Las clínicas dedicadas a la interrupción del embarazo han iniciado una huelga contra la inseguridad jurídica en que se encuentran sus profesionales

Los treinta centros de ACAI, distribuidos por la geografía española, cuentan con el apoyo de otras clínicas no asociadas, como Dator y Mediterránea Médica, aunque fuentes de la organización informaron a Efe de que serán al menos cincuenta las que se sumarán a un paro que puede perjudicar a unas 2.000 mujeres.

La protesta, secundada desde ayer en Cataluña, se produce después de que el 17 de diciembre siete médicos fueran detenidos por su supuesta relación con la red de abortos ilegales dirigida por el doctor Carlos Morín, desde los centros del grupo Gimenedex.

La Junta Directiva de la Asociación ha ratificado su intención de suspender los abortos 'al haber desoído', desde la Administración general y madrileña, su petición de amparo ante las situaciones de 'acoso y persecución' que sufren sus trabajadores.

Esta problemática se ha visto agravada estos días, en opinión de ACAI, por la actuación de 'grupos extremistas que buscan imponer su moral por encima de los derechos contemplados por la ley'.

Pese a que la Asociación ha pedido entrevistas con autoridades de la Administración central, madrileña y la judicatura 'en un claro esfuerzo por abrir vías de diálogo', éstas han sido desatendidas.

Por otra parte, el Servicio Andaluz de Salud ha solicitado a los centros de su comunidad, al sostener con ellos un concierto completo para estas prestaciones, que respeten los servicios mínimos -mujeres que cumplan el plazo de 22 semanas o cuya vida corra peligro-.

Las clínicas acreditadas intentan con esta medida llamar la atención de las autoridades correspondientes sobre lo que puede llegar a ser 'un grave problema de salud pública, habida cuenta de que el sector privado realiza el 98 por ciento de las interrupciones del embarazo y que 101.592 mujeres abortaron durante el año 2006'.

Para ACAI, resulta 'incomprensible' que el recurso al aborto sea una prestación sanitaria reconocida por el Sistema Nacional de Salud, que las clínicas acreditadas lo posibiliten y, sin embargo, desde la Administración 'se permita el acoso sistemático' a las mujeres y a los profesionales afectados.

Durante los días señalados, las clínicas que secunden la huelga podrán prestar otros servicios, ya que son centros médicos donde además de realizar interrupciones del embarazo se practican prestaciones ginecológicas orientadas a mejorar la salud sexual.

Una labor que desde ACAI se considera 'fundamental', por entender que son las políticas preventivas, el refuerzo en materia de anticoncepción y la educación sexual los 'pilares básicos' de la salud de hombres y mujeres.

La Asociación sostiene que conviene reforzar esta postura ante la 'actitud beligerante de determinados grupos que luchan por erradicar prácticas tan importantes para los jóvenes como el uso del preservativo, en pro de una abstinencia sexual que demuestra el profundo desconocimiento de la sexualidad humana'.

Las clínicas vinculan las medidas que han decidido tomar y las que consideren oportuno asumir en los próximos días a la consecución de tres objetivos básicos.

El primero es que se respete el derecho de las mujeres al aborto, dentro de la legalidad vigente; el segundo, que se garantice la seguridad jurídica y física de los profesionales, y, finalmente, que las formaciones políticas posibiliten un consenso necesario para reformar una legislación que 'no cubre la demanda social'.

Una reforma que, según entienden, deberá posibilitar la articulación de una ley de plazos, similar a la que disfruta ya el resto de países europeos