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México :: 04/08/2010

El charrazo contra el magisterio capitalino: De abril a agosto de 1960

Gerardo Peláez Ramos
La lucha del magisterio logró imponerle al gobierno la concesión de ciertas demandas, aunque luego de 1960 sería reprimido

La Sección IX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que venía teniendo dificultades y choques con el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, al realizar una serie de movilizaciones por sus principales demandas y en solidaridad con el movimiento normalista, fue aislada mediante una intensa campaña de prensa y la compra de voluntades en el gremio, en un marco político claramente desfavorable al no existir ya como punto de apoyo el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, cuya dirección y membresía fueron violentamente reprimidas en marzo-abril de 1959. El charrismo dominaba la mayoría de los sindicatos, en tanto que los núcleos patrióticos y democráticos eran una ínfima minoría.

En esas condiciones, el CEN y la Comisión Nacional de Vigilancia se dirigieron a Gabriel Pérez Rivero, al CE y a los comités ejecutivos delegacionales de la Sección IX para señalar que la participación en los últimos acontecimientos de violencia subversiva, de maestros pertenecientes a la Sección IX, el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE se había reunido para analizar la conducta que habían asumido y para tomar la resolución que más conviniera a la salvaguarda de los intereses de la organización.

Por unanimidad, resolvieron conminar al Comité Ejecutivo y comisiones de esa Sección IX, para que rectificaran toda la política de indisciplina constante que habían seguido en los últimos tiempos y para que no auspiciaran, en lo sucesivo, la actitud asumida por maestros que obraban impulsados por una conducta faccional de provocación y creación de conflictos artificiales. Señalaba al Comité Ejecutivo de la Sección IX como el único responsable de la desobediencia a tales disposiciones, porque al detentar puestos de representación actuaban en forma irreflexiva y empujaban a núcleos magisteriales a situaciones de extrema gravedad que acusaban desacato a los preceptos que regían la vida del SNTE y que los habría de conducir a sufrir las consecuencias de sus erróneas tendencias y de su conducta antisocial. (1)

El CES-9 del SNTE respondió al texto anterior que del análisis del referido escrito se desprendía que sus afirmaciones eran inexactas.

1. El magisterio de educación preescolar y primaria del Distrito Federal jamás había asumido actitud alguna de “violencia subversiva” ni lo haría en el futuro.

2. El Comité de la Sección jamás había hablado en nombre de todo el magisterio del país. Todos sus documentos y acuerdos se referían a los miembros de la misma.

3. Los aciertos o errores del Comité Seccional correspondía juzgarlos en primer lugar a los maestros que representaba y, con base en ello, también a los órganos superiores del sindicato.

4. Afirmaban los jerarcas sindicales que habían cometido actos de indisciplina constantes en los últimos tiempos, pero no se señalaba en qué habían consistido. Por otra parte, el Comité de la Sección IX rechazaba su acusación de que adoptaba “una conducta faccional y creación de conflictos artificiales”.

5. También afirmaban los líderes nacionales que actuaban al margen de los Estatutos, aunque para mejor cumplirlos se reunía con bastante frecuencia el Pleno Seccional, que era un órgano superior al Comité Seccional, que encauzaba y supervisaba las actividades de éste.

6. La Sección IX del SNTE y su Comité no habían realizado ni realizarían ningún tipo de provocación, porque ello no encajaba en su trayectoria revolucionaria.

7. Continuarían cumpliendo con todas aquellas disposiciones de la organización sindical que tendieran a beneficiar realmente a los maestros.

8. Decían los miembros del CEN textualmente, acerca del Comité de la Sección IX: “al detentar puestos de representación…” Ahora bien, detentar quiere decir: “retener una cosa sin derecho”. Si tenían o no derecho para representar a los miembros de la Sección IX, era un juicio que dejaban a los maestros y a la opinión pública del país.

9. Sostenían los dirigentes que su conducta los “habrá de conducir a sufrir las consecuencias de sus erróneas tendencias y de su conducta antisocial”. De hecho, en la primera se apuntaba que el trabajo de la dirección nacional se estaba encaminando a desconocer al Comité de la Sección IX del SNTE e incluso a empujar a las autoridades hacia este propósito. En la segunda afirmación, “conducta antisocial”, también, de hecho, se estaba sugiriendo que se les acusara del llamado delito de disolución social.

