Guerra imperialista en Afganistán suma más de 100 mil muertos civiles

La "Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad" (ISAF), liderada por la OTAN, Estados Unidos y Reino Unido, considera a la mayoría de esas víctimas como daños colaterales e incluso se niega a entregar a la jurisdicción local, a los militares que han violado las leyes afganas.

De 2004 a 2012, esa coalición que integran una cincuentena de países ha realizado más de 350 incursiones aéreas con un saldo de casi dos mil muertos que no figuran en las estadísticas de los organismos internacionales.

E incluso, por política interna de ISAF, se mantienen en secreto las nacionalidades de las bajas pertenecientes a esa entidad militar y los lugares exactos de las acciones.

El portavoz de la Misión de la ONU en Afganistán (Unama), Nazifullah Salarzai, reveló en esta capital que en el último cuatrimestre se incrementaron en 28 por ciento los muertos por el conflicto existente en este país centroasiático.

Según el vocero, al menos 967 civiles perdieron la vida en ese período, mientras otros mil 590 recibieron heridas, como resultado de explosiones de bombas en la calle o ataques suicidas, pero no se refirió a las víctimas de las incursiones de los militares de ISAF.

Las operaciones aéreas de las fuerzas militares internacionales causaron la mayor cantidad de muertos y heridos en la población civil entre todas las tácticas utilizadas por las fuerzas que respaldan al Gobierno de Kabul.

Durante la primera mitad de 2012, esas intervenciones aniquilaron a 83 personas y provocaron heridas a 46, según los casos documentados, lo que, sin embargo, representó 23 por ciento menos, en comparación con el primer semestre del año pasado.

Dos tercios de esas víctimas fueron mujeres y niños, según la ONU.

Empero el caso más notorio y escalofriante de todos, corresponde a los asesinatos cometidos por el sargento estadounidense Robert Bales, acusado de masacrar a 16 personas, incluidos 11 niños, durante sendas excursiones a las aldeas afganas de Balandi y Alkozai.

Un tribunal, asentado en la base conjunta Lewis- McChord, estado de Washington, atestiguó los pormenores de la matanza realizada por Bales, para quien el fiscal, teniente coronel Jay Morse, solicitó pena de muerte.

Los asistentes, según los reportes llegados a esta capital, quedaron impactados con la monstruosidad ejecutada por el militar, a la cual Morse consideró de premeditada, metódica y de una crueldad infinita.

La esposa de Bales y su abogado alegan que el acusado no recuerda las acciones, pues las cometió bajo los efectos de una combinación de alcohol y esteroides. [Analistas como James Petras, sin embargo, sostienen que los asesinatos de civiles son una política del ejército estadounidense, y no un problema de drogas o alcohol].

Esa mezcla explosiva lo impulsó a salir de la base el pasado 11 de marzo, aniquilar a un grupo de personas en la localidad de Balandi, regresar al puesto militar, relatar a sus compañeros lo que había hecho, y más tarde, volver a las andadas y cometer igual matanza en Alkozai, ambas situadas en la provincia de Kandahar.

Bales enfrenta 16 cargos por asesinato premeditado, intento de asesinato, asalto y consumo de drogas prohibidas. Otras seis personas resultaron heridas por el militar norteño, quien además, incineró algunos cadáveres.

Pese a los testimonios y las pruebas acumuladas, la Casa Blanca impide a la justicia afgana procesar a Bales, uno de las condiciones exigidas por el presidente Hamid Karzai para sellar un acuerdo bilateral de seguridad con Washington.

Prensa Latina