El clero político y el Estado laico

Por daño al patrimonio moral y lo que resulte de ello, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, presentó una demanda civil en el Tribunal Superior de Justicia del DF, en contra del arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, y del vocero de la Arquidiócesis Primada de México, Hugo Valdemar Romero. El gobernante defeño precisó que esta denuncia persigue el fin de que comparezcan y presenten las pruebas, que no tienen, que sustenten su afirmación de que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron sobornados (“maiceados”) para apoyar que los matrimonios entre parejas del mismo sexo puedan adoptar.

En la conferencia de prensa del 18 de agosto, dada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Ebrard sostuvo: “Les recuerdo al cardenal, a los prelados y voceros que han estado denostando, desprestigiando, amenazando o injuriando sin fundamento alguno a las instituciones del Estado, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la jefatura de Gobierno del DF, que vivimos en un Estado laico y que en materia de actos civiles, desde las Leyes de Reforma --expedidas entre 1859 y 1860 por el entonces presidente Benito Juárez--, es decir, hace más de 140 años, se impuso en México la separación definitiva entre los asuntos religiosos y los civiles”.

La querella presentada por Ebrard pone en su lugar al clero político, que en fechas recientes se ha dedicado y se dedica, con sus jerarcas mayores a la cabeza, a hacer incitaciones públicas a violar la Constitución General de la República, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; a impulsar reformas misóginas en las legislaciones estatales; a injuriar a las minorías sexuales, partidos de izquierda e intelectuales avanzados; a llamar a no votar por los partidos “abortistas”, y, en el colmo de la estulticia y la vulgaridad, Juan Sandoval Íñiguez, jefe principal de la ultraderecha mexicana, preguntó a los reporteros en Aguascalientes, el 15 de agosto pasado: “¿A ustedes les gustaría que los adopten una pareja de maricones y lesbianas?”

Luego agregó muy ufano: “Esto es una aberración, que obedece a intereses internacionales que van por la línea del mantosianismo [maltusianismo] de muy alto poder económico y publicitario, que van por la línea del mal y que están empeñados en que la población del mundo disminuya, sobre todo en el Tercer Mundo, porque dicen que nos estamos acabando los recursos de la tierra y han lanzado una serie de medidas, desde hace varios años como la anticoncepción, el aborto, el amor libre, la perversión de la niñez y la juventud, la píldora del día después, el divorcio exprés, y el matrimonio entre homosexuales que por supuesto son estériles, que van en esa línea del mantosianismo [maltusianismo] que está orquestada desde altos niveles, que está muy bien pagada”.

Y, para cerrar con broche de oro, el cardenal Sandoval Íñiguez pasó a intervenir en la política del Estado mexicano, en abierta violación del artículo 130 de la Constitución Política de la República que prohíbe claramente a los ministros religiosos “oponerse a las leyes del país o a sus instituciones”, al plantear en forma falaz y provocadora: “Marcelo Ebrard junto con organismos internacionales maiceó a los magistrados de la Suprema Corte que recibieron dádivas, por ello no dudo que el asunto de las adopciones vaya en el mismo sentido”.

La arquidiócesis de Guadalajara, la Conferencia del Episcopado Mexicano y otros organismos clericales respaldaron a Juan Sandoval Íñiguez y Norberto Rivera Carrera, defendieron su “derecho a la libre expresión”, señalaron que los dos prelados no faltaron al respeto a las instituciones y condenaron la “intolerancia” de algunos sectores frente a las expresiones de los jerarcas católicos.

Es evidente que la Iglesia católica no está calificada para someter a crítica la homosexualidad, ya que en dicha institución hay suficientes homosexuales y heterosexuales violadores y pederastas, situación ampliamente difundida por los medios de comunicación de masas y que ha dado pie a muchos escándalos, obligando al clero vaticanista a pagar millones de dólares para acallar a las víctimas de sus aberraciones. Dada esta situación, el alto clero católico debe suprimir el desorden que reina en su casa, purgarla de clérigos viciosos, y entregar a la justicia a los curas pedófilos. Pero el señor Juan Sandoval Íñiguez tiene una visión de su Iglesia ajena a los hechos y que, obviamente, carece de estatura moral para tratar de dar lecciones al Estado y sus instituciones, gobernantes y funcionarios.

Los exabruptos y bravatas medievales del aparato clerical y sus jefes más destacados concitaron el repudio generalizado de la ciudadanía liberal y democrática, mientras que los fanáticos y ultraderechistas salieron en defensa de Sandoval Íñiguez y compañía. Así, la organización Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Estudios Ecuménicos, el Centro Nacional de Comunicación Social y otros organismos de creyentes, señalaron: “En momentos en que esta Iglesia atraviesa una de las crisis más graves de su historia, debido a los escándalos de abuso sexual por parte de sacerdotes y por el encubrimiento institucional de estos crímenes de lesa humanidad, las declaraciones de los prelados son una muestra de desesperación ante la pérdida de credibilidad y de autoridad moral”.

