Multinacional Lear desconoce fallo judicial. Preparan legislación para reprimir la protesta social

Hace 10 días la Gendarmería desalojó a manifestantes que bloqueaban la Panamericana. Fue a la altura de Henry Ford, en el kilómetro 35, en reclamo de la reincorporación de despedidos de la empresa autopartista Lear y de "otras en todo el país".

A fines de mayo, la empresa multinacional suspendió a 330 trabajadores de manera completamente ilegal, por tiempo indeterminado y sin iniciar Procedimiento Preventivo de Crisis tal como indica la ley.

Los trabajadores no se resignaron, realizaron asambleas y cortes de calle, logrando que el Ministerio de Trabajo de la Nación emitiera un Dictamen que ratifica la ilegalidad de dichas suspensiones.

Pese a esto, la empresa profundizó su accionar suspendiendo por 30 días sin ningún tipo de ingreso a 200 de esos trabajadores, días después 100 de ellos fueron despedidos de manera ilegal y sin indemnización alguna, condenándolos a quedar sin sustento para cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias, violando sus más elementales derechos como el alimentario, sus derechos humanos y los de sus familias.

El Jefe de Gabinete contra los trabajadores

Días después, en su tradicional conferencia de prensa, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich volvió a la carga contra los métodos de lucha de los trabajadores. Al unísono con el secretario de Seguridad Sergio Berni y frente a una pregunta sobre la orden de represión contra los trabajadores de la autopartista Lear, Capitanich volvió a criminalizar la protesta social con un lenguaje macartista utilizado tradicionalmente por la derecha más recalcitrante. Hablar hoy de "estrategias de grupos radicalizados desde el punto de vista ideológico para alterar las condiciones de funcionamiento normal de la sociedad, nos recuerda a las declaraciones que difundían los ministros de Eduardo Duhalde en las vísperas de los asesinatos de Kosteki y Santillán el 26 de junio de 2002. No olvidamos que Capitanich ocupó en ese Gobierno el mismo cargo que hoy”, sostuvieron Christian Castillo, diputado de la provincia de Buenos Aires y Nicolás del Caño, diputado nacional.

Capitanich habló de "diálogo" y afirmó que había distintas áreas del Gobierno ocupándose del conflicto. La única "área" del Gobierno activa en Lear es la Secretaría de Seguridad a cargo de Sergio Berni, quien tiene desplegadas tropas de Gendarmería Nacional pertrechadas para una guerra con el único objetivo de defender los intereses de la empresa y derrotar a los trabajadores. Pasaron diez días desde los despidos y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a cargo de Carlos Tomada brilló olímpicamente por su ausencia. ¿De qué diálogo habla Capitanich? ¿Quiénes son los intransigentes?

El bloque oficialista presentará un proyecto para regular piquetes

A la espera de instrucciones de la Casa Rosada, el bloque oficialista en la Cámara de Diputados acaba de terminar el borrador de un proyecto para avanzar en la regulación de la protesta social.

Elaborado a partir de las cuatro iniciativas presentadas en los últimos meses por legisladores kirchneristas, el texto intenta articular el derecho a la protesta con el de la libre circulación, pero también exige que en todo piquete se deje libre la mitad de la calle o ruta cortada.

El borrador se conoce después de una semana en la que el Gobierno reprimió dos piquetes en la General Paz y en la Panamericana, y en la que el secretario de Seguridad, Sergio Berni, reclamó al Congreso que avance en la sanción de una ley para controlar las protestas.

Los diputados opositores presentaron otros siete proyectos de ley. El primero fue el de Darío Giustozzi, jefe de la bancada del Frente Renovador, que reconoce el derecho de peticionar, pero en espacios públicos. El debate se abrió el 1º de marzo, cuando la Presidenta criticó los piquetes y reclamó ante la Asamblea Legislativa la sanción de una norma de "convivencia ciudadana".

Un elemento central de la propuesta kirchnerista es la creación de una comisión de mediación, en la órbita del Ministerio de Justicia, que se encargará de llevar adelante todas las negociaciones con los manifestantes.

Para garantizar la difusión del reclamo, el Estado se compromete además, según dice el artículo 4º del borrador, a que los medios públicos den cobertura al conflicto.

