La "guerra contra el narcotráfico" y la ideología

Introducción

El discurso del presidente Calderón, sobre la “guerra contra el narcotráfico”, tiene un carácter ideológico que busca situar a la población de parte de las acciones gubernamentales, y del status quo. Además, el ahora llamado “combate contra el crimen organizado”, cumple una importante función material para la perpetuación de las actuales relaciones sociales de capitalismo neoliberal, en el cual predomina la desigualdad y la pobreza. Los intereses detrás de tales políticas son distintos a los declarados por los distintos gobiernos que la llevan a cabo.

Su origen y motor se encuentra en los Estados Unidos de América, cuyo gobierno impone los términos con fines geopolíticos y económicos, aplicándose en los países dependientes, y en el caso específico de México, como políticas de gobierno con fines de control social; de esta forma actuando en detrimento principalmente de los derechos humanos, y de la democracia. Un país que vive con altos niveles de pobreza, represión estatal, y bajo los dictados imperiales, no puede actuar de forma democrática, ya que sigue intereses foráneos, ajenos a los de la mayoría de sus ciudadanos.

El poder desmedido y sin contrapesos reales por parte del Estado y sus fuerzas represivas han tenido hasta el momento altísimos costos en vidas humanas y económicos, como también en los derechos humanos y garantías individuales de los ciudadanos que se mantienen ajenos al narcotráfico; incluso puede verse que la llamada “guerra contra las drogas” dirigida por el gobierno de los Estados Unidos internacionalmente, amenaza con impedir cualquier avance democrático al promover las tendencias autoritarias de los gobiernos y la falta de responsabilidad y rendición de cuentas bajo el argumento de “la seguridad nacional”; inhibiendo de esta forma el surgimiento de una sociedad civil organizada y de instituciones fuertes e independientes que garanticen la democracia. Una característica de la actual “guerra” o “combate”, ha sido el rechazo al respecto irrestricto a los derechos humanos y al debido proceso de ley.

La “guerra contra el crimen” tiene como función principal actuar en el aspecto ideológico como un mito aglutinador y discurso ordenador de la sociedad, reivindicando la continuidad del status quo, y a la vez actúa materialmente como instrumento político de represión legitimada, y como forma de control social.

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Las acciones seguidas por el presidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa, en la “guerra contra el crimen organizado”, bajo la dirección del gobierno estadounidense, adquieren un significado más preciso al analizarse en el contexto político y económico internacional. Lo cual explica el porqué dar continuidad a una guerra que ha fracasado en absolutamente todos los aspectos que dice buscar revertir. Ya que al comprobarse que los precios de las sustancias psicoactivas se mantienen relativamente estables, se considera que el flujo de las mismas se mantiene mayormente ininterrumpido. Por lo que permanece intacta también, la capacidad de quienes manejan éste negocio para acumular ganancias, y cooptar a quienes sea necesario.

México es un país que depende del intercambio comercial y del apoyo político que le proporciona la potencia hegemónica estadounidense, misma que busca beneficiarse, a través del sostenimiento de un gobierno mexicano afín a sus intereses.

La internacional “guerra contra las drogas”, es un instrumento del gobierno estadounidense para la promoción de sus fines geopolíticos, y económicos, los cuales permiten mantener su hegemonía mundial; dada la cercanía de México con aquel país, y la interacción constante en materia comercial y migratoria, la intervención en los asuntos de éste país es para los Estados Unidos de absoluta relevancia; es por esto que los estadounidenses promueven el incremento permanente de la “colaboración”, en materia de combate al narcotráfico, entre ambos países; misma que se da de manera inequitativa, significando en los hechos, una mayor injerencia en los asuntos internos de México, en violación a las leyes y a la soberanía nacional.

Bajo un discurso que enfatiza la interdependencia, y corresponsabilidad entre las naciones en la era de la Globalización, se promueven los intereses particulares de quienes rigen a los Estados Unidos, y el gobierno de México asume una posición subordinada en perjuicio de los intereses nacionales.

