La ley de economía sostenible y el "Pacto de Educación" profundizan la privatización de la educación

- No plantea solución alguna a la ausencia de un modelo de oferta pública y gratuita adecuada en la etapa de educación infantil que hoy cuesta a las familias trabajadoras miles de euros.

- Se recuperan unos intinerarios que reproducen la división social, favoreciendo las salidas más cortas de acceso al mercado laboral con baja cualificación.

- Se reafirma la intención de llevar hasta el final el proceso de privatización de la enseñanza superior universitaria.

Se dan nuevos pasos para la privatización de una F.P. que se ajuste a las exigencias de la economía
El Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible presentado por el Gobierno del PSOE y aprobado recientemente en el Parlamento traerá a la mente de la mayoría de jóvenes el polémico endurecimiento de medidas de protección de la “propiedad intelectual” en Internet y el cierre de webs que ha tenido un importante eco en los medios en las últimas semanas.

Sin embargo la autoproclamada “estrategia de crecimiento sostenible” del Gobierno nos reserva a lo largo de sus 200 páginas más sorpresas desagradables a la juventud que no están teniendo el mismo eco. Nos referimos a la implementación de importantes medidas relativas al papel que tiene reservado la patronal a la Formación Profesional y la Universidad en relación a las necesidades económicas en este escenario de crisis capitalista.

Para entender el sentido en el que se toman estas medidas, debemos estudiar el modelo económico hacia el que avanza el Estado Español. El PSOE en el poder está llevando a cabo un esfuerzo propagandístico para hacernos ver que la economía española se dirige hacia un cambio de modelo, basado en la Economía del Conocimiento y en energías sostenibles.

Lo que se pretende es huir del viejo modelo basado en el pelotazo urbanístico y el turismo de sol y playa, que sólo generan una ganancia parasitaria a través de la construcción de una demanda artificial y poco sostenible a medio y largo plazo.

El nuevo modelo, la Economía del Conocimiento, tiene generalmente dos bases: a) las mercancías producidas se basan en resultados de investigación o tecnología punta, b) las industrias productoras tienen grandes capacidades productivas instaladas, para aprovechar las ventajas de las economías de escala (un volumen de producción elevado reduce el precio por cada unidad de producto, lo que permite una exportación masiva a precios competitivos).

El problema para el Estado Español es que esa Economía del Conocimiento sólo puede jugar un papel marginal en la estructura económica española, mientras el país se mantenga en la Unión Europea, donde le ha sido asignada la especialización en el sector servicios y, en particular, el turismo.

Hay dos impedimentos estructurales:

- Por un lado, la no existencia de una inversión real en Investigación, Desarrollo e Innovación, así como la falta de empresas con grandes centros de alto rendimiento en conocimiento, hacen casi imposible competir con los monopolios franco-alemanes, americanos y japoneses, que además tienen una enorme capacidad de presión política a través de ciertos organismos del capitalismo internacional que garantizan la división internacional del trabajo.

- Por otro lado, el Estado Español no es ejemplo de cualificación cada vez mayor de la fuerza de trabajo. Existe una élite con formación ultracualificada, pero una gigantesca mayoría a la que se aparta del sistema educativo o se le “infra-cualifica”, precisamente para reducir sus salarios de futuro. No son casuales los índices de fracaso escolar y el intento de apartar a estudiantes de la Educación superior e incluso secundaria: España es un país para que el turismo, cuya estructura laboral es de contratos precarios, baja cualificación y alta temporalidad. El Estado Español destruyó, por indicaciones de la Unión Europea, la mayor parte de su tejido productivo durante los años 80, por lo que hoy día, sobran jóvenes licenciados con potenciales salarios altos: la actual estructura laboral del Estado Español exige mano de obra barata. De ahí, los proyectos de mercantilizar y elitizar todo el sistema educativo, como propone, por ejemplo, el Plan Bolonia.

