción, pero nunca se determinan los culpables. De igual manera se puede inferir que en Chile muchas veces se cometen asesinatos, pero no hay asesinos.

Menciono esto porque llama poderosamente la atención como a una semana de la muerte de Lemún la discusión se centre en si se aplica la ley antiterrorista o definir si fue Carabineros o no quien disparó el proyectil y ninguna autoridad, hasta el momento, se ha ocupado del tema de fondo; que nunca más se vuelva a repetir la muerte de una persona por el hecho de luchar, con el arma de la protesta, por aquello que se cree correcto.

Ha transcurrido prácticamente una semana de la muerte de Lemún y ninguno de los doce parlamentarios de nuestra región, ni el Alcalde de Ercilla, como tampoco otros alcaldes que a ratos defienden reivindicaciones del pueblo Mapuche, han manifestado su punto de vista con respecto a los hechos ocurridos el 7 de noviembre, ni mucho menos liderar, entregar lineamientos claros y orientaciones correctas para con este conflicto. El motivo es evidente, el conflicto que mantienen algunas comunidades Mapuche con la autoridad es como una papa caliente, se la tiran entre unos y otros, nadie sabe que hacer con ella, ni mucho menos quemarse con un conflicto que en más de quinientos años nadie le ha dado solución.

Creo que la actitud de los parlamentarios frente a este tema es particularmente irresponsable, cuando se trata de ejercer la función fiscalizadora en aquellos temas que otorgan alto rating periodístico se pelean las pantallas de televisión. Seguramente en temas como el caso coimas o la adulteración de las fichas CAS es bien visto mostrar las manos limpias y demostrar preocupación por los más pobres respectivamente, no obstante resulta de una tremenda inhumanidad la actitud abúlica e indolente frente a la vida que hemos podido observar en nuestras autoridades, porque, la realidad es que no se ha hecho lo suficiente. No creo estar tan equivocado.

Quienes nos sentimos parte de la Concertación y defendemos los logros del presidente Lagos, también tenemos el deber de manifestar nuestro descontento cuando ocurren hechos tan graves como los del siete de noviembre, sobre todo cuando el proceder de las autoridades pasa por hacer políticamente lo correcto y no aquello que políticamente es responsable. En esta oportunidad la primera autoridad regional demostró una absoluta falta de conocimiento sobre el tema y un nulo manejo político de la situación, más lamentables fueron las declaraciones del Subsecretario Jorge Correa que de sutil tiene muy poco. A lo mejor la señal correcta pasa porque el Presidente de la República se haga presente en la región y lidere una gran mesa de diálogo relacionado con el tema indígena. A lo mejor todavía es tiempo.

Lo triste es que el 12 de noviembre de 2002 murió un niño Mapuche, luchaba por aquello que él creía correcto, ojalá el bosque donde tu alma descansa inspire a todos aquellos actores que hoy día tienen la tremenda responsabilidad de facilitar una pacífica convivencia entre dos culturas y hacernos comprender y aceptar nuestra verdadera identidad.

La tentación mapuche de independizarse

Mientras los chilenos empiezan a preparar celebración del bicentenario el año 2010, gana fuerza en el pueblo mapuche la idea de la autonomía

El único pueblo americano que obtuvo el reconocimiento de su integridad territorial por parte de la corona española vive en pleno proceso de reivindicación ante unos estados que, aunque recuperaron las formas democráticas, niegan la existencia de ninguna otra nación o patria que la chilena o argentina.

Los mapuches forman el principal pueblo indígena, tanto en Argentina como en Chile.

En Chile, concretamene, representan un 10% de la población total, porcentaje muy superior al que suman los aymaras y atacameños en el norte y los rapa nui en la Isla de Pascua. La diferencia con estos pueblos no es sólo demográfica sino, sobre todo, de una historia política seguramente única en toda la América del Sur.

