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El Plan de Ayala de 1911 y el del siglo XXI
De peones, ejidatarios, comuneros y minifundistas durante la Revolución mexicana, los años del caudillismo revolucionario, el período de reformas estructurales (1934-1940) y la segunda mitad de la dominación del Partido Revolucionario Institucional, etapas que permitieron forjar los instrumentos orgánicos representativos: el Ejército Libertador del Sur y la División del Norte, la Liga Nacional Campesina, la Confederación Campesina Mexicana, la Confederación Nacional Campesina y la Central Campesina Independiente, que pusieron en pie a caudillos, jefes y dirigentes de la talla de Emiliano Zapata y Francisco Villa, Úrsulo Galván, Graciano Sánchez y Ramón Danzós Palomino. La creación de estas organizaciones y líderes del campesinado es una de las características distintivas del movimiento social en México.
La Revolución en el Sur, jefeada por Emiliano Zapata, tuvo como bandera el Plan de Ayala, expedido el 28 de noviembre de 1911 durante el gobierno de Francisco I. Madero, a quien desconocía, y llamaba a pelear por los siguientes puntos: “6º Como parte adicional del plan que invocamos, hacemos constar: que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la justicia venal, entrarán en posesión de esos bienes inmuebles desde luego, los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos, correspondientes a esas propiedades, de las cuales han sido despojados por mala fe de nuestros opresores, manteniendo a todo trance, con las armas en las manos, la mencionada posesión, y los usurpadores que se consideren con derechos a ellos, lo deducirán ante los tribunales especiales que se establezcan al triunfo de la Revolución.
“7º En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son mas dueños que del terreno que pisan sin poder mejorar en nada su condición social ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura, por estar monopolizadas en unas cuantas manos, las tierras, montes y aguas; por esta causa, se expropiarán previa indemnización, de la tercera parte de esos monopolios, a los poderosos propietarios de ellos a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fundos legales para pueblos o campos de sembradura o de labor y se mejore en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos.
“8º Los hacendados, científicos o caciques que se opongan directa o indirectamente al presente Plan, se nacionalizarán sus bienes y las dos terceras partes que a ellos correspondan, se destinarán para indemnizaciones de guerra, pensiones de viudas y huérfanos de las víctimas que sucumban en las luchas del presente Plan.
“9º Para ejecutar los procedimientos respecto a los bienes antes mencionados, se aplicarán las leyes de desamortización y nacionalización, según convenga; pues de norma y ejemplo pueden servir las puestas en vigor por el inmortal Juárez a los bienes eclesiásticos, que escarmentaron a los déspotas y conservadores que en todo tiempo han querido imponernos el yugo ignominioso de la opresión y el retroceso”. (Arnaldo Córdova, La ideología de la Revolución mexicana, México, IIS UNAM Ed. Era, 2ª ed., 1973, p. 437).
Los historiadores extranjeros y el Plan de Ayala
Como es bien sabido, en el estado de Morelos y partes de los estados de Puebla, México y Guerrero el campesinado, bajo la conducción del Ejército Libertador del Sur, logró establecer, transitoriamente y con cambios territoriales permanentes, un poder propio. Ello no es algo ajeno a la experiencia de los campesinos de algunos otros países. Por ejemplo, en China, durante la Revolución Taiping, se impuso un poder campesino durante diez años, que la historiografía de ese país llama “poderoso Estado campesino”. (Véase El Movimiento del Reino Celestial Taiping, Pekín, Ed. en L. Extr., 1979, pp. 32 y 144).
La experiencia revolucionaria del zapatismo en la segunda década del siglo XX ha atraído y atrae la atención de muchos investigadores de Estados Unidos, Francia, la ex Unión Soviética, Alemania y otros países, y sobre el Plan de Ayala se han escrito, se escriben y con toda seguridad se seguirán escribiendo no pocas páginas. Así, un autor escribía: “…La aceptación de este programa agrario, a partir de ahora, se convirtió en el criterio decisivo del movimiento campesino en el sur con respeto a la colaboración con otras agrupaciones.
