Tras la concentración, siguió una marcha pacifica e informativa hacia la Gran Vía, siempre seguidos de cerca por varios dispositivos de la policía nacional que, en ningún momento, comunicaron que la marcha debía ser disuelta. Al llegar a Gran Vía, la policía cargó de forma inesperada y violenta contra todos los presentes, incluidos viandantes que pasaban por allí, generando un clima de confusión y pánico. A raíz de los hechos siete jóvenes fueron detenidos.


La petición del fiscal era de dos años de cárcel a cinco de los detenidos, y cuatro años de cárcel para los otros dos, imputándoseles los delitos de manifestación ilícita y atentado a la autoridad.


En los meses anteriores a la celebración del juicio se creó una coordinadora que efectuó una amplia campaña de sensibilización y denuncia por lo que, sin lugar a dudas, entendían que era una campaña y montaje policial que pretendía criminalizar a los colectivos del ámbito libertario por medio de acusaciones del todo falsas, así como ensañarse con los que aquél día hicieron pública la protesta con su presencia en pleno centro de la ciudad. Numerosos colectivos y familiares denunciaron públicamente la flagrante injusticia a la que se estaba sometiendo a los imputados.


La defensa de éstos, llevada a cabo por el abogado y miembro de la Asociación "Defensa Jurídica", Servando Rocha, sostuvo, durante la extensa sesión del juicio oral, la falsedad de todas y cada una de las acusaciones desplegadas por la policía y la invención de las pruebas de cargo presentadas contra los jóvenes (supuestos objetos contundentes incautados como bujías, cadenas, mechas "para fabricar cócteles molotov", lesiones en los agentes, etc). Del mismo modo expuso que, desde un primer momento, con la mención incierta de que el acto se había convocado por la Cruz Negra Anarquista y de su ilegalidad, así como de la supuesta actitud violenta de los convocados, se pretendió hilar una historia que condujera a que el ánimo de éstos era el de alterar el orden y enfrentarse a los agentes de policía. Durante el juicio se pretendió desvirtuar las imputaciones reflejando las incontables contradicciones en que incurrieron los agentes declarantes e irregularidades en la instrucción, algo que resultó exitoso tras conocer el fallo.


El pasado 21 de septiembre el Juzgado de lo Penal nº18 de Madrid notificó la sentencia ABSOLUTORIA para todos y cada uno de los imputados, confirmando casi en su integridad los argumentos de la defensa, lo cual constituye una nueva victoria (tras la reciente absolución de los imputados por la okupación de CSO "El Laboratorio", así como del archivo del procedimiento iniciado contra los detenidos en abril de este año tras una manifestación en contra de la especulación en el barrio de Usera) para imputados, familiares y el conjunto del movimiento social y, del mismo modo, hace patente la urgencia de organizarse y hacer frente, de la mejor forma posible, a la criminalización y el despliegue de montajes policiales en contra de los movimientos disidentes en Madrid.


Asociación por la Defensa de los Derechos Civiles
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