Zapatero presenta ante la UE el paquete de recortes sociales

El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, presentó ayer en el Consejo Europeo una lista de medidas para ejecutar un plan de saneamiento de la economía española con el fin de reducir el gasto público e incentivar la gestión privada de determinados sectores estratégicos, medidas que sirvan para contentar a los mercados y evitar un "contagio" de la crisis portuguesa. Las dos más destacadas hoy por la prensa son la intención de ligar el gasto al aumento del PIB y las iniciativas para hacer aflorar la economía sumergida, especialmente los empleos ocultos. La intención del Gobierno es aplicarlas no más tarde del verano, para que el próximo ciclo presupuestario comience con una mayor recaudación impositiva.

La lucha contra el déficit público se reforzará con la incorporación a la Ley de Estabilidad Presupuestaria una regla de gasto que limitará la capacidad de gasto de las Administraciones, vinculándola al crecimiento del PIB nominal a medio plazo y suprimiendo los subsidios, subvenciones e inversiones públicas que no ofrezcan rentabilidad visible. La norma será de obligado cumplimiento para el Gobierno central y se intentará involucrar a las comunidades autónomas para que la incorporen a su normativa interna. Zapatero hizo este anuncio en la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo y confió en poder alcanzar un acuerdo con el PP para aplicar este techo de gasto en las comunidades en las que gobiernan PSOE y PP. Además abogó por tener en cuenta la existencia de superávit y por condicionar su destino, por ejemplo para amortizar la deuda, cuestión que remitió al próximo debate del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Todo indica que la ejecución de este techo de gasto comenzará a aplicarse tras las elecciones municipales y autonómicas, dado que los dos grandes partidos reconocen el efecto desgaste que puede tener esta medida de cara a cualquier proceso electoral.

La segunda medida novedosa es la intención del Gobierno de descubrir parte de los cuatro millones de empleos sumergidos que, según varios cálculos que reflejan los diarios, existen en España para así reducir la tasa de paro. Para ello en abril aprobará un plan para legalizar el empleo irregular mediante incentivos a las empresas para que "reconduzcan a la normalidad" a sus trabajadores ilegales. Habrá un plazo de dieciocho meses, desde junio de este año a diciembre de 2012, para que las empresas puedan legalizar a estos trabajadores sin consecuencias graves. Los incentivos, cuyos beneficiarios serán únicamente las empresas y contratistas, no ofrecerá mejoras a los trabajadores.

Además, el jefe del Ejecutivo enumeró ante sus socios de la UE otra serie de medidas, algunas en proceso de negociación, como la reforma de la negociación colectiva que, según aseguró Zapatero se plasmará en un proyecto de ley antes de finales de abril. Subrayó que este acuerdo "aportará confianza" en la recuperación de la economía española y consideró que "no hay ninguna urgencia si quedan 15 ó 20 días para el acuerdo". También expresó el compromiso de culminar antes del 30 de septiembre la reestructuración del sistema financiero para adaptarlo a los nuevos requisitos de capitalización.

Por otro lado, el Consejo de Ministros creará el próximo viernes una Comisión Asesora de Competitividad, formada por siete "sabios", que se encargará de realizar un seguimiento y análisis "riguroso e independiente" de la evolución de la competitividad.

Estas medidas se completan con el proyecto de ley concursal aprobado el pasado día 18, que facilita la refinanciación de la deuda de empresas que se declaren en concurso de acreedores, con un proyecto de ley de servicios profesionales que desarrolle íntegramente la directiva europea y con el desarrollo previsto de las políticas activas de empleo, mediante planes anuales negociados con autonomías y agentes sociales, con especial atención a la mejora de la Formación Profesional. El punto más negativo es la alteración en la prelación de beneficiarios de los pagos de las empresas en concurso, donde aquellas empresas en suspensión de pagos podrán "relajar" las obligaciones de crédito frente a sus trabajadores.

De los 17 países del Euro y los seis de la UE que se han comprometido con el Pacto del Euro, sólo cuatro anticiparon ayer sus compromisos. Junto a España, remitieron su carta con sus compromisos al presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, Francia, Alemania y Bélgica. El resto de países tiene obligación de presentarlo antes de junio.