Si bien es cierto no puede plantearse un interés general de la sociedad mexicana, debido a las divisiones surgidas de las particularidades que abarcan las distintas idiosincrasias y clases sociales, las cuales producen constantes choques entre los mexicanos, es importante reconocer que los principales beneficiarios de estos arreglos cupulares son los fines estadounidenses y de sus socios menores mexicanos.

De tal forma, el gobierno mexicano actúa como un instrumento al servicio de los intereses de los Estados Unidos, sobre aquellos que conciernen a la gran mayoría de la población mexicana.

Los recientes descubrimientos confirmados, sobre actividades de agentes estadounidenses dedicados a la venta de armas, lavado de dinero, y contratación de grupos mercenarios, además de las iniciativas para la aplicación de nuevas leyes encaminadas a proteger e incrementar las actividades de las agencias estadounidenses dentro del país, son una muestra de que lo que comenzó como una “guerra contra el crimen organizado”, a iniciativa del presidente Calderón, en realidad responde a intereses superiores estadounidenses, y no a un programa de gobierno del presente Ejecutivo Federal.

El gobierno estadounidense ha sido el principal promotor de la “guerra contra las drogas” desde la Conferencia de Shanghái de 1909. La participación de las agencias estadounidenses en la implementación de políticas señaladas como de combate al narcotráfico siempre han sido relevantes y han aumentado de forma gradual a través de los años, pero nunca se dieron los niveles de intervencionismo bajo ésta rúbrica como se da al asumir el poder el presidente Calderón.

Así como la actual “guerra contra el crimen organizado” se comprende al analizarse en el contexto de la relación México-Estados Unidos, ésta también requiere estudiarse a partir de las medidas económicas neoliberales que se han implementado de forma gradual, y progresiva, desde la presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado en 1982. Las políticas neoliberales han ido desmantelando las estructuras del estado benefactor, surgido de la Revolución Mexicana iniciada en 1910, y han aumentado las manifestaciones de descontento popular, hasta llegar a importantes choques con los aparatos represivos del Estado.

Los Estados Unidos impusieron durante la “Guerra Fría” dictaduras militares en América Latina en nombre de la “Doctrina de Seguridad Nacional”, para así implementar las políticas neoliberales que no pudieron revertir al “desarrollismo” de la época de forma pacífica, el cual protegía a las industrias nacionales.

En la actualidad se buscan profundizar las exigencias del capitalismo tardío, enumeradas en el llamado “Consenso de Washington”, para la maximización de las ganancias del capital estadounidense, por medio de gobiernos considerados “fiscalmente responsables”, como se considera a México, ya que cumple puntualmente con los pagos a los organismos financieros internacionales, desmantela al estado de bienestar, y elimina las trabas al “libre mercado”, al quitar los aranceles, abriendo las puertas a las empresas estadounidenses, muchas de ellas sí fuertemente subsidiadas.

El capitalismo neoliberal en los países llamados “periféricos”, o semicoloniales, como es el caso mexicano, se constituye a través de un Estado autoritario, policiaco y militarizado, que impone su orden en medio de la crisis y de la creciente resistencia popular, bajo argumentos que buscan generar un consenso social, o a falta de esto, al menos colocar a gran parte de la población del lado de las autoridades, y de sus políticas represivas, para ser consideradas como legales, y plenamente justificadas.

Como se mencionó anteriormente, el principal beneficiario de la “guerra contra las drogas”, tal como se ha materializado hasta hoy, es el interés particular de los Estados Unidos, cuyo gobierno se ha vuelto crecientemente intervencionista tras los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, y quien resulta afectada principalmente por tales políticas es la población que habita en México.

Mientras los estadounidenses son el primer consumidor de drogas, y las empresas armamentistas venden sus productos a todos los bandos en guerra, los agentes gubernamentales lavan cientos de millones de dólares, y los banqueros cuya sedes principales se encuentran en los Estados Unidos, son quienes principalmente capitalizan con éste negocio, México es el escenario de una guerra que ha causado hasta hoy alrededor de 60 mil muertes relacionadas con las políticas prohibitivas a 5 años de iniciado el actual régimen.

