[Vídeo] Las guahibiadas del desarrollo: los megaproyectos a la caza del indígena de la Orinoquía

“Antes [nuestros abuelos] tenían miedo cuando veían a un blanco porque siempre que veían uno era para dispararles. Gracias a Dios ahora estamos tranquilos, pero ahora con los megaproyectos otra vez que nos van a correr”. (Duma Amalia Tocón, Cuiba-Wamonae de la comunidad de Mochuelo. Comisaria de la Junta de Cabildos del Resguardo Caño Mochuelo)

Cuentan los sabios de Caño Mochuelo que antiguamente sus tierras no tenían fin y que los caminos que lo recorrían, creados por sus propios pasos, comenzaban justo en el lugar en el que nacía el mundo.

Pero llegaron los blancos y entendieron que en aquellas tierras recorridas por nómadas no habitaban seres humanos. “El indio no es hombre”, solían decir. Y decidieron ocupar su tiempo cazando indígenas.
“Nunca dormíamos todos juntos. Si lo hubiéramos hecho ya habríamos desaparecido”, recuerda Elsa Colina, indígena cuiba-wamonae. De las guahibiadas hace apenas 40 años.

Duma Amalia Tocón explica cómo sus abuelos, exhaustos y atemorizados, fueron recogidos por el Instituto Lingüístico de Verano: “Los llevaban a algún lugar a darles clase y a tocar algunos objetos que no conocían; les enseñaban a manejar y los vestían con ropa, y ya no con matapalo. Al final nos dejaron en Mochuelo”, en donde residen actualmente.
Victoriano Rodríguez, Capitán de la comunidad Sikuani de Tsamani, relata cómo “con el atropello del blanco, nos acorralaron y nos hicieron retroceder hasta este sitio”.

La frágil seguridad de la que gozan en el Resguardo sólo fue posible renunciando al infinito y a su libertad. El camino dejó de trazar los limites del Universo; aquel territorio en el que al andar construían su propio ser dio paso a un proceso impuesto de sedentarización en “un territorio marcado con líneas” y en el que los nuevos ocupantes hicieron valer el peso de sus nuevas leyes: “Ya no nos estamos moviendo porque ya hay conflictos, encontramos problemas con el orden público”, lamenta Juan Carlos Quitebe, sáliba de la comunidad de Morichito y Consejero de la Organización Regional Indígena de Casanare (ORIC).

Lejos tanto de sus lugares sagrados como de aquellos en donde antiguamente se proveían de alimentos y de plantas medicinales, su mundo espiritual ha ido debilitándose y las enfermedades se han hecho cada vez más frecuentes.

Sin embargo, a pesar de la imposición de una finitud que ellos viven como un “encierro”, en sus mentes todavía permanece el infinito de la sabana como parte de ellos mismos. Para Agustín Rodríguez, que fuera Gobernador del Resguardo y Presidente de la ORIC, “el territorio no es algo encerrado, es algo libre en donde la gente se pueda movilizar sin restricciones”. Y añade: “Nosotros comparamos el territorio con el cuerpo humano que no puede ser un cuerpo si le falta la cabeza, las piernas y los brazos. Igual un territorio, que no puede ser un pedazo de tierra”. Por eso, lejos de aceptar como inevitables las nuevas cacerías -camufladas tras el sacrosanto “desarrollo de la nación”- Caño Mochuelo lucha por mantener lo poco que les ha sido otorgado por el Gobierno, pero también por la ampliación del Resguardo y el “reconocimiento del territorio tradicional de los pueblos”. O lo que es lo mismo, por el derecho a transitar y hacer uso de aquellos lugares objeto ahora de un tipo de propiedad que no comprenden.

El desarrollo sale de caza

Cuiba-wamonae, sikuani, amorúa, maibén-masiguare, wipiwi, yamalero, yaruro, tsiripo y sáliba son los nueve pueblos que habitan el Resguardo Caño Mochuelo. Situado en el oriente del colombiano Departamento de Casanare -en plenos Llanos de la Orinoquía- sus 94.670 hectáreas forman un triángulo situado entre los ríos Meta y Casanare. Hoy, como siempre, el hombre blanco tiene puesto su punto de mira en lo que les queda de su territorio. La IIRSA, el petróleo y los agrocombustibles ya han comenzado la partida de caza[1].

