¿Jaque al autogobierno fiscal navarro?

Con el Gobierno navarrista de Yolanda Barcina se habría producido una clara sumisión de UPN a los dictados del Gobierno del PP, pues debido a su minoría parlamentaria en la Cámara navarra habría llegado a un acuerdo tácito con el Gobierno central para frenar las leyes que apruebe el díscolo Parlamento navarro mediante el recurso sistemático ante el Tribunal Constitucional, basándose en el artículo 161.2 de la vigente Constitución. Dicho artículo señala que “el Ejecutivo central podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las CCAA” (de lo que sería paradigma la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el impuesto a la energía eléctrica, contraria a la capacidad tributaria de Navarra según el prisma jurídico navarro), y que ha supuesto de facto el vaciar de contenido las competencias legislativas de la Cámara foral y convertir a Navarra en una Comunidad tutelada por el Gobierno central.

Además, habría supuesto la aparición de un agujero en el cortafuegos protector del blindaje jurídico del régimen privativo foral navarro, quedando al descubierto sus inconcreciones y su deficiente incardinación en las estructuras fiscales y jurídicas del Estado español, por lo que estaríamos en la antesala de un severo recorte de la capacidad de la Cámara foral para legislar impuestos (autogobierno fiscal navarro), que se enmarcaría en el contexto de la instauración de una nueva Doctrina autonómica por parte del establishment dominante del Estado español. Dicha doctrina consistirá en la implementación de un Estado seudofederal basado en el democrático e igualitario café para todos y que contará con las bendiciones del PP, PSOE y Ciudadanos, pero que sería un misil en la línea de flotación de la pervivencia del régimen foral diferenciado navarro y su capacidad autogestionaria.

Así, permanece vigente el riesgo de la aplicación de nuevas restricciones al autogobierno de la Comunidad Foral en las próximas negociaciones sobre la renovación del Convenio Económico Navarra-Estado ante la cruzada mediática acusando al régimen foral de “insolidaridad fiscal con el resto del Estado”, medidas constrictivas que podrían convertir a la Comunidad Foral en un autogobierno devaluado, enconsertado y sometido a los dictados del Gobierno central o Tribunal Constitucional de turno, por lo no sería descartable la reedición en un futuro mediato de la Gamazada (reacción popular de la ciudadanía navarra contra la intentona del ministro español Gamazo de suprimir el régimen fiscal navarro establecido en la Ley Paccionada de 1841) y glosada en unos versos del paloteado de Monteagudo del verano del 1894: “Si el Gobierno de España sigue con sus pretensiones, se tomarán en Navarra serias determinaciones”.