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México: La megamarcha del 7 de abril
Después de realizar varios mítines y manifestaciones en marzo y abril; celebrar asambleas y discusiones en sindicatos, secciones y delegaciones sindicales; organizar y efectuar conferencias, mesas redondas y foros de análisis de la propuesta priísta de reforma a la Ley Federal del Trabajo, se llevó a cabo el pasado 7 de abril una megamarcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, convocada por el Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas. El acto fue todo un éxito.
El documento en que se convocó a la manifestación, termina con consignas que abordan, correctamente, los temas del día del movimiento obrero, campesino y popular: la contrarreforma laboral del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional; los conflictos del Sindicato Mexicano de Electricistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana y los trabajadores de Mexicana de Aviación; las huelgas del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora y del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Posgraduados; la libertad de Miguel Márquez Ríos (SME), Francisco Jiménez Pablo (MOCRI-CNPA-MN) y de los 53 presos políticos del Movimiento Campesino Regional Independiente-Coordinadora Nacional Plan de Ayala- Movimiento Nacional, el SME y los mineros; la presentación con vida del profesor Carlos René Román Salazar, desaparecido reciente de la Sección 22 del SNTE-CNTE, y el cambio de fondo en la política de combate al crimen organizado con el regreso del Ejército y la Marina a sus cuarteles.
Las decenas de miles de trabajadores que participaron en la megamarcha eran integrantes del SME, la Unión Nacional de Trabajadores, el Frente Sindical Mexicano, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, el Consejo Nacional de Organizaciones Rurales y Pesqueras, el sindicato minero-metalúrgico y el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, así como núcleos de técnicos y profesionistas petroleros, trabajadores académicos y administrativos de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Autónoma Chapingo, sobrecargos y pilotos, otros gremios, militantes del Partido Comunista de México y estudiantes. Las consignas coreadas hacían referencia al carácter antiobrero y esclavizador del proyecto laboral priísta-panista, la inseguridad en el país, la represión de los movimientos sociales y la existencia de presos políticos.
El desplegado del Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, publicado el 6 de abril del año en curso, convocó a todas las organizaciones sindicales, campesinas y ciudadanas, a las mujeres y en especial a los estudiantes y desempleados, a participar en la Jornada Nacional de Lucha del jueves 7 de abril. La convocatoria fue bien respondida. En ese mismo documento se plantea con claridad: “1. Recientemente, el Partido Revolucionario Institucional presentó su Iniciativa de Reforma Laboral, inspirada por la STPS y los abogados patronales que, de ser aprobada, implicaría un grave retroceso en los derechos fundamentales de los actuales trabajadores, así como de los jóvenes que aspiran a incorporase a futuro en el mercado de trabajo.
“2. Esta propuesta del PRI introduce criterios de flexibilidad forzosa como la legalización del outsourcing (contratación vía terceros), la ampliación de los periodos de prueba y el otorgamiento de todo tipo de facilidades para despedir al personal con los menores costos posibles para los patrones. Con ello se reduce drásticamente la estabilidad en el empleo y se fomenta la rotación de los trabajadores sin adquirir derechos, en total desprotección en cuanto a condiciones de trabajo, enfermedades profesionales, derechos de ascenso y salarios.
“3. Este proyecto no contiene avances en temas cruciales como la democracia y libertad sindical, la equidad de género, la transparencia o la rendición de cuentas, por lo contrario incluye disposiciones que socavan la bilateralidad, que impiden a los sindicatos gremiales la afiliación de otros trabajadores de su sector y que dificultan, aún más, los procesos para demandar la titularidad de un contrato colectivo o ejercer el derecho de huelga. Se trata, en síntesis, de una iniciativa regresiva que expresa claramente la política empresarial del actual gobierno que, no está de más recordarlo, ha generado numerosos conflictos laborales sin solución. Tal como ocurre con los mineros, los electricistas del SME y los trabajadores de Mexicana de Aviación”.
El remitido critica la política antinacional del gobierno espurio de Felipe Calderón en materia agropecuaria, que ha profundizado la dependencia alimentaria e impedido aplicar iniciativas que reviertan tan situación; denuncia la contraproducente estrategia de combate al crimen organizado, con su secuela de “militarización del territorio nacional, criminalización de la protesta social, persecución, encarcelamiento y asesinato de líderes sociales en Chiapas, Morelos y otras muchas entidades federativas; así como el incremento de las violaciones a los derechos humanos de la población”.
El Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, precisa: “8. El gobierno federal no ha detenido el proceso de precarización que afecta a la mayoría de los mexicanos. En vez de ello, asumió decisiones obtusas y posiciones sumisas que lo llevaron a sostener la misma política económica vigente desde hace 30 años y a iniciar una guerra insensata y a todas luces contraproducente con el crimen organizado. El saldo, ya lo conocemos: se han vulnerado nuestros derechos individuales y colectivos y se ha hipotecado el futuro de nuestros hijos, cuya aspiración a contar con una vida digna, es ahora la razón que justifica la lucha de nuestro movimiento”.
Para llevar adelante la lucha por una verdadera democracia participativa y un nuevo modelo de desarrollo, la democratización del mundo del trabajo, la reactivación del campo y el respeto a los derechos humanos, el Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas se propone la vertebración un amplio frente social, teniendo como base la confluencia de los movimientos sindicales, campesinos y ciudadanos.
Ante el proyecto regresivo del PRI, amplias fuerzas del espectro político y social de México han pasado a plantear sus posiciones, e igualmente algunas organizaciones latinoamericanas. En la prensa nacional se han insertado desplegados del Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM, el Frente Sindical Mexicano, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo (Grupo Parlamentario de la Asamblea Legislativa del DF), la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios y otras organizaciones sindicales, sociales y políticas.
Entre las organizaciones de la Patria Grande que han sometido a crítica la iniciativa de reforma del PRI está la ALAL, que en una carta publicada el 26 de marzo en “El Correo Ilustrado” de La Jornada, expresa: “Los miembros de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL) leímos con asombro el proyecto de reforma laboral que presentó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) el 10 de marzo, ya que el PRI durante todo el siglo XX presumió por todo el mundo el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo (LFT) de 1970, del maestro Mario de la Cueva, y ahora se vuelve radicalmente contra ellos.
“El PRI en el artículo 539 de su modelo reconoce empresas de mano de obra, que la vuelven una mercancía, no un derecho humano, como lo considera la LFT actual. La estabilidad en el empleo, orgullo de la Constitución mexicana y la LFT, ahora la sustituye por empleos precarios y facilita el despido patronal, con lo que degrada la base de todo el derecho laboral. Con la tercerización o patrón intermediario, permite la simulación y desprotege al trabajador de sus derechos, con formas de contratación fraudulentas. Todo lo cual atenta contra el trabajador y los sindicatos, porque ocurrirá lo que pasó en Colombia con ley de 1990: los sindicatos quedaron sin empleos estables o de planta, lo que destruye o debilita a los que sobreviven.
“En la exposición de motivos, el PRI afirma que su proyecto va a generar empleos, lo cual es falso y todo el mundo lo sabe, porque en Argentina, Colombia, Brasil, Perú, España y otros países, entre 1990 y 1996, se ensayó ese modelo y en todos fracasó: lejos de crear empleos, precarizaron los existentes y abarataron los salarios ¿Puede una ley laboral reformada ir en contra de la Constitución, siendo ésta la Ley Suprema de una nación? La ALAL rechaza ese proyecto, por ser contrario al derecho laboral universal.
“Estamos convencidos que los trabajadores mexicanos impedirán el retroceso histórico que proponen las propuestas del PRI y el PAN”.
Suscriben la anterior misiva, Luiz Salvador (Brasil), Luis Ramírez (Argentina), Estrella Zúñiga (Chile), Hugo Barreto (Uruguay), F. Iturraspe (Venezuela), Manuel Muñoz (Colombia), Lidia Guevara (Cuba) y José Luis Contreras (México). Durante la megamarcha del 7 de abril se escucharon voces acerca de que la reforma laboral priísta-panista se está desmoronando, pues hay división en el seno de la fracción de legisladores del tricolor, una fuerte oposición del grupo de diputados de la Confederación Nacional Campesina, inconformidad de algunos sindicatos, federaciones y centrales alineadas con el PRI y, algo que es menester resaltar, la movilización de masas que ha concitado el famoso proyecto de marras, movilización que tiende a incrementarse y a expresarse en la calle. Así andan las cosas.