“La posición que tenemos es la de rechazar los megaproyectos porque suponen un ataque a esta pequeña parte de nuestro territorio y pueden acabar con nuestra cultura. Vienen a exterminar nuestra riqueza”, exclama con decisión Guillermo Joropa, sáliba y actual gobernador del Resguardo. “Con los megaproyectos podemos volver nuevamente a la esclavitud”, añade Ángel Eduardo Humeje, profesor y lingüista de la comunidad sáliba de Morichito.

La “Recuperación del Río Meta”

El proyecto de “Recuperación del Río Meta” -con un costo total de 108 millones de dólares- forma parte de la Iniciativa de Integración de la Infraestructura de Sudamérica (IIRSA). La IIRSA nació en el año 2000 en el marco del intento de creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) como conjunto de infraestructuras que permitirían el libre flujo de mercancías hacia el exterior. El acta de defunción del ALCA como tal, sin embargo, no significó el fin de la IIRSA que, como señala Raúl Zibechi, se convirtió en un paradójico ejercicio de integración “exógena”, es decir, una integración dirigida hacia los mercados internacionales y no hacia el mercado interno.

Distribuidos en 10 ejes que atravesarían 12 países, los 506 proyectos que conforman la IIRSA -con una inversión total que ronda los 68.000 millones de dólares- tienen como finalidad “corregir” las “barreras” naturales que separan las 5 “islas” en las que sus promotores dividen la región. Si la Naturaleza supone un error subsanable, no digamos los pueblos indígenas…

El trabajo de “corregir” las imperfecciones del río Meta con el fin de convertirlo en una vía fluvial permanente para barcos de gran calado que una el Caribe venezolano con el Pacífico colombiano supone varias acciones de “recuperación”: “Obras de rectificación y estabilización, para proporcionar y mantener las dimensiones adecuadas del canal para navegación; dragados, para proveer profundidades navegables; cierres de brazos con miras a concentrar el flujo en un único brazo y remoción de filos rocosos”[2]. Según el Ministerio de Transporte (MT), además de los 828 Km. del río Meta que se convertirían en navegables 347 días al año, el proyecto incluiría “su área de influencia inmediata a través de la conexión con vías carreteables así como a través de sus afluentes navegables”. Tres puertos internacionales y nueve embarcaderos contribuirían a alcanzar la perfección máxima del río Meta. El resto del corredor Pacífico-Bogotá-Meta-Orinoco-Atlántico subsanaría las incorrecciones de la Naturaleza con la ayuda de carreteras.

Aunque el MT trata de hacer creer que los impactos medioambientales se darán tan sólo en el propio río y zonas adyacentes, lo cierto es que a un mismo tiempo asegura que la hidrovía “impulsa la integración regional, nacional e internacional de una basta región productiva”. Esa “basta región” cubre 145 resguardos indígenas de al menos 18 pueblos originarios diferentes.

En el caso del resguardo Caño Mochuelo, el área de impacto directo de la hidrovía representaría alrededor del 40% de su territorio. Tal y como señala Agustín Rodríguez, las consecuencias de tales obras -en una zona con un régimen periódico de inundaciones- podrían llevar a la desaparición de algunas comunidades que están a orilla de los ríos, “pero nos afectaría a todos porque se romperían las fuentes que siguen un conducto regular para que el agua mantenga su normal equilibrio. En invierno se desbordarían los ríos enormemente, lo cual afectaría a los cultivos que nosotros realizamos en las islas y a orillas de los ríos, que son las áreas más fértiles”. La privatización del río, que supondría la imposición de horarios y el cobro de peajes, implicaría la imposibilidad para los pueblos indígenas de hacer uso de un río que durante generaciones les ha servido para desplazarse y les ha dado de comer.

El proyecto de navegabilidad y privatización del Río Meta” -el más agresivo de los 51 de la IIRSA en Colombia- supondría, además, un acicate para los empresarios a la hora de invertir en proyectos extractivos y productivos en la zona. El petróleo y los agrocombustibles serían algunos de los beneficiados.

Fiebre petrolera

Ante la reducción de reservas a nivel mundial y el déficit fiscal que arrastra Colombia, el gobierno de Álvaro Uribe ha decidido emprender una carrera petrolera sin precedentes. El nuevo mapa petrolero del país supone un total de 17’3 millones de hectáreas entregadas a empresas petroleras a través de contratos de producción, exploración y evaluación técnica. Casi 6 millones de ellas afectan a un total de 207 resguardos y a cerca de 30 pueblos indígenas (sin contar las 230 comunidades cuyos territorios no han sido titulados). El Plan de Desarrollo Nacional se propone para el 2010 inventariar 450.000 Km. cuadrados, a los que se deberían sumar 800.000 más para el 2019 -lo que afectaría casi al 70% del territorio nacional- incluyendo un total de 32.000 Km. de exploración sísmica[3].

