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Colombia :: 27/05/2013

Las FARC y el gobierno logran un acuerdo para una "Reforma rural integral"

Delegación de Paz de las FARC-EP
Comunicado al cerrar noveno ciclo :: El arbolito de Navidad del Ministro de Gobierno :: Tres comunicado de la Delegación de Paz de las FARC-EP desde La Habana

Este es el texto del acuerdo logrado por las FARC y el Gobierno sobre el tema agrario:

Hemos llegado a un acuerdo sobre el primer punto de la Agenda contenida en el "Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera".

Acordamos denominarlo "Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral"

En el próximo ciclo de conversaciones, presentaremos el primer informe periódico de la Mesa.

Hemos construido acuerdos sobre los siguientes temas:

- Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva.

- Programas de desarrollo con enfoque territorial.

- Infraestructura y adecuación de tierras.

- Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza.

- Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Créditos. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral.

- Políticas alimentarias y nutricionales.

Lo que hemos convenido en este acuerdo será el inicio de trasformaciones radicales de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia. Está centrado en la gente, el pequeño productor, el acceso y distribución de tierras, la lucha contra la pobreza, el estímulo a la producción agropecuaria y la reactivación de la economía del campo.

Busca que el mayor número de habitantes del campo sin tierra o con tierra insuficiente, puedan acceder a ella, mediante la creación de un Fondo de Tierras para la Paz.

El Gobierno Nacional formalizará progresivamente, con sujeción al ordenamiento constitucional y legal, todos los predios que ocupan o poseen los campesinos en Colombia.

Se crean mecanismos para solucionar conflictos de uso y una jurisdicción agraria para la protección de los derechos de propiedad con prevalencia del bien común.

Está acompañado de planes en vivienda, agua potable, asistencia técnica, capacitación, educación, adecuación de tierras, infraestructura y recuperación de suelos.

El acuerdo busca que se reviertan los efectos del conflicto y que se restituyan las víctimas del despojo y del desplazamiento forzado.

Incluye la formación y actualización de la información rural para la actualización del respectivo catastro, buscando seguridad jurídica y mejor y más eficiente información.

Pensando en las futuras generaciones de colombianos, el acuerdo delimita la frontera agrícola, protegiendo las áreas de especial interés ambiental.

Buscando un campo con protección social, erradicar el hambre a través de un sistema de alimentación y nutrición.

Lo convenido hasta ahora forma parte de un acuerdo más amplio que esperamos lograr en los próximos meses el cual contiene seis puntos. A partir del siguiente ciclo de conversaciones que se inicia el 11 de junio, comenzaremos la discusión del segundo punto de la Agenda incluido en el "Acuerdo General" de La Habana, denominado Participación Política.

Uno de los principios que guían estas conversaciones es que "nada está acordado hasta que todo esté acordado". Esto quiere decir que los acuerdos que hemos ido construyendo, están condicionados a que lleguemos a un acuerdo sobre la totalidad de la Agenda y, también, que en la medida en que se avance en la discusión se puedan ajustar y complementar los acuerdos sobre cada uno de los sub puntos.

Queremos destacar que en estos 6 meses de conversaciones no solamente hemos discutido el tema agrario. En este lapso se dio vida al proceso de conversaciones, se convino la manera de trabajar en plenaria, comisiones o por separado y se pusieron en marcha distintos mecanismos de participación y consulta ciudadana para recibir propuestas y opiniones de ciudadanos y organizaciones sociales. Estos mecanismos y procedimientos de trabajo y participación ya están en marcha, por lo que esperamos que hacia adelante avancemos con mayor celeridad en la búsqueda de acuerdos.

Resaltamos el aporte de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia y el Centro de Pensamiento Para la paz de la Universidad Nacional en la organización de los foros que se han realizado en Bogotá sobre los temas Agrario y de Participación Política.

También incorporamos los aportes de las mesas regionales organizadas por las Comisiones de Paz del Senado y la Cámara de Representantes de Colombia.

Agradecemos a los miles de colombianos y colombianas, y organizaciones sociales que nos han hecho llegar sus propuestas y opiniones sobre los puntos de la Agenda a través de los foros, la Página Web o los formularios que están disponibles en alcaldías y gobernaciones. Todas y cada una de estas propuestas han sido recibidas por las delegaciones en La Habana. En la Mesa de Conversaciones se acordó y puso en marcha un procedimiento para recibirlas ordenadamente, clasificarlas y tenerlas disponibles en medio electrónico.

Queremos agradecer de manera especial a Cuba y Noruega, países garantes de este proceso, por su permanente apoyo y por el ambiente de confianza que propician.

