La Paz, Bolivia. 13/02/03. Bolpress.com/La Haine.- Más de 13 muertos, 89 heridos de bala, el saqueo del Ministerio de Trabajo y un herido, el camarografo de medio de comunicación (Toribio Canqui) es el saldo de la represión contra la revuelta popular que provocó el gobierno tras presentar un proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación, en el cual se incluía la intención de aplicar un "impuestazo" del 12,5 por ciento al salario de los trabajadores del sector público.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) insistió ayer hasta las tres de la tarde para que el gobierno se mantenga con su medida de aplicar el impuestazo, como "acción para disminuir el déficit fiscal del 9 al 6 por ciento". La insistencia del FMI fue confirmada ayer por fuentes allegadas a palacio de gobierno, si bien el levantamiento popular obligaron al FMI y al presidente del gobierno a dar el anuncio oficial de retroceder en su medida de aplicar el impuestazo.

Gobierno decreta feriado bancario y suspensión de actividades públicas y privadas

El gobierno decreto feriado bancario y suspensión de actividades públicas y privadas para este jueves en todo el territorio nacional debido a la crítica situación social que vive el país.

El anuncio fue realizado por el ministro de Trabajo, Jaime Navarro, quien afirmó que la medida fue asumida debido a los graves sucesos que ocurrieron en la sede de gobierno, en la que los enfrentamientos se saldaron con la muerte de 10 personas entre militares, policías y civiles.

Navarro informó que todo el gabinete analizaría con el presidente Sánchez de Lozada la situación del país y los hechos que presionaron la anulación del "impuestazo", sin embargo, no dio a conocer el lugar de encuentro entre el primer mandatario y sus ministros.

33 muertos en un mes de conflictos sociales

El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada batió el record de la represión de los últimos años, superando los índices de registrados en los períodos de las dictaduras. En un mes, la represión instruida por el gobierno provocó 33 muertos.

En septiembre del 2002, los productores de coca del Chapare plantearon al gobierno sus exigencias, que se referían al desarrollo alternativo y una nueva política de erradicación de las plantaciones de hojas de coca; sin embargo, y pese a algunos acercamientos entre el gobierno y los productores de coca liderados por el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, no se dio el "entendimiento esperado", que más tarde derivó en el bloqueo de caminos en el país.

Campesinos y cocaleros se volcaron a las carreteras a partir del 13 de enero con sendos bloqueos como una forma de protesta y presión hacia el gobierno, pero de inmediato salieron al frente los efectivos militares y policiales a reprimir con violencia desenfrenada a los bloqueadores causando 17 muertes en enfrentamientos producidos en distintas regiones de Cochabamba, Chuquisaca y Oruro, donde un minero fue víctima de la violencia militar.

Los rentistas y jubilados, otro sector inconforme con las determinaciones del Poder Ejecutivo, inició desde la localidad de Patacamaya una marcha a la sede de gobierno exigiendo la anulación del artículo tercero de la ley de Mantenimiento de Valor que ajustaba las rentas en base al Indice de Precios al Consumidor (IPC), avanzada su caminata fueron intervenidos a la altura de Pan Duro por los efectivos policiales y al momento de trasladarlos a sus regiones sufrieron un supuesto accidente de tránsito fortuito que dejó sin vida a ocho jubilados. Los motorizados causantes de tal accidente no tenia Soat y era de propiedad de un familiar del ministro de la Presidencia, Carlos Sánchez Berzaín.

Más adelante los trabajadores de diferentes sectores unificaron fuerzas y conformaron el denominado Estado Mayor del Pueblo que exigió la renuncia del primer mandatario, Sánchez de Lozada, y decidió negociar con éste todas las demandas de los sectores, entre ellas, temas de carácter nacional y de orden estructural como el rechazo al Acuerdo de Libre Comercio, la salida del gas boliviano por un puerto chileno, la capitalización y la coca.

Luego de haberse producido repetidos enfrentamientos donde perdieron la vida campesinos, cocaleros y uniformados se llegó a conformar con el gobierno siete mesas de diálogo que a la fecha no muestran resultados.

Posteriormente la situación social del país se tensionó aún más cuando el presidente anuncia un "impuestazo" a los bolivianos, este hecho es el que colma la paciencia de la población y de los distintos sectores de trabajadores, además de los partidos de oposición que lanzan duras críticas al gobierno y hablan de su incapacidad y ausencia de programa para gobernar.

Algunas fuentes señalan que son los policías quienes encienden la mecha al estallar un amotinamiento al medio día de este martes, en exigencia de un incremento salarial del 40 por ciento y la anulación de la medida económica dispuesta.

Este hecho hace que el gobierno instruya la salida de los efectivos militares a resguardar Palacio de Gobierno, que momentos antes había sido apedreado por estudiantes del Colegio Ayacucho, población enardecida y policías de civil.

Sin embargo este nada más era el comienzo de un enfrentamiento entre fuerzas policiales y militares cuyo resultado fue 89 personas heridas y 13 muertas entre policias militares y civiles.

Pese a que el presidente Sánchez de Lozada en horas de la tarde anunció la determinación de retirar el impuestazo, la situación social tardó en aplacarse, quedando aún pendiente por resolver las demandas de los policías y el pedido de renuncia del primer mandatario que se reprodujo en todos los trabajadores, partidos políticos de oposición y población.