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Colombia, James Petras :: 16/03/2014

Sobre el proceso de Paz en Colombia

Sara Leukos / James Petras
Entrevista con el sociólogo y profesor James Petras :: "Creo que el camino de luchar y negociar es la mejor forma de avanzar en la situación actual"

Entrevista realizada el 07 de marzo de 2014.- Una vez más me reúnocon el sociólogo y profesor James Petras. En esta conversación abordará algunos trazos sobre el proceso de paz en Colombia

Sara Leukos- La paz es una tarea difícil y compleja que requiere de tiempo, de la voluntad y actitud política. Esta paz está bajo dos componentes: un conflicto social y un conflicto armado, expresada primero por la insurgencia como una fuerza política activa, segundo las víctimas del paramilitarismo, y tercero los movimientos sociales…
Profesor Petras ¿Cree usted, que se puede viabilizar un Proceso de Paz con los movimientos insurgentes, mientras no hay un desmonte institucional del paramilitarismo...? ¿Cuándo existe una relación de poder y una relación de la propiedad privada en el país?

James Petras- El problema está en que el poder no está en manos del Estado. El hecho de que controle la propiedad estatal no significa que controle todos los recursos que se pueden calcular como elementos de poder, eso es decisivo. La insurgencia y las fuerzas populares tienen un gran número de simpatizantes, entre campesinos, obreros, activistas de derechos humanos y otras colectividades. Esas son las mayorías, pero cuando el gobierno habla de mayoría se refiere a su respaldo económico, las empresas, su respaldo militar, pero no controla la ciudadanía. No controla las fuerzas vivas, los pequeños y medianos propietarios que están perjudicados por el tratado de libre Comercio.

Más que nada, el proyecto actual de Santos es desarrollar el sector minero, pero no lo puede desarrollar mientras los insurgentes controlan territorios donde está el metal, la energía, etc. Necesariamente para cumplir esta tarea de abrir nuevas fuentes de exportación, necesita conseguir la paz. Ningún inversionista va canalizar miles de millones cuando todos los días están en peligro sus inversiones.

Entonces no podemos considerar que es una negociación totalmente asimétrica. Creo que los insurgentes están fuertes, y coinciden mucho con los programas de los movimientos populares, la Marcha Patriótica y varias otras organizaciones. Si ampliamos la visión, incluimos los movimientos de masas, los insurgentes y las movilizaciones frente al gobierno, podríamos decir que hay un grado de proporción en las negociaciones. El gobierno no puede imponer un contrato unilateralmente, eso simplemente va a llegar a un fracaso, y con el fracaso vuelve todo a una seria de conflictos que pone en cuestión el modelo entero del gobierno actual.

SL- Una de las situaciones más complejas son las escuchas ilegales de los militares a los negociadores de la paz en la Habana. Las fuerzas militares colombianas son una red de corrupción conformada por altos oficiales implicados en casos de ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos), contratos y partidas asignadas hacia los militares, prebendas de orden jurídico. Se ha comprobado que los militares tienen relación con grupos de paramilitares. El gobierno por un lado habla de paz y por otro lado institucionaliza el paramilitarismo. Los militares comprometidas en el caso de Andrómeda, las escuchas ilegales, han implicado una dificultad política para el proceso de Paz…
¿Cómo ve usted que el gobierno de Santos no haya podido limpiar la estructura de sus fuerzas militares, los paramilitares y militares implicados en escuchas ilegales?

JP- El hecho es que todo proceso de paz, de negociaciones por parte del gobierno, depende de dos factores: primero, depende de la capacidad de controlar el conjunto de sus fuerzas, y segundo que las fuerzas aglutinadas con el gobierno tienen varios conceptos de cómo conseguir la paz, incluyendo una guerra permanente y tanto o más violenta que la de Álvaro Uribe Vélez. El gobierno depende de estas fuerzas para sostener una posición fuerte de negociación. El problema es que Santos trata de hacer un doble juego: al mismo tiempo que pone una cara negociadora, conciliadora, por otro lado mantiene una cuerda floja en el trato con sus aliados militares y paramilitars, y esto se va en el tire y afloje de todo lo que está pasando.

