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México :: 28/02/2010

Chiapas: activista denuncia secuestro y amenazas en su contra

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
La defensora de DD.HH. Margarita Martínez fue agredida para obligarla a desistir de la denuncia penal que interpuso en contra de funcionarios del gobierno

México, DF. La defensora de derechos humanos Margarita Guadalupe Martínez Martínez fue secuestrada por desconocidos, golpeada y amenazada de muerte ayer jueves en las calles de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, cuando se dirigía a recoger a su hijo, quien salía de la escuela primaria.

Según su testimonio al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), en el trayecto “fue privada de su libertad por personas no identificadas, quienes le colocaron una bolsa de plástico en el rostro que le impidió ver a sus agresores, e inmediatamente la hicieron abordar por la fuerza a un vehículo en marcha”.

Dentro del vehículo, reveló la activista, “escuchó voces, una de ellas de la persona que la sujetaba y la cual la golpeó en el rostro con un objeto sólido, produciéndole sufrimientos físicos, escoriaciones en los labios, inflamaciones en frente, labios y cuello”.

“También le infringieron tortura psicológica a través de punzadas en los costados con un objeto que podría ser un arma punzocortante o de fuego. Le pasaban en las manos un objeto frío y le decían 'ya no vas a poder trabajar', e insistían en que se desistiera de la denuncia penal que meses anteriores había interpuesto en contra de funcionarios del gobierno de Chiapas”.

Al emitir una acción urgente para exigir el respeto a la seguridad de Margarita Martínez, el CDHFBC detalló que “mientras la golpeaban, la amenazaban de muerte para que se desistiera de la averiguación previa número 00004/FEPONGDDH-M1/2009 iniciada el 23 de noviembre por los delitos de abuso de autoridad, allanamiento, tortura psicológica y amenazas con la agravante de muerte, integrada por la Fiscalía Especializada en Protección a Organismos No Gubernamentales de Derechos Humanos, de Chiapas”.

La denuncia subraya la situación de inminente riesgo de la defensora, así como la de su esposo Adolfo Guzmán Ordaz, su familia y los integrantes de Enlace Comunicación y Capacitación, organismo civil donde laboran en Comitán. En meses recientes han sufrido allanamientos, amenazas y agresiones por presuntos agentes policiacos.

Los hechos se dan 34 horas antes de la diligencia de desahogo de la Pericial de Reconstrucción de Hechos, a realizarse el 27 de febrero a las 3:30 de la madrugada en su domicilio allanado, en Comitán, como parte de las pruebas que integran la averiguación previa.

En la diligencia habrán de participar la Policía Estatal Preventiva, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Comitán, la Policía Especializada Ministerial, así como fiscales del Ministerio Público y peritos en criminalística.

Hermann Bellinghausen. La Jornada

 

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