Este modelo educativo es totalmente incompatible con el proyecto de convertir al Estado Español en un mercado donde la Economía del Conocimiento juegue un papel fundamental. De hecho, los dirigentes socialistas ya han dado marcha atrás en sus discursos y ya no abogan por el fin de la construcción y del turismo de sol y playa, ni siquiera por un cambio de modelo. Ahora se habla ligeros cambios estructurales que creen una mínima base para la Economía del Conocimiento.

Es en este contexto donde entra en escena el mal llamado “Pacto por la Educación” el cual en realidad no hace más que recoger el espíritu de las medidas relativas a la educación y la investigación ya integradas en la Ley de Economía Sostenible que buscan adaptar el sistema educativo a los ajustes que esperan en esta etapa al modelo económico capitalista español.

Educación Infantil

En cuanto a la educación infantil, si bien el documento reconoce que “el comienzo de la actividad educativa en edades anteriores a la escolaridad obligatoria contribuye a la mejora del éxito escolar futuro”, no acompaña de medidas consecuentes esta afirmación que sirvan para cambiar una realidad que según datos del 2007-08 reflejaba una escolarización de tan solo el 20% de los niños y niñas en el primer ciclo (0-3 años).

Habla de “conciliación de la vida personal, laboral y familiar” y de contribuir a que “las familias dispongan de una oferta educativa suficiente y de calidad” pero lo único que concreta al respecto es la ampliación del llamado Plan Educa3 que dedica partidas presupuestarias a aumentar las plazas en esta primera etapa educativa que se están demostrando insuficientes.

Sin embargo no se dice una palabra sobre el hecho de que la actual LOE sigue contemplando este periodo educativo como voluntario mientras datos del propio MEC evidencian la falta de una apuesta por una oferta pública, y no digamos ya gratuita en esta etapa pues el curso 2008-09 comenzó con un aumento de 1100 centros de educación infantil siendo sólo 600 de ellos públicos.

Son múltiples los indicadores que hacen patente una insuficiente oferta pública y que cargan económicamente sobre las familias trabajadoras la escolarización de 0 a 3 años.

Es este modelo el que permite que los gobiernos autonómicos, entre los que destaca el de la Comunidad de Madrid, puedan aumentar año tras año el desequilibrio social en el sistema educativo, favoreciendo la transferencia de dinero público de todos y todas a manos privadas, y haciendo de la falta de plazas y el desembolso creciente de las familias sus señas de identidad.

No valen parches destinados a tapar agujeros allí donde van apareciendo, es necesario legislar un modelo de educación infantil que fomente una red de centros públicos y gratuitos y cubra las necesidades de preescolar y que verdaderamente contribuya a hacer más fácil la vida de las familias trabajadoras y está claro que no va a venir de la voluntad de estos partidos sino de la lucha del conjunto de la comunidad educativa y de las familias trabajadoras por sus derechos y los de toda la juventud.

Enseñanza secundaria

De aprobarse esta ley, en 3o de la ESO se someterá a los alumnos a una prueba o evaluación dirigida a elegir cual de los dos intinerarios en que se dividirá 4o de ESO es el más “conveniente” para ese alumno/a: el orientado a Bachillerato o el dirigido a la FP de Grado Medio.

Es decir se impone la bifurcación a la edad de 14 años de quien seguirá estudiando niveles superiores y quien seguirá el camino más corto hacia el mercado laboral con baja cualificación. Se impone por la vía rápida la elitización de la educación por la vía de los intinerarios prematuros.

Formación Profesional

Bajo la retórica se esconde un planteamiento que ya impera en la Universidad de mano de la aplicación de Bolonia y es la de poner la enseñanza al servicio del modelo económico. Es éste modelo el que quieren extender ahora a la Formación Profesional y que queda implicito en una máxima que inspira ambas leyes, la de la “adecuación constante de la oferta formativa a las competencias profesionales demandadas por el sistema productivo” (Ley de Economía Sostenible).

