Michoacán y el monopolio de la fuerza (II)

Con el objetivo de pacificar y mantener el control social de porciones del territorio nacional, durante las llamadas "operaciones conjuntas" en Michoacán, Morelos y Chihuahua de comienzos del sexenio de Felipe Calderón, las opciones militares "regulares" de las fuerzas armadas mexicanas se redujeron, y las élites castrenses y políticas a escala estatal y federal exhibieron su particular debilidad ante la opción de la delegación de funciones en materia de seguridad y del monopolio del uso de la fuerza.

La delegación de funciones puede ser formal o informal. La delegación formal implica la "regularización" de estructuras armadas de carácter privado mediante figuras que permiten el traslado de funciones o facultan a personas particulares para cumplir acciones propias de las fuerzas coercitivas del Estado. En la coyuntura, en Michoacán, la opción formal pasó por la "legalización" de algunos miembros de las autodefensas civiles, que en el marco de una campaña de propaganda oficial −con eje en "el rescate de lo público" como sello del gobierno de Enrique Peña Nieto− se reconvirtieron en policías o milicias rurales, bajo la denominación oficial de Fuerza Rural Estatal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública lo­cal. (En un principio, el gobierno federal había anunciado la formación de cuerpos de defensa rural que estarían bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, sujetos al fuero y a la disciplina militar.)

La delegación informal de funciones es más difícil de constatar, y se manifiesta mediante el auspicio directo de grupos armados ilegales en zonas específicas. Ese pudo ser el origen de Los Zetas y Los Matazetas (luego Jalisco Nueva Generación) en la zona del Golfo de México (el eje Nuevo León-Tamaulipas y estados colindantes, en especial Veracruz) y de La Familia Michoacana y su presunta escisión, Los Caballeros Templarios, en Michoacán.

La delegación de funciones también puede ser activa o pasiva. La delegación activa implica la participación directa del gobierno o de las fuerzas armadas y las distintas policías en la promoción de estructuras y actividades irregulares o paramilitares. La delegación pasiva se erige sobre lógicas de aquiescencia o tolerancia a la actividad paramilitar (grupos de limpieza social, escuadrones de la muerte y otras formaciones civiles armadas, como las que actuaron en Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas o Veracruz en el periodo 2008-2013). Su carácter pasivo no le resta el elemento consciente a la delegación de funciones. Ésta se construye sobre el entendimiento tácito de que el vacío de seguridad oficial será llenado por un arreglo local de seguridad, y se consolida ante la omisión del Estado de actuar de manera punitiva contra esas estructuras ilegales y/o criminales.

La delegación de la seguridad a grupos privados bajo modalidades irregulares −que alcanzó a otros estados como Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Chiapas− ha sido más perceptible en regiones rurales apartadas y áreas semi-urbanas y urbanas marginales, donde la seguridad está determinada por el contexto político, económico, social y cultural, y rigen circunstancias más susceptibles de manipulación y abuso de poder. En tales espacios territoriales, la delegación de la función policial o militar (sea formal o informal, activa o pasiva) es determinante para el diseño de la actividad paramilitar y el tipo de "nuevo orden" que se busca establecer. Un caso extremo fue el llamado "pelotón de la muerte", compuesto por oficiales del Ejército Mexicano adscritos a la tercera compañía de infantería no encuadrada (CINE), con sede en Ojinaga, durante el Operativo Chihuahua, acusados por la justicia castrense de torturas, muerte e inhumación clandestina de los restos de tres presuntos traficantes de droga.

En el marco de una guerra civil molecular, como la que se vive en México, la violencia reguladora se utiliza no sólo para exterminar al "enemigo interno" y/o a "competidores" en el mercado de la economía criminal; también se usa para controlar a la población civil. Como parte de la contrainsurgencia, la violencia cumple un propósito coercitivo y se orienta a obtener obediencia o acatamiento a un orden deseado. En estados como Chihuahua, Tamaulipas y Michoacán, la delegación de la seguridad interna se tradujo en la imposición de un estricto orden social sobre las actividades políticas y económicas de poblaciones enteras con base en el uso y la amenaza de la violencia clandestina o paramilitar. En determinadas circunstancias, la violencia tiene la intención de "ajustar" el comportamiento de una población o comunidad por medio de una alteración en el costo esperado o calculado de ciertas acciones. En ese sentido, la violencia cumple una "función comunicativa" con una dimensión claramente disuasiva.

En su dimensión económica, la prestación de la seguridad no sólo se extiende al control de un espacio físico, una región (por ejemplo la Tierra Caliente michoacana), sino que se manifiesta en espacios donde grupos irregulares armados enraizados en el territorio ofrecen garantías y determinan las normas, los costos y el cumplimiento de los intercambios y transacciones de los agentes de la economía local, a través de la amenaza o el uso de la violencia.

La demanda de seguridad (por delegación) en la economía introduce un ingrediente privado que puede ser lícito o ilícito (extorsión, derecho de piso, muerte, etcétera), en función de los intereses que se deben "proteger". El accionar paramilitar es utilizado para regular sistemas económicos que no están protegidos por el monopolio de la fuerza del Estado. En la práctica, en la Tierra Caliente la seguridad se tradujo en acuerdos cooperativos entre especialistas de la violencia (militares, policías, miembros de la inteligencia castrense y civil del Estado, gobernantes), estructuras paramilitares y productores económicos. Y aquellos arreglos non sanctos trajeron estos lodos.

La Jornada