Otro capítulo importante es el referido a la actuación de las fuerzas de seguridad. En el artículo 10º del texto se establece que la intervención policial será "progresiva, respetando especialmente las instancias de diálogo". Se estipula que el uso de la fuerza será limitado a su "mínima expresión" y que se aplicará como "último recurso" para restituir derechos y para la protección de personas, así como la integridad física del personal de las fuerzas de seguridad. Además, los policías que estén en contacto directo con los manifestantes no podrán portar armas de fuego. Sólo para defenderse de un "peligro inminente", los efectivos podrán disparar balas de goma, pero nunca como medio para dispersar una manifestación.

Nuevas críticas hacia Berni

La represión del Gobierno a los manifestantes que la semana pasada cortaron las avenidas General Paz y Panamericana generó nuevas críticas dentro del oficialismo. Tras los cuestionamientos del diputado Leonardo Grosso (Movimiento Evita) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presidido por el periodista Horacio Verbitsky al secretario de Seguridad, Sergio Berni, se sumó la condena del Movimiento Octubres, liderado por el diputado Gastón Harispe.

"Nosotros, que somos parte, y legítimos hijos de los cortes de ruta y de la lucha del movimiento obrero que enfrentó la ofensiva neoliberal de los 90, repudiamos las represiones en torno a los conflictos sindicales recientes", dice el comunicado de la JP Octubres.

Sancionan a diputados de izquierda por apoyar los conflictos obreros

El 1º de julio el oficialismo en la Cámara de Diputados de Salta aprobó un “severo llamado de atención” al diputado del Partido Obrero, Claudio Del Plá, responsabilizándolo por las acciones de protesta que llevaron adelante los docentes salteños el 6 de mayo pasado en ocasión de movilizarse y rodear la Legislatura para exigir la derogación de la Ley 6821 que reglamenta y sanciona el derecho de huelga para los estatales. Después de acusarlo de “instigar” a los docentes a rodear la Legislatura, terminó acusándolo de actitudes “deshonestas”. En el mismo sentido avanza la campaña contra la legisladora Cintia Frencia en la Legislatura cordobesa.

En este caso el gobierno provincial, en sociedad con el radicalismo, y respaldado por el silencio de juecistas y kirchneristas ha lanzado una ofensiva contra el Frente de Izquierda, responsabilizando a la legisladora de instigar a la violencia y de señalar a legisladores del radicalismo para que sean atacados por los manifestantes que se movilizaban en rechazo a la aprobación de la ley Monsanto.

El intento de sanción a Cintia Frencia tiene por objetivo atacar a la única banca que denunció el carácter reaccionario de la ley y le opuso un proyecto alternativo respaldado por las asambleas populares. Primero, el gobernador De la Sota atacó a Frencia a través de los medios masivos de comunicación, luego el vicepresidente provisorio de la Cámara, Oscar González, en una nota de opinión en La Voz del Interior señaló como indisociable el voto del Frente de Izquierda en la legislatura con los “sectarios encapuchados, recalcitrantes, que ejecutaban un oscuro mandato mediante amenazas, insultos y destrozos”.

Este avasallamiento de los fueros parlamentarios contra el derecho de opinión de los diputados de izquierda apunta a frenar el apoyo a la organización y la lucha de los trabajadores complementando la tarea del secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien tuvo a su cargo la dirección de los operativos de gendarmería y la policía Federal en Panamericana y declaró: “Actuamos para no dejarnos avasallar por esta planificación permanente de violencia de la izquierda”.

Tribunal de Trabajo rechaza el pedido de "desafuero cautelar" de los delegados pedido por la empresa

Edgardo Moyano, abogado de los trabajadores de Lear, expresó: "De esta manera las pretensiones de la empresa estadounidense de que la justicia ‘avale’ el accionar ilegal de impedir el ingreso a los delegados, que viene llevando adelante desde hace diecisiete días en pleno conflicto colectivo, han sido categóricamente condenadas. Con los cuatro fallos favorables a los trabajadores de la semana anterior, que obligaban a la empresa a permitir el ingreso de los delegados, ya son seis jueces los que sentencian por el reingreso de los delegados a la planta. Ya no quedan más excusas, Lear tiene que respetar la legislación argentina".

El delegado de Lear Rubén Matu dijo que "frente a este nuevo fallo favorable, en una nueva asamblea de trabajadores decidimos convocar a todos los que nos están acompañando en la pelea por la reincorporación de los trabajadores despedidos a concentrarnos en las puertas de la fabrica a las 7 a. m. de mañana viernes 18 para exigir que la empresa nos deje entrar a los delegados y cumpla con lo que dictan los fallos judiciales".

La Haine