El Sermas restaura la censura previa.

Como en los mejores tiempos franquistas, desde la llegada de Javier Rodríguez a la Consejería de Sanidad, se vienen sucediendo una serie de hechos que nos retrotraen a los años de la censura previa.

La última de estas medidas es la creación, por la Gerencia Asistencial Centro, de un comité de control previo de la información que se ofrece a los pacientes en los centros sanitarios (Comisión Técnica Coordinación Información Primaria-CTCIAP), muy posiblemente para impedir que los profesionales informen sobre determinados aspectos, por ejemplo, el derecho de los pacientes a elegir un centro público para su asistencia.

Está claro que la Consejería de Sanidad, ante el incremento del número de pacientes que se niegan a ser tratados en centros privados, ha decidido velar por la salud financiera de los accionistas de las empresas privadas que desde 2004 (gracias a la Ley 15/97, votada por PP y PSOE entre otros), han ido abriendo centros privados por la geografía madrileña, mientras cerraban centros y miles de camas públicas.

Ante el cariz que están tomando los acontecimientos en la “remozada” Consejería de Sanidad, no nos extrañaría que el Comité de Censura Previa contase con algún delegado de monseñor Rouco, por si fuera necesario estampar el “nihil obstat quominus imprimatur”, en la propaganda que se distribuya a los pacientes. Lo que parece fuera de toda duda es que el trabajo del Comité de Censura Previa no va a estar dirigido a alertar a los pacientes sobre la veracidad de la información que los representantes de las multinacionales de farmacia difunden entre los facultativos, ni sobre los intereses de estas empresas en el caso de la tomadura de pelo de la supuesta “epidemia de gripe A”, o sobre la inutilidad del Tamifú, por poner unos ejemplos.