Presos políticos del caso Curuguaty: día 58 de huelga de hambre

NEGARON EL ARRESTO DOMICIALIARIO A LOS 5 COMPAÑEROS

La justicia Paraguaya nos sigue recordando a qué intereses responde. El juzgado de Salto de Guayrá, departamento de Canindeyú, denegó el pedido de prisión domiciliaria para los cinco campesinos presos del caso, el pasado 9 de abril. El fiscal debió escabullirse por la puerta trasera del Tribunal al término de la audiencia, ya que afuera centenares de manifestantes le cantaban “Rachid, cobarde, tus manos tienen sangre”.

En una resolución cuestionable pero esperable, el tribunal alegó que no existen en los presos situaciones de mala salud extrema o enfermedades de carácter terminal que justifiquen el otorgamiento de la prisión domiciliaria. Dio lugar así a lo planteado por el fiscal Jalil Rachid que argumentó la necesidad de “cumplir con la ley”. Rachid también aseveró la peligrosidad de los campesinos apresados. La defensa anunció que apelará la medida ante la Cámara de Apelaciones.

Los cinco huelguistas están entrando en fase crítica por la cantidad de días de ayuno, dos de ellos no pueden movilizarse por su cuenta. Como ya informara esta Agencia, los cinco presos políticos Rubén Villalba, Arnaldo Quintana, Néstor y Adalberto Castro y Felipe Benítez, cumplieron ayer 57 días de huelga de hambre. Continúan internados contra su voluntad en el Hospital Militar de Asunción.

En tanto, en Asunción se continúan realizando actividades en solidaridad con los campesinos. El jueves, familiares de los presos se encadenaron en la vereda del Hospital Militar, mientras se realizaba una vigilia que contó con la presencia de varios artistas populares que acercan su solidaridad. Ayer se realizaron diversos cortes de calles y de ruta en el interior paraguayo.

Para el próximo martes se prevé la realización de una nueva marcha en reclamo de la libertad de los presos políticos. Mientras tanto, se sigue esperando la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto al dictado de una medida cautelar de suspensión del juicio hasta que se resuelva la titularidad de las tierras en las que ocurrió la masacre de Curuguaty.