“El movimiento de la revolución agraria, en los siguientes meses, se extendió rápidamente a los estados vecinos de Morelos. En julio de 1912 el general en jefe del ejército federal en Morelos, declaró que la campaña contra el movimiento agrario es similar a aquella contra los indígenas yaquis durante el tiempo de Díaz y por ello debe de ser llevado con los mismos medios, exterminación y aniquilación. El gobierno de Madero estaba dispuesto a ello”. (Hans Jürgen Harrer, 1910-1917. Raíces económicas de la Revolución mexicana, trad. de Ingrid Geist, México, Ed. “Taller abierto”, 2ª ed., 1983, p. 113)
Dos estudiosos cubanos percibían el programa zapatista de la siguiente manera: “Lo más significativo del Plan de Ayala era que no constituía una promesa de redistribución agraria para ser cumplido después del triunfo de la revolución, sino un programa de aplicación inmediata en todos los territorios que fueran dominando las fuerzas rebeldes. Ello ponía en manos de los campesinos armados, y no del Estado burgués, la ejecución de las medidas revolucionarias. Su principal limitación era la no inclusión de las reivindicaciones de los demás sectores oprimidos, la clase obrera, por ejemplo. Respondía, por lo tanto, a una visión parcial y, hasta cierto punto, local, de los problemas del país. A pesar de ello, cierta perspectiva de un nuevo ordenamiento nacional se bosquejaba, en forma más o menos explícita, a través de todo el articulado, sobre todo en los acápites 1, 3, 13, 13 y 15”. (Omar Díaz de Arce y Armando Pérez Pino, México: Revolución y reforma 1910-1940, México, Presencia Latinoamericana, 1983, p. 32).
Para Gerrit Huizer: “…A pesar de que muchas tierras habían sido ya tomadas por las comunidades, la primera restitución que tuvo lugar con carácter oficial, de acuerdo con el Plan de Ayala, fue la que se realizó en Ixcamilpa, estado de Puebla, el 30 de abril de 1912.
“Por otra parte, hubo una fuerte reacción de los hacendados, quienes en una reunión de la Cámara Agrícola de México decidieron formar grupos de voluntarios para combatir a los campesinos rebeldes. Las fuerzas oficiales empezaron a deportar a los habitantes de aldeas enteras, a fin de suprimir el movimiento zapatista, quitándoles sus medios de subsistencia y apoyo”. (Gerrit Huizer, La lucha campesina en México, México, C. de Inv. Agr., 1970, pp. 21-22)
Un expositor de la historiografía soviética tradicional, Nikolái M. Lavrov, en clara divergencia con Anatoli Shulgovski y otros historiadores influenciados por Gramsci, planteaba acerca del Plan de Ayala: “Se trata de un programa que da solución revolucionaria al problema agrario. Sin embargo, contiene serios defectos. En el artículo 6º se habla, por ejemplo, de la entrega de la tierra a los campesinos y pueblos que dispusieran de documentos probatorios de su derecho de posesión, no obstante que la gran masa de campesinos y comunidades carecía de ellos. Se estipula la indemnización parcial de las propiedades expropiadas a los terratenientes. Estos errores contenidos en el Plan se explican por la espontaneidad y débil organización de la lucha campesina, y, además, por el hecho de que los campesinos no contaban con verdadera dirección revolucionaria.
El proletariado, que se hallaba bajo la influencia de líderes anarcosindicalistas, no pudo ponerse al frente de la lucha campesina. Cerca de Zapata y Villa --principales jefes del movimiento campesino-- se encontraban toda suerte de compañeros de viaje, pequeño-burgueses que envolvían las reivindicaciones revolucionarias con el manto de la “legalidad”. Con todo, el Plan de Ayala jugó importante papel en el ascenso posterior de la revolución, y, ante todo, en la movilización de las masas campesinas en la lucha por la tierra, en el desenvolvimiento de la revolución agraria”. (N. M. Lavrov, “La Revolución mexicana de 1910-1917”, en La Revolución mexicana. 4 estudios soviéticos, trad. de Alejo Méndez García y Arnoldo Martínez Verdugo, México, ECP, 4ª reimpr., 1979, pp. 106-107)
Dos historiadores soviéticos ampliamente conocidos en México por sus diversos estudios en torno a la historia nacional, señalaban acerca del programa zapatista: “En la práctica, el Plan de Ayala debía conducir en la inmensa mayoría de los casos, a la confiscación de la tierra sin indemnización alguna, ya que los terratenientes luchaban en contra del programa agrario de los campesinos revolucionarios. En todo el territorio controlado por las tropas de Zapata, este punto del plan comenzó a ponerse en vigor de inmediato. Los campesinos quemaban las haciendas, mataban a los latifundistas y a sus administradores.
