?Je suis un terroriste?

Nos acercamos al lugar del arresto con la intención de mostrarle cariño a nuestro compañero detenido. Intentamos disimular su cautiverio con unos gritos que le hagan llevar nuestro afecto y compañía. Cuanto sin sentido al observar calles oscuras repletas de policías, para detener a un joven que no tiene más armas que sus ideas, sus palabras y su camiseta del Che Guevara.

Unos jóvenes, como tantos otros, perseguidos por su actividad pública y compromiso político con el movimiento juvenil y popular. Jóvenes que nunca debieron ser detenidos, que en un estado garantista jamás hubieran sido encarcelados, ni mucho menos enviados al infierno de la incomunicación, periodo sobre el que, en su sentencia del caso Egunkaria, la propia Audiencia Nacional admitió que podía facilitar la tortura y sobre el que constató la existencia de espacios opacos en dependencias policiales, “que no garantizaron un control judicial suficiente y eficiente de las condiciones de la misma”. Pero lo que hubiera debido ser norma jurídica para su erradicación no lo es y la oscuridad sigue siendo la única practica. Poco se puede esperar de un tribunal de excepción ajeno a la formalidad democrática y al dictado de órdenes políticas. Una continuación de la judicatura del franquismo que sólo cambió de nombre, se trasladó unas pocas manzanas, y en un edificio nuevo con una nueva fachada no quiso cambiar los sótanos.

Intentamos dar un último agur a nuestro amigo, pero interpretan que nuestro cariño es enaltecimiento del terrorismo y por eso unos encapuchados tratan de impedírnoslo. Se va nuestro amigo y se hace el
silencio, la incertidumbre, la desazón, el temor a que sea maltratado, el terror al pensar en la tortura. Si su actividad era conocida y pública, que necesidad había de incomunicarlos, sino es por otras razones que buscan forzarles a autoinculparse o a inculpar a terceros. Le llaman con cinismo “eficacia”.

Tras el túnel de la incomunicación es el turno de Grande Marlaska. Él fue una vez más quien puso autoría a la orden de captura, quien decretó la incomunicación, quien se negó a designar cualquier medida o protocolo que pudiera prevenir los malos tratos y la tortura. El mismo juez que se ha negado tantas veces a recibir a los jóvenes que, pretendiendo evitar el paso por comisaría, se presentaban
voluntariamente ante él.

Sabe bien, que si no diera por buenos los testimonios obtenidos bajo tortura, contribuiría a su erradicación, pero nuestro juez es un funcionario eficaz que prefiere que estas personas pasen ante él con todos sus derechos suspendidos y vulnerados. Necesita de la habilidad de los métodos policiales y ha decidido encarcelarlos, porque sobre todo es una orden de su amigo el ministro. Es esa obediencia a su amigo la que le proporciona medallas al mérito policial. Que importa que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos prohíba a los jueces "aceptar premios de los intervinientes en
los procesos" porque se "crea un compromiso con sus benefactores". Que más da, también la bolsa, las simulaciones de violación, los tocamientos, los golpes, las posturas forzadas hasta la extenuación,
los insultos y presiones sicológicas también están prohibidos, pero una vez más, el señor juez, vuelve a escuchar las denuncias de torturas por parte de unos jóvenes.

Mientras, los familiares intentan hacer oír su voz, sin embargo esta vez no hay cámaras, ni más respuesta que el silencio. Silencio obediente en sus medios, silencio cobarde en el Defensor del pueblo. Silencio en el salón de plenos de Burlada, donde los concejales de los partidos que firman pactos de terror contra las libertades tratan de impedirles la palabra. Una actitud que pretende negar e imposibilitar las denuncias de torturas. Un ladrillo más de ese muro de silencio que
en el Estado español hay construido para ocultar la cruda realidad de la tortura.

No es casual que Burlata esté en el centro de su diana represiva. Su dinámica juventud se ha significado en la construcción de espacios de autogestión, trabajando por unas fiestas populares, en favor del euskera, o en la defensa de derechos como el de la vivienda o de los servicios públicos en riesgo de ser privatizados. Una localidad con cinco presos políticos, cuatro de ellos menores de 30 años. Con quince jóvenes, varios de ellos encarcelados tras haber denunciado torturas, que hoy día se encuentran la espera de juicio o sentencia, con peticiones de decenas de años de cárcel. A los que hay que añadir más señalados en nuevas listas negras policiales.

No podemos permanecer impasibles ante esta violenta persecución, es necesaria una respuesta democrática de todas aquellas personas y colectivos que en Burlata defiendan los derechos humanos, civiles y políticos de todas las personas, reconociendo el derecho que todos los proyectos políticos tienen a ser desarrollados, y reclamando la desaparición de las persecuciones, detenciones y torturas. En el Acuerdo de Gernika podemos disponer de un espacio de encuentro de toda la ciudadanía de Burlata dispuesta a saltar ese muro del silencio. Con la altura de miras que la gravedad de la situación requiere.

Es un auténtico insulto a toda la ciudadanía considerar terroristas a quienes se destacan en la organización de nuestros olentzeros, gaztetxes o fiestas populares. Mentira mil veces repetida, excusa para justificar la persecución ideológica del disidente. No hay nada nuevo en sus manuales de contrainsurgencia. Terroristas o bandidos fueron los maquis para las leyes franquistas, como también lo fueron los partisanos para los ejecitos nazis, quienes, tras ejecutar a las personas que acusaban de pertenencia o colaboración con la Resistencia, las ahorcaban con un cartel de advertencia colgado al cuello con la leyenda “je suis un terroriste”.