La presencia de sus representantes en La Mesa de conversaciones es factor fundamental para el desarrollo de las mismas. Igualmente agradecemos a Chile y Venezuela, países acompañantes, a quienes las delegaciones informan periódicamente sobre la marcha de los diálogos.

Estos cuatro países conforman un grupo de naciones amigas del proceso que valoramos de manera especial, al igual que agradecemos las expresiones de apoyo de otras naciones, organismos y líderes internacionales que fortalecen la confianza en el camino que estamos transitando".


Comunicado de las FARC-EP al cerrar noveno ciclo

Compatriotas,

Luego de discutir durante meses en torno a nuestra problemática rural y de buscar soluciones que efectivamente reivindiquen y rediman al campesino, a las comunidades indígenas y afro-descendientes, y que favorezcan el buen vivir de los colombianos, hemos avanzado en la construcción de un acuerdo, con salvedades puntuales, que necesariamente tendrán que ser retomadas, antes de la concreción de un acuerdo final. Las reivindicaciones históricas más sentidas de las comunidades rurales y empobrecidas, fueron bandera al viento en nuestras manos, y argumento para el debate en la Mesa de Conversaciones. Nos erigimos en voz de las gentes del común, de los campesinos sin tierra frente a las alambradas de las grandes propiedades, de las comunidades rurales resueltas a defender su territorio amenazado por la depredación minero-energética de las trasnacionales… Las Cien Propuestas mínimas orientadas al DESARROLLO RURAL Y AGRARIO PARA LA DEMOCRATIZACIÓN Y LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL DE COLOMBIA, son una muestra fehaciente de la profundidad de nuestro compromiso. Allí están plasmadas las ideas de justicia que los de abajo han querido que se les escuche y se les reconozca.

Luego de 22 años de vigencia de una Carta Magna que consagró derechos en el papel, mientras desató su política neoliberal generadora de miseria, desigualdad y violencia, es hora de exigir que la letra muerta de beneficio social de la Constitución y la Ley, resuciten, recobren vida, y sea cumplida por las elites empotradas en el Estado.

En La Habana estamos abriendo una senda para que el pueblo actúe, se movilice, en defensa de sus derechos y siga haciendo escuchar su voz como protagonista principal de la construcción de la paz. Pero preocupa que mientras las mayorías claman reconciliación y expresan sus anhelos de justicia, el país tenga que seguir soportando la inclemencia de medidas y políticas económicas que entregan nuestro territorio a la voracidad de las transnacionales, se siga profundizando la desigualdad, y continúen cayendo compatriotas, de lado y lado, en una guerra de medio siglo que urge una salida política.

Este acto de cierre de un ciclo temático es al mismo tiempo la apertura al trascendental debate en torno a la democracia colombiana. Muchas preocupaciones orbitan nuestra conciencia de voceros de los anhelos populares con relación al trascendental asunto de la Participación Política, que abordaremos en la Mesa de Diálogo de La Habana a partir del 11 de junio.

Urgentes cambios estructurales están tocando las puertas del Estado, reclamando participación ciudadana en las decisiones y en la adopción de políticas que comprometen su futuro de dignidad. Tenemos que volver la mirada hacia nuestros orígenes, para encontrarnos con la enseñanza del Libertador que nos dice que “La soberanía del pueblo es la única autoridad legítima de las naciones”, que “El destino del ejército es guarnecer la frontera. ¡Dios nos preserve de que vuelva sus armas contra los ciudadanos! Basta la milicia nacional para conservar el orden interno”, “las minas de cualquier clase, corresponden a la República”, y, “La hacienda nacional no es de quien os gobierna. Todos los depositarios de vuestros intereses deben demostraros el uso que han hecho de ellos”.

En las actuales circunstancias nos preocupa, por ejemplo, la captura del Estado por parte de grupos de poder que aprueban leyes y regulaciones que solo favorecen su egoísmo mientras desprecian el interés común y llevan la desigualdad y la defensa violenta de sus capitales, más allá de los límites de lo infrahumano.

Una suerte de “macrocriminalidad”, en la que reinan la corrupción y la impunidad, se ha apoderado del Estado colombiano. Sigue éste enredado en la telaraña de la ilegalidad narco-paramilitar. Y pululan todavía los comisionistas que hacen el puente entre el Estado, empresas legales y la ilegalidad, para lavar activos, celebrar contratos, robar los recursos de la salud, y saquear las arcas de la nación.

Todos estos, son elementos que hoy obstruyen la posibilidad de construir una alternativa de solución diferente a la guerra, pero confiamos en la sabiduría de las organizaciones sociales, políticas y populares de Colombia, que sabrán desbrozar el camino hacia la paz.