“El movimiento campesino encabezado por Zapata y nacido en el estado de Morelos, comenzó a extenderse rápidamente a otros estados: Puebla, México, Veracruz, Michoacán…” (M. S. Alperóvich y B. T. Rudenko, La Revolución mexicana de 1910-1917 y la política de los Estados Unidos, trad. de Makedonio Garza, Armén Ohanián, Ma. Teresa Francés y Alejo Méndez García, México, ECP, 12ª reimpr., 1984, p. 100)
Un análisis verdaderamente “cuadrado” y que no entiende la dinámica de las rebeliones y movilizaciones de masas de los campesinos, es el de Nunes: “Pero el Plan de Ayala reconoce el derecho de propiedad privada a los pueblos y a los individuos; no se dirige de manera explícita al proletariado urbano e industrial. Las proposiciones de nacionalización y de expropiación que postula sólo se refieren a una parte --los dos tercios-- de la gran propiedad territorial y a ciertos hacendados. En el plano internacional, el Plan de Ayala no hace llamamiento alguno al internacionalismo revolucionario. Todo eso lo diferencia de modo radical del Programa de 1911, de los hermanos Flores Magón. Los artículos más importantes del Plan de Ayala --6, 7 y 8-- son, no obstante, expresiones originales, que brotan en forma directa de la realidad histórica del pasado y el presente del estado de Morelos: en ese regreso al pasado colonial y precolonial hay que buscar la especificidad del programa y del movimiento zapatista”. (Américo Nunes, Las revoluciones de México, trad. de Floreal Mazía, Buenos Aires, Ed. Huemul, 1977, 217).
El Plan de Ayala Siglo XXI
Desde Ayoxuxtla, Puebla, el 28 de noviembre de 2011, al cumplirse el centenario del Plan de Ayala, el Movimiento Regeneración Nacional y el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, Frente Democrático Campesino de Chihuahua, Central de Organizaciones Campesinas y Populares, Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Central Campesina Cardenista, Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, Organización Campesina Emiliano Zapata y otras organizaciones campesinas e indígenas lanzaron el Plan de Ayala Siglo XXI.
El documento precisa: “Emiliano Zapata y el Ejército Liberador del Sur fueron capaces de recoger en el Plan de Ayala las aspiraciones y demandas históricas de los campesinos y los pueblos indios; con ello, lograron plasmar por primera vez en la historia independiente de nuestro país una identidad propia y una propuesta original y autónoma para imprimir un verdadero curso revolucionario a las rebeliones antiporfiristas iniciadas el 20 de noviembre de 1910. “Asimismo, con el Plan de Ayala los campesinos hablaron por sí mismos, sin intermediaciones ni subordinaciones, y pasaron del reclamo a la acción organizada desde abajo y por los de abajo en torno a un programa de lucha no solamente para los campesinos y pueblos indígenas, sino también para la verdadera transformación democrática, económica y social del país entero.
“El Plan de Ayala también fue el instrumento que permitió forjar la mayor de las alianzas campesinas y con esto, la mayor fuerza político-militar de la revolución mexicana a través del encuentro del Ejercito Liberador del Sur y la poderosa División del Norte, comandados por los generales Emiliano Zapata y Francisco Villa. Juntos los ejércitos campesinos indígenas del sur y los ejércitos campesinos mestizos rancheros del norte fueron capaces de imponer a al carrancismo un pacto social para el campo que recogió gran parte del espíritu del Plan de Ayala en el Artículo 27 de la Constitución Política de 1917, en el que se reconocen los derechos de las comunidades a sus tierras y aguas, el fin de los latifundios y el reparto agrario para la constitución de los ejidos”.
“Gracias a la revolución mexicana se conquistó la restitución de las tierras para las comunidades y la dotación de poco más de 100 millones de hectáreas de ejidos a millones de campesinos e indígenas y sus familias, llevando a cabo una de las reformas agrarias más radicales del siglo XX”.
En el Plan de Ayala Siglo XXII se establece con claridad: “Como contraparte, se propició un sistema de control político del campesinado, ahogando su independencia, autonomía y creatividad, promoviendo formas clientelares y corporativas, paternalistas y autoritarias de relación entre el gobierno, los ejidos, las comunidades y las organizaciones campesinas desde lo local hasta lo nacional y utilizando los recursos e instituciones públicas en forma corrupta e ineficiente.
“El pacto social con el campo surgido de la revolución mexicana y plasmado en la constitución de 1917 se fue desgastando progresivamente en los años sesenta y setenta hasta que a partir de 1982 se rompe definitivamente el modelo del Estado benefactor y se impone el modelo económico y agroalimentario neoliberal en nuestro país, proclamando el fin del nacionalismo revolucionario y abriendo una etapa de franca contrarrevolución agraria y social.