El alto nivel contaminante del crudo pesado –que es el que está presente en el subsuelo de los Llanos de la Orinoquía– animó al Ministerio de Medio Ambiente a prohibir su explotación en 1996 a pesar de representar las reservas petroleras más grandes de Colombia. Sin embargo, en medio de la fiebre petrolera comandada por Álvaro Uribe, esta norma fue derogada en diciembre de 2007, abriendo las puertas a la llamada Ronda 2008, a través de la cual se entregó a las empresas petroleras toda la zona, incluido el Resguardo Caño Mochuelo.

El último mapa petrolero hecho público por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) con fecha 3 de diciembre de 2008 muestra además una fuerte actividad en la mercantilización petrolera del Resguardo. Así, los bloques que afectan a sus tierras han sido modificados y algunas de las zonas, que no habían sido concesionadas y permanecían en manos de la ANH, han sido entregadas a las petroleras a través de contratos de Evaluación Técnica Especial. Toda la parte norte del Resguardo ha sido concedida a la empresa Meta Petroleum LTD. El suroeste ha quedado en manos de Ecopetrol S.A. y el sureste a la Exxon Mobil and Production Colombia (Vichada) LTD. Los contratos implican “compromisos” de realizar más de 2000 Km. de sísmicas 2D y la perforación de un total de 24 pozos estratigráficos[4].

En la XIII Reunión de Coordinadores Nacionales de la IIRSA, celebrada los días 5 y 6 de Noviembre de este año en Bogotá, se valoraban los avances en la implementación del Grupo 4 de Proyectos del Eje Andino -al que pertenece la “Recuperación del río Meta”- como de “significativo”.
Unos avances que, sin duda, están animando a las petroleras a penetrar en la región y que, tal y como ocurre en el río Magdalena -el más transitado del país y en el que el 75% del transporte que soporta es de hidrocarburos- pueden convertir al río Meta en una autopista petrolera con consecuencias medioambientales y sociales imprevisibles.

El “Renacimiento de la Orinoquía”

Los “avances” en el río Meta puede que den también un nuevo impulso en la implementación de otro de los proyectos “estrella” de Uribe: el de plantar en 20 años un total de 6’3 millones de hectáreas de palma africana, pino caribe y similares en la sabana alta de la Orinoquía.

De los más de un millón de Km. cuadrados del total de la macro-región de la Orinoquía, casi 350.000 se ubican en territorio colombiano -lo que supone un 34% del territorio nacional- repartidos fundamentalmente entre los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada. Trece cuencas hidrográficas confluyen en una zona que es una de las reservas de agua dulce más grandes del planeta. Su ecosistema está considerado como uno de los ocho del mundo de importancia estratégica para la humanidad, dadas las 200 especies de mamíferos, 600 especies de peces y aves, 170 de reptiles, 110 de anfibios, 840 de lombrices, 52.700 de insectos, 4.800 hongos y 150 especies de plantas superiores que existen en la región.

El megaproyecto “Renacimiento de la Orinoquía” parte de dos presupuestos. Primero: las sabanas de la Orinoquía representan una especie de selva venida a menos, por lo que el plan pretende, a través de plantaciones de palma africana, restablecer “el bosque tropical húmedo que hace millones de años predominó en esos lugares” [5].
“Científicos” a sueldo se han encargado de dar sustento a las extravagantes teorías sobre las que se sustenta el proyecto ante la mirada perpleja de biólogos y ambientalistas.

Segundo: las 6’3 millones de Has. a “reforestar”, permanecen “hoy ociosas y casi en su totalidad deshabitadas”[6]. Aprovechando que la zona, al margen de ser territorio ancestral de pueblos indígenas y que desde hace décadas la habitan colonos y campesinos, está casi deshabitada y sin “aprovechar”, su “conquista definitiva”-en palabras de Uribe- se completaría con la creación de asentamientos humanos con una población total de 5 millones de personas y 1’5 millones de puestos de trabajo.

Al parecer, el resultado sería una serie de polos de desarrollo situados en mitad de un supuesto bosque tropical “recuperado” y habitado por millones de personas dispuestas a explotarlo. Todo un ejemplo de “desarrollo rural sistémico sostenible”[7].