La historia de la colonización española de América ha presentado el proceso de ocupación del centro y el sur del continente como algo que se produjo con rapidez y, de hecho, fue más o menos así, hasta que llegaron al Cono Sur. Si el hundimiento de poderosos imperios como el inca o el azteca se explican por la decapitación violenta de sus estructuras de gobierno rígidamente piramidales -gracias a la suma de la tecnología militar y la alianza coyuntural con pueblos americanos sometidos- al llegar al territorio mapuche, las cosas cambiaron abruptamente. Se encontraron con una sociedad horizontal -sin monarcas ni grandes mandatarios- de poblaciones relativamente pequeñas, en parte nómadas, pero poderosamente interrelacionadas, que ya habían frenado por la fuerza los intentos incas de bajar al sur, y que no estaban dispuestos a permitírselo ahora a los codiciosos conquistadores.

Adaptándose con rapidez a los nuevos tiempos, se convirtieron en expertos jinetes y aprendieron las normas de la guerra moderna. Las nuevas ciudades de la corona castellana -entre ellas el mismo Santiago- sufrieron periódicas destrucciones y el primer Gobernador del futuro Chile perdió la vida después de ser capturado: nacía el mito del indomeñable guerrero mapuche. Un siglo de jaque militar permanente a la naciente estructura colonial condujo a la corona española a renunciar en el 1641 a sus intentos de ocupación, aceptando hacer en el Tratado de Quillín el único reconocimiento institucional de fronteras en tierras americanas.

El caballo y la introducción de la ganadería significaron, además de una importante evolución de la economía de los mapuche, su creciente asentamiento en la otra vertiente de los Andes, en la actual pampa argentina.

De la Independecia Chilena a la Guerra de "Pacificación"

Los cerca de dos siglos que siguieron hasta el fin del imperio español en América supusieron el mantenimiento -siempre conflictivo- de la frontera entre los mapuche y los "wigka" (extranjeros), hecho que continuó en las primeras décadas de los nuevos estados americanos, que asumieron los acuerdos fronterizos de la antigua colonia. Y esto fue así hasta que la presión combinada de los terratenientes y de los nuevos colonos europeos llevó a los gobernantes chilenos y argentinos a unir sus fuerzas el 1860 y desalojar militarmente a los mapuches de sus tierras históricas, dando inicio a una sangrienta guerra de ocupación que se alargó hasta 1885 en la parte argentina. Guerra que, eufemísticamente, Chile denominó "pacificación de la Araucanía". La independencia del pueblo mapuche, reconocida hasta entonces, quedaba definitivamente anulada.

Consumada la ocupación por la fuerza de su territorio, los mapuche se vieron obligados a vivir en espacios restringidos, la reducciones, y a cambiar la ganadería por la agricultura de subsistencia, inédita en la historia de este pueblo. Con los traslados forzosos, primero, y el inicio de la emigración económica a las ciudades desde principios del siglo XX, resultaron lesionados los dos pilares de la civilidad mapuche, la tierra -entendida en un sentido más amplio que el terreno- y las amplias relaciones familiares. El pueblo mapuche abrió entonces un largo periodo de repliegue y autodefensa de su cultura. Situación que ha durado hasta hoy, ante gobiernos que, bajo diversas modalidades, han prodigado uno de los discursos y prácticas más nacionalistas de Sudamérica. El indígena, una vez "pacificado", iniciaba el camino de la invisibilidad: el Chile oficial tiene una historia protagonizada sólo por europeos y sus descendientes.

El "Conficto Indígena": Un Problema de Estado

A lo largo de los últimos años, a las tradicionales argucias legales para "comprar" las tierras mapuche vino a sumarse la Ley forestal del régimen pinochetista, que significó la brutal compra subvencionada de miles de hectáreas por parte de compañías multinacionales, que han ido sustituyendo detrás de la aserradora los tradicionales bosques autóctonos por pinos... y eucaliptus, plantaciones que han empobrecido en forma dramática el suelo y secado numerosos acuíferos.

La respuesta en estos últimos tiempos ha sido una continuada dinámica de ocupación de las tierras forestales, con el apoyo sistemático de policía militarizada, los carabineros, cuyas actuaciones en nada se diferencian de las represiones efectuadas durante la dictadura. A diferencia de los manifestantes chilenos, claro, los mapuche no huyen nunca de la policía, sino que la encaran. Pero lo que conoce la opinión pública no son los legítimos derechos reclamados, sino una versión interesada de los enfrentamientos, donde siempre los mapuche son los culpables, y los policías, las víctimas. Titulares de diario como el de "quince carabineros heridos y catorce mapuche detenidos", demuestran que la complicidad de los medios de comunicación con los mapuche es casi nula; muchos de los medios que existen en los territorios afectados actúan directamente como prensa colonial, criminalizando cualquier reivindicación. ¿Resultado? Se otorga el carácter de voz "autorizada" incluso a quienes insinúan contactos con el IRA y ETA; y ya tenemos, servida en bandeja de plata, "la amenaza de una agresión proveniente del exterior contra la patria".