El gran tema para mí, aún si acordaran los cincos puntos, si el gobierno firmara un documento, es que no hay ninguna garantía y forma independiente de verificar que el gobierno va a cumplir lo pactado. Esto ya lo hemos visto en lo que pasó con la Unión Patriótica (UP), firmaron documentos, lanzaron una campaña y después les mataron 4.000 mil activistas, líderes y candidatos. Esto me parece una de los aspectos más precarios. Debemos reconocer que las FARC está tratando de conseguir la paz, pero al mismo tiempo tiene que garantizar la vida de sus militantes y de todos los activistas que empiezan a tomar posiciones, que en las actividades de cada día enfrentan amenazas y actualmente hasta asesinatos. Debemos tomar en cuenta que es un camino muy peligroso.

Estados Unidos y el proceso de Paz

Ahora, más allá de eso, el gobierno de Estado Unidos quiere que se firme un acuerdo estilo centro americano, donde el FMLN y los otros grupos firmaron acuerdos que sacrificaron todas las luchas populares, para conseguir puestos en el parlamento y tener acceso a un proceso electoral y algún grado de seguridad.

Yo no sé si en Colombia es posible conseguir aún estos parámetros. Creo que es más difícil, porque en Colombia la oligarquía nunca aceptó ningún pacto político hasta ahora, más allá del pacto bipartidista. Finalmente, quiero decir que lo que enfrenta las FARC es una enorme tarea: pacificar el país. Desmilitarizar, para mí, es una condición prioritaria para permitir el libre juego de la democracia. Los negociadores de la insurgencia entienden que a partir del pacto no van a realizar una economía socializante y mucho menos socialista, pero sí que se necesitan condiciones para desarrollar movimientos populares y condiciones para avanzar hacia un estado de bienestar más justo. Pero sí esas condiciones no existen, si el pacto se usa para destruir los movimientos de masa, para avanzar en el proceso de construir nuevos espacios para los dirigentes, yo creo que todo va a terminar en un fracaso.

SL- Las organizaciones sociales han venido luchando por sus derechos y contra un régimen sustentado por la oligarquía, contra las instituciones que han perpetuado la corrupción, bajo la presencia de grupos de mafias donde hay representantes políticos aliados con paramilitares, afirmando el despojo y la usurpación de tierras por mucho tiempo, las multinacionales haciendo presencia en los diversos territorios. Hay una negociación en la Habana con las FARC-EP, pero hay una brecha en lo que está pasando en Colombia, existe un acompañamiento de Marcha patriótica y de otras organizaciones sociales, pero sigue la guerra, asesinando líderes campesinos, violando derechos humanos a todos los niveles, amenazando a los indígenas, a los defensores de derechos humanos, incluyendo periodistas de medios alternativos…
¿Será que para un proceso de Paz como lo plantea el presidente Santos tiene que haber más estela de muerte en Colombia?

JP- Es evidente que el proceso de Paz, en la Habana debe tomar en cuenta lo que está pasando en Colombia. Hace tiempo que los insurgentes han denunciado las atrocidades que enumeraste y muchas más…

El problema es si ellos deben abandonar las negociaciones porque el gobierno sigue violando los derechos humanos en Colombia, o si deben continuar presionando para cambiar las condiciones a partir de las conversaciones en la Habana. Yo creo que los insurgentes han optado por lo segundo, no quieren romper las relaciones porque los sectores oficialistas sigan matando en Colombia. Creo que su táctica, su forma de progresar, es seguir presionando y buscando algunas garantías.

Yo no creo que las negociaciones puedan terminar con la corrupción, mucho menos en salud y otros contextos, lo que si pueden conseguir es el derecho a organizarse para luchar contra la corrupción, una vez el marco político esté establecido. Las multinacionales no van a desaparecer a partir de las negociaciones, pero si los sindicatos y los movimientos sociales tienen la capacidad de organizarse y presionar por nuevas legislaciones, nuevas condiciones para tratar con las multinacionales, es un avance. El problema clave es este: que los derechos colectivos, los derechos democráticos y sociales, estén garantizados para que en el periodo pos-negociación, todas las fuerzas populares estén en condiciones de luchar para limpiar el país de la corrupción y de la dominación imperial.