El esfuerzo colectivo por la paz de Colombia tendrá que ser compensado con un tratado justo y vinculante rubricado por una Asamblea Nacional Constituyente que funde nuestra reconciliación a perpetuidad.

El Estado colombiano espera una transformación estructural profunda, que complemente medidas trascendentales similares a las que ahora hemos acordado, como la de la formalización progresiva de todos los predios que ocupan o poseen los campesinos de Colombia.

La Habana, Cuba, Sede de los diálogos de paz, Mayo 26 de 2013


El arbolito de Navidad del Ministro de Gobierno

El nuevo ultimátum del Ministro Fernando Carrillo, pareciera revelar una falta de compromiso frente al proceso de diálogos, que ante todo expresa desconfianza respecto a las mismas capacidades que la Delegación gubernamental tiene para hacer posible el propósito de la reconciliación.

Sus desafortunadas comparaciones “navideñas”, que trivializan las propuestas que las FARC-EP han hecho a la Mesa de la Habana interpretando los intereses de las mayorías, en nada se sintonizan con el ambiente de optimismo que reina entre los colombianos que le apuestan y tratan de aportarle ideas positivas al objetivo de encontrar una salida incruenta al conflicto político, social y armado que padece Colombia.

Nuestras formulaciones recogiendo las reivindicaciones populares, no son una “lista de regalos” sino el registro de los derechos que le han sido conculcados al pueblo y es deber del Estado garantizarlos sin más demora. Al gobierno es a quien corresponde abrir los espacios políticos y devolver lo despojado a las víctimas de su terrorismo secular, para que el soberano pueda expresarse en un escenario de democracia verdadera.

Con esperanza, ad portas de un acuerdo parcial sobre el primer punto de la Agenda del Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, con enfoque territorial, la Delegación de Paz de las FARC-EP reitera su invitación a la organización y la lucha de los sectores populares en función de una Reforma Agraria estructural que se sume a la realización de los cambios profundos que requiere el país para lograr el establecimiento de la verdadera democracia y de la justicia social.

Nuestro propósito de potenciar al máximo la producción campesina y de las comunidades rurales, en función de la soberanía alimentaria y el mejoramiento pleno de las condiciones de vida de la empobrecida población del campo y de los desplazados como consecuencia del conflicto impuesto por las élites en el poder, puede ser ahora una realidad, si entre todos logramos que la restitución de la tierra se dé en favorecimiento de los verdaderos despojados, la formalización para quienes la poseen de manera precaria o insuficiente, -tal como ocurre con los hombres y mujeres que con sacrificios adelantan los procesos de construcción de Zonas de Reserva Campesina- y, en fin, la redistribución se produzca en el sentido de superar el latifundio, limitar la propiedad y entregar la tierra de manera equitativa, justa y en fortalecimiento de la economía interna y la soberanía.

El cierre de la frontera agrícola deberá implementarse pensando en la sostenibilidad socio-ambiental, la preservación de nuestros recursos naturales, nuestra biodiversidad y nuestras fuentes hídricas, considerando que cualquier sustracción que se haga para poner límites a la depredación de nuestras áreas y conservar así los cerca de 89 millones de hectáreas de bosques que sobreviven , deberá ser para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, y no para llenar las arcas de las transnacionales de la explotación minero-energética o de la extracción agroindustrial y de los agro-combustibles.

Urgente y necesario será que, aun teniendo Colombia una relación potencialmente favorable en la ecuación “tierra-población”, acabemos ya con la gran concentración de la propiedad territorial que se ha traducido en la profundización de una desigualdad extrema, expresa en un coeficiente de Gini superior al 0.89, el más escandaloso e injusto del continente.

Colombia debe asistir sin más demora a la cesación del sometimiento respecto a las comunidades por parte de las élites, sobre las que se aplican métodos de explotación, de extracción de rentas o de violencia para el despojo, que potencian la acumulación y se establecen como causa fundamental de la historia de los conflictos agrarios desde los orígenes de la república; una historia en que la apropiación de los baldíos, para el Estado ha significado su principal fuente de activos fiscales, para los comerciantes y latifundistas fuente de sus principales rentas, pero para las comunidades agrarias ya sean campesinas, indígenas, afros-descendientes o raizales y palenqueros empobrecidos, era y sigue siendo su fuente esencial de supervivencia.

No hay mejor medio para alcanzar la paz que luchar por ella.

La Habana, Cuba, Sede de los diálogos de paz, Mayo 26 de 20135

 

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