La respuesta de las nuevas instituciones surgidas con el fin de la dictadura consistió en la promulgación, en el 1993, de la Ley Indígena, que introducía limitadas garantías en materia de protección de tierras y aguas, así como la posibilidad de recuperar las que el mismo Estado había "concedido" a los mapuche al finalizar la guerra, pero que mantiene la visión uniformista del Estado, al negarles la calificación de pueblos -son sólo "etnias"- y al reducir sus derechos a un "rol tutelar" de sus culturas y tradiciones por parte del Gobierno. La aplicación sin demasiadas convicciones de programas de recuperación de tierras ha terminado por esfumar las esperanzas de numerosos mapuche en cuanto a que se produciría un giro copernicano de su situación, con lo que ellos han convertido las ocupaciones en un "tour de force" (un "gallito") permanente con el Estado.

Al conflicto con las empresas forestales se han sumado dos operaciones de grandes dimensiones que agravan los atentados ecológicos en territorio mapuche, pero que han servido también para internacionalizar más la causa de este pueblo. Producto de la "reconquista" auspiciada por el gobierno español, entidades financieras y grandes monopolios privatizados han desembarcado en Sudamérica. Así, mientras Endesa iniciaba sus planes de construcción de represas en la cabecera del Bío Bío -la tradicional frontera norte mapuche- que suponen la inundación de espacios naturales de valor incalculable, en la otra vertiente de los Andes, las extracciones petrolíferas de Repsol están destruyendo parajes donde viven diversas comunidades mapuche y que incluso ponen en grave riesgo su salud por la contaminación de las aguas.

¿De la Revindicación de Tierras a la Autodeterminación?

El viejo sueño del general Pinochet de que estaba próximo el momento de decir "se acabó el problema indígena, ahora somos todos ya chilenos" se encuentra bien lejos de hacerse realidad. Si en tiempos de la dictadura numerosos mapuche se afiliaron a partidos de la oposición -básicamente de izquierdas- y se crearon organizaciones satelizadas, el resultado de los pactos suscritos entre ellos y los dirigentes que luchaban por el restablecimiento democrático se ha limitado a la mentada Ley Indígena. Ahora, los mapuche más comprometidos ya no ven los partidos "wigkas" como herramientas válidas y comienzan a pensar en tener las suyas propias.

La exigua representación mapuche en la vida política (algún diputado, seis alcaldes y una quincena de concejales), puede cambiar mucho en los próximos años si las exitosas experiencias en las organizaciones de base comunal desarrolladas en la última década (cooperativas agrícolas, organizaciones de salud, centros de formación... ) se trasladan a la construcción de una organización política. De hecho, ya hubo un precedente que funcionó, la Corporación Araucana, que obtuvo representación -muy activa- en el Congreso de Valparaíso; y que significó, en la primera mitad del siglo XX, la primera consecución colectiva desde la derrota de la guerra.

El objetivo de conseguir un reconocimiento institucional para el histórico territorio mapuche tiene no solamente graves problemas de cultura política en el interior de las sociedades chilena y argentina, sino también demográficos: si nos centramos en la vertiente pacífica de los Andes, más de un 40% de la ciudadanía ha emigrado a y vive en el área metropolitana de Santiago. La población con que cuenta el territorio histórico -el Wall Mapu-, repartido en tres regiones administrativas, representan menos de un tercio de la población total. Estrategias socioeconómicas que posibiliten el retorno familiar y el reforzamiento de las estructuras metropolitanas que hagan de palanca "exterior" están aún en pañales.

En pleno proceso de reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas en toda América, el caso mapuche puede ser uno de los que cobre mayor impulso en este periodo marcado por la globalización; un proceso que en un mundo cada vez más -formalmente- homogéneo muestra la importancia creciente del derecho a la diferencia, como garantía de la igualdad personal y la justicia social.