SL- El tema de las drogas en Colombia está bastante acentuado, se evidenció tiempo atrás que las fumigaciones aéreas por parte del Estado acarrearon más problemas al interior de los territorios, afectando a la población campesina, indígena y afro, especialmente en la costa del Pacifico. En esa zona hoy día se identifica la presencia activa de grupos paramilitares (los urabeños y los Rastrojos), generando un punto estratégico de comercialización de la droga. ¿Qué nos podría decir sobre este aspecto?

JP- Hay que buscar de dónde salen las ganancias del tráfico de drogas. El 90 por ciento de lo que ganan con la droga va a los bancos. Los bancos en Estados Unidos están lavando el dinero de los grandes narcotraficantes, vinculados con empresas respetables. Hay muchas empresas que reciben esas inversiones desde los grandes capos del narcotráfico. En Estados Unidos hemos visto desde siempre al City Bank y otros bancos lavando cientos de millones de dólares cada año.

Entonces para afrontar el problema de las drogas, lo primero es intervenir los bancos, a partir de audiencias y castigos, no simples multas, porque siempre se plantean multas de millones pero no sirve para nada, siguen haciendo lo mismo.

El segundo punto es que los insurgentes han planteado una forma de terminar con la producción de droga a partir de una agricultura alternativa, me parece bastante razonable los 5 puntos que presentan. Pero hay un gran problema: el gobierno de Santos está pactando con Estados Unidos un tratado de libre comercio (TLC) que va a facilitar la entrada de alimentos, subvencionados por el gobierno norteamericano, que va a destruir cualquier producción de elementos en Colombia.

Entonces para desarrollar siembras alternativas de arroz, maíz y otros cultivos tradicionales, tienes que proteger el mercado interno, para que los pequeños productores tengan capacidad cosechar y mercantilizar. Pero si el gobierno por un lado dice que va a fomentar el desarrollo de cosechas alternativas y al mismo tiempo permite la entrada en gran escala de importaciones alimentarias norteamericanas, no hay solución. Para destruir la producción de la hoja de coca, tienen que proteger las nuevas siembras de los pequeños agricultores. Si no, una vez que el agricultor encuentra demasiada competencia, bajos precios, mercados capturados, va a volver a plantar coca. Racionalmente va hacer un cálculo de dónde obtiene beneficios y dónde pérdidas. Los beneficios van a estar en el mercado no–competitivo que es la coca. Es el mismo problema otra vez, las contradicciones de Santos, que habla de producción alternativa y al mismo tiempo está perjudicando las condiciones económicas que permiten esta propuesta.

SL– Entre los años 1986-90 aproximadamente, a los campesinos de la zona de San José del Guaviare el Estado les implementó un modelo de sustitución de cultivos y empezaron a cultivar maíz y otros cultivos alternativos a la hoja de coca. Pero los campesinos no tuvieron como transportarlo, no había infraestructura vial, lo cual hizo que se perdieran las cosechas por falta de una estrategia de producción para hacer una comercialización efectiva. Esto fracasó fomentando más problemas de orden social. De parte del gobierno no hay un planteamiento ni una propuesta efectiva, clara y de concertación con los campesinos, para la erradicación de cultivos de la hoja.
Por otro lado, hoy con la política internacional que tiene el presidente Santos, con los acuerdos del TLC generados con diversos países como Canadá, Estados Unidos, Corea del Sur y otras concesiones de orden económico y político en el territorio, lo que ha hecho es llevar a los pequeños productores y campesinos a la bancarrota y a la miseria. Ante esto, los movimientos de resistencia agro-alimentaria se reafirman contra el modelo capitalista.

Elecciones

En ciertas zonas como Antioquia, Córdoba, Chocó, Cauca y Valle del Cauca entre otros departamentos, existe un tamizado de paramilitarismo que está controlando localidades para las próximas elecciones del 9 de marzo al congreso. Este es un punto crítico, existen en Colombia 61 parlamentarios que han sido condenado por paramilitarismo y otros 67 que han sido objeto de investigación judicial, es decir 128 congresistas han estado bajo la lupa de la justicia por haber sido aliados con grupo de paramilitares. Realmente, en este régimen político el congreso está muy desprestigiado por los nexos con los paramilitares, hay un debilitamiento de orden ético. En medio de este contexto, existe una pequeña minoría de progresistas que puede alcanzar representatividad en el congreso.
¿Cree usted, que existen condiciones para que las fuerzas progresista participen de los comicios del 9 de marzo?