Y es que, al margen de lo surrealista de sus supuestos intereses ambientalistas, el “renacimiento” del “bosque tropical” supondría grandes beneficios económicos. Por un lado, Colombia se convertiría en el país del mundo con el mayor número de Has. dedicadas al cultivo de agrocombustibles. Por otro, la creación del “sumidero de dióxido de carbono de mayor magnitud del mundo en su historia reciente” le permitiría cobrar por “secuestro de dióxido de carbono” a países como Japón -que ya ha mostrado su interés en el proyecto- a cambio de seguir contaminando en sus países.

Aunque el proyecto “Renacimiento de la Orinoquía” ha avanzado de manera sigilosa desde que fuera hecho público en 2004, el pasado 24 de septiembre, en el marco del 63º Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Uribe se refería a él de la siguiente manera: “Colombia tiene 578.000 Km. cuadrados de selva y 43 millones de Has. de sabanas. No permitiremos tocar la selva, cuidarla es nuestra principal contribución en la lucha contra el calentamiento global. Con la sabana disponible podemos ampliar nuestra producción agrícola concentrada en 5 millones de hectáreas, crecer el hato ganadero de 24 millones de cabezas y desarrollar, sin afectar la producción de alimentos, una gran industria de biocombustibles que genere empleo de buena calidad, incremente el ingreso y sea una alternativa a la coca que alimenta el terrorismo”.

Consecuentemente, el Plan Estratégico para el año 2008 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural coloca como objetivo estratégico el cultivo de 450.000 Has. de palma y 101.700 de caña, con el fin de alcanzar una producción de 952 toneladas de biodiesel y 900 millones de litros de etanol al año.

A las 81.000 Ha. dedicadas al cultivo de palma que existen en el Departamento de Meta y a las 10.000 Ha. en Casanare, hay que sumar proyectos concretos que buscan ir ampliando la superficie dedicada a ese tipo de cultivos en la zona. Un ejemplo lo tenemos en la localidad de Puerto Carreño (Vichada), en donde Ingemas (empresa española de ingeniería), Agroforestal de Colombia y Erpasa (empresa española de energía renovable) tienen previsto sembrar 90.000 Has. de palma destinadas al procesamiento de biodiesel en una planta al norte de España[8].

El proyecto completo, que afectaría al menos a 29 resguardos indígenas, tendría como damnificados a otros sectores desfavorecidos de la población colombiana, tal y como muestra el caso del predio de Carimagua (Departamento de Vichada). Sus 15.000 Has. estaba previsto fueran entregadas a desplazados de la guerra dentro de la primera fase de implementación del “Renacimiento de la Orinoquía”. Finalmente, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) -al que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) había cedido las tierras de modo gratuito- basándose en una interpretación particular del Estatuto de Desarrollo Rural cuando éste aún no había sido aprobado, se desentendió de sus funciones sociales y, por tanto, de su compromiso con los desplazados.
El Gobierno comenzó entonces un proceso de licitación de las tierras que buscaba que éstas fueran entregadas a empresarios. Sólo el escándalo que se formó alrededor del caso impidió que esto se llevara a término pero, hasta el momento, la intención de hacer llegar Carimagua a los desplazados, no se ha cumplido[9].

A pesar de que, según Uribe, el megaproyecto necesita “a los campesinos y a los empresarios. Fraternidad en la tenencia de tierras, sin feudalismo ni luchas de clases”[10], la acumulación de tierras ha comenzado. Según Agustín Rodríguez, “hay un señor al que los mismos colonos llaman ‘compramundos’ que va en una avioneta recorriendo la zona y fija las tierras que quiere comprar. Dice que es para hacer un proyecto pero nunca dice cuál. Les ha hecho ofertas a los colonos que limitan con el resguardo. Lo único que busca es desalojar a la gente para desarrollar sus cultivos agroindustriales”. Además, “hay senadores que han ido a comprar tierra en los límites del resguardo. Han titulado inmensidades de tierra a ese tipo de personas. A ellos, aunque nunca han vivido por acá, les legalizan las tierras en dos o tres meses, cuando hay campesinos que llevan 30 ó 40 años exigiendo el título de su finquita y nunca se la han querido legalizar. En cuanto al resguardo han llegado ya en tres ocasiones para hacer propuestas de sembrar pino y palma”[11].

Hidrovías, petróleo, agrocombustibles y… Área Protegida

Paralelamente a las estrategias desarrollista y de despojo, el Gobierno colombiano pretende -entre hidrovías, pozos petroleros y plantaciones de agrocombustibles- crear un Área Protegida en la zona adyacente al Resguardo Caño. La confluencia en un mismo espacio de megaproyectos con un gran impacto ecológico y Áreas Protegidas resulta paradójica tan sólo a primera vista ya que, en tanto éstas últimas son constitucionalmente propiedad del Estado, su creación facilita la labor de entrega de los territorios a la empresa privada.