El anteproyecto legisla más allá de lo establecido hasta el momento en la L.O.E. y la Ley de Cualificaciones y Formación Profesional en lo relativo a las competencias de las empresas y la patronal, que hasta el momento se limitaba a las prácticas no remuneradas en empresas (FCT).

Se abre la puerta a la impartición de módulos en las instalaciones de las empresas, posibilitando el uso de las instalaciones públicas del centro por las empresas, así como el “desarrollo conjunto de proyectos de innovación” que porsupuesto se saldarán con el beneficio económico para el empresario. Todo esto será posible a través de la firma de un convenio con la autoridad educativa.

De aprobarse esta ley se legalizaría la financiación privada de las instalaciones y el equipamiento de los centros “en los términos que acuerden con las respectivas administraciones educativas” entre lo que ya contemplan el uso con fines empresariales .

No es una casualidad que este nuevo anteproyecto de ley -que ya ha sido aprobado- reserve un especial protagonismo a la F.P. en esta fase de crisis económica. Gobierno y PP en beneficio de la patronal promocionan un modelo de FP rehén de las necesidades que el modelo económico exija en cada momento. En los términos en que se enfoca, esa relación FP-empresas no está dirigida a beneficiar a la sociedad, ni tampoco a nuestro futuro laboral, sino más bien a intereses privados, a los bolsillos de los empresarios.

De entrar en vigor esta ley los empresarios pasarán a formar parte de órganos territoriales colegiados pudiendo decidir sobre la planificación de la oferta de estudios de formación profesional que hasta ahora estaba a cargo de las administraciones educativas y laborales. Y entre sus funciones estarán el identificar “las necesidades generales y específicas de formación de las empresas y trabajadores locales.”

Es decir, favorece un modelo que permite que las empresas de cada sector limiten las enseñanzas de los ciclos de FP a los requerimientos de la mano de obra que necesitan. Nuestra formación como alumnos/as de FP se adaptará, por tanto, a lo necesario para incorporarse al mercado laboral, es decir a las “competencias profesionales” de las empresas que forman el tejido industrial al que nos vemos abocados a trabajar en nuestro territorio, en lugar de recibir una formación integral y no puramente ocupacional dirigida a un puesto de trabajo concreto que además sabemos que con los niveles de precariedad actuales no es ningún futuro.

Universidad

En el borrador de ley de la economía sostenible también se hace especial hincapié en lo que rodea a las universidades en fiel consonancia con el documento “Estrategias universidad 2015” y el texto no deja lugar a dudas en cuanto a la intención de llevar hasta el final la aplicación del Espacio Europeo de Educación Superior a la realidad del Estado español.

Se establecen una vez más la colaboración cercana entre la universidad (de ámbito público) y las empresas privadas y la competitividad entre las distintas universidades y su proyección internacional, que vendrá de la mano de las relaciones que dicha universidad tenga con distintos agentes tanto públicos como privados. Toda la cuestión de la competitividad se llevará a cabo a través de la creación del Campus de Excelencia Internacional. Mediante este programa se nos inyectará el “virus” de la competitividad internacional, lo que conllevará una priorización gubernamental para aquellas universidades-proyectos que lo consigan.

Se confiere especial atención a la investigación en la universidad, llegando a afirmarse que “las universidades potenciarán sus funciones de investigación básica y aplicada y de transferencia del conocimiento a la sociedad, mediante el desarrollo de proyectos e iniciativas en colaboración con el sector privado.”

Esta colaboración entre Universidades públicas y sector privado estará guiada por las empresas y se llevará a cabo, según confirma esta ley, mediante la constitución empresas de base tecnológica, la creación de polos de innovación en un espacio físico donde concurran centros universitarios y empresas, y mediante la creación de cátedras-empresa.

Comité Central de los CJC – 13 y 14 de Marzo, Madrid