Cuando el lucro entra por la puerta, la salud sale por la ventana

Paso a paso, están desmantelando nuestra sanidad pública. Acosada por los recortes y las privatizaciones de los últimos años, la sanidad empieza a mostrar sus efectos letales y las mortíferas consecuencias que tiene sobre la población una política económica sin escrúpulos: aumento de las negligencias médicas, de listas de espera, de errores clínicos, de discapacidades como consecuencias de intervenciones mal practicadas, de contagios en los hospitales, etc. Todo ello, resultado de los recortes del gobiernos a los presupuestos sanitarios; el último se ha reducido en un 35%.

Alegando descensos de ingresos hospitalarios en el verano y vacaciones del personal, sus gestores, ejecutores de esta política, van reduciendo el número de camas hospitalarias y cerrando incluso plantas para destinarlas a usos que no están previamente programados ni presupuestados. Es el caso de las últimas actuaciones de la gerencia de los hospitales de León y Ponferrada. En Ponferrada, a pesar de la gran movilización popular del mes de mayo, se cerraron 36 camas después de haber hecho lo mismo el año pasado sin que se volvieran a reponer; en el de León, a principios del verano, anularon 32 camas y tres quirófanos, además del desalojo de los pacientes de toda una planta para destinarla a un supuesto “protocolo para catástrofes”. Todo ello con total falta de transparencia de la gestión y ante la confusión de los usuarios y la desorganización de los sanitarios.

El sistema sanitario público es opaco y encubre un plan de privatización en beneficio de las empresas y los propios gestores. Gestores públicos acaban colocados en empresas privadas que luego se lucran con la sanidad pública; es el “sistema de puertas giratorias” que se dice. Se ha comprobado que cuanto mayor es el grado de privatización, más son los casos de corrupción. Políticos y empresarios se lucran de los presupuestos sanitarios y convierten la salud en un negocio en lugar de entenderla como un derecho.

En gran medida esto se produce porque no existen leyes que permitan a la población - que somos quienes financiamos la sanidad con nuestros impuestos - participar en la gestión o en el control del sistema sanitario. Concretamente, la Ley General de Sanidad de 1986 no estableció sistemas reales de participación de la población en el funcionamiento de los centros, ni siquiera de acceso a la información: datos de calidad del sistema (mortalidad, morbilidad, reingresos, infecciones, …), cómo se gasta nuestro dinero. Todo para que la población no pueda exigir responsabilidades, ni tenga conciencia de lo que está ocurriendo con nuestra sanidad. Hasta Tribunal de Cuentas, controlado por los partidos políticos, reconoce graves irregularidades en el gasto sanitario.

Ahora tratan de vendernos las llamadas Unidades de Gestión Clínica, como una medida para “dar participación a los trabajadores en la gestión”. De nuevo, excluyendo a los pacientes. En realidad se trata de traspasar a los profesionales de la sanidad parte de la responsabilidad de la gestión, a cambio de ganancias adicionales a su sueldo, mediante el reparto entre ellos mismos de lo “ahorrado” a costa del deterioro de la asistencia y de la reducción de las contrataciones de sus propios compañeros. Este sistema ya se ha puesto en marcha, curiosamente donde gobierna la “izquierda”. Andalucía, con cerca de 1.000 unidades de gestión clínica y Asturias con cerca de 40, son la avanzadilla de este proceso. Las plataformas de “defensa de la sanidad pública” cercanas a la “Cumbre Social” (PSOE, IU, CCOO, UGT, FADSP) silencian este hecho y lo ocultan a la población a la vez que acusan al PP.

Es una privatización encubierta; un modelo de gestión como en la privada, es decir con beneficios. Abre las puertas a las empresas multinacionales mediante la aplicación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea (TTIP) que, a espaldas del pueblo, se está negociando entre Washington y Bruselas.

Es necesario establecer sistemas para la participación real de la población y las/os trabajadoras y trabajadores de la salud, en la gestión de los centros sanitarios, en cada barrio o localidad. Dichos órganos, elegidos democráticamente y con posibilidad de ser revocados en todo momento, deben de tener carácter decisorio. De este modo la sanidad también saldría de la manipulación de las campañas electorales cuyas promesas todos sabemos el grado de cumplimiento que tienen.

Los que financiamos la sanidad tenemos el derecho y el deber de controlar su funcionamiento y participar en su gestión.

Derogación de la LEY 15/97 y todas las normas que permiten la privatización
Cuando el LUCRO entra por la puerta, la SALUD sale por la ventana

Grupo Antiprivatización de la Sanidad (GAS)

ulio 2014