El hambre ha aumentado en Estados Unidos. Hay más pobres (33 millones de un total de 142) y los sueldos se han reducido a causa del empeoramiento de la economía y los cientos de miles de despidos. El cambio afecta ya a los anglosajones blancos y a la burguesía de origen asiático, porque los negros y los hispanos no han sido afectados al estar en la escala más baja de ingresos y la mayoría se ha mantenido en ese nivel.

La últimas cifras revelan que en 2001 el número de pobres se elevó a 32'9 millones, 1'3 millones más que el año anterior, de los cuales 13'4 millones rozan la mendicidad. En el baremo estadounidense se considera pobre una familia de cuatro personas cuyos ingresos no superen los 18.104 dólares al año, 11.569 dólares anuales para una pareja y 9.039 dólares para un soltero.

Al índice de pobreza se suma además la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores en un 2'2 por ciento con respecto al año anterior. El salario promedio de esta categoría es de 42.228 dólares, y ha decrecido por primera vez en la última década. En suma, los pobres han seguido siendo pobres y los ricos, más ricos, con unos ingresos promedio de 260.464 dólares.

De los 32'9 millones de norteamericanos por debajo del nivel de pobreza, 11'7 millones son menores de 18 años y 3'4 millones son ancianos.

800.000 parados más en Estados Unidos en sólo dos meses

Los grandes monopolios internacionales tratan de salir de su crisis haciéndola recaer sobre las espaldas de sus trabajadores, a los que están despidiendo en masa.

Las grandes compañías monopolistas estadounidenses siguen con los despidos masivos para combatir la crisis económica y hacer frente a la competencia europea y japonesa, que utilizan a su vez la misma vía como arma de competencia, provocando recortes de plantilla que están afectan a millones de obreros de todo el mundo.

Como consecuencia de ello, en noviembre de 2001 la tasa de paro creció hasta el 5'7 por ciento, la cota más alta en seis años. En apenas dos meses, la economía estadounidense ha perdido 800.000 empleos y las tasas de paro seguirán subiendo en 2002 hasta el 6,5 por ciento.

Estados Unidos no perdía tantos empleos en tan poco tiempo desde febrero de 1991. En lo más duro de la recesión de los años 1990-1991, durante la crisis y la guerra del Golfo, el paro llegó a situarse en el 7,8 por ciento de la población activa.

Quiebra de las empresas tecnológicas

La bancarrota capitalista ya no afecta sólo a los viejos sectores económicos capitalistas, como la minería o la siderurgia, sino al mismo corazón de la "nueva" economía: a las empresas tecnológicas. La joya de la corona, de la que tanto, se habló, se viene abajo.
Los más afectados por los recortes de plantilla son los empleados del sector de las telecomunicaciones. Desde enero, se han anunciado 91.799 despidos. Los siguientes en la lista son los trabajadores de las compañías automovilísticas (81.903), las de informática (53.774) y electrónica (46.668).

La supresión de nóminas afecta a grandes empresas como General Electric, General Motors, Cisco y Lucent Technologies. La crisis en la que están inmersas las empresas tecnológicas ha llevado a seis de las grandes compañías del sector (AOL, Toshiba, Hitachi, Fujitsu, Sonera y Equant) a anunciar en una semana más de 62.000 despidos en todo el mundo. La última en sumarse a esta ola de despidos ha sido la japonesa Hitachi que, según el diario nipón Yomiuri, planea desprenderse de 20.000 trabajadores de los 340.000 trabajadores con que cuenta en todo el mundo.

Un recorte similar de 20.000 empleados planea la empresa de electrónica y semiconductores Toshiba, embarcada también en un draconiano plan de despidos en masa de sus trabajores.

La primera en anunciar una reducción de plantilla fue la japonesa Fujitsu, que el pasado lunes comunicó que despedirá a 16.400 trabajadores.

AOL (America Online) ha anunciado también su intención de despedir a 1.700 trabajadores (un 7,5 por ciento de su plantilla). Ese mismo día, la operadora finlandesa Sonera hizo pública su intención de suprimir cerca de 1.000 empleos, el 9 por ciento de su fuerza de trabajo.

El operador internacional de servicios de telecomunicaciones de empresas Equant, filial del grupo francés France Télécom, también anunció que prescindirá de 3.000 empleados, el 20 por ciento de su plantilla.

