21/10/2013 Texto, sentido y debate a la Ley Habilitante x Horacio Duque    ::    Más articulos de esta autora/or: Más artículos La agitación y controversia siguen siendo el hecho predominante en la sociedad venezolana tal como ocurre desde principios de siglo.

Van 14 años de un proceso muy particular de cambios democráticos y populares que han significado una reactivación de la sociedad civil y profundización del espacio público, gracias a la ampliación de los derechos civiles, políticos, sociales y culturales de los ciudadanos y ciudadanas. Si bien toda sociedad es por esencia móvil, heterogénea y contradictoria y sostiene una tensión permanente entre las fuerzas y tendencias de conflictos y de disgregación, y las fuerzas de cohesión e integración, en Venezuela esas características son más intensas dado el cuadro de lucha entre el campo progresista y el de la regresiva ultraderecha con inclinaciones fascistoides.

El anuncio de medidas excepcionales anunciadas por el Presidente Maduro ha subido el tono de las disputas, y la oposición, junto al gobierno norteamericano, ha afinado toda su artillería desestabilizadora para derrocar el gobierno bolivariano del Presidente Nicolás Madura a quien le quieren dar cacería, de acuerdo con la denuncia de José Vicente Rangel.

El trámite de la Ley Habilitante que ha formulado el Presidente Maduro ya está en camino en la Asamblea legislativa y una comisión especial de 18 diputados hace la revisión de primera instancia del texto propuesto por el Ejecutivo del Estado que autoriza al Presidente de la República para dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley.

Como quiera que los principios y herramientas de la democracia participativa son el eje central del régimen político vigente, la intervención ciudadana, con su reflexión cualificada, hace parte de los pasos que da el proyecto permitiendo que otras ideas y tesis enriquezcan su contenido y alcance para garantizar su eficacia en los objetivos indicados que están referidos a la lucha contra la corrupción, la especulación y la guerra económica promovida por la ultraderecha. Desde la sociedad civil ya se plantean razones que justifican el recurso a dicho instrumento constitucional y legal (1).

Según Silva, la Habilitante debe permitir que el documento con la manifestación legal y jurada de patrimonio y bienes sea de dominio público para que toda la sociedad sepa cuál es la situación económica real de los empleados estatales y sea posible determinar un crecimiento no justificado de los patrimonios individuales o familiares. Dicha herramienta jurídica deberá permitir la destitución de personas de sus cargos sin tener derecho a ingresos salariales desde cuando se dé comienzo a una investigación judicial por corrupción para bloquear cualquier manipulación por influencias en los procesos penales en el Ministerio Público. Las normas reglamentarias deben cerrar cualquier posibilidad de enajenación y gravamen de los bienes y cuentas bancarias que sean propiedad del burócrata sujeto de una investigación penal, y en igual sentido si eso ocurre con patrimonios que figuren a nombre de sus familiares y allegados por el tiempo en que se extienda el proceso y se establezca la fuente de la propiedad en cada situación específica.

Con la Habilitante se debe realizar un revolcón a fondo en lo que se refiere a las importaciones para determinar como bienes esenciales alimentos, medicamentos, materias primas, que serán importados por el Estado y posteriormente comercializados con operadores responsables que garanticen el flujo de los productos hacia los mercados de abastecimiento popular, atacando de esa manera el tráfico con las divisas en Cadivi y en el mercado negro de dólares y otras monedas extranjeras.

Con estas y otras formulaciones que se plantean desde los espacios democráticos es preciso avanzar en el debate y aprobación expedita de la Ley y de las normas reglamentarias siguientes.

Es por tal razón que resulta prioritario adentrarse en el texto mismo, en sus formulaciones, sentidos y propuestas concretas.

El punto central de la iniciativa se focaliza en la autorización al Presidente para que, en Consejo de Ministros, dicte Decretos con rango, valor y fuerza de Ley en los campos específicos de la corrupción y en la defensa de la economía.