Finalmente, formulaban al CEN la siguiente petición: que se convocara a los comités ejecutivos delegacionales a Asamblea General Extraordinaria para el día nueve de abril próximo. En los últimos días se había negado en dos ocasiones la autorización respectiva, por lo cual esperaban que no se repitiera la negativa para que los maestros se reunieran, pues de otro modo el Comité Nacional incurriría en grave responsabilidad al quebrantar la democracia interna de la organización. (2)

El CEN del SNTE presentó el 1 de abril a la Secretaría de Educación Pública un pliego en que se consideraban la regularización de pagos de sueldos, pago de antigüedad a maestros no titulados, definición de las facultades de los supervisores docentes, información sobre el acuerdo presidencial número 754 y establecimiento del escalafón económico de los maestros de posprimaria. Acerca del pliego presentado últimamente por la Sección IX, y que el ministro Jaime Torres Bodet recibió como manifestación de una opinión de la misma, querían reiterar las demandas formuladas con anterioridad por ese Comité Ejecutivo Nacional referentes al pago de los pasajes y a la convocatoria inmediata de la Conferencia Nacional Mixta de Escalafón. (3)

El golpe

El CEN del SNTE consignó el 2 de abril ante la Comisión Nacional de Vigilancia al CE y las comisiones de la Sección IX. Ese mismo día, a las 18:00 horas, se reunió la CNV y acordó darle entrada a la consignación hecha por el Comité Ejecutivo Nacional. El 4, la CNV citó a los secretarios general, de Organización y de Actas y Acuerdos de la dirección nacional a una diligencia para ratificar o rectificar la consignación hecha el día 2; los líderes ratificaron la consignación. El 5 la Comisión Nacional de Vigilancia, en sesión extraordinaria, acordó practicar las investigaciones necesarias sobre la consignación del CE de la Sección IX.

El 9, la CNV resolvió que existían elementos suficientes para establecer la presunta responsabilidad del Comité Ejecutivo de la Sección IX, en las faltas que les habían sido atribuidas por el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE. Consignaba al Comité Ejecutivo de la Sección IX ante una Comisión de Honor y Justicia de carácter nacional, para que fueran juzgados de conformidad con los Estatutos.

Se nombraba a J. Ventura Rivera Rodríguez, de la Sección XIX; Antonio Guerra Díaz, de la Sección XXX, y Dionisio Hirales Corral, de la Sección LII, para que, con el carácter de presidente el primero y de vocales los dos últimos, constituyeran la Comisión Nacional de Honor y Justicia.

Se ordenaba al CEN que procediera a hacerse cargo, por conducto de sus distintos secretarios y auxiliares, de la atención de los asuntos de la Sección IX. (4)

La CNV se dirigió a Gabriel Pérez Rivero comunicándole, para que lo hiciera saber al secretariado del Comité Ejecutivo que presidía y a las comisiones que del mismo dependían, que a partir de esa data quedaban suspendidos provisionalmente en sus puestos de dirección sindical, con base en el quinto punto resolutivo del dictamen que con esta misma fecha tuvo a bien emitir, y del cual les estaba adjuntando una copia a efecto de que procedieran a darle estricto cumplimiento en la parte que les correspondía. (5)

El día 12 fueron ocupadas las oficinas de la Sección IX por elementos del CEN y pistoleros del SNTE. El 13, declaró el CES-9 que la suspensión provisional del CE era totalmente antiestatutaria, tenía una tendencia divisionista y revelaba un afán de provocar una situación de malestar y agitación. (6)

El CEN explicaba el 17 de abril por qué se consignó al CE de la Sección IX del SNTE: “A través de su órgano periodístico oficial, el Comité de la Sección IX ha dado pruebas evidentes del criterio sectarista y de rebeldía contumaz que ha normado todos sus actos, así como de su falta de espíritu solidario con la causa general del magisterio organizado del país, usando las columnas de dicho órgano de información pretendiendo desacreditar al Comité Nacional y para pretender desprestigiar al sindicalismo magisterial; hechos que determinaron que el Ejecutivo Nacional hubiera de llamar la atención de dicho seccional a efecto de que rectificara su conducta, obteniendo como respuesta que este último desencadenara una vergonzosa campaña de represalias en contra de todos aquellos maestros que se negaron a secundar su labor divisionista”. (7)

