El legado de la exdictadora Áñez

Las imágenes de la detención de la expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez, quien ahora cumple una pena de cuatro meses en prisión preventiva por el caso del golpe de Estado contra el mandatario depuesto Evo Morales y su gobierno indigenista, han causado reacciones de diversa índole.

Mientras el ministro de Justicia, Iván Lima Magne, ha adelantado que su cartera pide "una condena de 30 años" contra Áñez por las matanzas ocurridas en Senkata, Sacaba, Montero y la Zona Sur de La Paz durante su Administración (noviembre 2019-noviembre 2020), la exdictadora ha denunciado ser víctima de "abuso y persecución política".

Sin embargo, poco se habla de cómo Áñez, después de haber instaurado su régimen de facto tras el golpe de Estado contra Morales, usó el poder judicial para perseguir a un centenar de personas del Gobierno del mandatario depuesto, sindicalistas y de los movimientos sociales.

Jeanine Áñez y Álvaro Coimbra, en La Paz, 20 noviembre de 2019

"Que empiecen a correr"

El 14 de noviembre de 2019, dos días después de la autojuramentación de Áñez como "presidenta interina" de Bolivia, su ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció una "cacería" contra exfuncionarios, activistas y personas cercanas a Evo Morales. 

Sin una investigación judicial independiente y completa que acreditase sedición (como se le conoce al alzamiento contra la autoridad), Murillo aseguró que Juan Ramón Quintana, exministro de Presidencia durante la Administración de Evo Morales, y Raúl García Linera, hermano del vicepresidente Álvaro García, habían cometido ese delito tras participar en los disturbios que siguieron a la renuncia de Morales. 

"Que empiecen a correr, los vamos a agarrar. No vamos a permitir una persona más que siga haciendo sedición en el país", declaró Murillo a la prensa sin mostrar pruebas. 

Denuncia contra Evo

Unos días después, el 22 de noviembre de ese año, Murillo presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Departamental de La Paz contra el depuesto presidente por "sedición" y "terrorismo". 

El ministro dijo que la denuncia se realizó luego que se diera a conocer un video en el que se aprecia a un supuesto dirigente del trópico de Cochabamba, identificado como Faustino Yucra, conversando presuntamente con Morales, donde el depuesto mandatario le indica cómo organizar los bloqueos en el país para protestar contra el régimen de facto.

Asilados políticos

Asimismo, la exministra de Relaciones Exteriores del Gobierno de facto de Bolivia, Karen Longaric, informó que se habían emitido órdenes de arresto bajo los cargos de sedición y terrorismo, así mismo sin pruebas, contra los políticos asilados en la Embajada mexicana. Allí se encontraban Juan Ramón Quintana, ministro de Gobierno y uno de los hombres de confianza del presidente Morales; Javier Zavaleta López, ministro de Defensa de Morales; Héctor Arce Zaconeta, procurador general; Félix César Navarro Miranda, ministro de Minería; Wilma Alanoca, ministra de Culturas de 2017 a 2019; y Hugo Moldiz, ministro de Gobierno hasta 2015; Víctor Hugo Vásquez Mamani, Gobernador del departamento de Oruro; Pedro Damián Dorado López, viceministro de Desarrollo Rural, y Nicolás Laguna, director de la agencia digital del Gobierno de Morales (Agetic).

En esa misma tónica, la entonces ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, amenazó a los periodistas nacionales y extranjeros que cubrían las protestas sociales, que enfrentarían la ley por supuestamente causar sedición. Demostrando su pobre conocimiento del español, afirmó: "Se va a actuar conforme a ley, porque lo que hacen algunos periodistas, en algunos casos bolivianos o extranjeros, que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder a la ley boliviana", dijo Lizárraga. 

En medio de la cacería anunciada por el régimen de facto de facto contra exfuncionarios, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ofreció asilo a Morales en México y acogió a 20 funcionarios en la Embajada mexicana en La Paz. 

"La Cancillería mexicana (...) ha decidido concederle asilo político [a Evo] por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que se enfrenta en Bolivia, en donde su vida e integridad corren riesgo", informó entonces el canciller Marcelo Ebrard sobre el salvoconducto. 

