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Estado español :: 30/10/2009

Caso Alakrana: ¿A quién se le ocurre capturar a dos secuestradores cuando hay tantos rehenes?

Cigala News
Impeorable toda la gestión que está haciendo el ejército para proteger la piratería esquilmadora de recursos de los grandes pesqueros industriales españoles.

El estado español tendría que haber comenzado prohibiendo esta actividad practicada sin ley y sin control, profundamente antiecológica y depredadora. Sin duda la causa de que los pescadores locales se hayan quedado sin su fuente de subsistencia debiendo dedicarse al bandidaje tras agotarse la riqueza pesquera de sus costas merced a la sobreexplotación industrial de las flotas pesqueras del primer mundo.

No solo no se prohíbe sino que, a golpe de efecto mediático del telediario –como casi siempre-, se aprovecha como excusa para más despliegues propagandísticos de tropas en el extranjero.

En este caso el afán publicitario es tan grande que ni siquiera se molestan en definir objetivos operativos creíbles. El área a vigilar es tan vasta que es imposible que un par de navíos de guerra puedan proteger la pesca abusiva de los atuneros, los cuales son numerosos y faenan en un radio muy grande. Eso no impide al ministerio de defensa pavonearse de cuando en cuando en la tele con la detención de los navegantes de algún esquife, o alardeando de haber puesto en fuga a alguna embarcación supuestamente pirata.

El secuestro del Alakrana se encarga de poner las cosas en su sitio. Las fragatas no pueden evitar los secuestros. De hecho el navío de guerra español más próximo tarda lo indecible en arribar al lugar donde se encuentra el atunero. El Ministerio de Defensa (¿o deberíamos decir del “Expolio Neocolonial”?) queda en entredicho y a sus responsables se les ocurre la maravillosa jugada de capturar a dos de los secuestradores. Claramente persiguen aparecer en el telediario dando muestras de fuerza y de que “están haciendo algo”, pero la acción elegida no puede ser más absurda y nociva.

Una operación así en un secuestro con rehenes a nadie se le escapa que supone el riesgo de que los secuestradores comiencen a ejecutar rehenes. Y si no sucede tal cosa, ¿quien puede creer que no van a pedir la liberación de sus compañeros como parte del rescate? Nuestros habilidosos mandamases militares han tenido que pagar el precio de su ineptitud con esta patata caliente que no poca cola está trayendo. Al principio pusieron excusas para no llevar los piratas capturados a España. Una vez aquí, a ver como salimos del lío; que si uno es menor de edad, que es muy oneroso mantenerlos en España, que lo suyo es que los juzguen en Kenia… Y mientras tanto el secuestro estancado, los familiares de los rehenes cada día más afectados y las amenazas de los secuestradores sobre los secuestrados en aumento.

Todo ello sin mencionar la otra cara de la moneda. Como pescadores en río revuelto –nunca mejor dicho-, armadores del expolio marítimo y empresas de seguridad privada, alguna de ellas vinculada a la ultraderecha, han aprovechado la efervescencia mediática para sacar réditos pidiendo protección militar gratis los primeros y legislación que les permita operar en ultramar y hacerlo con armamento pesado los segundos.

Por causa de la necesidad de propaganda del ejército español, que le llevó a desplegarse y hacer el ridículo en el Índico, ahora el estado se pliega aún más de lo que ya hacía a estos inconfesables intereses y recupera de hecho las antiguas “patentes de corso”. Ahora, navíos bajo pabellón español podrán robar atún hasta agotarlo en el caladero de un país pobre y desangrado por una guerra civil que no tiene medios para controlar sus propias aguas territoriales. Además robarán el pescado a punta de fusil, armados incluso con armamento pesado y podrán disparar sobre quien quieran sin control policial o judicial alguno. Todo ello sucederá bajo el beneplácito de la legislación y el gobierno de España, ese “estado de derecho”.

 

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