“…la idea primordial del Comité Ejecutivo de la Sección IX ha sido la de diluir y despersonalizar sus responsabilidades directivas, abusando del recurso estatutario de las reuniones plenarias para justificar una serie de actos indebidos y hasta ilícitos; y desvirtuando la función de estos organismos --los plenos delegacionales-- para convertirlos en órganos coadyuvantes de dirección, en instrumentos de desacato, de provocación y de ataque al Comité Nacional y otras entidades ajenas al sindicato”. (8)

“A raíz de los trabajos desarrollados por el Comité Nacional sobre las reformas a la Ley de Pensiones Civiles, la Sección IX abrió una nueva lucha demagógica, asumiendo facultades que corresponden al Comité Ejecutivo Nacional”. (9)

“Apoyados en estas sinrazones propician e impulsan un movimiento que no puede sino calificarse de absurdo, tanto por los móviles que lo engendran como porque se incuba en un extraño maridaje de fuerzas extremistas y regresivas, que inciden en la finalidad manifiesta de desquiciar el esfuerzo educativo de la Revolución mexicana”. (10)

“Se les previno que las peticiones que indicaban no ameritaban el empleo de uno de los recursos de mayor trascendencia sindical, ya que aun en otros sindicatos, como los de industria, deben administrarse éstos por medio de los emplazamientos primero, y sólo al final, se aplican medidas extremas, como son las asambleas, los paros y la huelga si ello es necesario”. (11)

“Como es del dominio público, los estudiantes fueron desalojados de los patios de la secretaría, y este motivo fue aprovechado por los profesores othonistas para instigar a los estudiantes de las escuelas cercanas, esparciendo el rumor de que dentro de la secretaría había varios muertos y heridos que nunca aparecieron, pero que sirvieron para sembrar el desconcierto entre algunos sectores y dieron lugar a los actos depredatorios cometidos en el edificio, y que pusieron en grave peligro la seguridad y la vida de varios maestros y estudiantes”. (12)

Durante el mes de abril y principios de mayo, el CES-9 del SNTE y el Cuerpo Directivo del Movimiento Revolucionario del Magisterio distribuyeron muchos manifiestos y volantes, celebraron reuniones y prepararon la respuesta de masas a la suspensión del CE del magisterio capitalino.

La CNDH dio su fallo el 7 de mayo sobre el caso, al resolver: “Primero. Son responsables los compañeros Gabriel Pérez Rivero, Idulio Cortés López, Máximo Campoy Vargas, Elia Sortibrán Dávila, Manuel Ontiveros Balcázar, Daniel Villagrán Salas, Epifanio Moreno Herrera, Elisa Espinosa Casanova, Carlota Rosado Bosque, Lino Medina Salazar, Amparo Martínez Díaz, Rafael Méndez Aguirre, Mercedes Reyes de Estrada, Beatriz Sanzón Zavala y Julieta Jarquín Topete… de las faltas de que los acusó el Comité Ejecutivo Nacional, y que quedaron precisadas en el resultado quinto de este fallo.

“Segundo. Se destituye a los compañeros mencionados en el resolutivo que antecede de los puestos que han venido ocupando en el Comité Ejecutivo y Comisiones de la Sección IX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

“Tercero. Se expulsa a los compañeros citados en el primer punto resolutivo del seno del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”.

“Quinto. Notifíquese a las partes la presente resolución y sugiérase al Comité Ejecutivo Nacional que se llenen las formalidades exigidas en el artículo 52 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado en relación con la expulsión de los acusados”. (13)

La Asamblea Seccional Masiva de la Sección IX del SNTE se llevó a efecto, el 12 de mayo, en el Rancho del Charro. Se acordó demandar al titular de la SEP que la Secretaría de Educación Pública reanudara de inmediato el trato de los problemas del magisterio agrupado en la Sección IX del SNTE, por conducto del Comité Ejecutivo que presidía el profesor Gabriel Pérez Rivero.

De no atenderse dicha demanda, el magisterio de educación primaria y preescolar, con el apoyo de los padres de familia y de amplios sectores del pueblo, realizaría una manifestación pública de protesta el día 7 de junio próximo.