Combate a la corrupción

Respecto de la lucha contra la corrupción se proyectan acciones puntuales para: a) dictar y/o reformar normas e instrumentos destinados a fortalecer los valores esenciales del ejercicio de la función pública, tales como, solidaridad, honestidad, responsabilidad, vocación de trabajo, amor al prójimo, voluntad de superación, lucha por la emancipación y el proceso de liberación nacional, inspirado en la ética y la moral socialista, la disciplina consciente, la conciencia del deber social y la lucha contra la corrupción y el burocratismo; todo ello, en aras de garantizar y proteger los intereses del Estado en sus diferentes niveles de gobierno; b) dictar y/o reformar normas destinadas a profundizar y fortalecer los mecanismos de sanción penal, administrativa, civil y disciplinaria para evitar lesiones o el manejo inadecuado del patrimonio público y prevenir hechos de corrupción; c) dictar normas contra la legitimación de capitales; d) establecer mecanismos estratégicos de lucha contra aquellas potencias extranjeras que pretendan destruir la Patria en lo económico, lo político y lo mediático; e) combatir el financiamiento ilegal de los partidos políticos; f) establecer normas que eviten y sancionen la fuga de divisas; g) emitir disposiciones en defensa de la moneda nacional a fin de contravenir el ataque a la misma; y h) fortalecer el sistema financiero nacional.

Para resaltar en el sentido del texto el objetivo de fortalecer la “lucha por la emancipación y el proceso de liberación nacional”, que implica radicalizar la voluntad popular contra el modelo capitalista de acumulación y explotación todavía vigente, y contra la dominación colonial del imperialismo que explota y despoja las riquezas de las sociedades periféricas. En esa dirección serán esenciales las medidas estratégicas para actuar contra las potencias imperiales hegemónicas en la globalización que quieren destruir la Patria bolivariana en todos los campos de la vida social. Es por tal razón que se necesita una muy rigurosa legislación para bloquear los canales del financiamiento ilegal de las maquinarias electorales de la MUD. Será imprescindible adoptar un estatuto que reglamente y estructure el sistema financiero nacional que erradique los mercados paralelos de divisas y la fuga de tales monedas que ingresan por las ventas petroleras. Se necesitan normas monetarias muy eficaces para proteger la moneda de curso forzoso en la economía y el mercado nacional.

Defensa de la economía nacional

Para la defensa de la economía se plantea expedir códigos con el fin de: a) dictar y/o reformar leyes que consoliden los principios de justicia social, eficiencia, equidad, productividad, solidaridad, a fin de asegurar el desarrollo humano integral, una existencia digna y provechosa para el pueblo venezolano y lograr de este modo la mayor suma de felicidad y el buen vivir; b) dictar y/o reformar las normas que establezcan lineamientos y estrategias para la planificación, articulación, organización y coordinación de los procedimientos, especialmente en materia de producción, importación, distribución y comercialización de los alimentos, materia prima y artículos de primera necesidad, que deben seguir los órganos y entes del Estado involucrados, garantizando la seguridad y soberanía alimentaria; c) dictar y/o reformar las normas y/o medidas destinadas a planificar, racionalizar y regular la economía, como medio para propulsar la transformación del sistema económico y defender la estabilidad económica para evitar la vulnerabilidad de la economía; así como, velar por la estabilidad monetaria y de precios, y el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de nuestro pueblo y fortalecer la soberanía económica del país, para de ese modo, garantizar la seguridad jurídica, la solidez, el dinamismo, la sustentabilidad, la permanencia y la equidad del crecimiento económico, en aras de lograr una justa distribución de la riqueza para atender los requerimientos y necesidades más sentidas del pueblo venezolano; d) fortalecer la lucha contra el acaparamiento y la especulación que afecta la economía nacional; e) regular lo concerniente a las solicitudes de divisas a objeto contrario para el fin solicitado; f) garantizar el derecho del pueblo a tener bienes y servicios, seguros, de calidad y a precios justos (2).

Este paquete de medidas debe dotar de herramientas muy efectivas al gobierno y las autoridades en todos los niveles para avanzar en la transición económica y social a un modelo anti capitalista que estructure los elementos básicos de una sociedad socialista, aunque tenga que funcionar con áreas de mercado en los que el valor de cambio se realice pero en los términos de la equidad, la solidaridad y la igualdad, gracias a la acción vigorosa de las instituciones públicas.