Un nuevo sistema de autoexplotación

Los monopolios se preparan por si la situación empeora. Algunas, como Ford, Microsoft y General Electric, están imponiendo sistemas cada vez más severos para intensificar la explotación de sus trabajadores y deshacerse de los menos productivos.

La práctica de una escala forzosa persigue aislar al 10 por ciento de trabajadores prescindibles que no alcancen las tasas de explotación previstas. Cuando Cisco Systems anunció en marzo el despido de 5.000 empleados, explicó que aplicaría su nuevo sistema de explotación.

En Estados Unidos siempre se han utilizado escalas para seleccionar a los obreros prescindibles, pero la diferencia reside esta vez en que se fija de antemano un porcentaje de obreros a despedir.

El nuevo sistema impuesto por Ford el año pasado obliga a los obreros a rellenar un formulario donde fijan su rendimiento. En base a ello, el 10 por ciento de los obreros recibirá un nivel A, el 80 por ciento un nivel B y el 10 por ciento restante un nivel C. Al cabo de dos años en la categoría inferior, el empleado será suprimido o reasignado a un puesto inferior.

Esta valoración también se aplicará a otras compañías: Jaguar y Mazda y, más adelante quizás, Volvo.

Microsoft utiliza la técnica del bote salvavidas como baremo de selección. Elige a los empleados que mejor responderían en una crisis y los reparte en cinco categorías de eficiencia. En octubre fue denunciada por discriminación en nombre de las dos minorías más afectadas por esta valoración: mujeres y negros.

Los obreros carecen de derechos sindicales en Estados Unidos

Cada año miles de trabajadores en Estados Unidos son despedidos de sus empleos o sufren otro tipo de represalias por intentar crear sindicatos. Millones de trabajadores están fuera del amparo de las leyes laborales destinadas a proteger los derechos sindicales y de negociación de los trabajadores; y la cifra está creciendo.

En los años cincuenta, los trabajadores que sufrían represalias por ejercer el derecho a la libertad de asociación ascendían a centenares cada año. En 1969, la cifra superaba los 6.000. En los noventa, más de 20.000 trabajadores eran víctimas cada año de discriminación por motivos sindicales. Los trabajadores en dicha situación eran 24.000 en 1998, el último año para el que se disponen de cifras.

El derecho a sindicalizarse de millones de trabajadores, entre ellos los trabajadores agrícolas, los empleados domésticos y los supervisores de bajo nivel, está expresamente excluido de la ley. Las leyes de Estados Unidos permiten que unos obreros reemplacen permanentemente a los trabajadores en huelga, lo que anula dicho derecho en la práctica. Las nuevas formas de relaciones laborales han creado millones de trabajadores a tiempo parcial, temporales y subcontratados que carecen de libertad de asociación.

Millones de estadounidenses arruinados por el hundimiento de la bolsa

Pero si el panorama de la clase obrera es pésimo, no lo es menos el de ciertos sectores burgueses ilusionados por la perspectiva de un capitalismo, que soñaron que crecería indefinidamente y sin sobresaltos, confiando sus pequeños ahorros a la bolsa.
Las bolsas contemporáneas han crecido gracias a las privatizaciones y a los pequeños especuladores que sacaron sus ahorros de los bancos para comprar acciones. Todo el mundo tenía acceso a la especulación y aparentemente todos se beneficiaban de las subidas de las cotizaciones.

La inversión masiva en acciones llevó a las bolsas hasta alturas nunca imaginadas porque funcionan de forma parecida a la estafa de la pirámide: mientras no se interrumpa la entrada de dinero fresco, nadie pierde. En ninguna parte ha sido el fenómeno tan espectacular como en Estados Unidos. En 1956, sólo el 5 por ciento de los estadounidenses compraba acciones. En 1973, ese porcentaje ya rondaba el 15 por ciento. En los años 80 fueron millones los estadounidenses que sacaron sus ahorros de los bancos para especular en bolsa. El año pasado, más de la mitad de los estadounidenses tenían sus ahorros, todos o parte de ellos, invertidos en acciones. Era el mito del "capitalismo popular" hecho realidad.

Las subidas astronómicas de las acciones favorecieron un gasto disparatado, la exuberancia irracional, en palabras de Alan Greenspan, con que Estados Unidos se lanzó al consumo en los años noventa. Todo el mundo creía tener un tesoro en Wall Street. Y la revolución tecnológica prometía, según la mayor parte de los gurus, un desarrollo ininterrumpido e ilimitado, libre de los molestos ciclos expansión-recesión que habían caracterizado desde siempre al sistema capitalista.