Si la Secretaría de Educación Pública mantuviera el criterio de seguir ignorando al auténtico Comité Ejecutivo de la Sección IX, el magisterio de educación primaria y preescolar del DF suspendería sus labores a partir del día 10 de junio próximo y no volvería a ellas hasta que la SEP reanudara el trato de sus problemas con su genuina representación. (14)

El II Consejo Nacional Extraordinario del SNTE

El II Consejo Nacional Extraordinario del SNTE se realizó, el 17 de mayo, en el hotel Papagayo de la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, con el objeto de ratificar el desconocimiento y la expulsión del CES-9. La reunión fue resguardada por golpeadores de la burocracia sindical, desarrollándose en medio de porras.

El CE de la Sección IX distribuyó un llamamiento donde planteaba que el II Consejo Nacional Extraordinario, que se celebraba en esa ciudad de Acapulco, no debía aceptar la grave responsabilidad de contribuir, con sus conclusiones, a dar mayor virulencia al conflicto provocado por el Comité Nacional al desconocer al Comité Ejecutivo de la Sección IX.

El II Consejo Nacional Extraordinario tenía el deber de intervenir para que el manejo de este problema se hiciera en un plano de responsabilidad e independencia sindical. (15)

Epifanio Moreno se deslindó del resto del Comité Ejecutivo de la Sección IX y llamó a desterrar todo sectarismo y actitudes de provocación. (16) El consejo nombró una Comisión Ejecutiva que quedó constituida así: Máximo Revuelta Villalobos, secretario general; Óscar Fuentes Bonilla, de Trabajo y Conflictos; Américo González, de Organización y Propaganda; Indalecio Sayago Herrera, de Previsión Social; Juan Negrete López, de Acción Social; José Hernández G., de Finanzas, y Félix Vallejo, de Pensiones y Construcciones.

La Comisión Ejecutiva se dirigió, el 3 de junio, a los maestros defeños para informarles que el II Consejo Nacional Extraordinario, por unanimidad, ratificó la expulsión y eligió una Comisión Ejecutiva, encargada de dirigir transitoriamente la Sección IX del SNTE; llamaba a rehacer la unidad, a superar con elevado espíritu sindical la crisis que confrontaba, y a luchar porque se presentaran las condiciones que permitieran la realización del congreso seccional. (17)

El magisterio del DF llevó a cabo una gran manifestación de masas el 7 de junio, del monumento a la Revolución al Zócalo, en la cual intervino como orador Othón Salazar. Al otro día, la SEP declaró que la destitución de esos miembros del CES-9 por determinación del SNTE obedeció exclusivamente a un conflicto interno del mismo, y que la secretaría no podía intervenir en conflictos de esa naturaleza, y agregó: “En oficio número 1924, el Tribunal de Arbitraje notificó a la Secretaría de Educación Pública su resolución del 3 del corriente y, con fundamento en el artículo 113 del Estatuto Jurídico, puso en su conocimiento que han dejado de ser miembros del Comité Ejecutivo de la Sección IX los maestros que lo integraban y que, provisionalmente, se hará cargo del manejo de los asuntos de esa sección una nueva Comisión Ejecutiva seccional”. (18)

El paro indefinido del magisterio

Como fue resuelto por la Asamblea Seccional Masiva del 12 de mayo, el 10 de junio de 1960 estalló el paro indefinido del magisterio capitalino. Según Mario Aguilera Dorantes, coordinador de enseñanza primaria, la suspensión de labores abarcaba al 10 por ciento del profesorado del turno matutino. Era claramente una subvaloración de la paralización de actividades.

Fernando López Arias, Procurador General de la República, sostuvo el 14 de junio que necesitaban meditar sobre el paro magisterial, pues no todo era disolución social. Podía haber sólo violaciones al Estatuto Jurídico.

De acuerdo con la Constitución, nadie podía ser obligado a prestar servicios sin su consentimiento. Si esos señores no querían cumplir con el Estatuto, se les cancelaba y se acabó. (19)

La SEP adoptó medidas para romper el paro. Así, el 15 de junio fueron cesados Rafael Méndez Aguirre y otros profesores. Por otra parte, el movimiento tenía en contra a toda la burocracia sindical, tanto magisterial como obrera y federal. El Partido Popular y todos los partidos registrados militaron en contra de los paristas. El aislamiento, con exclusión del apoyo del movimiento estudiantil democrático, de los grupos de oposición sindical, del PCM y de otras pequeñas organizaciones de izquierda, era un hecho.