La Ley Habilitante que se apruebe por la Asamblea Legislativa será un hito en la fase actual de la historia reciente de Venezuela. Es un tramo difícil, tormentoso, agresivo, que exige la mayor fortaleza de la dirigencia revolucionaria, la cual ha probado talento y audacia para asumir los retos planteados por el proyecto revolucionario. El Presidente Maduro ha mostrado gran capacidad de conducción después de la muerte de Hugo Chávez, el excepcional líder bolivariano que dejó una enorme huella en la memoria de nuestros pueblos.

Los problemas de la nación son de mucha envergadura y sus enemigos son muy potentes en el ámbito de la globalización.

Hoy Venezuela tiene enormes desafíos, referidos a su fuerte dependencia del mundo, al neocolonialismo que aún impera con mucha fuerza, al rentísmo petrolero al contexto geopolítico derivado de la segunda guerra mundial, seguido por la caída de la Unión Soviética y posteriormente desafiado por el surgimiento de nuevos nodos de poder mundial (China, Rusia, Brasil y Sudáfrica).

Adicional a esos acotamientos externos están los poderosos obstáculos internos, las problemáticas propias.

Como señala Monedero (3), en la conformación genética de la República Bolivariana hay mucho de puntofijismo sociológica (arqueológico, antropológico y psicológico), hay mucho mantuanismo, perezjimenizmo, caudillismo vicentegomecista y patrimonialismo sociológico. Hay mucha memoria escondida en la cultura política venezolana, en los aparatos del Estado (ejército, judicatura, diplomacia, economía ligada al petróleo), en las costumbres, tradiciones y referencias colectivas que impide el salto de la nación a la plena modernidad.

Y agrega, la Quinta República ha confrontado muchos de las amenazas propias del neoliberalismo, pero parece más renuente a responder a los asuntos más de fondo, a los pendientes más agudos. A todos estos problemas se les ha intentado dar algún tipo de solución en los catorce años de Gobierno Popular, pero esa memoria que anida en los protocolos institucionales, en las universidades, en los libros, revistas, pensum universitarios, leyes, notarías, tradiciones, familias, iglesias, etc., obstruye el salto en el proceso de cambio. Las reclamaciones de Maquiavelo en El príncipe acerca de las dificultades de permanencia de los nuevos pactos sociales (de los nuevos principados), los recordatorios de Marx acerca de la necesidad de extremar el cuidado contra los poderosos que impiden la superación del modelo basado en el privilegio, la queja de Lenin acerca de la diferencia entre el acceso al Estado y el acceso al poder, resurgen en las posibilidades de Venezuela de superar su dependencia histórica de las minorías oligárquicas dominantes.

Son problemas de mucha envergadura que requieren una acción más de fondo, revolucionaria en el sentido completo.

Monedero sistematiza esos bloques problemáticos aún vigentes. Están referidos a fenómenos como el hiperliderazgo, la centralización, el clientelismo, la mentalidad rentista, la debilidad de lo público, el militarismo y la violencia.

Respecto del hiperliderazgo (en su momento admitido por el propio Chávez y puesto en evidencia con su enfermedad y muerte), es típico de naciones con precaria cohesión social, con un frágil sistema partidista democrático y con amplios niveles de segregación social.

Es cierto que un liderazgo de mucha incidencia es la única respuesta que permite colocar una opción frente a lo que se conoce como la selectividad estratégica del Estado (4). La burguesía, los poderes del viejo sistema, los núcleos dominantes, tienen en su favor la máquina del Estado y la manipulan para generar vacíos de poder e insistir en la división del pueblo. Es por esa circunstancia que a pesar de que se tome el Estado, no se tiene ni mucho menos el poder efectivo. Un liderazgo fuerte cumple un papel importante, tiene la virtud de articular lo fragmentado, con sistemas de lo que la teoría conoce como “cesarismo progresivo”, que ayudan de manera definitiva a recuperar la ruta de la revolución en situaciones de vacío político o de falta de claridad ideológica. Sin embargo, dicho liderazgo, en el cual se deposita tanta responsabilidad, también incorpora problemas.

El hiperliderazgo coarta una participación popular que se confía mucho en las capacidades heroicas del liderazgo. De igual forma, amplios segmentos del Gobierno convierten esa indispensable conducción en un liderazgo de contingencia, en un recurso permanente que reduce su obligación y competencia profesional. Cada cesión de facultad de un funcionario de cualquier rango implica transferir una mayor carga al líder, que va sumando grados cada vez más amplios de información que poco compartirá. En últimas ese liderazgo artificial idiotiza a los que se le someten, pues opera como una invitación permanente a evadir el debate y a tomar actitudes pasivas que solo sirven como poleas transmisoras de las órdenes salidas de arriba.