Sostuvieron, además, que la conducta de la jerarquía de la Iglesia católica es inaceptable porque denigra la autoridad moral del jefe de Gobierno y la de las ministras y ministros de la SCJN, perpetúa la intolerancia, la homofobia y la discriminación hacia las personas no heterosexuales, y representa una grave violación al Estado laico.

Con una lógica algo rara, Hugo Valdemar expresó que el PRD y el jefe de Gobierno capitalino han causado al país un daño mayor que el narcotráfico, por las modificaciones progresivas al Código Civil del DF.

Ante esta ofensiva del clero político, los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido del Trabajo señalaron que la V Legislatura de la Asamblea Legislativa del DF cree en los principios del Estado laico y exige a la Secretaría de Gobernación que aplique el artículo 130 constitucional para que los jerarcas católicos se sujeten a las disposiciones legales y sean llamados al orden, de lo contrario que instrumenten las sanciones establecidas en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

El hecho de que la Arquidiócesis afirme que el actuar del jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, la Asamblea Legislativa y un partido político hacen más daño que el narcotráfico, supera los límites legales de su actuación y es una afirmación irresponsable. Así que hacen un llamado a la cordura, la no discriminación y a respetar la Constitución Política.

Como dijo Ebrard, se promulgó una ley para que cada quien pueda amar a quien quiera y para que todas las ciudadanas y ciudadanos de la ciudad de México y del país en general cuenten con los mismos derechos, con la preferencia sexual que tengan, porque ése es su derecho, es un derecho esencial, nadie puede decirte a quién amar ni cómo amar.

Los miembros de la comunidad lésbico-gay-transexual exigieron la intervención inmediata de la Secretaría de Gobernación y de su titular, José Francisco Blake Mora, a efecto de aplicar las sanciones que la ley ordena a Juan Sandoval Íñiguez y Hugo Valdemar, como consecuencia de su flagrante violación a los derechos humanos y al artículo 130 de la Constitución mexicana.

Asimismo, solicitaron a las comisiones de derechos humanos y organismos nacionales e internacionales dedicados a esta materia, su pronta intervención para terminar con el acto de discriminación contra los homosexuales y lesbianas, que en días pasados hicieron público Sandoval Íñiguez y Valdemar Romero, y exigieron al cardenal Norberto Rivera el cese inmediato de las agresiones mediáticas que su vocero realiza en su contra, promoviendo la división y el encono entre el pueblo de México.

El suplemento Letra S de La Jornada, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, otras organizaciones y personalidades condenaron las ofensas y calumnias del arzobispo Juan Sandoval Íñiguez y otros jerarcas católicos en contra de las ministras y los ministros de la SCJN, demandaron respeto a las instituciones de impartición de justicia y al gobierno del DF por parte de la jerarquía de la Iglesia católica, y consideraron que los prejuicios homofóbicos de la Procuraduría General de la República, puestos en evidencia en la SCJN, representan un peligro para la convivencia democrática de la sociedad mexicana.

En las condiciones actuales, salta a la vista que se alebresta el alto clero católico y pone en estado de alerta a sus contlapaches y pupilos, para plasmar los siguientes puntos: pasar por encima de la Constitución General de la República, llamar a violar las leyes, impulsar la penalización del aborto, repudiar el Estado laico, imponer un programa neocristero, convocar a votar contra el PRD, pugnar por la educación religiosa en la escuela pública, opinar sobre el gobierno y los procesos electorales, y proteger a los infractores de la ley miembros de la clerigalla.

La conducta de la clerecía no es gratuita. Corresponde a un viejo proyecto político, golpeado en la Guerra de Independencia, derrotado en la Reforma y debilitado aún más en la Revolución mexicana y los años del caudillismo revolucionario. Este proyecto tiene como centro la formación de un Estado confesional, con las características del virreinato de la Nueva España y de los primeros años del México independiente, apoyado, en años recientes, en los gobiernos derechistas y antinacionales de Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes ofrecieron a la cúpula clerical más de lo que la sociedad mexicana --de enorme raingambre liberal-- puede soportar.

La incompetencia e ineptitud de los dos gobiernos del Partido Acción Nacional han probado, hasta la saciedad, que la crisis de los gobernantes sin oficio político y estadistas de nombre que arribaron a la presidencia de la República en 2000 y 2006, no tiene remedio, más que con la derrota total de éstos y su envío al lugar que les corresponde: el de la oposición hasta el fin de los siglos. Estos saqueadores de bienes públicos, destructores de la propiedad nacional, seguidores de los monopolistas y gobernantes gringos, firmantes de acuerdos con Estados Unidos lesivos para la soberanía y la seguridad nacionales, demoledores del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, promotores del asesinato de más de 28 mil mexicanos en una supuesta guerra contra el narcotráfico, enemigos de la unidad de América Latina y el Caribe, opositores de los gobiernos patrióticos latinoamericanos, privatizadores y exterminadores de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, desindustrializadores de México y entreguistas al estilo del colombiano Álvaro Uribe, son los aliados centrales de la burocracia vaticana en México.

