La polémica Blackwater, parte del Plan México

Desde el 6 de junio pasado, la empresa de seguridad privada Blackwater comenzó a entrenar efectivos de la Armada de Estados Unidos en un centro de prácticas paramilitares ubicado a menos de 500 metros de la primera de dos mallas metálicas que dividen San Diego, en California, de la ciudad mexicana de Tijuana.

Considerada una de las mayores compañías del mundo en su género, Blackwater abrió su campo de prácticas gracias a una autorización de la magistrada de San Diego, Marilyn Huff, a pesar de que la alcaldía local y el procurador de distrito, Mike Aguirre, advirtieron que se trata de una "organización de mercenarios" que proporcionará entrenamiento en una zona comercial.

Brian Bonfiglio, uno de los vicepresidentes de la firma, dijo que el centro está disponible para cualquier corporación policíaca que desee capacitar a sus efectivos en técnicas como las del equipo de tácticas y armas especiales (Swat). Las de México incluidas.

La empresa, que clasificó el centro de prácticas como una "escuela vocacional" con el nombre de "policía fronteriza", cobró fama mundial desde que recibió suculentos contratos del Pentágono y el Departamento de Estado estadunidenses, como parte de lo que se ha dado en llamar la "privatización" o "tercerización" de los conflictos armados en zonas calientes del orbe.

Según una denuncia publicada a comienzos de junio por el diario texano The Dallas Morning News, Blackwater podría ser contratada por el gobierno de Felipe Calderón como parte de un "plan experimental" en el combate a los cárteles de la droga en México.

Creada en 1996 por Erick Prince, un ex militar multimillonario con fuertes creencias fundamentalistas cristianas, Blackwater fue calificada por el propio Congreso de Estados Unidos como un grupo de "mercenarios fuera de control", que cuentan con helicópteros, carros blindados y vehículos Hummer dotados de ametralladoras pesadas.

Incluso, en 2006, la firma anunció que tenía su propio equipo de paracaidistas militares y que podía enviar una brigada de intervención rápida a cualquier zona conflictiva del mundo.

Según Prince, entre cuyos amigos se cuentan el vicepresidente estadunidense Dick Cheney y el ex secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, Blackwater puede actuar "en áreas donde están las Naciones Unidas, donde hay mucha inestabilidad y enviar una fuerza grande convencional es caro, políticamente inaceptable y difícil desde el punto de vista diplomático".

El vicepresidente de la empresa, Coffer Black, es considerado por algunos expertos como el legendario jefe de operaciones clandestinas de la Agencia Central de Inteligencia. De hecho, analistas en asuntos de seguridad consideran a la empresa como un brazo encubierto de la CIA y el Pentágono.

Sus miembros, llamados "combatientes contratados" o "contratistas privados" (eufemismos ambos de mercenarios), son veteranos de las fuerzas especiales de Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel y de los ejércitos de Chile, Colombia, El Salvador, Honduras y Brasil.

Se estima que la firma tiene mil 500 elementos en el "área gris" de Bagdad, a cargo de "blancos de alto valor", entre ellos la custodia de personal diplomático de la embajada de Estados Unidos en Irak.

Según reportes oficiales del Congreso, miembros de Blackwater han estado implicados en decenas de episodios sangrientos desde la ocupación estadunidense de Irak en 2003, el doble o más, que empresas como Dyncorp y Triple Canopo. Entre 2005 y 2007 protagonizaron 195 incidentes con armas tan solo en ese país.

En 2004, cuatro mercenarios de Blackwater fueron emboscados y linchados por un grupo de enardecidos iraquíes, y sus cuerpos carbonizados colgados públicamente de un puente sobre el río Éufrates, en Faluya.

En otro incidente recordado, el 16 de septiembre de 2007 agentes de Blackwater que escoltaban un convoy diplomático asesinaron a sangre fría a 17 civiles iraquíes y recibieron luego inmunidad del Departamento de Estado.

La denuncia, ahora, de que Blackwater figuraría dentro del paquete de seguridad que discutieron el mes pasado el embajador de Estados Unidos en México, Tony Garza, y el presidente Calderón, en el marco de la Iniciativa Mérida, ha provocado algunas voces de alarma. Se teme que la empresa pueda constituirse en un factor adicional de desestabilización en México.

Según un alto funcionario del gobierno de George W. Bush, citado por el Dallas Morning News y cuya versión fue recogida aquí por el especialista en temas militares John Saxe-Fernández, el Plan México –como se denomina a la Iniciativa Mérida por su similitud con el Plan Colombia-, significa "un salto cuántico hacia delante" en la nueva relación que construye Calderón con Washington.

No obstante, el presidente del comité de inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Silvestre Reyes, mostró preocupación por el posible uso de contratistas privados en México. Según Reyes, se trata de "una de las áreas más sensibles en las negociaciones entre los dos gobiernos", debido al uso que se ha hecho de los mercenarios en Irak.

El autor es un reconocido articulista de la prensa mexicana

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