Claro está que en los meses recientes se observa una saludable tendencia al liderazgo colectivo en la dirigencia central del Estado.

El segundo fenómeno se refiere a la centralización del Estado en los poderes máximos de Caracas. Es necesario desplegar los procesos de descentralización acompañados con transferencia real de recursos hacia las regiones.

El tercer fenómeno es el clientelismo partidista. La conducta clientelar opera como una variante de articulación política donde las estructuras administrativas del Estado son débiles, pero siempre será un medio precario cuando se le compara con la emancipación, con las formas objetivas que acompañan al socialismo e, incluso, respecto de fórmulas liberales como la división de poderes, el imperio de la ley o los derechos civiles, políticos, sociales y de identidad. Sin dejar de señalar que el clientelismo siempre despoja de la dignidad a aquellas personas a las que se clienteliza. Así que es notoria la contradicción entre la mayor ética que proclama el socialismo y el irrespeto que supone entregar recursos públicos a cambio de cualquier apoyo clientelar partidista.

El cuarto fenómeno es el de la mentalidad rentista. La misma, replicada en el imaginario popular es la que lleva a pensar que en Venezuela todo el mundo es rico y no se necesita trabajar para vivir.

El quinto fenómeno lo hace la suma de la corrupción y la ineficiencia, dos caras de un mismo problema. No hay que ignorar que la ineficiencia es la que permite la corrupción, es decir, la falta de controles claros, “eficientes”, que no hagan gratuito e incluso necesario el uso de caminos alternativos a los legales. La lucha contra la corrupción y la ineficiencia articuló la campaña del 98 que ganó Chávez, pero aún está esperando una respuesta más contundente. La corrupción arrasa con recursos que son de todos y los pone al servicio del privilegio de nuevas castas que hacen del lujo y de la ostentación un objetivo. En Venezuela ya hay una nueva casta, construida en poco tiempo, anclada en este fenómeno de la historia (la que se denomina “boliburguesía”). El lujo que ostenta ese grupo de nuevos ricos, debilita la moral popular y mata la mística que necesitan los procesos de cambio radical.

La ausencia de castigo para el saqueo de cuello blanco y rojo que se ejerce en el Estado afecta la intención del proceso de trabajar para las mayorías, de manera que, cada día que pasa, golpea más el espíritu revolucionario.

Detrás de esta problemática hay un elemento central ya indicado: la debilidad de lo público y, por consiguiente, del Estado. Venezuela fue capitanía general y no virreinato, armó su Estado al mismo tiempo que hacía del petróleo su recurso por excelencia y construyó, desde el Estado, una estructura política clientelar que no terminó de imponer una regulación impersonal basada en el imperio de la ley y la rendición de cuentas (5).

El sexto fenómeno tiene que ver con el militarismo. La Quinta República ha asumido buena parte de este problema con la unión cívico-militar, pero se requieren formas más audaces que avancen en la definición de cuál es el papel que le corresponde al ejército en una democracia socialista. Cierto es que en una estructura estatal débil, el ejército permite una eficiencia desconocida en otros ámbitos de la administración. Pero, al tiempo, otorga a este sector armado un poder excesivo que genera una tutela del sistema político que actúa como una permanente espada de Damocles.

El último fenómeno que ronda en el país es el de la violencia. Son varios los factores que operan: la voluntad del gobierno de frenar la represión policial con los sectores populares –que alienta indirectamente al delito al ser menos peligroso-, la infiltración del paramilitarismo desde la frontera con Colombia, la cultura consumista, la dejación de responsabilidades de las alcaldías en manos de la oposición, los problemas de inserción laboral en las zonas deprimidas y las dificultades propias del urbanismo venezolano en los barrios, donde la tarea del Estado es muy complicada.

A este cuadro de obstáculos y dificultades que emanan de la naturaleza misma de la sociedad es preciso agregarle la problemática económica asociada con la pervivencia de las relaciones de producción capitalista.

