El Salvador: Todos le fallaron a Manuela

Se llamaba Manuela, nombre ficticio por supuesto, habitante de una zona rural de una las regiones más pobres del Oriente del país, analfabeta, relativamente joven, que un día salió embarazada y nueve meses después se le vino el producto [feto] cuando defecaba en la fosa séptica. Fue trasladada al hospital de emergencia, de donde se denunció que había abortado, llegó la policía al lugar [su ranchito], sacó al niño muerto y la procesaron, condenándola a treinta años de cárcel por homicidio agravado.

El proceso estuvo plagado de irregularidades: el defensor público nunca habló con Manuela; la autopsia de Medicina Legal fue mal realizada e incompleta; los Jueces de Sentencia no emplearon la sana crítica, se llevaron por conjeturas y sesgos ideológicos como aquello de que Manuela había matado al niño porque era producto de una infidelidad y finalmente no tuvo acceso a casación porque hasta eso no llega la asistencia legal pública. La revisión del proceso tampoco fue aceptada por los mismo Jueces aduciendo formalidades y argumentos defensivos justificando su falta de prudencia elemental en todo juzgador. Todo el sistema de justicia en el país le falló a Manuela.

Pero no solamente la justicia le falló, también los servicios públicos de medicina y el sistema carcelario. En el proceso se evidenció que Manuela sufría de presión arterial alta lo cual lógicamente, había incidido en el parto espontáneo que tuvo, y esto era producto de una cáncer linfático que sufría desde hacía unos dos años, enfermedad mal tratada en el centro de salud público al que acudió. Le recetaban pastillas para la bola del cuello que tenía, un cáncer de Hodgkin. Ya en la cárcel su salud empeoró, no fue llevada regularmente a las sesiones de quimioterapia, y falleció en el 2009. Quedaron en la orfandad dos pequeños hijos sostenidos y educados, por su pobres abuelos, dos respetables personas de origen rural, marginadas, que no se explican por qué su hija entró viva a la cárcel y salió muerta.

La historia de Manuela no es aislada. Sucede con frecuencia en muchas mujeres jóvenes, rurales, analfabetas y pobres que sufren abortos espontáneos por diversas causas, de repente se les viene el producto mortinato, con placenta y cordón umbilical en bloque, caen desvanecidas por la pérdida de sangre, las llevan al hospital con bajísima hemoglobina, y allí el personal de salud – enfermeras, doctores-, “les sacan la verdad” para contribuir con la “justicia” olvidándose del secreto profesional. Para ellas no existe la presunción de inocencia. La respuesta de la “justicia” – al menos en unos cinco casos emblemáticos que he conocido-, es abrirles proceso inmediatamente y esposarlas en la cama hospitalaria, nunca les dan libertad provisional porque como son pobres no tienen “arraigo”.

En el curso del proceso la Fiscalía cambia el delito de aborto a homicidio agravado, la defensa pública es generalmente pasiva, las autopsias de Medicina Legal imperitas o negligentes, y los Jueces de Sentencia, las condenan sobre la base de conjeturas. La casación, antes la única apelación, y la revisión han sido remedios inalcanzables, la formalidad puede más que la justicia, consumándose así el triunfo de la misoginia oficial. El Salvador no hay que olvidar, se encuentra entre el reducidísimo “club” de países en el mundo – entre otros Chile, Malta, Nicaragua, República Dominicana, el Vaticano-, que castigan absolutamente el aborto, es decir que no contempla excepciones, solamente que aquí a diferencia de los otros, el delito es grave y encarcelan a la mujeres porque en nuestro país en esta materia, manda un reducido pero influyente y beligerante grupo de católicos que sostienen como la Sala de lo Constitucional, que las mujeres no tienen derecho a su propio cuerpo.

matatobar@yahoo.com
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