Un dato aún más significativo: en 1999, los norteamericanos tenían depositado más dinero en los parqués de Wall Street que en cuentas bancarias. Y lo que es aún peor: muchos de ellos habían pedido cuatiosos préstamos a los bancos para comprar unas acciones que ahora valen mucho menos de lo que pagaron por ellas. Los ahorros para los estudios de los hijos, para posibles enfermedades, para la jubilación, estaban en un lugar tan "seguro" como las acciones en empresas de nueva tecnología, cuya cotización creciente hacía realidad el milagro de los panes y los peces.

Sólo en fondos de inversión, los ahorradores estadounidenses tienen depositados cuatro billones de dólares, unos 700 billones de pesetas. Casi exactamente esa cantidad es lo que se ha evaporado de las bolsas desde marzo de 2000, cuando empezó la gran crisis.

Es una recesión considerable, porque los estadounidenses no pueden gastar ni un dólar más. Están endeudados hasta las cejas. Se calcula que, con los actuales precios de las acciones, la mayoría de los patrimonios familiares deben ser negativos (más deudas que ingresos).

Los economistas predicen una temporada de purga en la que los hogares de Estados Unidos gastarán lo menos posible y se concentrarán en reducir su endeudamiento. A eso contribuirá una oportuna ley, en trámite en el Congreso, que endurecerá las condiciones de la quiebra personal: ya no bastará, como hasta ahora, declararse en bancarrota para que en Visa, Mastercard o American Express hagan un gesto de resignación y rompan las facturas; aunque haya quiebra, la cuenta de la tarjeta de crédito seguirá pendiente.

El capitalismo popular ha gozado de buena salud desde principios de los ochenta porque, desde entonces, no ha habido recesiones graves, y los descensos bursátiles como los de 1987 o 1990 duraron pocos meses. Bastaba un poco de paciencia, mantener la inversión, buscar incluso algunas gangas, para reengancharse en una breve temporada al tren de las plusvalías. Los pequeños capitalistas no recuerdan, o prefieren no hacerlo, la crisis de las bolsas en 1973 y 1974, cuando la bajada de las acciones se combinó con un brote de inflación para triturar las inversiones. Si sirven las comparaciones, entre 1973 y 1974, el índice Nasdaq -un mercado recién creado por entonces y aún con escaso volumen de contratación- cayó un 60 por ciento. En los pasados 12 meses, ese mismo índice ha caído un 62 por ciento. Podría esperarse una reacción de pánico. El 19 de octubre de 1987, el lunes negro, el índice Dow Jones cayó 508 puntos, un 22'6 por ciento, porque hubo miedo y un sistema informático mal planteado emitía ininterrumpidamente órdenes de venta. En el martes negro del 29 de octubre de 1929, la caída fue sólo del 11'7 por ciento, y eso bastó para desatar una marea de ventas y para ahuyentar por muchas décadas a los pequeños inversores. Esta vez, el mercado resiste. Es decir, el capitalismo popular muestra nervios de acero y, a diferencia de los especuladores profesionales o aficionados, prefiere esperar y recuperar en el futuro a dar por buenas las pérdidas.

Entre 1947 y 1999, la rentabilidad media del índice S&P 500 fue del 13'4 por ciento anual. Basándose en esa frecuencia los burgueses calculaban en 1974 que 25 años más tarde, en noviembre de 1999, el Dow Jones llegaría a los 10.000 puntos. Y sólo erraron en unos meses: se alcanzó el 29 de marzo. Dado que la frecuencia del 13'4 por ciento parece exacta, las previsiones para el futuro son luminosas: el Dow Jones, ahora por debajo del 10.000, estará en los 100.000 puntos en 2025.

Pero desde marzo se han evaporado 700 billones de pesetas de las bolsas y, tras esta caída, gran parte de los pequeños especuladores están arruinados y endeudados.

La crisis bursátil entraña un riesgo inmenso: la fuga de los pequeños especuladores. Ya nadie compra, pero esa gran masa de pequeños especuladores se resiste a vender y, por tanto, a asumir las pérdidas.

Dos millones de presos

En las prisiones y cárceles de Estados Unidos hay unos dos millones de presos, que malviven encerrados sin ningún derecho que les proteja, ni siquiera la visita de un abogado, que la dirección carcelaria suele impedir habitualmente.