Producto de los incentivos de la política económica bolivariana, el sector capitalista de la economía ha crecido más que el sector público y que la economía social, hasta alcanzar el 70 % del PIB. La mayor proporción de la actividad económica en la minería, manufactura, comercio, servicios, finanzas, transporte y almacenamiento, construcción y otros sectores de la economía aún está bajo el control de la economía capitalista privada. El sector no petrolero bajo el control fundamentalmente del capital privado pesa el 77,5 % del PIB; mientras que la mayor proporción del petrolero sector que aporta el 11,6 % está en manos del Estado (el sector privado pesa apenas el 0,6 % del sector petrolero). El 10,9 % que completa el 100 % del PIB corresponde a los impuestos netos que paga fundamentalmente el sector privado (…) Estos datos revelan que en la primera década de la Revolución Bolivariana la economía venezolana se hizo más capitalista y explotadora de la fuerza de trabajo asalariada.

El sector capitalista de la economía aún pesa el 70 % en el PIB y determina la naturaleza explotadora que predomina en el actual modelo productivo de Venezuela.

Además, el aumento de las importaciones –algo, por otro lado, necesario para el pago de la deuda social al no avanzar con ritmo la producción nacional- produce la llamada “enfermedad holandesa”, esto es, el estrangulamiento de la producción propia al no poder competir con los precios subsidiados de las importaciones.

Llama la atención que, sin embargo, y tal como ha analizado Víctor Álvarez (6), los logros sociales vinculados de manera evidente a la redistribución de la renta petrolera, no han logrado cambiar la estructura económica venezolana. Con contundencia, Álvarez afirma que desde la llegada de Chávez al gobierno “la economía venezolana es cada vez más capitalista”.

Para llegar a esta conclusión, basta comparar la participación pública en el PIB venezolano para constatar que entre 1998 y 2010, el PIB privado pasó del 65,2% al 69,8%, mientras que el PIB público pasó del 34,8% al 30,02%. Igualmente, en esta década, la economía social apenas llegaría al 2% del PIB, pese a los esfuerzos realizados.

El balance no es grato con los logros desde una perspectiva socialista que vaya más allá de la redistribución de la renta petrolera en sanidad, educación y alimentación, con la consecuente –y obviamente importante- reducción de la pobreza.

Pero caracterizar todos estos problemas a la manera de un diagnostico muy puntual no quiere decir omitir los importantes avances sociales, políticos y económicos de la revolución. En todo el tiempo transcurrido desde 1999, los logros son formidables.

Los resultados sociales y económicos de Venezuela en estos catorce años tienen cuatro rubros incuestionables tanto para las estadísticas nacionales como para las internacionales (lo que cierra el paso a críticas sesgadas que restan validez a los datos nacionales pese a su posibilidad homologable): la reducción de la pobreza, ocupando el tercer lugar con menor número de pobres de América Latina, detrás de Argentina y Uruguay (8,6%) y Panamá (25,8%). Según la CEPAL (7), Venezuela habría pasado entre 2002 y 2010 del 48,6% al 27,8% de pobreza, y del 22,2% al 10,7% para la pobreza extrema. En segundo lugar, la reducción radical de las desigualdades sociales – Venezuela cuenta con el índice Gini más bajo en toda América Latina: 0,394, frente al 0,44 de Uruguay, el 0,52 de Chile o el 0,57 de Brasil y Colombia-. El tercer rasgo claramente positivo está en las cifras de empleo: 6,5% al cierre de 2011, (885.149 personas sin empleo), frente a 12.646.379 con empleo) y en 2012 se redujo al 5,9% Por último, cabe destacar el avance constante de posiciones en el índice de desarrollo humano, hasta alcanzar posiciones en el tramo “alto” de la escala (puesto 73 de 187).

El balance a diez años de gobierno realizado por el Center for Economic and Policy Research (8), resaltaba con claridad el buen desempeño económico (ralentizado durante 2010 por motivo de la crisis mundial, pero recuperado durante 2011 y 2012): La expansión económica actual comenzó cuando el gobierno obtuvo el control de la empresa nacional de petróleo en el primer trimestre de 2003. Desde entonces, el PIB real (corregido por la inflación) se ha incrementado por casi el doble, al crecer en un 94,7 % en 5,25 años, lo que equivale a un ritmo anual de 13,5%.