JP- Bueno, depende de las áreas, si los paramilitares ponen las condiciones para las elecciones, eso no tiene legitimidad, no se puede considerar parte de un proceso democrático representativo. Los resultados de las elecciones en regiones dominadas por el terrorismo no tienen ningún status político lega. Por otro lado, en las grandes ciudades como Bogotá los sectores populares, el Partido Comunista y otros, van a presentar candidatos y tienen posibilidad de hacer propaganda y ganar… Yo creo que debemos distinguir entre las dos regiones, para que no tomemos posiciones generalizadas y descalificadoras de las fuerzas progresistas que están optando por el camino electoral.

Pero en todo caso, el congreso en su conjunto no puede ser legítimo si los partidos consiguen mayoría en el congreso a partir del voto de las regiones dominadas por el terrorismo. No podemos esconder los procesos electorales en zonas donde hay terrorismo y paramilitares. Creo que es un error hablar de situaciones nacionales cuando hay bastantes diferencias en las condiciones legales entre una ciudad como Bogotá y las regiones paramilitarizadas, pues cuando hay niveles de violencia y represión como en las regiones paramilitarizaas, ningún país puede decir que las elecciones son válidas.

SL- En estos momentos algunos representantes progresistas están amenazados por paramilitares. El Consejo Electoral Nacional no ofrece garantías de inversión para la campaña electoral, es el caso de la señora Ayda Abella de la Unión Patriótica (UP), que por ley le corresponde. Hay una desigualdad enorme, las instituciones del estado no están garantizando un escenario democrático. Es una situación compleja, no hay garantías para los representantes progresistas. Ante esto, hay un sector que propone el voto en blanco…

JP- El voto en blanco depende de las situaciones de cada grupo, de cada partido, de cada región. El voto en blanco puede servir en los lugares de condiciones factibles, donde hay paramilitarismo. Pero si hay millones de personas que van a votar, incluso en condiciones difíciles en grandes ciudades, yo no creo que el voto en blanco pueda ser la mejor opción.

Un camino hacia el proceso de Paz

SL- Para finalizar, ¿Cómo ve usted el horizonte, los puntos clave para el proceso de Paz en Colombia?

JP- Yo creo que en el grado actual del proceso de paz, los movimientos populares empiezan a masificar la lucha y a penetrar en toda la sociedad civil con mensaje de paz a partir de justicia social. Creo que pueden influir sobre todo en los grupos moderados, como los de centro izquierda, hacia la democratización del país. El fin del militarismo y del paramilitarismo es la precondición para el avance democrático, garantiza un proceso de transformación social.

En este momento hay un balance de poder que todavía está evolucionando, que no está fijo. El hecho de que el gobierno se vea forzado a entrar en negociaciones es porque ve que hay proyectos sobre la mesa, y hay que aprovechar esta situación para que el pueblo colombiano pueda conseguir concesiones. No va a conseguir una transformación a partir de las negociaciones, pero si debe conseguir un cambio en el ambiente de las estructuras políticas ilegales, para que ellos puedan tomar la iniciativa y construir sus fortalezas en la sociedad civil. Yo no tengo demasiado optimismo, pero creo que el camino de luchar y negociar es la mejor forma de avanzar en la situación actual en Colombia.

SL- …y que sigan los movimientos sociales acompañando ese proceso de Paz.

JP: - Hace 50 años que estoy apoyando ese proceso de las luchas en Colombia. En mi primera visita en el año 1965 estuve con Alfonso López Michelsen (ex-presidente colombiano), él estaba muy confundido en esa época sobre lo que estaba pasando. Se enojó cuando le empecé a preguntar sobre el desarrollo de la lucha en Marquetalia, empezó a gritar en la conversación, se puso rojo. “Tú que hablas de Marquetalia, cuando el partido liberal es la principal fuerza en el país”. Pero yo le dije "has olvidado la otra mitad del país que viven en el campo."

http://ojosparalapaz-colombia.blogspot.com / Extractado por La Haine

 

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