ERES de pufo

En la última legislatura de Felipe González, se llevaron a cabo las reformas laborales más salvajes de los últimos 30 años. Felipe se fue, dejándolo todo atado y bien atado, como en su día dijo un asesino.

Uno de los preceptos del Estatuto de los Trabajadores que sufrió un cambio radical por esas reformas
(y siempre para peor) fue el artículo 51, que en su redacción original sólo admitía como causas de
los expedientes de crisis: causas económicas, tecnológicas y fuerza mayor. Después de la reforma del año 1994, se le añadieron: por causas organizativas y de la producción.

Esto es lo que se conoce en derecho como un "concepto jurídico indeterminado". Es decir, se trata
de causas no mensurables, que no están delimitadas, pues dichas causas las empresas las pueden utilizar como una forma barata para reestructurar plantillas, sin dar muchas explicaciones.

Pues bien, este tipo de conceptos jurídicamente indeterminados producen una absoluta indefensión
al trabajador, porque para que el derecho laboral cumpla la finalidad de protegerlo (los juristas le llaman función tuitiva), los preceptos de ese derecho deben caracterizarse por ser normas imperativas o prohibitivas con respecto al empresario, y nunca tener una redacción que permita la posibilidad de que el empresario pueda hacer o escoger, ya que si la norma laboral al empresario le deja hacer o decidir, entonces el derecho laboral se convierte en mercantil.

En estos momentos de crisis, estamos asistiendo al abuso de derecho que hace la patronal, aprovechándose de la nefasta legislación de este país, y lo que es peor, que se está haciendo de forma incentivada con medidas aprobadas por el gobierno.

Si echamos mano de las estadísticas del Ministerio de Trabajo de los últimos meses respecto de
los ERES aprobados, obtenemos los siguientes datos: el número de trabajadores afectados por ERES que
comportan la extinción del contrato de trabajo en enero y febrero de 2009 por causas organizativas
y de la producción fueron 4.651 trabajadores. Mientras que por las causas económicas derivadas de
quiebra, suspensión de pagos, restricción de la demanda y baja productividad fueron 485 trabajadores.
Y los extinguidos por causas económicas derivadas de problemas de financiación y aplicación de medidas económicas suponen 5.663 trabajadores despedidos.

Si nos fijamos en los contratos suspendidos (que cuentan con una bonificación del 50% las cuotas de
la seguridad social que pagan los empresarios), las cifras son más indicativas: por causas organizativas y de la producción en esos 2 meses suman 72.965 trabajadores con el contrato suspendido; frente a los 22.700 por quiebra, suspensión de pagos, restricción de la demanda y baja productividad; y los 10.794 por problemas de financiación y aplicación de medidas económicas.

Otro tanto podríamos decir del número de trabajadores afectados por ERES aprobados con medidas de
reducción de jornada.

Es decir, ¿qué quieren decir estos datos? Que la crisis financiera no ha afectado verdaderamente a la estabilidad de las empresas, ya que si esto fuese así, los ERES que se aprobarían lo serían por quiebra, suspensión de pagos, restricción de la demanda y baja productividad.

¿Qué está haciendo el capital entonces? Aprovechar la crisis para llevar a cabo una nueva reestructuración de plantillas y degradar aún más el mercado laboral y los sistemas públicos de protección social. Es decir, hacer más crisis de la crisis.

Resulta chocante que se aprueben un número importante de extinciones y suspensiones de contratos por falta de tesorería, cuando el Ministerio de Trabajo dice que las empresas, gracias a las recientes medidas aprobadas, "se liberan de 6.000 millones de euros a través de rebajas fiscales y 29.000
millones de euros a través de las líneas del ICO para facilitar su acceso al crédito"… Eso sin contar con los avales que recibió la banca para facilitar crédito a las empresas.

Me gustaría saber qué opina de todo ésto el último fichaje de Instituto de Empresa S.L., José Mª Fidalgo.

Periódico cnt