La mayor parte de este crecimiento se ha dado en el sector no petrolero de la economía y además, el sector privado ha crecido a un mayor ritmo que el sector público.

Durante la expansión económica actual, la tasa de pobreza se ha reducido en más de la mitad, desde un 54%o de hogares en pobreza en el primer semestre de 2003 hasta el 26% a finales del año 2008. La pobreza extrema ha disminuido aún más, en un 72%. Estos índices de pobreza están basados solamente en el ingreso en efectivo de las personas y por ende, no toman en cuenta el mayor acceso a los servicios de salud o educación.

A lo largo de toda la década, el porcentaje de hogares en condiciones de pobreza se ha reducido en un 39% y el que se encuentra en extrema pobreza por más de la mitad.

La desigualdad, medida a través del índice de Gini, también ha disminuido sustancialmente. El índice ha caído hasta el 41% en 2008, desde 48,1% en 2003 y desde 47% en 1999. Esto representa una caída importante en la desigualdad.

El gasto social real (corregido por la inflación) por persona se ha incrementado por más de tres veces entre 1998 y 2006.

Entre 1998 y 2006, la mortalidad infantil disminuyó por más de un tercio. El número de doctores de atención primaria en el sector público se multiplicó por 12 veces entre 1999 y 2007, brindando así servicios de atención médica a millones de venezolanos que antes no tenían acceso a estos servicios.

Se han dado grandes avances en la educación, particularmente en la educación superior, con un incremento en los índices de escolarización en ese sector de más del doble entre los años escolares de 1999-2000 y 2007-2008.

Durante la última década, el número de beneficiarios del sistema de seguridad social aumentó por más del doble.

A lo largo de la década, la deuda pública total del gobierno ha disminuido desde 30,7 a 14,3% del PIB. La deuda pública externa se ha reducido en un mayor porcentaje, desde 25,6 a 9,8% del PIB.

Son los problemas y avances de la nación que la Ley Habilitante debe plantearse para corregirlos y profundizarlos.


Notas

1. www.aporrea.org/actualidad/a175321.html

2. www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/lea---el-proyecto-de-ley-habilitante-que-introdujo.aspx

3. http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20121127121700/ElEstadoenAmericaLatina.pdf.

4. Ibídem

5. Ibídem

6. Ibídem

7. www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/1/45171/P45171.xml&xsl=/dds/tpl/p9f.xsl&base=/dds/tpl/top-bottom.x

8. http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20121127121700/ElEstadoenAmericaLatina.pdf


Habilitante con movimientos sociales

Horacio Duque.

Desde la crisis de 1928, consecuencia de la primera guerra mundial, en América Latina se han presentado varios macro ciclos de movilización popular.

El contexto histórico de la protesta social en la región se encuentra asociado a cinco olas:

1. La presencia de los populismos históricos de mediados de siglo XX que llevaron a la integración de las clases populares al sistema político liberal. Los casos más conocidos fueron el peronismo en Argentina, el varguismo en Brasil y el cardenismo en México.

2. La fase autoritaria de principios de los 70’ que se caracterizó por la dispersión de las demandas sociales y de las agencias políticas en general, desde los históricos partidos políticos hasta las asociaciones gremiales.

3. El regreso a la democracia liberal de inicios de los 80’ y en algunos países del continente hasta entrados los 90’. En esta fase ocurrió el regreso a las libertades y aperturas políticas y las demandas sociales, a la lucha democrática, así como el surgimiento de nuevos movimientos sociales y agrupaciones de resistencia urbanas y rurales.

4. La marea neoliberal de mediados de los 90’ que, junto a otras medidas estructurales como las privatizaciones, el proceso de reducción del Estado y leyes de flexibilización laboral, llevaron por un lado al debilitamiento de los grupos de resistencia y por el otro a la multiplicación de la protesta popular. En Venezuela, después del Caracazo, ocurrió un ascenso vertiginoso de la movilización social contra las políticas pactadas por la élite con el Fondo Monetario Internacional, que derivó en el triunfo del Presidente Chavez en las elecciones de 1998 y la aprobación de una nueva Constitución política.

5. La actual coyuntura, que podríamos denominar de auge de la protesta social y manifestación de los nuevos movimientos sociales, incluye nuevas luchas ciudadanas como el derecho a la información, el control de los monopolios mediáticos, las demandas medioambientales, las demandas indígenas, las rebeliones campesinas, las movilizaciones urbanas, las luchas femeninas, demandas de homosexuales, los movimientos mineros y lesbianas, la lucha contra el colonialismo, entre otras.