El principal responsable sobre la aplicación de las políticas de guerra aplicadas en México es el gobierno estadounidense, quien ha promovido e impuesto sus políticas en éste país, y según las declaraciones de las autoridades mexicanas, en muchas ocasiones de manera unilateral, violando las leyes mexicanas y su soberanía.

Las acciones del gobierno estadounidense en México se tornan cada vez más agresivas, y su intervención es cada vez más abierta. Lo que inicia como apoyo económico y asesoría al gobierno mexicano en la “guerra contra las drogas”, ha avanzado hasta llegar al punto de contar con edificios enteros en varias parte de México, dedicados a las actividades de “inteligencia”, con la participación de diversas agencias de seguridad estadounidenses; sobrevuelos de aviones no tripulados conocidos como “drones” en todo el país; la construcción de bases militares y academias policiacas; venta de armas, y lavado de dinero. Los agentes estadounidenses ahora incluso certifican quienes son los comandantes mexicanos dignos de confianza, y reclutan agentes mexicanos, además de que dirigen operaciones dentro de México.

Cabe recalcar que esta información buscó ser mantenida como secreta, pero fue surgiendo a la luz pública como filtraciones que han resultado en declaraciones contradictorias de los representantes del Estado mexicano.

Recientemente, y a casi un año de terminar el sexenio de Felipe Calderón, el gobierno estadounidense ha sido claro en señalar que su “guerra contra las drogas” deberá continuar después de éste sexenio. Enfatizando la supuesta necesidad de incrementar la “cooperación” en el aspecto militar.

Últimamente, los legisladores de los Estados Unidos aprobaron una ley, que les permite aplicar tácticas de contrainsurgencia narco terrorista en México.

El escenario para la aplicación de tales leyes extraterritoriales, fue preparado con anticipación por medio de declaraciones de agentes del gobierno estadounidense, quienes fueron calificando al narcotráfico como insurgencia y terrorismo, agitando el miedo en su población, al indicar que tal violencia se podría desbordar hacia su país.

Las puertas de la intervención estadounidense en México fueron abiertas por el presidente Calderón, pero se han vuelto una amenaza inminente para todos los mexicanos, al señalarse a los grupos criminales como terroristas. Ya que el derrocamiento de gobernantes y la intervención militar de los Estados Unidos, en países acusados de colaborar con el terrorismo, ha sido una constante.

Es importante recalcar que la violencia creciente, la pérdida de soberanía nacional, y el debilitamiento del estado de derecho, y de la suspensión de facto de las garantías democráticas, tienen como principal responsable al presidente Felipe Calderón Hinojosa, ahora denunciado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Felipe Calderón, como comandante supremo de las fuerzas armadas, es el principal responsable en el país por acción, al declarar ilegalmente la guerra, enviar a las fuerzas armadas a cumplir labores policiales, y por proporcionar facultades extraordinarias a las fuerzas policiacas y militares para perseguir el crimen organizado.

El presidente Calderón también es el principal responsable en el país por omisión, ya que los abusos constantes cometidos por los aparatos represivos del Estado, como producto de la actual guerra, no han sido castigados, lo que ha perpetuado la impunidad, y a falta de aplicación de la ley contra los servidores públicos, ha contribuido a que tales acciones se reproduzcan.

La interacción constante entre la ciudadanía y los aparatos represivos del Estado, han resultado en un gran número de abusos por parte de los últimos, mismos que han permanecido mayormente impunes. De ésta forma va surgiendo una fuerte crisis en cuanto al respeto de los derechos humanos en México, que ha resultado en el asesinato sin previo juicio de supuestos criminales, de numerosas víctimas llamadas “colaterales”, y de un gran número de defensores de los derechos humanos, y periodistas, en todos estos casos han surgido evidencias de que los principales perpetradores han sido agentes del Estado. Estas violaciones, han sido la consecuencia directa de las políticas implementadas por el régimen actual, desde el año 2006.