Los mítines, manifestaciones y asambleas, que eran numerosos y concurridos, desafortunadamente no lograron mantener en pie al grueso de los paristas. Éstos, en gran parte, trabajaban parcialmente y el resto del tiempo se incorporaban a la lucha. Otros maestros se reportaban enfermos. Las formas de participación, a propósito, eran múltiples.

Con el objeto de mantener la unidad, el CES-9 planteó el 4 de julio: “Debemos hacer los máximos esfuerzos para que nuestros hermanos se incorporen a la Asamblea Permanente, pues, como ustedes saben, los maestros que no están en paro también son soldados de nuestra causa. Por esta razón, estamos obligados a no quebrantar la unidad y a no provocar ningún tipo de fricciones. Ésta, que ha sido nuestra línea de conducta, debemos mantenerla invariable. Pero, al propio tiempo, necesitamos saber distinguir a los enemigos de nuestra lucha, para combatirlos con toda energía”. (20)

El CEN del SNTE manifestó el 6 de julio que ya no existía problema sindical, porque éste fue liquidado y resuelto por el Segundo Consejo Nacional Extraordinario celebrado en Acapulco, en lo concerniente a la destitución en los puestos y expulsión de los integrantes del Comité Ejecutivo de la Sección IX. El órgano superior de gobierno dictó su fallo y no cabía arreglo posible, menos en la restitución de los depuestos, cuya sanción para el sindicato era definitiva. (21)

El 7 de julio se realizó una manifestación de 25 mil personas en apoyo a la lucha magisterial. Cinco maestros se entrevistaron con Donato Miranda Fonseca, secretario de la Presidencia. El 12, una marcha de 4 mil estudiantes en solidaridad con la Revolución cubana terminó con un enfrentamiento entre policías y manifestantes.

El Comité Ejecutivo de la Sección IX dio a conocer, el día 13, a la Magna Asamblea Seccional Masiva de Información, en la Escuela Nacional de Maestros, las conclusiones de las entrevistas con Miranda Fonseca: 1ª Seguridades de la Presidencia de la República de que a través del Tribunal de Arbitraje obtendrían la solución justa y rápida al conflicto creado a la Sección IX del SNTE.

2ª Que si dentro de ese Tribunal fracasaba la instancia de la conciliación, se recurriría a la de un arbitraje.

3ª Que como árbitro podía fungir el propio Presidente de la República; recurso que tenía bases de derecho y antecedentes de hecho. (22)

El 15, Gabriel Pérez Rivero se dirigió al Tribunal de Arbitraje para que acordara la reanudación del trato normal por la SEP y el CEN del SNTE con el Comité Ejecutivo y comisiones, que presidía, en la calidad de representantes legítimos de la Sección Novena, con todos sus efectos; levantar los infundados ceses, bajas, retenciones y descuentos de sueldos y demás actos represivos. (23)

En pleno paro del magisterio capitalino, la burocracia sindical, asesorada por Vicente Lombardo Toledano, adoptó el 25 de julio una medida cardinal, dejar atrás la experiencia de la Fracción Revolucionaria y constituir el Frente Nacional de Unidad Revolucionaria de los Trabajadores de la Educación, el cual, en su primer documento público, exponía:

“En los últimos años también, han surgido algunos movimientos legítimos en su aspecto de protesta contra los sistemas antidemocráticos empleados en el pasado, en el seno de algunas secciones del SNTE. El más notorio de ellos fue el de la Sección IX del sindicato, que agrupa a los maestros de primaria del Distrito Federal y que surgió para reclamar el derecho de elegir libremente a los directivos de la sección. Pero después de logrado ese propósito, que contó con la simpatía del magisterio y aun de los sectores sociales, se pretendió hacer del Movimiento Revolucionario del Magisterio un partidito político, que empezó a intervenir en todas las cuestiones relativas a la vida pública, hasta pretender convertirse en una agrupación nacional, para dirigir al sindicato al margen de los Estatutos. Por esta deformación de la lucha por la democracia sindical, el movimiento ha llegado hasta realizar actos ajenos al magisterio, como sector social, sumándose, de una manera absurda, a la conducta de los elementos clericales y a la que los individuos que llamándose de izquierda y aun comunistas han pactado una alianza grotesca de tipo anarquista, que no tiene más finalidad que la de crear problemas constantes a la educación, dividir al sindicato y usurpar las funciones de los partidos políticos”. (24)

