Presentan una querella por represión policial contra republicanos el 19 de junio

La Coordinadora Republicana de Madrid y el partido político Soberanía han suscrito conjuntamente una querella contra el Secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez Vázquez, la Delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes y los responsables policiales y funcionarios de policía que ejecutaron las órdenes de impedir el derecho a la libertad de expresión y deambulación de republicanos en el acto de la proclamación de Felipe de Borbón como rey de España. La querella se extiende al abogado del Estado autor del informe que avaló la suspensión de derechos constitucionales de los republicanos en la expresada fecha del 19 de junio.

La querella acusa de delito de delito de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos del artículo 542 del Código Penal a todos los querellados, delito que en se castiga con pena de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.

En su relato de hechos la querella aduce que hubo antes del 19J una instrucción general por parte de la cúpula policial de impedir que los republicanos pudieran exhibir sus símbolos o expresar sus ideas en la jornada de proclamación del nuevo rey. La querella sostiene que la instrucción general acordada equivalía a una medida de “estado de excepción” adoptada al margen del procedimiento legal fijado en la Ley de los estados de alarma, excepción y sitio de 1981.

Además la querella menciona algunos casos de personas identificadas que fueron objeto de acoso, agresión, policial o incluso detención o coacciones, por expresar sus ideas republicanas.

Así cita el caso de Rafael F.S. quien cuando se encontraba en la Gran Via, al paso del rey sacó una pañoleta republicana, fue arrojado al suelo, esposado y detenido.

Dolores N. B. que intentó sacar una bandera republicana en Gran Via al paso del coche del nuevo rey, un policía la cogió del cuello impidiendo el despliegue de la bandera, la redujeron al suelo y el policía se sentó encima de ella, la confinaron en un callejón con varias personas más, sin base legal alguna.

Alberto C.O. sufrió una agresión de un antidisturbio a la altura del número 27 de la Gran Via, por gritar “Viva la República”, dos UIP se abalanzaron sobre él, y le retorcieron el cuello, le arrastraron por el suelo, le registraron buscando pin republicano, pegatina o símbolo republicano.

Jorge Verstrynge, vestía una camiseta con los colores republicanos, en Puerta del Sol recibió un empujón de un antidisturbios “oiga no me empuje” y le detuvieron esposado por llevar los colores de la República y decir “no me empuje”

Otro caso fue el de Maria T. S. retenida durante una hora por ir en compañía de persona que portaba una bandera republicana

Raul Capi, fotógrafo de el DIARIO INDEPENDIENTE DIGITAL estuvo retenido durante más de una hora y se le impidió usar el móvil para hablar con su abogado, un policía le dijo que eran ordenes de la Delegación del Gobierno

Una chica no identificada aun, sufrió impedimento de no poder pasar por una calle por llevar una chapa republicana.

Otra mujer fue detenida por portar una bandera republicana

La querella invoca la sentencia del TSJ de Madrid de diciembre de 2003 que reconoció que el uso de banderas republicanas está amparado por la libertad de expresión.

La querella le recuerda al Juzgado el auto de admisión a trámite de la querella contra Garzón por los patrocinios del Banco de Santander, en donde el Supremo dijo que basta con un relato verosímil de unos hechos que en apariencia pueden ser delito para que se admita la querella. Y es evidente que tanto la instrucción general de “caza de brujas” contra los republicanos, como las medidas represivas contra estos son conductas descritas en el Código Penal como prevaricación, impedimento de derechos cívicos, agresiones y coacciones.

La querella termina pidiendo la declaración de los imputados querellados y de los testigos víctimas de abusos policiales.