“La contrarreforma agraria y el rompimiento del pacto social surgido de la revolución mexicana se profundizan con la llegada del salinismo a la presidencia de la república por la vía del fraude electoral a través de las siguientes acciones: a) contrarreforma del artículo 27 constitucional estableciendo el fin del reparto agrario, el ataque a la propiedad social de la tierra y la promoción de la privatización de la tierra, aguas y recursos territoriales de ejidos y comunidades; b) liberalización desventajosa del comercio agropecuario y forestal y entrega de nuestra soberanía alimentaría a los intereses hegemónicos de Estados Unidos y de las corporaciones agroalimentarias a través de la negociación y puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); c) desmantelamiento de las instituciones y programas de fomento y regulación del sector agroalimentario y privilegio a los nuevos hijos predilectos del régimen neoliberal: los agricultores comerciales del norte y las grandes corporaciones agroalimentarias; y, d) desarrollo de formas renovadas de control corporativo del campesino a través del Consejo Agrario Permanente (CAP), marginando y reprimiendo a las organizaciones campesinas autónomas e independientes”.
Con una descripción y análisis de lo ocurrido en México de 1982 a 2011, denuncia la política que han establecido los gobiernos del PRI y el PAN. Para romper esta situación, se llama a los campesinos e indígenas a luchar por los siguientes ejes:
“Primero. El campo, los campesinos y pueblos originarios serán considerados como prioridad del nuevo proyecto de nación y un asunto de la seguridad nacional y humana. Lucharemos por el reconocimiento y restitución de la dignidad, valor fundamental de los campesinos y campesinas, de los pueblos originarios y los jornaleros agrícolas, de los migrantes, mujeres y jóvenes rurales, para la construcción de un nuevo proyecto de nación y de un nuevo pacto social para el campo y como sujetos plenos de derecho, reconociendo nuestra autonomía y calidad de sujetos productivos. Lucharemos por eliminar el clientelismo y el corporativismo en la relación del Estado con la sociedad rural, promoviendo el desarrollo de la ciudadanía, la inclusión y el respeto pleno de los derechos humanos, y porque se reconozca nuestra capacidad de autoorganización, autogestión y autonomía como sujetos rurales. Se otorgaran garantías para trabajar en el campo así como respeto y reconocimiento al trabajo de los campesinos.
“Segundo. Pugnaremos por el fortalecimiento de la propiedad social de la tierra y los recursos territoriales de ejidos comunidades, pequeños propietarios y pueblos originarios, revertiendo la contrarreforma agraria salinista y reconociendo los derechos, autonomía y capacidad de manejo sustentable de los recursos naturales por las comunidades campesinas e indígenas del país. Todavía es posible que muchos campesinos que no tienen tierra puedan acceder a ella, ya que existen muchos terrenos en los que hay simulación en la clasificación como los ganaderos y otros. Se establecerá una moratoria a los megaproyectos en zonas campesinas e indígenas hasta en tanto no sean concertados con ellas en el marco del interés público y del interés y los derechos de las propias comunidades así como se revisarán todas las concesiones mineras otorgadas en la última década a efecto de garantizar el cumplimiento de las leyes, la opinión de las comunidades, la afectación al medio ambiente y a los ingresos públicos.
“Tercero. La soberanía alimentaria, el derecho a producir nuestros propios alimentos, el derecho al trabajo, el derecho a no migrar y el derecho humano a una alimentación sana, suficiente y culturalmente apropiada constituirán la nueva base de las políticas agroalimentarias y de desarrollo rural del país. Se establecerá un sistema de precios remunerativos para los productos de los campesinos e indígenas y acceso al crédito e insumos. Se renegociará el TLCAN a efecto de rescatar la soberanía nacional en nuestro sistema agroalimentario y garantizar la seguridad alimentaria del país y la plena realización del derecho a la alimentación para toda la población rural y urbana. Se promoverá la autosuficiencia alimentaria sustentable, prioritariamente a través de la agricultura en pequeña y mediana escala, reconocimiento [reconociendo] la enorme y rica diversidad de sistemas agrícolas, e impulsando una política de acceso universal al crédito, seguro, asistencia técnica y servicios financieros rurales apropiados, de proximidad y de propiedad y gestión social. Se establecerá un sistema de precios mínimos garantizados, reservas públicas de alimentos y se prohibirá la siembra de maíz transgénico en nuestro país, porque sin maíz no hay país”.
“Sexto. Se establecerá un gobierno progresista, nacionalista, social, garante de los derechos humanos y con fortaleza económica --es decir, un gobierno de izquierda-- para impulsar otro sistema político, económico, agroalimentario, social y ambiental que responda a las necesidades del pueblo y de la nación y sea capaz de regular los mercados y desmantelar los monopolios y las prácticas anticompetitivas”. (Portal de la ANEC).
En la forma indicada, el Morena, Andrés Manuel López Obrador y las organizaciones campesinas e indígenas firmantes se proponen afrontar los problemas del campo, echar abajo el neoliberalismo y afrontar la situación de desastre en que han hundido y hunden al campo los gobiernos antinacionales y entreguistas de Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.
