Juego de tontos

Los efectos que produce el neoliberalismo son cada vez son más evidentes. Es suficiente con asomarse a la crónica de sucesos para apreciar hasta qué punto las relaciones interpersonales están afectadas por la ideología neoliberal. La violencia se adueña de hogares, escuelas, centros de trabajo, calles con una intensidad que desborda la capacidad de las instituciones para controlarla. El neoliberalismo nos hace
cada vez más monstruosos.

Participar en el Sistema, con las reglas de juego que el neoliberalismo impone, implica dejar de ser persona. De entrada hay que perder todo lo que tenemos de valor. Conformarnos, por bien que nos vaya la partida, en no ganar nada que merezca la pena. Entender la vida como una cuestión de supervivencia, de uno contra todo, y pensar que de esa guerra va a emerger una sociedad más avanzada, es la doctrina social más estúpida que se ha inventado nunca.

Las reformas laborales que regularmente nos aplican suponen una adaptación cada vez extrema de ese modelo de aniquilación social. Nos dicen que para ser competitivos tenemos que ahondar en la desregulación, flexibilizar el mercado de trabajo, contener los salarios, reducir las prestaciones sociales y aumentar el tiempo de trabajo.

España es el país europeo con mayor precariedad laboral, bajos salarios, menores prestaciones sociales, más horas de trabajo y más larga vida laboral. Sin embargo, estamos en la cola en cuanto a productividad y competencia. Esta contradicción debiera hacer reflexionar a políticos y empresarios, pero no. Se empeñan en proponer siempre la misma receta, que ya se ha demostrado ineficaz. A mayor precariedad laboral menor productividad y competencia.

Los/as trabajadores/as españoles son los que más trabajan y menos reciben y aún así nuestra economía es la menos competente de su ámbito. La ineficacia del tejido productivo español hay que buscarla en el otro lado, en un empresariado manifiestamente incapaz de organizar la actividad productiva de forma competente.

Hay varios aspectos que explican esta conclusión:

1. El carácter funcionarial de los empresarios. El 50% de la actividad productiva la generan las administraciones públicas. Esta actividad se concreta en infinidad de contratos de las administraciones con las empresas. Esa contratación se realiza en condiciones de opacidad, de tal forma que los contratos se otorgan a cambio de favores. Para que una empresa sea viable no tiene que ser eficaz, tiene que gozar del favor de las administraciones.

2. La tolerancia con el fraude. La función inspectora de la administración no existe. La Inspección de Trabajo sólo tiene medios para atender el 15% de las denuncias que se presentan. A esto se añade que más del 35% de la actividad productiva está desarrollada por empresas ficticias, sin capitalización. Los inspectores de trabajo saben que es inútil sancionar a esas empresas, no se va a recaudar la sanción, ya que para eludir la responsabilidad les basta con cambiar de denominación.

Las empresas grandes tienen una relación "personal" con los inspectores que hace que también queden fuera del ámbito sancionador. Así que la labor inspectora se dirige a aquellas pequeñas empresas, autónomos o cooperativas que no pueden burlar, ni com-prar, la acción inspectora. Cuanto mejor funcionen más van a ser fiscalizadas, ya que son quienes van a justificar el trabajo y recaudación de la inspección. De esta forma se expulsa del mercado a empresas eficaces, y se promociona a empresarios cuya único mérito es eludir la fiscalización y defraudar.

3. La precariedad laboral. El recurso a la contratación temporal y a la externalización es muestra de ineficacia empresarial. El coste de la mano de obra contratada a través de una ETT es un 35% mayor que el contratado directamente por la empresa. Si hablamos de externalización los gastos se disparan. Por ejemplo el coste para un Ayuntamiento de un bombero es de 2.500 euros mes. Contratar una empresa de prevención y extinción del incendios es de 8.900 euros mes por trabajador. Esto acredita que el coste de la mano de obra no es un factor determinante en el resultado de la actividad económica. No importa que el coste de la mano de obra se dispare, siempre que no sea el trabajador quien se beneficie.

4. La subcontratación. La cadena de subcontrataciones es prueba de la ineficacia empresarial. Por ejemplo; una empresa intermediaria es favorecida por la administración con un contrato para la construcción de una carretera. Esa empresa ya ha hecho el negocio con la mera concesión. Ni le interesa ni sabe construir ella misma la carretera, así que trocea la obra y subcontrata su construcción con varias empresas constructoras. Estas empresas desarrollan el proyecto técnico, pero no lo aplican a pie de obra. Ya han hecho su negocio con la administración técnica del proyecto, así que cada una subcontrata con otras empresas la aplicación del proyecto. Así tenemos que en cualquier obra para llegar desde el obrero hasta el constructor hay siete subcontrataciones. Y cada subcontratación incrementa los gastos de ejecución.