La constitución del frente fue la respuesta, en el terreno orgánico, a la agitación que recorría las filas de los trabajadores de la enseñanza del DF. En agosto, el MRM participó en el Primer Congreso Latinoamericano de Juventudes, celebrado en La Habana, Cuba, con Idulio Cortés y Manuel Ontiveros como sus delegados, quienes, el día 3, difundieron un manifiesto en el que se comprometían a luchar por la realización de las conclusiones de la reunión. La represión oficial contra los paristas se recrudeció el 3 de agosto. Algunos miembros de la dirección del movimiento fueron aprehendidos cuando estaban en las oficinas de la Procuraduría de Justicia del Distrito, donde iban a negociar con Román Lugo.

Con gran violencia fue reprimida y no permitida, el día 4, la manifestación del magisterio, estudiantes y padres de familia. Participaban en el acto alrededor de 10 mil personas. De acuerdo con El Popular resultaron 500 lesionados. La intelectualidad avanzada, grupos estudiantiles democráticos y fuerzas de izquierda protestaron por la brutal represión.

El clima político del país se ensombreció y aparecieron síntomas de evidente derechización. El 6 de agosto, se formó un llamado Comité Investigador de Actividades Antimexicanas, integrado por tres diputados: Arturo Llorente, Juan Sabines G. y Antonio Castro Leal, y tres senadores: Natalio Vázquez Pallares, Guillermo Ibarra y Eliseo Aragón Rebolledo.

Al día siguiente se publicó en los diarios nacionales un manifiesto macartista suscrito por 42 senadores y 23 diputados priístas. El 8 de agosto, Llorente, Castro Leal, Vázquez Pallares, Ibarra y Aragón Rebolledo negaron haber formado una comisión de investigación: “Los integrantes de las cámaras tenemos conciencia del papel que nos corresponde desempeñar en la vida pública nacional y por ello jamás hemos pretendido, ni pretendemos, erigir tribunales macartistas totalmente ajenos a nuestro régimen institucional y a nuestra convicción revolucionaria.

“Es falso que hayamos recibido tal designación. La verdad consiste en que, en efecto, un grupo de diputados y senadores nos reunimos de manera informal para cambiar impresiones sobre nuestras actividades legislativas y en torno a la manifestación que pretendió llevarse a cabo el día 4 del actual, habiéndose convenido dar a la publicidad las declaraciones suscritas que aparecieron el pasado domingo, las que, en síntesis, expresaron nuestro criterio de que los derechos legítimos de cualquier sector o grupo social sólo deben hacerse valer mediante procedimientos legales y no empleando caminos ilícitos o actitudes de violencia, que son contrarios al régimen de derecho que prevalece en el país”. (25)

Una nueva manifestación estudiantil-popular-magisterial, el 9 de agosto, fue reprimida e impedida, cayendo dos estudiante muertos. El mismo día, Manuel Moreno Sánchez, presidente de la Gran Comisión del Senado, expresó: “Éste [David A. Siqueiros] y otros señores hablan de macartismo, pero al macartismo sólo lo temen aquellos que sienten el complejo de culpa. A los cazadores de brujas sólo los temen las brujas mismas…” (26)

Siqueiros, el famoso pintor comunista, fue detenido, procesado y sentenciado. El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana llamó a poner alto a las represiones policíacas e instó a restablecer el clima de paz y tranquilidad. El PCM expuso la necesidad de parar la represión y abrirle paso a las libertades democráticas.

Debido a la violencia gubernamental, el cansancio de los participantes y el asfixiante clima político que imperaba, el movimiento entró en una fase de reflujo. El 31 de agosto, a las 21:30 horas, el paro magisterial fue levantado sobre la base de las siguientes promesas oficiales: “Primero. Todos los maestros (incluso Othón Salazar y Gabriel Pérez Rivero) vuelven a su trabajo, respetándoseles su antigüedad y todos sus derechos profesionales; los cesados pasarán al Tribunal de Arbitraje y en plazo corto su problema será resuelto por cauces de justicia.

