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Estado español, Mundo, Anticarcelaria :: 27/02/2023

De nacionalidades y presos políticos saharauis

Cristina Martínez
Albares nunca se compadece de ellos

El Real Decreto 2258/1976 de 10 agosto sobre Opción de la nacionalidad española por parte de los naturales del Sahara [Occidental] establecía que los saharauis con nacionalidad española pudieran optar por mantener dicha nacionalidad en el plazo de un año, pero la Administración española ya había abandonado el territorio a su suerte y no quería enterarse de que los saharauis andaban demasiado ocupados siendo torturados y asesinados por los invasores marroquíes como para hacer un viaje a arreglar papeles. Al no ser posible el ejercicio de esta opción, el decreto, de hecho, tenía el efecto contrario a lo que declaraba y supuso la retirada de la nacionalidad española a quienes ya disfrutaban de ella y a su descendencia.

El 14 de febrero de 2023, el Congreso aprobó una proposición de Ley para conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a esos mismos saharauis que una vez fueron españoles, nacidos antes de la retirada de España de su colonia, en 1976, y a sus descendientes. El partido en el gobierno, el PSOE, fue el único que votó en contra.

En contraste, cuatro días antes José Manuel Albares, ministro de Asunto Exteriores, se había apresurado a ofrecer la nacionalidad española a 316 presos políticos expulsados de Nicaragua y despojados de su nacionalidad nicaragüense. De un día para otro. Ese arranque de solidaridad contrasta con los 47 años de ocupación marroquí en que España, lentamente, ha ido traicionando más y más al pueblo saharaui.

En la presentación del ‘Programa Democracia’ de la Agencia Española de Cooperación Internacional, el ministro ha asegurado que “el programa busca fomentar el intercambio de ideas y el diálogo para fortalecer la democracia y para que quienes hacen frente a las dictaduras, sientan el aliento de España”. “España es su casa, como lo es de todos los que defienden la libertad y la democracia”.

Se ve que para José Manuel Albares, los cerca de 50 presos políticos saharauis encarcelados actualmente merced a juicios farsa no le plantan cara a la dictadura ocupante marroquí ni defienden la libertad ni la democracia. Por eso España no debe ser su casa. Por eso nunca se compadece de ellos.

El Movimiento por los Presos Políticos Saharauis lleva dos años recordando que sí, que hacen exactamente todo eso que busca en el Programa Democracia, y que ese heroísmo lo están pagando con unas condenas injustas y extremas.

Y desde el principio del mandato del ministro, este movimiento le pide que haga algo, que muestre un gesto de apoyo por estos presos, que les defienda, que les dé ese aliento que está dispuesto a prodigar, ya no solo por humanidad sino porque le obliga la carta de Naciones Unidas. Obliga a España como potencia administradora de iure del Sahara Occidental a promover el bienestar de sus habitantes y a su protección contra todo abuso.

Una pena, estas intervenciones estelares, para que, a la hora de la verdad, el trasfondo sea tan amargo.

Kaosenlared

 

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