Piden condenas de 20 años de cárcel para dos independentistas galegos acusados de atacar una entidad financiera

Ambos activistas fueron detenidos por la Policía española el 23 de julio de 2005, siendo acusados de colocar una bomba en una sucursal del grupo financiero Caixagalicia, vinculado a diversos proyectos empresariales y de infraestructuras rechazados desde el movimiento independentista galego y una parte de la base social del BNG.

Tras las detenciones y un período de incomunicación de tres días, ambas militantes fueron encarcelados y dispersados a la prisión española de Soto del Real (Madrid). Durante los meses y años siguientes en que permanecieron presas sin juicio, tanto Giana Gomes como Ugio Caamanho fueron trasladados de prisión en diversas ocasiones, pasando por los centros penitenciarios de Valdemoro, Soto del Real, Cáceres, Puerto de Santa María I y Brieva (Ávila). Además de la dispersión aplicada por el Gobierno español, los dos independentistas galegas están clasificados FIES-2 en 1º grado penitenciario, lo que supone un duro régimen de vida y una vigilancia permanente.

Las peticiones de cárcel de la Audiencia Nacional para los que una parte del pueblo galego identifica políticamente como “patriotas”, “revolucionarios” o “combatientes” alcanzan los 18 años de prisión en el caso de Giana Gomes y 21 en el de Ugio Caamanho, que se cumplirían en su totalidad a la vista de las reformas introducidas por los Ejecutivos españoles en la legislación penitenciaria durante los últimos años. Los servicios jurídicos del organismo popular anti-represivo Ceivar –que en lengua galega significa “liberar al que está preso”, “desatar”, etc.- están preparando la defensa jurídica de ambos militantes ante el tribunal de excepción.

Juicio político y sin garantías

El juicio a celebrar en Madrid los días 3 y 4 de noviembre reúne todas las condiciones de una farsa judicial. Por una parte, se desarrollará poniendo a los detenidos en las manos de jueces especiales en vez de en las de los jueces ordinarios que corresponderían, dado que la acción contra la entidad financiera se produjo en la capital de Galiza, y no en Madrid. Además de este dato, la Audiencia Nacional es un tribunal que no ofrece ningún tipo de garantías jurídicas, mucho menos cuando los procesados o procesadas se inscriben dentro de lo que se conoce como delito político, como ocurre en esta ocasión.

Finalmente, además de que no aceptamos que ningún tribunal español tenga competencia para juzgar ciudadanos y ciudadanas galegas, este tiene la particularidad de ser explicitamente un tribunal político, sucesor en 1977 –antes del referéndum constitucional- del extinto Tribunal de Orden Público (TOP) del fascismo que, al igual que la Audiencia Nacional, persiguió en su día a la oposición política y amparó la práctica institucional de la tortura.

Caixagalicia en el centro de la polémica en Galiza

La entidad financiera atacada con bomba en julio de 2005 tuvo importantes daños materiales y económicos en sus instalaciones de la sede central en la capital galega. De hecho, la sucursal permaneció en funcionamiento provisional durante las semanas que duró su reconstrucción. Este grupo financiero se encuentra actualmente detrás de diversos proyectos empresariales y de infraestructuras rechazados por el movimiento ecologista y por sectores independentistas en Galiza.

Así, por ejemplo, Caixagalicia tiene gravísimas responsabilidades en la alta contaminación que sufre la Ria de Ponte Vedra por parte de la celulosa de la empresa ENCE, en la extensión del eucalipto en los montes galegos, en el expolio energético histórico a que es sometido nuestro territorio o, en este mismo momento, en la turistificación de la economía galega, entre otros casos que se podrían citar.

Movilizaciones de solidaridad

Ante el anuncio del inicio inminente del juicio contra Ugio Caamanho y Giana Gomes, el organismo popular anti-represivo Ceivar ha anunciado una amplia iniciativa de contestación a esta farsa judicial en todo el territorio galego. Esta consistirá en una fuerte campaña informativa y de denuncia que culminará con el desplazamiento de autobuses de solidarios y solidarias a Madrid para los días del proceso. Este, será el primero que se produzca contra militantes independentistas galegos en este siglo en los tribunales de excepción españoles–si excluimos el juicio a que fue sometido en el 2003 el ex guerrillero del EGPGC Manuel Quintáns, extraditado desde México por el Gobierno de José María Aznar-.

La iniciativa informativa, de denuncia y movilizaciones anunciada por Ceivar, que incorporará voluntarios y voluntarias en varias comarcas urbanas y rurales del País, tiene como objetivos que el procesamiento de Giana Gomes y Ugio Caamanho y las altísimas peticiones fiscales exigidas por la Fiscalía del tribunal de excepción no pasen inadvertidos para la sociedad galega y se introduzcan en la “agenda política” nacional.

Recursos económicos

Para hacer frente a la dinámica iniciada, Ceivar ha hecho un llamamiento a la solidaridad económica publicando en su página web un número de cuenta al que aquellas personas, asociaciones y colectivos que lo deseen puedan hacer llegar sus aportaciones.