Uno de los resultados de la revolución democrática y popular liderada por el Presidente Hugo Chávez ha sido la configuración de un sólido espació publico como lugar de expresión de la sociedad civil. La Constitución de 1999 y las estrategias políticas gubernamentales complementarias derivaron en una ampliación de la noción de ciudadanía y en la vigencia de los derechos políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales.

En ese clima se constituyó el potente sujeto político que ha dado soporte y legitimidad a los dos gobiernos de Chávez y al del Presidente Maduro.

Incluso hemos visto la perversa utilización del régimen de garantías por parte de la ultraderecha opositora para destruir la institucionalidad bolivariana con golpes de Estado y planes de desabastecimiento como medios de una guerra económica geopolítica que pretende barrer el proceso de avances sociales y democráticos de la revolución.

El proceso bolivariano ha pivotado un amplio movimiento social en el ámbito de la sociedad civil en el marco de una concepción ampliada del Estado. Al contrario de algunas hipótesis que sugieren una revolución pasiva con el correspondiente cesarismo y transformismo que debilita la subjetividad popular soberana, la experiencia de los últimos años ha sido de impulso y ampliación del movimiento social con múltiples expresiones independientes y criticas, portadoras de una epistemología que diverge de la discursividad oficialista y el exceso retorico de los emisores de las burocracias dominantes en los ámbitos institucionales y las infraestructuras estatales.

Una de las características de los movimientos populares bolivarianos en la historia reciente es la configuración de un desplazamiento epistemológico con formas de conocimiento y análisis que se soportan en las tradiciones populares, en las interculturalidades, en la ecología de los saberes, en las configuraciones diatópicas y en los saberes anticoloniales. Hoy tenemos un vigoroso pensamiento critico que da soporte al examen agudo de las diversas problemáticas que gravitan en toda la sociedad.

El campo de los movimientos sociales autónomos ha percibido las complejidades de la coyuntura critica por la que discurre en estos momentos la sociedad y el Estado. De manera complementaria comprende el sentido y los alcances de la Ley Habilitante que debe dotar al Presidente Nicolas Maduro de facultades especiales para solventar los fenómenos macro económicos, monetarios, inflacionarios, devaluacionistas alimentarios, éticos y políticos que proyectan escenarios favorables a la contrarrevolución ultraderechista promovida por la burguesía, los terratenientes y el imperialismo norteamericano.

En ese sentido, diversas manifestaciones del movimiento social están promoviendo acciones de apoyo con la movilización pública a la Ley Habilitante que se tramita en la Asamblea Legislativa.

Me refiero a las agrupaciones que se reunirán hoy en espacios públicos por excelencia de Caracas para planificar la acción popular de masas que de soporte a la Habilitante.

Se trata del Movimiento de Pobladores y sus distintos sectores, Ocupantes, Pioneros, CTUs, trabajadores de Mercal, el Comando Interministerial Hugo Chávez, Frente de Motorizados, Movimiento Pedagógico, Movimiento Sucre.

Y en el plano de las manifestaciones políticas, está La corriente Marea Socialista, los Círculos Bolivarianos, la Asociación Nacional de Medios Comunitarios y Alternativos (ANMCLA), el Corredor del Noroeste y activistas comunales.

Esta potente movilización se plantea como una iniciativa soberana de unidad en la diversidad, del Poder Popular Soberano contra la ofensiva económica de la burguesía, contra el despojo de la patria bolivariana y contra la conspiración política de la derecha que busca desconocer al gobierno y llevarnos a una confrontación sangrienta en el país mediante una cruenta guerra civil.

Es el pluriverso social popular que se materializa en un escenario de aguda confrontación clasista contra la burguesía rentista importadora, contra el sistema señorial regional de poderosos latifundistas, contra la boliburguesía burocrática y contra el imperialismo gringo.

Es preciso que fortalezcamos la movilización popular para profundizar la transición hacia nuevas formas democráticas de organización de la nación e impedir el regreso de las viejas estructuras de subordinación política del pueblo.

horacioduquegiraldo@gmail.com

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