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Todavía permanecen detenidas 14 personas por las protestas contra la asunción del PRI
A pesar de no contar con pruebas y evidencias aún permanecen detenidos 14 manifestantes mexicanos por las protestas del pasado 1 de diciembre cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la mano de Enrique Peña Nieto volvió al gobierno en México. Los presos son acusados por “ataques a la paz pública” y uno de ellos por “daños a la propiedad privada”.
Durante la ceremonia de asunción de Peña Nieto a la presidencia del país cientos de miles de mexicanos salieron a las calles en diferentes ciudades para manifestarse contra la imposición fraudulenta del candidato del PRI. Las principales protestas se concentraron en el Distrito Federal (DF). En total, la represión dejo un saldo de 70 detenidos y decenas de heridos, aunque organismos de DD.HH. y organizaciones políticas aseguran que fueron más de 100 los detenidos durante la jornada de protesta. El domingo pasado, fueron liberados, luego de 9 días de prisión en el Reclusorio Norte y el penal de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, 56 de los detenidos.
Los manifestantes puestos en libertad denunciaron detenciones arbitrarias, abuso policial y hasta torturas. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) detectó 22 detenciones arbitrarias e investiga cuatro casos de tortura.
“La policía capitalina detuvo a personas que se manifestaban de manera pacífica; a personas que se encontraban dando seguimiento y cobertura a la manifestación; a personas que se acercaron a auxiliar a otras que eran agredidas físicamente por los elementos de la SSPDF y a personas que circunstancialmente se encontraban en lugar”, relata un informe de la CDHDF.
Familiares de las 14 personas que aún permanecen detenidas llamaron a mantenerse en estado de alerta y movilización y anunciaron que junto a organizaciones civiles formarán un “Frente” para liberar a los 14 presos políticos que ya recibieron un auto formal de prisión.
En conferencia de prensa, familiares de los 14 declararon que se trata de estudiantes y trabajadores muchos de los cuales fueron detenidos arbitrariamente como el caso de Alejandro Lugo Morán que fue apresado mientras salía a comer con su esposa. Carmen Rodríguez, madre de Brian Reyes, de 26 años y que permanece preso, aseguró que su hijo “estaba en el lugar equivocado. Lo persiguieron, lo desnudaron, hasta que se entregó” y manifestó que “no quiero que abandonen a los 14 que quedan (…) Si mi hijo saliera mañana, yo sigo presa hasta que salgan todos. Mientras quede uno solo, somos presos todos”.
Obed Palagot, de 23 años y estudiante de biología en la FES Iztacala, fue apresado mientras sacaba fotos, aseguró su hermana.
“Requieren una disculpa pública, pues muchas de estas personas fueron asociadas con ideas criminales, además de que fueron difundidas sus caras y se puso en entredicho su honorabilidad”, afirmó Jesús Robles Maloof, abogado de la Liga de Defensores 1 de diciembre.
El PRI, un aparato partidario clientelar, burocrático, fraudulento y hegemónico que gobernó ininterrumpidamente en México durante décadas, tienen en su haber numerosos hechos represivos aún peores de los que organizó el pasado 1 de diciembre cuando volvió al poder luego de una década de gobierno del PAN. En 1968, bajo el gobierno priísta de Diáz Ordaz se perpetró la masacre de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco donde fueron asesinados por las fuerzas armadas y represivas más de 300 estudiantes. Todavía no se sabe con exactitud la cantidad de muertos, ya que el gobierno del PRI se encargó de ocultar la verdad.
Cuarenta años después, el PRI aparece renovado con una tecnocracia neoliberal liderada por Peña Nieto. Sin embargo, desde el primer día el PRI parece dispuesto a volver a sus viejas prácticas buscando criminalizar la protesta social con aprehensiones ilegales y acusando a los manifestantes de romper la paz pública, una acusación similar al delito de sedición que se usó contra los estudiantes de Tlatelolco en 1968.
Como antecedente más cercano, está el caso de la represión de Atenco que Peña Nieto lanzó en el 2006 mientras era gobernador del Estado de México y que dejó un saldo de dos jóvenes muertos, violaciones a mujeres, decenas de heridos graves y encarcelados.
En México, muchos movimientos sociales y políticos denuncian que Peña Nieto fue impuesto por medio de un pacto con Televisa, el mayor monopolio mediático del país, para continuar con la política represiva y de saqueo de su antecesor, Felipe Calderón. Las palabras de Salvador Campanur, comunero de Cherán, son elocuentes con respecto a la relación de los monopolios mediáticos y el poder político en México: “los medios no se fijan en la violencia que se genera desde arriba, pero magnifican lo que sucede cuando el pueblo protesta por sus derechos porque eso no les parece y quieren acabar con ello.”