Para mejor comprender el comportamiento actual de la jerarquía de la Iglesia católica, tal vez lo adecuado sea hacer un recuento acerca de la situación jurídica que ha vivido y vive ese aparato eclesiástico, tan propenso a inmiscuirse en asuntos políticos.

En la primera etapa del México independiente, la situación de la Iglesia católica era de privilegio, mientras que hasta 1992 se encontraba sin tener siquiera reconocimiento jurídico, aparte de otras limitaciones para su quehacer religioso, político y social. Para entender este proceso es menester recurrir a la historia constitucional de México.

En la Reglamentación Provisional Política del Imperio Mexicano, del 18 de diciembre de 1822, quedó establecido en el Artículo 3: “La nación mexicana, y todos los individuos que la forman y formarán en lo sucesivo, profesan la religión católica, apostólica, romana, con exclusión de toda otra. El gobierno, como protector de la misma religión, la sostiene y sostendrá contra sus enemigos. Reconoce por consiguiente la autoridad de la Santa Iglesia, su disciplina y disposiciones conciliares, sin perjuicio de las prerrogativas propias de la potestad suprema del Estado”. (1)

Idéntico principio se plasmó en el Acta Constitutiva de la Federación, expedida el 31 de enero de 1824 (2), y en la Constitución de las Siete Leyes, de fines de 1835, volvió a reafirmarse dicho principio. (3)

Sin embargo, las cosas tendían a cambiar. Las fuerzas de avanzada, representadas por el liberalismo decimonónico, estaban dispuestas a terminar con los privilegios de la Iglesia y a abrirle paso al desarrollo capitalista, a la tolerancia y al progreso. En consecuencia, había que derrotar al clero vaticanista. Y se le derrotó. La Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma consumaron la separación entre la Iglesia y el Estado, golpearon el poder económico del clero y reglamentaron su participación en la educación.

Con la gran Revolución de 1910-1917, las condiciones empeoraron para la Iglesia católica. La Constitución de 1917 acentuó las tendencias anticlericales. De esta manera, en el Artículo 3º quedó asentado en su fracción IV: “Las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades por acciones que, exclusiva o predominantemente realicen actividades educativas, y las asociaciones o sociedades ligadas con la propaganda de cualquier credo religioso, no intervendrán en forma alguna en planteles en que se imparta educación primaria, secundaria y normal y la destinada a obreros o a campesinos”. (4)

Se conservaron las adiciones a la Constitución del 57 introducidas en 1873 y que prohíben el establecimiento de órdenes monásticas.

En el artículo 24, se ratificó la libertad de creencias y se precisó: “Todo acto religioso de culto deberá celebrarse precisamente dentro de los templos, los cuales estarán siempre bajo la vigilancia de la autoridad”. (5)

El artículo 27 señalaba que las iglesias no pueden poseer bienes raíces y que los templos destinados al culto religioso son propiedad de la nación.

El artículo 130 profundizó las limitaciones de los ministros religiosos y colocó a México en una situación excepcional en el mundo, sobre todo si se toma en cuenta que su población es mayoritariamente católica.

La situación descrita de la Iglesia católica en el terreno jurídico, era producto directo del desarrollo histórico nacional. Su situación, pues, se la había ganado a pulso. El alto clero se opuso a Hidalgo y la revolución de Independencia, a la Reforma y la Constitución de 1857, a la Revolución mexicana y la Constitución de 1917, apoyó la Intervención francesa, el golpe reaccionario de Victoriano Huerta en 1913, y se colocó, en general, a favor de las fuerzas de la reacción y la antipatria.

En 1992 se introdujeron cambios reaccionarios en materia religiosa y se abrieron las puertas de par en par a la activa militancia política del clero dependiente de Roma. Los resultados están a la vista.

En la actualidad, ante la profundización de la crisis del PAN en la conducción del Estado, que se expresa en el nulo crecimiento económico, la desindustrialización, los salarios de hambre, la destrucción de sindicatos y contratos colectivos de trabajo, el seguidismo antinacional de los intereses y proyectos del imperialismo norteamericano, la eliminación paulatina de la seguridad social y el auge sin precedentes del narcotráfico y el crimen organizado, el clero político no quiere quedar fuera de la inevitable recomposición política que se avecina y que puede traer el triunfo del PRI, gracias a la política suicida pro panista de la dirección de Jesús Ortega en el PRD. Allí se localiza la explicación del activismo político de la clerecía, con el primitivismo y la rusticidad que lo caracterizan.

Notas

(1)“Antecedentes constitucionales e históricos del Artículo 24”, en Los derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones, t. IV, México, M. Porrúa Lib., 1978, p. 382.
(2)“Acta Constitutiva de la Federación”, en Ibíd., t. I, p. 432.
(3)Ibíd., p. 384.
(4)Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (texto vigente en julio de 1987), en Enciclopedia de México, t. III, México, Enc. de M. SEP, MCMLXXXVII, p. 1764. (Entrada “Constituciones”).
(5)Ibíd., p. 1768.

La Haine