El proceso de definición del área de conservación comenzó en 2003, pero hasta el momento no se ha llegado a ninguna conclusión respecto a su extensión exacta ni qué tipo de Área Protegida será implementado. El hecho de que hasta finales de 2006 no se comenzara a informar a la población acerca del proyecto –cosa que no hizo la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales de Colombia sino la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja- ha hecho temer a los campesinos y colonos que habitan la zona que serán desalojados. Sus intentos por lograr la titulación de las tierras han resultado infructuosos mientras, como hemos visto, grandes terratenientes conseguían títulos sin dificultad.

Por su lado, los indígenas del Resguardo de Caño Mochuelo sospechan que se optará por un modelo conservacionista excluyente con la actividad humana, sumando así un nuevo obstáculo a la hora de recuperar sin restricciones sus tradiciones nómadas. Como explica Juan Carlos Quitebe: “Nos están cercando y no vamos a poder pisar ni los lugares sagrados ni aquellos en donde vivían nuestros abuelos”.

El territorio y la vida

Los pueblos de Caño Mochuelo son conscientes de que no son los únicos que han sufrido y sufren la imposición de un modelo de territorialidad construido únicamente al servicio de intereses mercantilistas. Para ellos, la vida de todo el planeta está en peligro y buscan por eso aunar esfuerzos con todos aquellos que sientan la necesidad de construir una nueva alternativa al despojo y la muerte. Frente a lo que nos revela Juan Carlos Quitebe, para quien “el territorio es la casa mía, la madre, la que me tiene a mi; es como la vida que a mi me va a sostener”, la violencia, más o menos explícita, arrincona y expulsa de sus tierras a pueblos indígenas, a campesinos y a todo aquel que no resulte productivo para el capital.

Y aunque en Caño Mochuelo la presencia de grupos armados aún no ha tenido las consecuencias dramáticas que ha supuesto en otros lugares de Colombia, el que los pueblos indígenas que lo habitan sean, de nuevo, objeto de la violencia del hombre blanco, no es algo que pueda descartarse completamente. “Eso es lo que nos preocupa -advierte Agustín Rodríguez- que cuando el estado colombiano desarrolle esos grandes megaproyectos inmediatamente aparecen los grupos armados, incluso el mismo ejército. Y eso provoca los desplazamientos. Pero si nos desplazan, ¿a dónde vamos a movernos nosotros?”. Trágica disyuntiva para unos pueblos para quienes las fronteras del mundo estaban marcadas por su caminar.

(Para ponerse en contacto con el Resguardo Caño Mochuelo, escribir al correo electrónico: resguardomochuelo@corporaciontabaco.org)

Notas

[1] Existen también proyectos de embotellamiento y exportación de agua aprovechando que el subsuelo de los Llanos contiene una de las reservas de agua dulce más grandes del planeta.

[2] Ministerio de Transporte: Diagnóstico del sector de transporte, 2006.

[3] HOUGHTON, Juan (Editor): La Tierra contra la muerte. Conflictos territoriales de los pueblos indígenas de Colombia. Bogotá, CECOIN, 2008.

[4] El Bloque CPE-3, en manos de Exxon Mobil y el de mayor extensión con un total de 2.621.718 Has., afecta a otros 7 resguardos además de a Caño Mochuelo. El CPE-2, de 760.652 Has. y concesionado a ECOPETROL, lo hace a dos más. El CPE-1, en manos de Meta Petroleum y de 989.963 Has.
invade más de la mitad de Caño Mochuelo.

[5] Palabras del entonces Ministro de Agricultura, Carlos Gustavo Cano, incluidas en el documento “El Renacimiento de la Orinoquía Alta de Colombia. Un megaproyecto para el mundo”, de septiembre de 2004.

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] HOUGHTON, Juan (Editor): Op, cit.

[9] LÓPEZ MONTAÑO, Cecilia: Carimagua, un modelo desplazador. (Julio de 2008)

[10] Documento “El Renacimiento de la Orinoquía Alta de Colombia. Un megaproyecto para el mundo”.

[11] Según la revista Semana, en un artículo publicado el 21 de abril de 2007, en el año 2006 se dispararon las adjudicaciones fraudulentas de tierras a grandes propietarios que no residen en la zona. Algunos de esos beneficiarios fueron el senador David Merheg y sus allegados políticos.

Documental 'Mil caminos, un horizonte'

La Haine