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22/07/2012 :: Argentina

[Vídeo] Torturas: No es una "cultura", es una política de estado

x CORREPI
Un vídeo muestra cómo se tortura a dos jóvenes presos en una comisaría al norte de Argentina. Intentan confinarlo a un “episodio aislado”, un “exceso”

En las imágenes se observa cómo un policía agarra de los pelos a un joven, casi un niño, preso maniatado y semidesnudo y comienza a asfixiarlo con una bolsa mientras otros dos agentes torturan en segundo plano a otro joven preso.

Los hechos sucedieron en el patio de una comisaría situada en el municipio de General Güemes, situada a 50 kilómetros de la localidad turística de Salta. Al preso al que asfixian se le oye decir "Te juro que no sé, te juro por Dios, te juro que yo no vi al asesino". El policía, mientras repite sin cesar la misma pregunta, le coloca la bolsa en la cabeza y se la aprieta. El recluso gime y grita basta, ahogándose.

Estos “apremios”, o sea, la tortura y los tormentos, son cotidianos en las comisarías y cárceles de Argentina, según María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). “El riesgo ahora es que esto se quede en una suerte de hecho aislado asociado a la situación de una provincia en particular. Cuando lo único particular de este caso, lo único que lo diferencia de muchos otros, es que trascendió y se hizo público. Pero la tortura es sistemática, las denuncias son cotidianas en la Argentina. Si entrás en nuestra página (http://correpi.lahaine.org ) y ponés tortura o tormento te van a salir cientos de ellas”.

La Coordinadora informa que el año pasado 145 personas fueron asesinadas por policías. A menudo, los agentes federales de las 23 provincias argentinas y de la capital suelen ocupar los titulares de periódicos con una amplia gama de delitos: sobornos a narcotraficantes, protección de prostíbulos, negocios con talleres textiles clandestinos, robo de coches y camiones, obligar a delincuentes comunes a que perpetren delitos, asesinato de otros policías… Y, por supuesto, torturas. El año pasado trascendió otro vídeo de torturas a presos grabado en el penal San Felipe de la ciudad de Mendoza.

“Las torturas no son hechos que se puedan atribuir a un loquito suelto o a la poca preparación de la policía en materia de derechos humanos”, señala Verdú. “Y no son producto de la herencia recibida por la dictadura de 1976-1983. La picana eléctrica fue inventada en una comisaría argentina en la década de los 30. Pero en el periodo 76-83, el Gobierno tuvo que recurrir al terrorismo de Estado. Y entonces, estos delitos se volvieron invisibles. Frente a 30.000 desaparecidos, ¿quién se iba a preocupar porque al preso común lo torturaban? Pero recurrir a la dictadura para buscarle una explicación a la tortura de ahora es una manera de despojar de responsabilidad al Estado y a los sucesivos Gobiernos. Es el Estado el que la ampara”.


lisis de CORREPI

Torturas: No es una “cultura”, es una política de estado

La difusión en Internet de un video obtenido con un celular que muestra la sesión de tormentos a la que son sometidos dos jovencitos en una comisaría de Salta provocó que el tema fuera “noticia” destacada en todos los medios del país. Como cuando se hizo público aquel otro video que mostraba a los marines yanquis torturando prisioneros en la cárcel de Abu Ghraib de Irak, la crudeza de las imágenes provocó indignación y “sorpresa” entre quienes sólo se alarman por estas prácticas cuando no les queda más remedio ante lo irrefutable de la filmación.

El video salteño no muestra nada diferente a lo que cualquier vecino de cualquier barriada popular puede describir por experiencia propia o de algún familiar, amigo o conocido. El apaleamiento, el submarino seco o “bolsita”, el “pata pata”, las torturas con agua, son algunos de los métodos habituales de tormentos que se aplican a diario en comisarías, cárceles y otros lugares de detención. Pero, como de costumbre, no basta que las víctimas que se animan a denunciarlo, y las organizaciones antirrepresivas lo denunciemos a los gritos. Sólo estalla el escándalo cuando es imposible negar la realidad, al mismo tiempo que se buscan una y mil “explicaciones” para confinarlo a un “episodio aislado”, un “exceso”, o el resultado de una “cultura de las fuerzas” que reduzca el espanto que muestra la filmación del hecho cotidiano a un suceso extraordinario.

Así funciona el sentido común de la burguesía, especialmente la que se tilda de “progresista”, que prefiere no conocer los métodos con los que se garantizan a diario los privilegios de su clase, pide que los verdugos hagan su trabajo en silencio y en secreto, y protesta si la sangre salpica sus lustrados zapatos.

Es que, cuando la tortura se hace visible, desde la vereda de la “defensa de la institucionalidad” se reclaman más controles, mejores leyes, y la infaltable “participación ciudadana en la gestión de las políticas públicas de seguridad” para negar su carácter de política de estado. En esa línea actúan los comités contra la tortura de la ONU o la OEA, los Observatorios Mundiales, y organizaciones como Amnistía Internacional o el CELS, que admiten el uso sistemático de la tortura en el mundo, pero siempre como “vicio” inherente de países con regímenes autoritarios, o como resultado de “desbordes” o “culturas autoritarias de una fuerza” en países democráticos “con instituciones débiles y faltas de suficientes controles”. Se plantean, entonces, como su objetivo, transformar en “democráticos” a los primeros y evitar los desbordes en los otros, y, mientras tanto, lograr en los casos puntuales el castigo del perpetrador individual y la reparación de la víctima. Buen ejemplo de ello es lo que afirma, a propósito del video salteño, el comunicado emitido por el CELS: “…las prácticas de tortura forman parte de la cultura y del sistema de gobierno de las cárceles, comisarías, institutos de menores y unidades psiquiátricas de nuestro país”. Así, proponen “avanzar en la construcción de institucionalidad para prevenir una de las principales violaciones de derechos humanos que se cometen en el país”.

Esa aparente contradicción que genera la convivencia de la tortura con el moderno estado de derecho es, en realidad, la más sofisticada manera que la democracia ha ideado para seguir usando los métodos inherentes a la dominación, mientras avanza en su permanente búsqueda de consenso, al son del repudio formal a las prácticas que no sólo usa, sino que, siempre que puede, legitima y ampara. Los que se horrorizan ante los casos concretos, pero defienden el sistema que los origina, no pueden ver, porque el mito del estado de derecho cubre sus ojos con una venda inexpugnable.

Porque la tortura sigue siendo imprescindible, para el estado moderno, como medio para lograr el disciplinamiento, el control social tan necesario para que unos pocos puedan dominar a una mayoría oprimida. Mejor lo explica F. Fanon en un breve párrafo de “Los condenados de la tierra”: “…después de varios días de vanas torturas, los policías se convencieron de que se trataba de un hombre apacible, totalmente ajeno a cualquiera de las redes del F.L.N. A pesar de este convencimiento, un inspector de policía dijo: ‘No lo dejen ir así. Apriétenlo un poco más. Así cuando esté afuera se mantendrá tranquilo’”.

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