Agresión contra alcaldesa

En medio de la persecución judicial de las autoridades de facto, la alcaldesa por el MAS en la provincia de Vinto, Patricia Arce, fue secuestrada por opositores de Morales, ayudados por la policía -que siempre estuvo a favor del Golpe-, quienes la sacaron de la sede del ayuntamiento y la obligaron a caminar descalza, entre piedras y vidrios, por más de siete kilómetros.

En el camino, Arce fue golpeada, rapada y hasta le arrojaron pintura roja en todo su cuerpo.

Recientemente, Arce recordó las humillaciones de las que fue víctima durante la Administración de Áñez. "Mis derechos humanos fueron vulnerados (...) y el régimen de facto se encargó de seguir ejerciendo una persecución política, hasta vulnerar los derechos de toda mi familia, sin respetar la edad de mis hijos e hija", tuiteó. 

El 25 de noviembre de 2019, fueron detenidos Gerardo García, vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), y el secretario de Transparencia del partido, Ramón Caro. Según anunció el jefe de la División de Lucha Contra la Corrupción de la Fuerza Anticrimen (FELCC), Luis Fernando Guarachi, fueron aprehendidos por el presunto delito de uso indebido de bienes del Estado.

Ese mismo día, la exdiputada electa del MAS por la circunscripción 52 (ciudad de Montero), Deisy Judith Choque, se encontraba dando un mensaje a periodistas en la puerta de su casa, cuando fue detenida por miembros de la "Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen" (FELCC).

Las autoridades acusaron a Choque y a su hermano Bismarck de ser autores intelectuales y materiales de las muertes de Mario Salvatierra, de 55 años y Marcelo Terrazas, de 48, quienes fallecieron por arma de fuego el 31 de octubre durante los enfrentamientos entre derechistas y militantes populares, en la ciudad de Montero, departamento Santa Cruz. 

Causas contra funcionarios electorales

Además, cerca de treinta funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE) fueron detenidos por supuestamente participar en un "fraude electoral" -que después fue comprobado que no existió-, incluyendo la expresidenta del órgano, María Eugenia Choque, así como los vocales Antonio Costas, Édgar González y Lucy Cruz.

El 13 de diciembre de 2019, la Sala Penal Segunda del Tribunal de Justicia de La Paz ratificó la prisión preventiva contra Choque, González y Cruz por delitos electorales en el caso del inexistente fraude en los comicios del 20 de octubre, cuyo caso tomó como evidencia el informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA), que apuntó a presuntas irregularidades en las elecciones, pese a que varios estudios independientes documentaron posteriormente que el citado dictamen del organismo, políticamente motivado, fue "deficiente", estuvo basado en "datos incorrectos" y "técnicas estadísticas inapropiadas".

Uso de las instituciones

La organización Human Rights Watch señaló en un informe que el Gobierno de Áñez usó a las instituciones de seguridad y justicia de Bolivia para perseguir a personas vinculadas con el movimiento indigenista. 

El exministro del régimen de facto, Arturo Murillo, en Bolivia, el 8 de enero de 2020.

"Ha presionado de forma pública a fiscales y jueces para que actúen de manera favorable a sus objetivos, dando lugar a investigaciones penales contra más de 100 personas vinculadas al gobierno de Morales o simpatizantes por supuestos delitos de sedición o terrorismo", acusó esta organización en el informe 'La justicia como arma: Persecución política en Bolivia', publicado el 11 de septiembre de 2020.

En el caso del mandatario depuesto, quien en ese entonces enfrentaba cargos por terrorismo, alertó que, "a la luz de las pruebas", estas imputaciones respondían "a motivaciones políticas". 

Reacción de la ONU

Tras el anuncio de las causas judiciales contra Áñez y los exministros de su Gobierno de facto, hubo diversas reacciones.

El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, hizo referencia a las órdenes de aprehensión de la Fiscalía boliviana, en el marco del caso del golpe de Estado. 

"Ni perdón, ni olvido. Atentar contra la democracia requiere las respuestas más fuertes y contundentes por parte del Sistema de Justicia como efectiva garantía para la no repetición", escribió Abrão en su cuenta de twitter.

Sputnik / La Haine