“Segundo. Serán pagados los sueldos caídos a todos los maestros del paro. “Tercero. Habrá plena garantía y cesará toda acción penal a los maestros, y serán puestos en libertad los detenidos.

“Cuarto. El problema político sindical de la Sección IX será resuelto después del informe, por la vía del Tribunal de Arbitraje en breve plazo”. (27)

Como corolario, Adolfo López Mateos informó el 1 de septiembre: “En su inmensa mayoría los maestros han respondido con patriotismo a estos estímulos. Sólo un sector, muy significado en el Distrito Federal, se obstinó en crear dificultades a los niños y a los padres de familia, utilizando para ello el pretexto de cuestiones sindicales internas en las que el gobierno no puede legalmente intervenir, sino a través del órgano jurisdiccional competente y a petición de parte. Durante varias semanas, las actividades de algunas escuelas de la Ciudad de México se vieron afectadas por maestros faltistas, a los que fue necesario imponer sanciones con apego a los reglamentos administrativos. Ante todo está el derecho a la educación de los niños de nuestro pueblo, que el propio pueblo paga…” (28)

Derrotado el movimiento, la sevicia oficial no tuvo límites: despidos, firmas de documentos infamantes, descuentos hasta de tres meses a maestros reinstalados, cambios de adscripción, acecho policíaco, violación de las promesas hechas y restauración del charrismo en toda la línea. Los derechos sindicales del magisterio del Distrito Federal fueron, en la práctica, nulificados. Concluía, así, el movimiento magisterial de 1956-1960: una de las jornadas más importantes de los trabajadores mexicanos.


Notas

(1)Gerardo Peláez, Las luchas magisteriales de 1956-1960, México, ECP, 1984, p. 140.
(2)Archivo Manuel Ontiveros Balcázar.
(3)La Prensa, 9-IV-60, p. 12.
(4)Dictamen que rinde la Comisión Nacional de Vigilancia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con motivo de la consignación presentada por el Comité Ejecutivo Nacional del propio sindicato en contra del Comité Ejecutivo de la Sección ix, presidido por el señor profesor Gabriel Pérez Rivero y de las comisiones dependientes de la misma sección, mecano, 9-IV-60, p. 7.
(5)Firmaban Enrique Olivares Santana, presidente; Rodolfo Mendívil Pérez, primer secretario; y Ramón Rodríguez R., segundo secretario. (Gerardo Peláez Ramos, Historia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, México, Ed. del STUNAM, 2ª edición aum. y corr., 2000, p. 139).
(6)G. Peláez, Las luchas magisteriales…, p. 144.
(7)cen del snte, Por qué se consignó al Comité Ejecutivo de la Sección IX, México, Ed. del Mag., 1960, p. 9.
(8)Ibíd., p. 11.
(9)Ibíd., p. 12.
(10)Ibíd., p. 15.
(11)Ibíd., p. 18.
(12)Ibíd., pp. 20-21.
(13)Ibíd., pp. 29-30.
(14)Manifiesto, 12-V-60.
(15)Volante, 17-V-60.
(16)G. Peláez Ramos, Historia del Sindicato Nacional…, pp. 142-143.
(17)Volante, 3-VI-60.
(18)Archivo MOB.
(19)Política, núm. 5, 1-VII-60, p. 3.
(20)Volante, 4-VII-60.
(21)Archivo mob.
(22)Volante, 13-VII-60.
(23)Manuel Ontiveros Balcázar, Historia del MRM. 1958-1961. El Presidente aplastó a la Sección 9 democrática, México, Ed. Pueblo Nuevo, 1992, p. 123.
(24)snte, núm. 8, agosto-septiembre de 1960, pp. 9 y 29.
(25)Política, núm. 8, 15-VIII-60, p. 8.
(26)Ibíd., p. 9.
(27)Célula Magisterial del pcm, El gobierno se protege con sus líderes lacayos de la acción revolucionaria de los maestros, México, mecano, 1960, p. 2.
(28)Los presidentes de México ante la nación, México, ed. por la LVI Leg. de la C. de Dip., vol. IV, 1966, p. 730.

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Artículos anteriores:

La democratización de la Sección IX del SNTE

El inicio del movimiento magisterial de 1956-1960

 

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