No sólo se han reformado las leyes para adaptarlas a las nuevas demandas del nuevo orden mundial y del actual régimen autoritario mexicano, si no que también se violan las leyes actuales de forma sistemática por aquellos que dicen ser sus garantes. El “estado de derecho”, el cual caracteriza a todo régimen democrático desaparece de facto bajo los argumentos de la “guerra contra el crimen organizado”, mientras el país y las relaciones sociales se militarizan.

No puede detenerse o limitar el flujo y venta de drogas ilegales sin limitar al mismo tiempo el flujo normal del comercio, el cual es característico de la etapa actual del capitalismo globalizado. El sistema capitalista de producción, distribución, y consumo, ha desarrollado los medios de comunicación y transporte específicamente para facilitar el comercio de mercancías en general, entre las cuales se incluyen las sustancias consideradas arbitrariamente como ilegales.

Tampoco puede detenerse el consumo de las drogas ilegales sin limitar las libertades y garantías democráticas de una nación; para poder perseguir a los distribuidores y consumidores se construye permanentemente un estado policíaco y militar autoritario, en éste sentido también, la guerra contra las drogas mina las bases de la democracia liberal que dice caracterizar a las aspiraciones políticas del Estado mexicano.

El optimismo surgido en gran parte de la población mexicana, después asumir la presidencia de la república el panista Vicente Fox en el año 2000, después de más de 70 años de gobiernos priístas, se ha ido convirtiendo en decepción a lo que se presentaba como “transición democrática”.

Después de las controvertidas elecciones del 2006, cuando asume el poder Felipe Calderón Hinojosa, y militariza las relaciones sociales en México, se han ido revirtiendo los logros de la alternancia en el poder. Se ha perseguido a opositores políticos y se ha intervenido en procesos electorales por estar supuestamente intervenidos por el crimen organizado, lo cual nunca se ha comprobado.

Si la democracia representativa o liberal, requiere algo más que elegir entre partidos políticos con programas indistinguibles entre sí, y el promover la participación política de los ciudadanos, hasta abarcar incluso el ámbito económico la llamada “transición democrática” ha abortado.

El declarar arbitrariamente como ilegales a las drogas, no ha significado nunca el desaparecerlas, sino que las ha puesto en manos de corporaciones criminales que han sido capaces de obtener enormes ganancias, precisamente como consecuencia de su carácter ilegal, lo que ha incrementado su capacidad de cooptación de todo tipo de personas, entre ellas los agentes gubernamentales.

Un Estado que busque responder a los intereses de la población, utilizaría su soberanía para considerar lo que le conviene a su población, para así implementar leyes enfocadas en la libertad individual de las personas, por hacer con su propio cuerpo lo que les plazca, sin hacer daño a terceros. El Estado garantizaría el acceso a información y medios para la rehabilitación de aquellos que de forma voluntaria lo soliciten, como se hace ya en algunos países europeos.

La división de clases y la explotación cuya característica más visible es la pobreza en México, en ésta era de capitalismo neoliberal, han permitido la perpetuación de un régimen antidemocrático que se vale de la ignorancia, y de las carencias, para la manipulación y la compra del voto. Los poderes fácticos que se encuentran detrás de los políticos-administradores, quienes toman las decisiones más importantes que atañen a toda la población que habita en México, requieren que tal realidad de desigualdades sea aceptada como normalidad, y por lo tanto se realizan alianzas, inequitativas también, con el poder hegemónico estadounidense.

El orden actual de hegemonía estadounidense, y de desigualdad creciente entre los capitalistas mexicanos ante las mayorías trabajadoras, demandan de la manipulación ideológica a base de medios de comunicación promotores de sus intereses, y del ejercicio de la violencia por parte de un Estado mexicano, policiaco y militarizado, lo suficientemente fuerte para mantener el status quo.

Tal es la función principal de la actual “guerra contra el crimen organizado”. Pero si algo nos ha enseñado la historia, es que nada es fijo y estable, ni mucho menos eterno, y las contradicciones existentes, al no poder sostenerse indefinidamente, producen una distinta realidad.

La Haine