En Estados Unidos no sólo existe la pena de muerte en varios Estados sino que en veinticinco de ellos siguen permitiendo la ejecución de delincuentes con retraso mental. Desde 1976, se han ejecutado al menos 35 personas retrasadas mentales y se estima que entre 200 y 300 están actualmente en el corredor de la muerte esperando su ejecución.

Según un informe de Human Rights Watch, las violaciones son habituales. El 21 por ciento de los presos en siete prisiones del medio oeste había experimentado al menos un episodio de contacto sexual con presión o forzado desde su ingreso en prisión, y que al menos el 7 por ciento de los presos habían sido violados en sus centros penitenciarios. Y en una encuesta interna del departamento de correccionales de un estado sureño, los funcionarios de primera línea -aquellos encargados de la supervisión directa de los presos- estimaron que una quinta parte de todos los presos estaban siendo coaccionados para participar en actos sexuales entre presos.

Además, ciertos presos son objeto de explotación sexual en cuanto ingresan en un centro penitenciario: su edad, apariencia, preferencia sexual y otras características los señalan como candidatos para el abuso. La investigación de Human Rights Watch reveló toda una serie de factores correlacionados con una vulnerabilidad mayor a la violación.

El informe revela que los presos que no pueden escapar de una situación de abuso sexual pueden convertirse en los esclavos de sus violadores. Suelen ser alquilados como objetos sexuales, vendidos o incluso subastados a otros presos.

La tortura es una práctica habitual

Es muy difícil obtener datos sobre torturas y abusos policiales en Estados Unidos. Las unidades de asuntos internos operan bajo secreto y se muestran reticentes a publicar ni siquiera la información más básica sobre sus actividades. En 1994, el Congreso dio instrucciones al Departamento de Justicia para que recopilara estadísticas y elaborara un informe anual sobre el uso excesivo de la fuerza a nivel nacional. Casi cuatro años después, aún no se ha publicado dicho informe.

En ciudades de todo Estados Unidos, se han denunciado torturas, malos tratos y abusos tales como disparos injustificados, palizas graves, ahogamientos fatales y otras formas de trato brutal.

Especialmente las minorías raciales han denunciado violaciones por parte de la policía con más frecuencia que los blancos, y el número de denuncias presentadas por miembros de grupos minoritarios no guarda proporción con su representación. Es frecuente que la policía someta a las minorías a un trato discriminatorio y las insulte utilizando epítetos racistas.

En Estados Unidos no suele haber procesos penales contra los policías torturadores, sino demandas de indemnización que no pagan ni los torturadores ni el departamento de policía, sino los ayuntamientos. A pesar de esas indemnizaciones, no se depuran responsabilidades ni criminales ni profesionales. Los policías siguen en sus puestos. Las demandas civiles costaron a los ayuntamientos unos 70 millones de dólares entre 1994 y 1996.

Cuando hay denuncias penales, los fiscales no acusan porque tienen que colaborar con la policía en los procesos. Como las víctimas de torturas son delincuentes, los jurados tienen tendencia a creer las versiones policiales. En 1996, del total de 11.721 denuncias recibidas por la división de derechos civiles del Departamento de Justicia, sólo se presentaron ante un jurado de instrucción ("grand jury") 37 casos relacionados con policías. El resultado fue 29 condenas o confesiones por parte del policía.

En Nueva York, la Junta encargada de investigar las denuncias de ciudadanos contra los 38.000 miembros de la policía matropolitana, sólo comprobó el cuatro por ciento de ellas entre julio de 1993 y diciembre de 1996. En esas mismas fechas, sólo en un uno por ciento de los casos se tomaron medidas disciplinarias contra el policía, y de las 18.336 denuncias, sólo se produjo la suspensión de un policía.

La impunidad acarrea la corrupción total de la policía, tolerada tanto por los jefes de policía como por los fiscales, lo que en Filadelfia provocó en 1995 que se anularan numerosos casos penales basados en testimonios de policías corruptos.

En Chicago, se informó oficialmente que sólo unos 60 detenidos habían sido torturados por la policía entre 1972 y 1991. Pero tras años de desmentidos, un informe descubrió que el abuso "era sistemático y... no se limitaba a las palizas habituales, sino que llegaba a niveles más esotéricos, como las técnicas psicológicas y la tortura planificada." La alcaldía intentó entonces mantener en secreto los documentos de la investigación interna, pero un tribunal ordenó su desclasificación y pudo conocerse públicamente.