5. La facilidad del despido. La reducción de la indemnización por despido, y la eliminación de los salarios de tramitación facilitan el despido de los trabajadores. Las empresas no tienen que hacer ningún esfuerzo para tener una plantilla bien formada, cuidando de su salud y organizada eficazmente para producir. Le basta con la amenaza del despido. Esta política del terror produce un deterioro de la capacitación profesional de la masa de empleados. No basta con ser buen profesional para garantizar el puesto de trabajo, cuenta más ser un `pelotas', es el carácter del sistema. Al trabajador se le puede sobreexplotar fácilmente, y cuando cae de baja, se le despide y se contrata a otro. España es el país con mayor siniestralidad de su ámbito, y con la mayor proporción de inválidos por cuestiones laborales. Las empresas no cuidan de sus
trabajadores, sino que los exprimen al máximo en el menor tiempo, trasladando luego a la Seguridad Social los costes de su explotación.

6. El déficit democrático en las empresas. Los/as trabajadores/as están absolutamente excluidos del proceso productivo. Se ha creado un sistema de representación sindical que excluye la participación de los trabajadores. Las burocracias de los pseudosindicatos se han arrogado la representación de los trabajadores con el solo objeto de anular su capacidad de decidir e influir en su futuro. Este es el camino que hemos elegido, y las reformas laborales que se anuncian ahondan en esa vía. Este sistema nos ha convertido en el paraíso de los bajos salarios, la precariedad y la siniestralidad laboral. Con el tejido empresarial que se ha ido seleccionando estamos abocados a convertirnos en un país de servicios serviles.

Hemos creado las condiciones de explotación óptima de los más desfavorecidos, por eso solamente somos capaces de crear puestos de trabajo para los desesperados del Tercer Mundo, que con toda justicia acuden en masa huyendo del hambre. Las empresas encuentran en ese contingente de mano de obra barata un nicho que les proporciona cuantiosos beneficios porque trasladan a la Sociedad el coste de su explotación. Es la Sociedad quien les asiste y cubre sus necesidades sanitarias, educativas, de vivienda...

Son puestos de trabajo que malamente permiten subsistir a una persona.
Este tejido empresarial corrupto no es capaz de crear puestos de trabajo que generen riqueza. Cualquier persona que trabaje debería tener derecho a percibir una retribución que le permita vivir dignamente y generar cotizaciones para tener cobertura social. Es absurdo crear puestos de trabajo que no generen un mínimo que cubra el coste de supervivencia del trabajador. Así no se genera riqueza, sino pobreza. La sociedad subvenciona al empresario ineficaz, ya que le permite pagar solamente una parte de los costes que genera su actividad. Estos puestos de trabajo no rentables en nuestro país, se deberían crear en los países origen de los inmigrantes, allí sí que serían rentables, y tendrían un efecto multiplicador sobre la creación de riqueza.

Este modelo económico es insostenible. Más pronto que tarde la Sociedad tendrá que soportar unos costes altísimos, y tendrá que reducir las prestaciones sociales. La degradación de la enseñanza o sanidad pública es una muestra de esto. Así que el modelo neoliberal que hemos abrazado con tanta alegría postmoderna nos conduce a una sociedad degradada, sin prestaciones sociales: pensiones, educación, sanidad, vivienda, hasta convertirnos en un país tercermundista.

Para cambiar el destino que nos espera debemos ser capaces de impulsar reformas laborales de signo contrario a las que nos ofrecen, por lo que proponemos.

1. Modificación de la contratación administrativa. Adoptar un sistema transparente, donde se prime la calidad de las condiciones de trabajo, y se potencie la adjudicación a cooperativas y colectivos de trabajadores.

2. Persecución del fraude empresarial. Eliminando del mercando a las empresas, e inhabilitando a sus administradores, que incumplan
la normativa laboral.

3. Prohibición de las ETTs. Y limitación de los contratos temporales.

4. Establecer la responsabilidad solidaria. La empresa contratista debe responder solidariamente de las obligaciones que contraiga la subcontrata en materia laboral.

5. Dar la opción por la readmisión al trabajador despedido improcedentemente.

6. Democratizar las empresas. Residenciando en la asamblea de trabajadores/as la capacidad de negociación colectiva, para garantizar la participación directa de los trabajadores, y promoviendo iniciativas colectivas autogestionadas como alternativas a la empresa capitalista. Si la reforma laboral avanzara por este camino obtendríamos un tejido empresarial moderno, con trabajadores cualificados, con capacidad para crear riqueza optimizando al máximo los recursos disponibles, en una sociedad con futuro. Solamente creando las condiciones para que surjan vínculos cada vez más estrechos de solidaridad podremos salir adelante.
-------------------------------------------------

J. de la Lama es abogado laboralista de CNT - Madrid